Por Raúl Trejo
Número 54

Si quisiera, el nuevo presidente de México podría establecer una relación de mejor transparencia y mayor responsabilidad con los medios de comunicación. Felipe Calderón asume el gobierno del país en un panorama de casi irreductible crispación del que forma parte una actitud cada vez más crítica, por parte de segmentos importantes de la sociedad y el mundo político, hacia las grandes empresas mediáticas. Nunca como ahora, los medios son reconocidos en México como una dificultad en nuestra democracia. Es cierto, también, que nunca como ahora los grandes grupos comunicacionales, especialmente Televisa, han alcanzado tanta influencia social y tanto poder político. Precisamente por ello el nuevo gobierno, si logra mirar al país y hacia el futuro con una perspectiva de Estado y más allá de los diferendos y las ambiciones circunstanciales, podría reconocer que los medios se han convertido en un problema que es ineludible atender.

Calderón llega al gobierno con una ventaja nada desdeñable. No les debe nada a Televisa ni a otras corporaciones mediáticas. Si se reconoce que en la cobertura de la campaña electoral esa y otras empresas, lejos de apoyar expresamente al candidato del PAN como en algunas ocasiones se ha llegado a suponer otorgaron espacios similares a los principales candidatos presidenciales –e incluso con ligera ventaja para Andrés Manuel López Obrador– se podrá advertir, entonces, que ni Televisa ni cualquiera de las firmas radiofónicas de alcance nacional tienen motivos para esperar del nuevo presidente un comportamiento propicio a sus intereses. Después de las elecciones, es cierto, la mayor parte de los medios respaldó el resultado del 2 de julio y puso en evidencia las exageraciones del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Pero es difícil sostener que su apretadísimo triunfo electoral el nuevo presidente se lo deba al respaldo mediático.

Quizá en la contratación de publicidad el PAN y su entonces candidato presidencial se beneficiaron de algún comportamiento discrecional de los grandes medios. Es altamente posible que Televisa y otros grupos le hayan vendido a ese partido espacios de promoción política a precios menores a los que establecen en sus tarifas. Pero suponemos, a reserva de confirmarlo dentro de algunos meses cuando se haga pública información del gasto de los partidos durante la campaña de 2006, que esa actitud la tuvieron también con el PRD y el PRI. Por lo pronto, se ha conocido el enorme y posiblemente ilegal descuento que Televisión Azteca le ofreció a López Obrador al venderle el espacio para el programa que tenía todas las mañanas a un precio 40 veces menor a las tarifas que esa emisora le había entregado a la autoridad electoral.

Así que, si quisiera, Calderón podría actuar sin ataduras ante los medios de comunicación. Otra cosa es que esté dispuesto a hacerlo. Nunca cuestionó la Ley Televisa y el de los medios no ha sido un tema sustancial ni en sus propuestas de campaña ni en los diagnósticos que ha presentado de la situación nacional después de las elecciones. Que se sepa, no ha reprochado la irregular composición de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones, la mayoría de cuyos integrantes favorecieron abiertamente los dictados de Televisa cuando se discutieron aquellas reformas en el primer trimestre del año.

Todo pareciera indicar que el nuevo presidente no querrá enemistarse con los grandes medios y preferirá mantener la situación actual. Allí se podrá apreciar en qué medida el proyecto de Calderón implica una auténtica renovación política o simplemente la continuación, quizá con un oficio gubernamental que su predecesor nunca quiso ni supo tener, en la conducción y gestión de los asuntos públicos.

Poder de los monopolios
La concentración de excesivos recursos en pocas manos es, por definición, atentatoria para la democracia. Más aún, se trata del desafío principal que hoy enfrentan las economías de mercado en todo el mundo. Dos semanas antes del inicio del nuevo gobierno en México la revista británica The Economist, en su edición fechada el 18 de noviembre, apuntaba que Calderón tendría la oportunidad de avanzar en el terreno de la democracia así como en el crecimiento económico siempre y cuando quisiera arriesgarse más que su antecesor enfrentando al poder de los monopolios, tanto públicos como privados. Entre ellos dicha publicación identifica al sindicato de maestros, a Pemex, a Telmex y a las empresas privadas de telecomunicaciones. Todos ellos, dice, son “vestigios del viejo orden que todavía detienen al país... bastiones de un poder incomprensible”.

Si no quiere solamente administrar un país en donde las grandes corporaciones trafican, incrementándolos, con los privilegios que han solidificado durante décadas, el nuevo gobierno tendría que hacer lo posible para acotarlas creando espacios de regulación eficaces, favoreciendo el escrutinio público ante el desempeño de esos grupos y sobre todo, auspiciando el surgimiento de nuevos actores. Televisa es, sin duda, la más poderosa de las empresas de telecomunicaciones a las que alude The Economist. El poder que acapara ese consorcio entorpece el desarrollo cabal de la sociedad y de la democracia pero, también, la gobernabilidad y las atribuciones del Estado.

