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PANORAMA SOBRE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN MEXICANA

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Por: Javier Esteinou
Número 64

I.- EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La organización Reporteros Sin Fronteras hizo público el 1 de febrero del 2007 su “Informe Anual 2007”1, donde traza un balance sobre la situación de la libertad de prensa en 98 países del mundo, incluyendo el caso de México. El documento analiza las principales violaciones cometidas contra los derechos de los periodistas en el año 2006 y ofrece perspectivas temáticas y regionales sobre el estado de la libertad de los medios de comunicación y de los sitios de Internet, en todo el mundo.

Dicho informe censa las peores violaciones de la libertad de prensa cometidas en los Estados represivos, desde Corea del Norte hasta Eritrea, pasando por Cuba y Turkmenistán. Pero también se interesa por las democracias, en las que faltan por llevar a cabo algunos progresos sustantivos.

Como síntesis de la situación mundial el documento indica que una vez más, en las cuatro esquinas del planeta se maltrata la libertad de expresión, e incluso en las democracias faltan por realizar diversos cambios centrales para defender la libertad de información. Simplemente en el mes de enero del 2007 se habían matado a seis periodistas y a cuatro colaboradores de los medios de comunicación en el mundo.

Pero más allá de las cifras, referidas sobre todo a los periodistas muertos o encarcelados, la organización Reporteros sin Fronteras al final del 2006 da una señal de alarma, pues señala que ese año quedó marcado por la poca ambición y, a veces incluso la renuncia de los países democráticos por defender los valores de la libertad de expresión que están destinados a encarnar y se han comprometido a defender. Aunque en todo el mundo, o casi en todo, se reclama el respeto a los derechos humanos, a la vista de los silencios de unos y las prácticas represivas de otros sobre la libertad de expresión, es necesario preguntarse qué gobierno tiene ahora la autoridad moral requerida para encarnar una defensa sin complacencia de estas libertades.

Por ejemplo, el caso de las caricaturas de Mahoma, publicadas en Dinamarca, cristalizó la atención del mundo entero sobre la cuestión de la libertad de expresión y el respeto a las creencias religiosas. También en este asunto, los Estados democráticos ni siquiera aseguraron el servicio mínimo a Dinamarca -cuyas representaciones diplomáticas se habían convertido en objetivos- ni a los periodistas amenazados o detenidos. Como si, temiendo enemistar con los regímenes árabes o musulmanes, Europa hubiera abdicado, entre otros aspectos, de toda voluntad de hacerse escuchar2.

En Oriente Medio, los periodistas siguieron pagando el precio de la inestabilidad crónica de la región. En Irak mataron al menos a 65 profesionales de la información y aumentaron los secuestros, lo mismo que en los Territorios Palestinos. A pesar de las repetidas promesas de sus dirigentes, los Estados del mundo árabe no experimentaron ningún avance democrático significativo.

En América Latina, el hecho de que en Cuba mantengan detenidos a más de veinte periodistas, la degradación de la situación de la libertad de opinión en Bolivia, que sin embargo era hasta ahora el país del Sur mejor colocado en la clasificación que establece anualmente Reporteros sin Fronteras, son otras tantas señales que deben incitar a la comunidad internacional a una mayor vigilancia.

En Asia, las violaciones de la libertad de prensa alcanzan umbrales alarmantes: en 2006 mataron a 16 profesionales de los medios de comunicación, detuvieron al menos a 328, agredieron o amenazaron a 517 y censuraron no menos de 478 medios. Allí la censura sigue siendo un fenómeno ampliamente extendido. Son muy pocos los países de Asia donde se puede decir o escribir todo lo que acontece en la vida cotidiana3.

En los estados africanos el desprecio a los periodistas fue una constante en numerosos países de la región. Los gobiernos del Cuerno de África fueron los más autoritarios con la prensa en 2006. Por otra parte, en el continente persiste la impunidad y los asesinos de periodistas en Gambia y Burkina Faso, entre otros, continúan disfrutando de la protección de unos gobiernos cómplices, o de unos responsables políticos todopoderosos.
Finalmente, las dictaduras en la Web parecen haber pasado a la velocidad superior. Al menos 60 personas se encuentran encarceladas por publicar en la Net textos críticos sobre las autoridades. China, pionera en la materia, está consiguiendo émulos: Vietnam, Siria, Túnez, Libia, Irán .... aumentan las cárceles para bloggers y otros tipos de ciberdisidentes.

