Por Raúl Trejo
Número 58

Las novedades en la relación entre el poder político y el poder mediático en México han sido intensas, contradictorias y en alguna medida sorpresivas. La decisión de los principales partidos políticos para modificar la Constitución incorporando la prohibición para que haya propaganda pagada suscitó una desusada animosidad de las principales corporaciones televisivas. Los días 12 y 13 de septiembre de 2007 publiqué en La Crónica de Hoy un par de textos que ofrecen un recuento y un balance muy inicial, inevitablemente a vuelapluma, de esa confrontación y de las decisiones legislativas.

12 de septiembre. Desenfocados
Desangelados y despistados, parapetados en una soberbia que ya no intimida con facilidad, ayer los dueños del espectáculo mediático y sus voceros ofrecieron el peor show de su vida. La vieja prepotencia, que tan notorios beneficios les rendía cuando casi no había legislador o gobernante que no se doblara ante el amago para dejarlos fuera de los noticieros, ha perdido al menos parte de aquella eficacia. Los senadores que ayer recibieron a los directivos de la radiodifusión no se quedaron callados ante reproches y bravatas de los patrones del poder mediático. Y los quejosos quedaron enredados en su propio, confuso y equívoco discurso.

La sesión en las oficinas del Senado estaba planteada más como recurso testimonial que como espacio de interlocución. Acostumbrados a hacer política en el regateo tras bambalinas y nunca en la deliberación abierta, los jeques mediáticos apostaron en esa sesión sus últimas cartas contra las reformas constitucionales relativas a la competencia electoral. Estimaron que con un desplante de apantallamiento mediático impresionarían a los senadores. Quizá por eso atendieron, como diría el clásico, a la forma y no al fondo.

La forma en su comparecencia la aportaron los radiodifusores con una insólita cobertura mediática. Tan reacios como son a las cadenas nacionales, ellos hicieron la suya propia con la transmisión simultánea en todas las televisoras y prácticamente todas las radiodifusoras afiliadas a algún consorcio comunicacional. Pero el fondo del discurso que buscaron difundir con tanto estruendo resultó patéticamente endeble.

Algunos miembros de la CIRT se refirieron a temas de la reforma electoral distintos del que los había convocado: reelección de los legisladores, candidaturas independientes. Otros, recalcaron los riesgos que la iniciativa de reformas constitucionales podía implicar para la libertad de expresión. La premura con que ha sido redactada deslizó en la iniciativa un párrafo que habría podido ser interpretado para vulnerar los derechos de opinión y crítica. Nadie “podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”, se decía en una de las adiciones propuestas al artículo 41 Constitucional.

Con esa disposición se pretende evitar mensajes como los que patrocinó el Consejo Coordinador Empresarial poco antes de la elección presidencial del año pasado. Los senadores reformaron esa propuesta para que diga que nadie “podrá contratar la difusión de mensajes...” Asunto resuelto. Estará prohibida la propaganda electoral que no sea producida por los partidos y esa disposición no será pretexto para censura alguna.
Cuando el senador Ricardo Monreal les dio a conocer esa modificación los dirigentes de la CIRT se quedaron sin el argumento central de su comparecencia. Pero estaban encarrerados y siguieron como si no hubieran escuchado. No defendían prerrogativas de la sociedad sino sus propios intereses.

El desasosiego de los representantes de TV Azteca y Televisa no se debía al afán de reivindicar la libertad de expresión de los ciudadanos sino al dinero que dejarán de recibir gracias a la decisión de los legisladores para evitar cualquier contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Esa es la causa que movilizó ayer a los dueños del poder mediático. Se trataba de una batalla de antemano perdida porque la víspera, en un comunicado que difundieron en sus noticieros, los radiodifusores habían admitido el fin de la propaganda pagada en medios electrónicos.

Así que, extraviado el foco de sus reclamos, los radiodifusores comenzaron hablando de todo y nada. Y cuando entendieron que las cadenas nacionales que estaban difundiendo esa sesión desde la Torre del Caballito lejos de amilanar a los senadores les daban más ánimo, involucionaron a un discurso insolente y ramplón. El hecho de que, hacia ese segmento de la comparecencia, eligieran como voceros a personajes de tan cuestionada fama pública como Ferriz De Con y Paty Chapoy, da cuenta del extravío de los concesionarios. Y cuando, instalado en la histeria, el abogado de Televisa Javier Tejado aseguró fuera de cualquier proporción jurídica o histórica que los senadores “están estatizando” a los medios electrónicos, era evidente quiénes habían perdido esa partida.