Si se decidiera, Calderón podría contribuir a establecer nuevos contrapesos ante ese poder comunicacional tomando medidas en temas como los siguientes.

1. Nuevas concesiones de radio y televisión. Desde su campaña, el ahora presidente Calderón anticipó que entre sus primeras decisiones estaría la apertura de nuevas frecuencias. Una de las 100 medidas de su gobierno establece: “Se identificarán las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión, tanto comercial como cultural, educativa, comunitaria y oficial, a efecto de iniciar los procedimientos de licitación pública o permisionarios, según se trate, durante el primer semestre del 2007”. Es pertinente que en ese compromiso se reconozca la diversidad de opciones que hay y que debiera incrementarse en la televisión y la radio. Pero la necesidad de nuevas emisoras no existe únicamente en las localidades del país en donde no hay pocas frecuencias activas. Incluso en las ciudades y regiones más grandes, la preponderancia de unos cuantos grupos radiofónicos limita la pluralidad de opciones a la que tienen derecho televidentes y radioescuchas.

Las nuevas frecuencias tendrán que ser asignadas por licitación. Las actuales disposiciones en esa materia, resultado de la Ley Televisa, le permiten al gobierno decidir las reglas y los beneficiarios de tales subastas tomando en cuenta únicamente la postura económica que presenten los interesados. Si así ocurriese, el gobierno de Calderón estaría convalidando la preponderancia del dinero sobre cualquier otra consideración para acceder al derecho a comunicar en nuestro país.

El gobierno, sin embargo, puede añadir otros criterios para definir el resultado de las licitaciones de frecuencias. Se podrían considerar el perfil profesional, la experiencia en materia de comunicación, el carácter innovador y sobre todo la diversidad en las propuestas que presenten los interesados en tales concesiones. Aun con la retorcida legislación actual, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene facultades para orientar la realización de esas licitaciones e incluso para suspenderlas si considera que no se han presentado propuestas satisfactorias.

2. Frecuencias para quienes realmente quieren operarlas. Varios grupos de radiodifusores que tienen frecuencias en la banda de Amplitud Modulada han insistido para que, además, se les asignen canales en Frecuencia Modulada. Las radios “combos”, como sus posibles beneficiarios le han llamado al otorgamiento de una frecuencia en FM por cada una de las que tienen en AM, se han convertido en exigencia pertinaz que, sin embargo, no tiene sustento legal alguno. El hecho de tener una frecuencia no le confiere a nadie el privilegio, solamente por esa circunstancia, de contar con otra más.

Los radiodifusores interesados en ese beneficio sostienen que la banda de AM ya no es negocio. Tanto por calidad en la recepción como por la existencia, dicen, de audiencias más numerosas, el negocio ahora se encuentra en la FM. Aunque en otros sitios del mundo la Amplitud Modulada no ha sido desdeñada como espacio de comunicación y negocio, podríamos suponer que a los radiodifusores mexicanos les va mejor en la FM. De ser así, ¿por qué se empeñan, entonces, en conservar las frecuencias que tienen en Amplitud Modulada? Ante esas peticiones, el nuevo gobierno federal podría asignarles frecuencias de FM a los radiodifusores que ya no consideran redituable a la AM. Pero no habría motivo para que se quedasen con las estaciones en AM. Esas frecuencias podrían ser reasignadas a otros empresarios, o a grupos e instituciones culturales y comunitarios que quisieran aventurarse a difundir en la menospreciada banda de Amplitud Modulada.

3. Reglamentar traspasos y “ventas” de concesiones. La Ley Federal de Radio y Televisión permite el traspaso de concesiones siempre y cuando sea autorizado por el gobierno federal. En los hechos, la autoridad se ha limitado a consentir esas transacciones sin vigilar escrupulosamente el cumplimiento, en todos los casos, de las disposiciones que existen para ellas. A menudo los empresarios que compran y venden estaciones simplemente informan de ello al gobierno. Apenas en julio pasado el Grupo Imagen le compró al empresario Raúl Aréchiga la concesión del Canal 28 de la ciudad de México, a partir del cual ese consorcio mediático quiere establecer una cadena nacional de televisión. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se limitó a tomar nota de una operación harto discutible. Si la ley se hubiera aplicado con esmero, desde tiempo atrás Aréchiga habría perdido esa concesión que nunca utilizó y cuya inutilidad ha implicado el despilfarro de un bien nacional como son las frecuencias radioeléctricas.