 Todos estos indicadores globales demuestran que la libertad de expresión se encuentra a nivel mundial en un frágil equilibrio que deben proteger, reforzar y ampliar los Estados nacionales y los organismos internacionales para evitar el surgimiento de nuevos autoritarismos o fascismos comunicativos en el siglo XXI. El ataque a la libertad de expresión es un indicador muy transparente que señala el inicio de la agresión a la democracia y a los derechos humanos, como forma de endurecimiento de la gobernabilidad.

II.- EL PANORAMA EN AMÉRICA LATINA

Reflexionando sobre la situación de la libertad de comunicación en Latinoamérica, la organización Periodista Sin Fronteras4 se pregunta si ¿ el grado de desarrollo económico, o el nivel democrático de un país garantizan una libertad real de su prensa ?. Si analizamos la situación de América Latina encontramos que el año 2006, donde se celebraron doce grandes elecciones en la región, se vivió un sombrío balance para la prensa. Esto debido a que de cinco periodistas asesinados en el continente en el año 2002, se pasó a  doce en el 2004, a siete en el 2005 y a dieciséis en el 2006; a los que hay que añadir cuatro desaparecidos. En este sentido, podemos decir que el 2006 fue en América Latina el año de todos los peligros para la información libre5

Por ejemplo, en Colombia mataron a tres periodistas y aproximadamente otros diez amenazados, se vieron obligados a marcharse de su región, e incluso del país. La ruptura de las conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de nuevo obstaculizó el acceso de los medios de comunicación a determinadas regiones. El fracaso de la desmovilización de los paramilitares de extrema derecha, con frecuencia reconvertidos al narcotráfico y a los asesinatos por contrato, hizo que los periodistas locales corrieran grandes riesgos en los departamentos del Norte. Precisamente unos paramilitares “desmovilizados” fueron los autores, el 4 de febrero en Montería (Norte) del atentado contra Gustavo Rojas Gabalo, de Radio Panzemu, fallecido tras cuarenta y cuatro días de hospitalización.

Otro sistema político contemporáneo que encarceló a periodistas fue el régimen cubano, al seguir manteniendo su rango de segunda cárcel del mundo para la prensa, con veinticuatro detenidos en el 2006. La sucesión de la cabeza del Estado cubano entre Fidel Castro y su hermano Raúl, el 31 de julio, no modificó en nada la actitud del régimen con los medios de comunicación disidentes. El segundo semestre estuvo marcado por toda una serie de intimidaciones y citaciones de la policía política. Dos periodistas detenidos en 2005 salieron en libertad, pero enviaron a otros dos de sus colegas tras las rejas: Armando Betancourt, colaborador independiente de Nueva Prensa Cubana en Camagüey, detenido sin juicio por la Seguridad del Estado desde el 23 de mayo; y Raymundo Perdigón Brito, fundador de la agencia Yayabo Press, condenado a cuatro años de cárcel, el 5 de diciembre, por “peligrosidad social”. A un tercero, Guillermo Espinosa Rodríguez, de la Agencia de Prensa Libre Oriental, le aplicaron dos años de arresto domiciliario.

En Cuba permaneció detenido un periodista con lo cual sumó veinticinco comunicadores privados de su libertad, aunque en este caso el responsable fue el ejército norteamericano. Sami Al-Haj, camarógrafo sudanés del canal Qatarí Al-Jazira, formó parte de los 400 “enemigos combatientes” detenidos por Estados Unidos en la base militar de Guantánamo, en nombre de la “guerra contra el terrorismo” y al margen de cualquier marco jurídico. Encarcelado sin cargos, sometido a interrogatorios prácticamente diarios, el 13 de junio del 2006 Sami Al-Haj inició su quinto año de cautiverio en ese base, del que ahora la comunidad internacional reclama el cierre.

A este escándalo jurídico y humanitario se añade la neta degradación de la libertad de prensa en Estados Unidos, que se puso de manifiesto con el encarcelamiento, por dos veces, del blogger californiano Josh Wolf, primero en agosto y después en septiembre. El joven podría permanecer en la celda hasta julio de 2007, mientras no entregue unos archivos de vídeo. A nivel federal hay abiertos una quincena de casos que se refieren al secreto profesional, mientras que 33 Estados de la Unión Americana reconocen a los periodistas el derecho a la confidencialidad. Todavía no se ha debatido, ni votado, una proyecto de ley federal en ese sentido, presentado en febrero de 2005.

