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REFORMA DE MEDIOS: CUESTIÓN DE PODER

Por Raúl Trejo
Número 62

“Todo es cuestión de poder, desde luego” explicaba el sociólogo británico Roger Silverstone: “En definitiva, el poder que tienen los medios para fijar una agenda. Su poder para destruirla. Su poder para influir en el sistema político y cambiarlo. El poder de facilitar, de informar. El poder de engañar. El poder de modificar el equilibrio de poder: entre el estado y el ciudadano; entre país y país; entre productor y consumidor. Y el poder que les es negado: por el estado, por el mercado, por la audiencia, el ciudadano, el consumidor resistentes u opuestos”.

   Debido a que ejercen un poder muy importante, es preciso que existan contrapesos delante de los medios de comunicación. No son un poder ilimitado. En las sociedades contemporáneas resulta factible refrendar o propiciar nuevos poderes delante del que ejercen los grandes medios de comunicación.

   Los medios convencionales (televisión, prensa, radio) constituyen un vehículo formidable para propagar mensajes pero en esa virtud, como es harto sabido, radica su riesgo esencial. El acaparamiento comunicacional puede constituirse en una de las peores amenazas para la democracia. La concentración de muchos medios en pocas manos tiende a estrujar la diversidad, así como la calidad de las opciones comunicacionales. Por eso todas las democracias contemporáneas establecen límites a la concentración de los medios.
  
Ideología y tecnología
   A los dueños de las empresas de comunicación no les gusta que haya reglas que delimiten su actividad. Cada vez que se habla de revisar las leyes para la radiodifusión repiten la misma cantinela: normar a los medios, dicen, implica coartar la libertad de expresión.

   Al contrario: regular a los medios es el único camino para que la sociedad disfrute de tal libertad. Si no existieran reglas para acotar la propiedad monopólica, propiciar la existencia de medios no comerciales, favorecer la difusión de producción independiente y hacer valer atribuciones de la sociedad como el derecho de réplica, los únicos capaces de ejercer la libertad de expresión serían los propietarios de los medios privados.

   También a menudo se dice que, a estas alturas del desarrollo tecnológico en las comunicaciones, el empeño para reglamentar a los medios resulta candoroso porque los mensajes hoy en día se propagan mucho más por las nuevas redes telemáticas que en los canales de radiodifusión convencionales. El futuro de la comunicación, se insiste con afán anti regulatorio, se encuentra en Internet y allí las leyes se enfrentan a una propagación de mensajes sin fronteras.  

   Las nuevas tecnologías, en efecto, han propiciado el surgimiento de espacios comunicacionales que rompen con la unilateralidad y la estrechez de los medios tradicionales. La profusión de contenidos en Internet hace que la programación de los canales de televisión parezca un estanquillo de revistas comparado con la Biblioteca del Congreso estadounidense. Pero como también sabemos, los contenidos en la Red son tan disímiles en calidad como torrenciales en cantidad y hay amplias franjas de la población que están lejos de acceder a Internet.

   Si de veras resultase obsoleto pensar en leyes de esta índole porque las nuevas tecnologías han multiplicado los canales de comunicación uno podría preguntarse por qué, entonces, las empresas televisivas defienden con tanta exaltación los canales que han usufructuado durante tantos años.

   Ese era el propósito clave de la Ley Televisa, como con toda escrupulosidad fue denominada la reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en marzo de 2006 y cancelada 15 meses después por la Suprema Corte de Justicia. Gracias a esas disposiciones, los titulares de una concesión de televisión o radio podían disponer a su antojo de la frecuencia que hasta ahora habían utilizado solamente para difundir señales convencionales. En adelante, además de radio o televisión podrían transmitir, en esos espacios, servicios de Internet y otras formas de comunicación digital.

   Los empresarios perjudicados con aquella decisión de la Corte han  replicado que significó un revés para la convergencia tecnológica porque las señales de radiodifusión no se podrán utilizar plenamente. Pero, al contrario, gracias a esa determinación el espectro radioeléctrico podrá ser aprovechado por la sociedad mexicana de manera más intensa, diversa y creativa. Si la Ley Televisa hubiera prosperado, las empresas que detentan más concesiones de televisión (Televisa y Azteca) hubieran dispuesto de formidables porciones de espectro radioeléctrico para emplearlas como mejor les conviniera. Ahora en cambio, en cada frecuencia se difundirán distintos servicios de comunicación a cargo de diversas empresas. Cada uso y frecuencia tendrán que someterse a licitación.

Agenda legislativa
   Para que eso ocurra es preciso que exista una nueva legislación. La decisión de la Corte eliminó párrafos sustanciales de las mencionadas leyes federales. La tarea de sustituirlos le corresponde al Congreso de la Unión. Es urgente que lo hagan porque mientras tanto la renovación de concesiones, la apertura de otras nuevas e incluso la situación jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, designada con sustento en la ahora inválida “Ley Televisa”, se encuentran en la cuerda floja.