4. Acotar a la COFETEL. En el terreno de la regulación, el gobierno mexicano dispone de un amplio margen frente a la Comisión de Telecomunicaciones. Uno de los defectos de la Ley Televisa era, precisamente, la autonomía de pacotilla que se le otorgaba a esa Comisión la cual, en cada una de sus atribuciones relevantes, continúa supeditada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A través de esa dependencia, si quisiera, el nuevo gobierno podría moderar las decisiones previsiblemente afines a los intereses de Televisa que tome la mayoría de los miembros de la Comisión. Lo deseable sería, desde luego, que tuviéramos una Cofetel verdaderamente independiente. La que existe hoy no lo es porque sigue orgánica y jurídicamente supeditada al gobierno pero, sobre todo, porque varios de sus integrantes son reconocidos personeros de Televisa.

5. Recuperar tiempo fiscal y emplear racionalmente el tiempo estatal. Con el decreto del 10 de octubre de 2002, el presidente Vicente Fox privó al Estado mexicano del 90% del tiempo del cual disponía en la televisión y del 80% del tiempo al que tenía derecho en la radio. Con otro decreto –si quisiera– el nuevo gobierno podría recuperar todo ese tiempo o parte de él. Como es altamente posible que no quiera, de cualquier manera hay mucho por hacer tanto para reglamentar como para organizar el uso de ese tiempo. Esos espacios son del Estado y no solamente del gobierno, como con oportunidad la Cámara de Diputados le recordó al presidente Fox. Pero si está claro quiénes pueden usar el tiempo fiscal, lo que sigue siendo ambiguo es para qué se debe aprovechar ese espacio que, en los términos actuales, significa 18 minutos diarios en cada televisora y 35 en cada estación de radio.

El tiempo fiscal se añade, como es sabido, a los 30 minutos que, de acuerdo con la Ley vigente, cada estación de radio y televisión debe otorgar para programas oficiales o culturales. La administración de ese tiempo siempre se ha realizado con la mayor arbitrariedad y el gobierno de Fox no fue la excepción. El tiempo fiscal y estatal podría organizarse de manera racional y eficaz para difundir contenidos distintos a los de índole únicamente comercial. Sería preciso, antes que nada, dejar de utilizarlo en la difusión de obras y logros de instituciones estatales como sugerimos en el punto siguiente.

Esos espacios podrían tener dos propósitos esenciales. El primero, sería difundir los mensajes de los partidos en temporadas de campaña electoral siempre y cuando sustituyeran a la compra de propaganda en televisión y radio. Una segunda y más frecuente utilización sería su aprovechamiento por parte de grupos de productores y organismos de la sociedad que no suelen tener acceso a los medios comerciales. Los espacios estatales podrían ser licitados entre grupos de esa índole en concursos discernidos por jurados de indudable imparcialidad. Ya existe el antecedente de los certámenes que organizó el IMER para asignar espacios en la Radio Ciudadana cuya programación, hoy en día, está definida por una reconocible variedad de voces, posiciones y preocupaciones.

6. Terminar con la propagada gubernamental. México es uno de los poquísimos países en el mundo en donde el gobierno anuncia en los medios de comunicación sus proyectos y logros. La utilización y en muchos casos la compra de tiempo y páginas para ello sigue formando parte de un comportamiento autoritario y un tanto patrimonialista pero, también, jactancioso y provinciano.

Al anunciar sus realizaciones el gobierno presenta solamente una parte de la realidad social y política porque nunca destina espacios a reconocer, o a discutir, lo mucho que ha dejado de hacer. Y en realidad lo único que consigue con tales espacios es manifestar que ha cumplido con su obligación porque las obras y acciones que anuncia las ha efectuado en ejercicio de sus responsabilidades.

Suponer que al pregonar que los hospitales públicos atienden a los enfermos o que las carreteras tienen menos baches los ciudadanos aprobarán de manera automática al gobierno, implica creer que la publicidad moldea voluntades al margen del contexto en el que vive la gente. Y si así fuera, esos anuncios se justificarían todavía menos porque entonces formarían parte de una operación de manipulación por parte del poder político.

Gran parte de esos espacios se difunden en ejercicio del tiempo fiscal y estatal. Otra, con un gasto cada vez más cuantioso, requiere de la contratación de publicidad comercial en la televisión y la radio –de la misma manera que en periódicos y revistas–. La compra y utilización de espacios para que el gobierno se haga publicidad no tiene justificación alguna. Pero no se trata de una práctica exclusiva de la administración federal. Gobiernos estatales y a veces también municipales, las cámaras del Congreso Federal, organismos como la Comisión de Derechos Humanos y las universidades públicas más importantes, destinan a la contratación de espacios publicitarios una porción a veces cuantiosa de sus presupuestos.