En América Central se extiende el contraste entre tres tipos de países. En Costa Rica y Panamá, la prensa disfruta de una relativa libertad. En Nicaragua y El Salvador, la escasez de ataques a periodistas se debe menos a una libertad real que al dominio de los políticos sobre los medios de comunicación, y a la autocensura. En Guatemala y Honduras, esas dificultades se conjugan con la violencia contra una prensa poco dócil. El 9 de septiembre, la prensa guatemalteca se vistió de luto por el asesinato del periodista radiofónico Eduardo Maas Bol y; Vinicio Aguilar Mancilla, de la emisora independiente Radio 10, escapó en agosto a un atentado.

En cambio, en Haití, la prensa solo sufrió algunas agresiones o abusos de autoridad. Sin embargo, no se hizo justicia a los periodistas asesinados durante la presidencia de Jean-Bertrand Aristide o durante el gobierno de transición. En libertad, los presuntos autores de esos crímenes incluso se atreven a mostrarse públicamente sin ningún reparo. El nuevo gobierno de René Préval tiene una gran tarea por delante para instaurar un sistema judicial justo y eficaz.

América del Sur también tuvo su cuota de tragedia en el 2006, con tres muertos y un desaparecido por dedicarse a actividades del periodismo. En Ecuador, en febrero asesinaron a dos periodistas con veinticuatro horas de intervalo. En Paraguay, la desaparición y el probable asesinato, el 4 de febrero, de Enrique Galeano, de la emisora Radio Azotey, y un atentado fallido contra un periodista del diario ABC Color, pusieron de manifiesto hasta qué punto la prensa sigue expuesta a las dudosas conexiones entre algunos responsables políticos y el crimen organizado. Con un centenar de casos de agresiones y amenazas, Perú siguió ostentando el record continental de brutalidades diarias contra la prensa. Sin embargo, dos políticos presuntos autores intelectuales del asesinato de dos periodistas en 2004, obtuvieron una escandalosa clemencia judicial6.

En Venezuela permaneció viva la tensión entre el gobierno de Hugo Chávez y la prensa privada. Cuatro años y medio después del fallido golpe de Estado contra el presidente bolivariano, reelegido por una amplísima mayoría el 3 de diciembre de 2006, los grandes grupos audiovisuales continuaron en el punto de mira del poder, aunque éste utilizó poco el arsenal legislativo - Ley de responsabilidad social de los medios audiovisuales de noviembre de 2004 y Ley de reforma del código penal de marzo de 2005 - para contener su influencia. Veinticinco artículos del nuevo código penal fueron objeto de un recurso de anticonstitucionalidad, presentado por el Fiscal General de la República. La prensa pagó ante todo el precio de una inseguridad tenaz. Jorge Aguirre, fotógrafo del diario El Mundo, fue abatido por un falso policía en una manifestación, y a una veintena de periodistas los agredieron, sobre todo durante la campaña de las elecciones presidenciales.

También se produjo una intensificación de la violencia en período electoral del 2006 en Brasil, donde un concejal golpeó hasta la muerte a un periodista y un cronista radiofónico resultó herido en un atentado en la propia redacción. En octubre, en el momento de las votaciones, algunos medios de comunicación padecieron medidas judiciales de censura preventiva, e incluso el espionaje de la policía federal. Sin embargo, las difíciles relaciones entre la presidencia y los grandes medios privados pasan por una fase de apaciguamiento. En Argentina, el presidente Kirchner siguió negándose a recibir a la prensa en la Casa Rosada. Las intimidaciones, las presiones políticas y sobre todo el chantaje de la publicidad oficial, acabaron propiciando censuras de programas y despidos de periodistas en las redacciones locales, y también en los medios de comunicación públicos nacionales. La piratería de los buzones del correo electrónico de dos periodistas del diario Clarín provocó un escándalo en el mes de abril en esta nación del Cono Sur7.

Apenas llegada a la cabeza de la clasificación mundial de la libertad de prensa en el hemisferio Sur, Bolivia cayó de nuevo en una crisis política, en el último trimestre. Evo Morales, primer presidente indígena del país investido a comienzos del año 2006, se enfrentó a amenazas secesionistas en cuatro departamentos. La prensa estuvo en la primera línea de los enfrentamientos entre oponentes y partidarios del gobierno. Lo mismo que en Venezuela, aumentaron las divergencias entre los medios de comunicación públicos y privados, y no se excluyó la posibilidad que pudiera darse una “guerra mediática”. En Santa Cruz, bastión de la oposición, se produjeron dos intentos de atentado a la cadena pública Canal 7.