El escenario quedó perfectamente adecuado para que Pablo Gómez les encajara a los radiodifusores una contundente lección de derecho constitucional pero, sobre todo, de claridad política. Cuando los invitó a que se preguntaran por qué fuerzas tan distintas como PAN, PRI y PRD se ponen de acuerdo para impulsar una reforma que acota el hasta ahora desmedido poder de los medios respecto de la política, ese senador perredista les hizo a los patrones mediáticos un inestimable obsequio. Pero no será sencillo que, tras un ejercicio de poder atrabiliario tan sostenido como impune, los dueños y directivos mediáticos hagan ese ejercicio de conciencia al que Gómez los convocó.

Los temas plausibles de la reforma electoral no opacan los abusos que al amparo de ellos quieren cometer los partidos, comenzando por la destitución de los consejeros del IFE que a estas alturas no ha sido justificada por un solo legislador. La remoción de los consejeros será resultado de una injusta venganza política. La cancelación de la propaganda pagada será consecuencia de una desigual y ahora, por lo visto, insostenible relación de subordinación de las fuerzas políticas respecto de la radiodifusión comercial.

Dueños y voceros de ese poder mediático ayer lucieron desquiciados, sin maquillaje, desenfocados. No tardarán en recuperar la figura sin abandonar el viejo estilo: severas advertencias en privado, dosificadas menudencias de rating en público. No pasarán muchas horas para que sepamos si esos gastados recursos todavía atemorizan a la clase política.

13 de septiembre. El principio del fin
Desafiados por las televisoras, los senadores manifestaron una cohesión jamás vista al menos en los años recientes. Con alusiones a la entereza de Belisario Domínguez invocada por el perredista Carlos Navarrete o recordatorios del panista Santiago Creel y el priista Manlio Fabio Beltrones al poder fáctico de los consorcios comunicacionales, la sesión de anoche en Xicoténcatl se convirtió en enfática respuesta del poder político a las bravatas de la mediocracia.

Horas antes, los jeques del poder mediático, ahora acompañados por algunos jeques empresariales, habían reiterado y profundizado sus reproches contra los legisladores. Igual que el día anterior, les sobró retórica y les faltaron argumentos. El presidente de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión advirtió que, de aprobarse, la reforma constitucional “acotaría la libertad de expresión”. El presidente de la Concamín denunció que “los legisladores están agarrando de rehén a este país”. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial consideró "inaceptable que se pretenda privar a la sociedad de la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista”. Y dos voceros de TV Azteca exigieron posponer la aprobación de esa reforma.

Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.

Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º. Constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora solo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país.

La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamente”, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”.

Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.

El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.

Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidos” de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.

Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.

El otro polo de esta reforma es el esfuerzo de los partidos para tener mayores controles sobre la autoridad electoral. La creación de una contraloría designada por la Cámara de Diputados y de un “órgano técnico” para fiscalizar a los partidos nombrado por el Consejo del IFE pero separado de él son dos medidas que limitan la independencia de la autoridad electoral. Y sobre todo la destitución de tres de los actuales consejeros, entre ellos el Presidente del IFE, sigue siendo una decisión caprichosa e inopinada.

En los artículos transitorios del dictamen se dice cuándo deberán ser designados, de manera escalonada, los consejeros que tendrá el organismo electoral durante los siguientes seis años. Pero no se establece con qué procedimiento serán seleccionados los tres que dejarán el cargo en cuanto la reforma constitucional sea aprobada y los otros 3 cuya gestión, en vez de concluir en 2010 como estaba previsto, llegará únicamente hasta el año próximo.

Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.

Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poder”.

El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.

Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros 7 minutos diarios.

Y ya que no gastarán en la contratación de medios electrónicos, es pertinente que los partidos reciban menos dinero. La nueva fórmula para definir cuántos pesos le entregará el Estado a cada partido implica ahorros como los que también anoche, al refutar las mentiras de un asesor jurídico de Televisa, explicaba en la tribuna de Xicoténcatl en senador Ricardo García Cervantes. Si la reforma no se aprueba, en las campañas de 2009 los partidos recibirán 2670 millones de pesos (que significarían, con campañas de 71 días, casi 38 millones de pesos diarios). Con las nuevas reglas, dentro de dos años los partidos recibirán 800 millones de pesos que, gracias a la reducción en los plazos para campañas, equivaldrán a 13.3 millones de pesos diarios.

La reforma constitucional tiene otras consecuencias sobre las que será preciso detenerse más adelante. Entre ellas se encuentran la reglamentación de precampañas, nuevas atribuciones del IFE para organizar elecciones locales y prohibición para que los sindicatos puedan formar partidos políticos.

Cara y cruz de una reforma contradictoria: por un lado es preciso advertir la iniquidad que cometen los partidos con el árbitro electoral. Y al mismo tiempo, se puede reconocer un saludable desplante de emancipación de esos partidos respecto de la inmoderada mediocracia. Quizá sea, decía anoche el senador Pablo Gómez, “el principio del fin del miedo de la clase política a los concesionarios de la televisión”. Quizá.