La contratación de espacios de auto promoción se ha convertido, además, en una fuente de presiones, complacencias y connivencias entre esos gobiernos e instituciones estatales y los medios de comunicación.

Modificar esa práctica tendría que ser resultado de una decisión tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales y las instituciones que hoy en día gastan miles de millones de pesos para ufanarse de los edificios que inauguran, los mexicanos pobres a los que piadosamente socorren o de los premios que han recibido, todo ello con cargo a recursos fiscales.

7. Resolver situaciones irregulares. Desde hace varios meses la frecuencia del Canal 40 en la ciudad de México es manejada por Televisión Azteca sin que a esa empresa le haya sido asignada tal concesión. La confiscación que el consorcio de Ricardo Salinas Pliego hizo de esa frecuencia fue un despojo al concesionario original pero, también, al patrimonio de la Nación porque está utilizando esa señal sin autorización legal. La complicidad del gobierno del presidente Vicente Fox con Televisión Azteca, confirmada en el tortuoso desempeño de la SCT en el litigio alrededor del Canal 40, hizo posible esa apropiación. Si quisiera diferenciarse de tales prácticas, el nuevo gobierno federal simplemente podría emprender una revisión rigurosa de ese y de los casos similares que puedan existir y aplicar la ley.

8. Medios auténticamente públicos. Sofocados por ingentes carencias presupuestales y sometidos a la posibilidad de que una decisión burocrática modifique sus derroteros o sustituya a sus autoridades, los medios de radiodifusión del Estado se mantendrán en una situación precaria mientras no tengan garantías institucionales para vivir con recursos suficientes y con la autonomía que requiere su trabajo profesional. Aunque esas limitaciones se deben en parte a la discriminación que les impone la Ley Federal de Radio y Televisión que les prohíbe apuntalar sus finanzas con la venta de espacios publicitarios, los medios del Estado podrían tener nuevo aliento si el gobierno del presidente Calderón viera en ellos un recurso para promover la diversidad mediática.

9. Medios comunitarios. El desarrollo de las radiodifusoras comunitarias tendrá que ser resultado, fundamentalmente, del respaldo y la adhesión que encuentren en los núcleos sociales en los cuales y para los cuales han surgido. Pero el gobierno podría reconocer de varias maneras esa expresión saludable de una sociedad que quiere expresarse y que apuesta por la comunicación. Exenciones fiscales, créditos y facilidades para la compra de equipos, becas y apoyos para sus productores y sobre todo la eliminación de obstáculos administrativos como los que con tanta pertinacia se les impusieron a esas radiodifusoras en los años recientes, serían formas de respaldar su desarrollo. Tales medios, por su parte, además de ofrecer contenidos más profesionales podrían incursionar en otros espacios como la creación de canales de audio y video en Internet y (¿por qué no?) el establecimiento de televisoras comunitarias como hay en otros sitios de América Latina.

10. Publicidad y contenidos en radio y TV: aplicar la ley. La legislación ahora vigente –tanto la Ley de 1960 como el reglamento que Fox expidió en 2002– son harto discutibles pero, con todo y sus abundantes defectos, tienen disposiciones cuya aplicación sería ventajosa para la sociedad. Actualmente no hay auténtica fiscalización sobre el tiempo permitido para la difusión de mensajes comerciales. La clasificación de programas suele ser desconocida por los televidentes. Muchos programas de concurso no respetan la dignidad de las personas. Los recursos de “baja comicidad” –prohibidos por la Ley– son el verdadero precepto que rige en numerosos espacios de Televisa y TV Azteca.

Sería preciso revisar las multas establecidas para sancionar a los concesionarios que infringen tales disposiciones. Y aun sin esos cambios el gobierno podría inducir, con la ley en la mano, un comportamiento de las televisoras menos descomedido hacia la sociedad.

11. Informar sobre los medios. En buena medida la discrecionalidad, la inmoderación e incluso la impunidad de muchos medios en México se ha debido al secreto en el que se desarrollan y se relacionan con otros poderes. El gobierno federal está obligado a mantener un Registro Federal de Telecomunicaciones en el que, además de los datos de cada concesión, podrían darse a conocer informes sobre las audiencias reales y el carácter de los programas que difunden los medios electrónicos. El gobierno federal también podría respaldar proyectos sociales y académicos para el estudio y la observación de los medios de comunicación.

* Este texto apareció inicialmente en la edición de diciembre de 2006 de la revista Zócalo.