Dichas realidades lamentables plantean la existencia de una frágil libertad de prensa en muchos países de la región, que debe ser protegida y defendida, entre otros, por las instituciones humanitarias internacionales. Todas estas circunstancias obligan a que los organismos ciudadanos, las instituciones internacionales y los Estados latinoamericanos replanten sus políticas de protección a la libertad de expresión en la región, pues de lo contrario se seguirá concentrando el esquema comunicativo de represión continental a los derechos informativos básicos de los habitantes. Con ello, quedarán frustrados los esfuerzos de cambio político cultural y se respaldará el viejo modelo de comunicación autoritario, vertical, discrecional, concentrador y excluyente de las mayorías ciudadanas que ha dominado en la región en las últimas décadas.

III.- LA REALIDAD MEXICANA.

Según el reporte 2007 de Periodistas Sin Fronteras8, México fue en el 2006 el país que arrastró el peor balance de todo el continente en cuanto al respeto de la libertad de expresión y se colocó a nuestra nación después de Irak, por el número de profesionales de los medios de comunicación asesinados en ese período9.

Ante esta realidad que había crecido significativamente en los años anteriores, parecía que el poder federal ya había tomado conciencia de la envergadura de la dimensión del peligro que corría la prensa mexicana cuando, el 15 de febrero de 2006, creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas. Así, el 18 de abril, la Cámara de Diputados federal, avalada por el Senado de la República, aprobó una reforma parcial del Código Penal, reconociendo la protección del secreto de las fuentes y despenalizando los delitos de prensa. Sin embargo, no obstante la aplicación de estas buenas intenciones jurídicas, estos instrumentos no consiguieron impedir uno de los peores balances americanos de los últimos diez años en materia de libertad de expresión, pues este fenómeno continuó aumentando relevantemente en México durante el 2006.

La hecatombe comenzó el 6 de febrero con el atentado, con arma de fuego, a la redacción del diario El Mañana de Nuevo Laredo (Noreste), que causó un herido grave. Los días 9 y 10 de marzo asesinaron a dos periodistas en menos de veinticuatro horas: el fotógrafo independiente Jaime Arturo Olvera Bravo, en el Estado de Michoacán (Sudoeste), y Ramiro Téllez Contreras, de la radio local Exa 95.7 FM, también en Nuevo Laredo. Las armas empleadas contra este último fueron las que habitualmente utilizan los narcotraficantes. Algunos miembros de los carteles serían también los autores de la desaparición, el 8 de julio en Monclova (Coahuila, Norte), de Rafael Ortiz Martínez, del diario Zócalo, que había revelado la existencia de nuevas familias de tráfico de droga en la región. Igualmente especialista en narcotráfico y sucesos, Enrique Perea Quintanilla, director y fundador del órgano mensual “Dos Caras, Una Verdad”, fue asesinado a disparos el 9 de agosto en el Estado de Chihuahua (Norte), siguiendo los métodos del crimen organizado. Los dirigentes del cartel de Ciudad Juárez, la capital del Estado, habían puesto precio a su cabeza, como confesaron dos de los presuntos asesinos en un vídeo enviado el 12 de octubre a TV Azteca.

De octubre a diciembre se sucedieron seis asesinatos y dos desapariciones, a un ritmo nunca visto hasta entonces. Guevara Guevara Domínguez, responsable de la edición digital del semanario Siglo XXI, que se encontraba haciendo un reportaje en la frontera de los Estados de Durango (Norte) y Chihuahua, no volvió a dar señales de vida desde el 8 de octubre. El 10 de noviembre apareció en un motel del Estado de Guerrero (Sur), el cuerpo de Misael Tamayo Hernández, director del diario regional El Despertar de la Costa, con las manos atadas y víctima de una inyección letal. Seis días más tarde apareció, asesinado a cuchilladas en su apartamento de la Cuidad de México, el ex director del diario Excelsior, José Manuel Sánchez Nava, quien acababa de publicar un libro en el cual criticaba la actitud del gobierno del presidente Vicente Fox en la compra de su periódico.

Víctima de amenazas, Roberto Marcos García, subdirector del semanario Testimonio en el Estado de Veracruz (Este) - otro centro neurálgico del tráfico de drogas - cayó a balazos en plena carretera, el 21 de diciembre. También en el Estado de Veracruz, el 30 de noviembre apareció el cadáver de Adolfo Sánchez Guzmán, de 31 años, colaborador del canal Televisa Veracruz y de la emisora Xhora Ori Estéreo 99.3 FM. Al parecer, fue víctima de un arreglo de cuentas entre asaltantes de las carreteras, y sólo detuvieron a dos de los agresores. Diez días antes, la desaparición en el Estado de Michoacán de José Antonio García Apac, director del semanario Ecos de la Cuenca, marcó un auténtico “noviembre negro” de la prensa mexicana.

Tras un año de existencia la crisis política y social del Estado de Oaxaca (Sur) se transformó, a partir del mes de mayo, en una batalla campal entre el entorno creado por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y sus opositores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En ese contexto el norteamericano Brad Will, camarógrafo de la agencia independiente Indymedia, sucumbió a los disparos de la guardia cercana al gobernador el 27 de octubre, durante unas revueltas marcadas por saqueos de redacciones y múltiples agresiones a periodistas. Los investigadores locales intentaron atribuir su muerte a la APPO y dos de sus presuntos asesinos, policías municipales, quedaron en libertad tras permanecer detenidos un mes. El gobernador quiso acreditar la tesis de un arreglo de cuentas entre movimientos indígenas cuando, el 8 de diciembre, asesinaron en la redacción a Raúl Marcial Pérez, editorialista del diario El Gráfico. Misteriosamente, la investigación  descartó el móvil profesional.

Además de Oaxaca, en el 2006 también Yucatán (Sudeste) fue el escenario de cuatro atentados al diario ¡Por Esto ! entre junio y septiembre, cometidos con la presumible complicidad de las autoridades locales. Sobre todo, la violentísima represión de una manifestación por la paz en San Salvador Atenco (suburbio de México), los días 3 y 4 de mayo, estuvo acompañada de violencia y abusos sexuales cometidos con tres periodistas extranjeras.

Ángel Mario Ksheratto, del diario Cuarto Poder, detenido dos veces, en enero de 2003 y octubre de 2005 por “difamar” a una funcionaria local de Chiapas (Sur), cumplió dieciocho días de detención entre el 4 y el 22 de febrero, y después lo pusieron en libertad tras pagar una fianza de 8,000 euros. El 11 de noviembre enviaron de nuevo al periodista a la cárcel con la excusa de que no respetaba las obligaciones del control judicial, y salió nuevamente en libertad con fianza el 19 de diciembre. La legislación de Chiapas establece penas que pueden llegar hasta nueve años de cárcel para los delitos de prensa, y en ese Estado, existían en el 2006, cuarenta periodistas pendientes de la resolución de sus procedimientos judiciales.

De esta forma, en el 2006 la realidad sobre la libertad de información en México totalizó nueve muertos y tres desaparecidos, en un contexto de expansión del narcotráfico, de inestabilidad política y en medio de una gran impunidad agravada por la explosión de la crisis social en el Estado de Oaxaca y la controvertida elección de Felipe Calderón en las contiendas presidenciales del 2 de julio del 2006.

De tal forma, la agresión a los periodistas es una realidad que aumentó desproporcionadamente en todo el país, pues en el sexenio de Miguel de la Madrid hubo 33 asesinados, en el de Carlos Salinas 46, en el de Ernesto Zedillo 24 y en el de Vicente Fox 30 muertos y cinco desaparecidos10.

Frente a dicha situación, es indispensable considerar que los hechos acontecidos no son situaciones insignificantes, pues al atacar la libertad de expresión y al derecho a la información, se arremete contra una de las principales bases y esencias de la democracia, ya que estos derechos son los instrumentos que nos permiten a todos los ciudadanos tener un conocimiento de lo que está sucediendo en nuestra sociedad para poder actuar. Son ingredientes libertarios básicos para lograr exitosamente una transición pacífica a la democracia, como se ha constatado en los últimos 20 años en diversas naciones que han oscilado hacia los cambios políticos con pluralidad11.

IV.- ¿ QUÉ HACER ?
La realidad de alta inseguridad en el ejercicio de la libertad de información en México, no es un conflicto menor o coyuntural, sino es un serio problema de gobernabilidad nacional, pues cada vez que es acallado en alguna parte del país un comunicador, un periodista, un reportero, un fotógrafo o un locutor por cacicazgos locales, poderes gubernamentales o bandas organizadas, se acepta la violación flagrante a las garantías comunicativas básicas de los ciudadanos. Con ello, se aprueba la incapacidad del Estado para gobernar con seguridad y se permite que continúen imperando los abusos del poder sobre los habitantes y la impunidad sobre el ejercicio de la libertad de comunicación en México12.
Todo este panorama demanda la firme y urgente intervención del Estado mexicano en los tiempos de transición política a la democracia nacional para asegurar la existencia de las garantías comunicativas esenciales que aporta la Constitución Política Mexicana.

Por ello, es fundamental que el Estado mexicano garantice la seguridad de los periodistas para realizar su ejercicio profesional y que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra Periodistas, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), continúe profundizando en las investigaciones de los diversos casos de agresiones pendientes para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, que son derechos constitucionales elementales que deben protegerse para respaldar el cambio político pacífico en nuestra República en el siglo XXI.


Referencias:

-  Corral Jurado, Javier, Pluralidad Acceso y Competencia, V Conferencia Internacional: “Los Medios Electrónicos en el Marco de la Reforma del Estado en México”, VIII Legislatura, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, Universidad Iberoamericana, Fundación Konrad Adenauer-Stiffung, Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Universidad Autónoma Metropolitana, Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Salón Verde, Palacio Legislativo, México, D.F, 27 a 29 de mayo del 2002, versión estenográfica, http://www.cddhcu.gob.mx/servddd/versest/2ano/comisiones/rtc-3.htm

- Antaki, Ikram, Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, D.F, 21 de julio de 1998.

- Ataques a Periodistas, Versión estenográfica, Sesión ordinaria, Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, 6 de marzo del 2007.

- Cantú, Ma. Elena, Medios & Poder. El Papel de la Radio y la Televisión en la Democracia Mexicana, Grupo Editorial Norma, México, D.F, México, D.F, 2005, 205 paginas.

- Esteinou Madrid, Javier, Diagnóstico y Propuestas Para la Comunicación  Social del 2000, en: Medios de Comunicación y Procesos Electorales: Un Compromiso para el Futuro, Tercera Conferencia Internacional, Cámara de Diputados, Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, XLII Legislatura, Fundación Konrad Adenauer Stiffung, Universidad Iberoamericana (UIA), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X), Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), Consejo Nacional Para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) y Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), México, D.F. julio del 2000.         

- Esteinou Madrid, Javier, Globalización, medios de comunicación y cultura en México a principios del siglo XXI, Revista Ámbitos No. 5, Revista Andaluza de Comunicación, Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación, Departamento de Periodismo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, 2º Semestre del 2000, http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos.htm

- La Impunidad en México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México, D.F, 26 de febrero del 2003.

- Mattelart, Armand, La ideología de la dominación en una sociedad dependiente, Editorial Signos, 1ª edición, Buenos Aires, Argentina, 1972.

- Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

- Trejo Delarbre, Raúl, Poderes Salvajes. Mediocracia Sin Contrapesos, Editorial Cal y Arena, México, D.F, 2004.

- Vázquez Mota, Josefina, Sociedad Civil y Medios de Comunicación, Secretaria de Desarrollo Social, Gobierno de México,  Simpósium: “Sociedad Civil y Medios de Comunicación. El Despertar del Receptor”, Centro Mexicano de Filantropía, (CEMEFI), Hotel Camino Real, México, D.F, 8 y 9 de noviembre del 2005, versión estenográfica.

- Villamil, Genaro, La Televisión Que Nos Gobierna. Modelo y Estructura Desde Sus Orígenes, Editorial Grijalbo, México, D.F, 2005, 239 paginas.

- Zabludovsky Nerubay, Abraham, El Dupolio Televisivo, Director General de Conexión Financiera, en: Los Medios Electrónicos en el Marco de la Reforma del Estado, Fundación Konrad Adenauer y H Cámara de Diputados, México, D.F, diciembre del 2002 .

- Zabludovsky, Jacobo, Queremos Una Radio y Una Televisión Modernas, Con Reglas Equitativas: Javier Corral, Entrevista,  Radio Centro, México, D.F, 28 de enero del 2003.

Notas:

1 Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

2 Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

3 Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

4 Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

5 Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

6 Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

7 Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

8 Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

9 Reporte Anual 2007, Periodistas Sin Fronteras, Nueva York, febrero del 2007, http://www.rsf.org

10 Ataques a Periodistas, Versión estenográfica, Sesión ordinaria, Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, , 6 de marzo del 2007.

11 Ataques a Periodistas, Versión estenográfica, Sesión ordinaria, Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, , 6 de marzo del 2007.

12 Ataques a Periodistas, Versión estenográfica, Sesión ordinaria, Cámara de Diputados, Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, , 6 de marzo del 2007.

 


Dr. Javier Esteinou Madrid
Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, DF, México.

 

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