   El Senado se hizo cargo de esa necesidad y el 7 de septiembre de 2007 creó un “Grupo Plural” para revisar la legislación acerca de telecomunicaciones y radiodifusión. Dos semanas antes el Diario Oficial había publicado la sentencia de la Corte que declaró inconstitucionales las reformas en esas materias. El rebumbio que suscitaron otros asuntos políticos (entre ellos las reformas constitucionales acerca de la propaganda electoral en medios electrónicos) y el desinterés que muchos espacios en radio y televisión decidieron asumir acerca del Grupo Plural, le dieron a su nacimiento un bajo perfil mediático.

   Sin embargo ese espacio legislativo tiene una importancia de primer orden: lo integran los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, los presidentes de tres comisiones senatoriales y 10 senadores más: 3 del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 1 del Partido Verde, otro de Convergencia y uno más del Partido del Trabajo.

   Durante sus primeros meses el Grupo Plural, presidido por el senador Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, organizó seminarios para entender los alcances técnicos y legislativos de las decisiones de la Corte y escuchó en una docena de audiencias a los principales involucrados en una reforma legal para los medios.

   En febrero la presidencia del Grupo fue ocupada por Ángel Heladio Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional. Ese senador manifestó una ostensible reticencia a emprender una pronta reforma legislativa. Tales diferencias de apreciación impedían que hubiera certezas sobre la reforma legal para los medios. El Grupo Plural, en todo caso, trabajó a partir de una agenda con siete grandes temas que tendrían que ser el eje para esa nueva legislación.

   El primer asunto es quiénes, con qué atribuciones y cómo regularían a los medios. Las tecnologías digitales han emparentado de tal manera los formatos de los medios convencionales con los espacios y la ubicuidad de los nuevos medios que resulta pertinente pensar en una autoridad para todos ellos. Un solo organismo regulador, con atribuciones para intervenir en asuntos de radiodifusión tanto como de telecomunicaciones, sería congruente con una ley de medios audiovisuales y para las tecnologías digitales en vez de dos ordenamientos como tenemos hasta ahora.

   En la medida en que tenga mayor independencia respecto del gobierno y otros poderes, el organismo regulador contaría con mayor fuerza institucional. Por eso sería necesaria una reforma constitucional y no únicamente la aprobación de una nueva legislación federal. En todo caso, otro tema relevante sería el mecanismo para designar al organismo y los requisitos que debieran cumplir sus integrantes, especialmente para garantizar que no tengan conflictos de interés al regular a las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión.

   El organismo regulador tendría que licitar las concesiones para cualquier modalidad de explotación del espectro radioeléctrico. Las reglas para esas subastas, en donde la oferta financiera constituiría un factor complementario a la calidad en la programación o los servicios que ofrezca el interesado en disfrutar de concesiones, las normas para refrendar o prorrogar tales autorizaciones y sobre todo el establecimiento de límites a la propiedad de recursos comunicacionales, destacan en el segundo apartado de la agenda que ha discutido el Grupo Plural. Los intereses que pueden ser acotados con esta legislación no resultan menores. Basta recordar que dos empresas detentan el 94% de las concesiones de televisión comercial y otra más, Telmex, ha constituido un monopolio pertinazmente aferrado a esa posición de privilegio en el campo de la telefonía.

   En un tercer tema se ubican las reglas específicas para auspiciar la modernización de las telecomunicaciones y su convergencia. Allí, lo más pertinente será el establecimiento de principios generales que orienten a la autoridad para regular casos específicos: rectoría del Estado, promoción de la competencia, defensa del interés de los consumidores y/o usuarios, serían algunas de esas pautas.

   Las reglas para que los pueblos y comunidades indígenas tengan medios electrónicos, ocupan un cuarto apartado. El quinto, se refiere a los medios de índole pública y comunitaria. Los medios no comerciales más relevantes, entre ellos radios y televisoras de varias universidades públicas, han sugerido la creación de una ley federal específica para medios públicos. Pero un capítulo destinado a ellos dentro de una ley general de medios permitiría reconocerlos como parte del audiovisual nacional y quizá aliviar la marginación que han padecido. Los medios de índole o vocación pública deberían tener autorización para vender espacios de publicidad.

   El sexto capítulo del guión que ha organizado la deliberación de los legisladores se refiere a los contenidos de los medios de radiodifusión. Junto con una plena garantía a la libertad de expresión, tendrían que existir reglas para clasificar los programas a fin de que los contenidos para adultos se transmitan únicamente en horarios apropiados para esa audiencia. En ese tema se incluirían los porcentajes de programación nacional, y producida por grupos independientes, que habrían de incluir radiodifusoras y televisoras.

   Normas para la publicidad estableciendo límites claros a la cantidad de anuncios permitidos cada hora y, por otra parte, a fin de evitar la difusión de mensajes engañosos o que afecten la integridad de las producciones audiovisuales se encuentran en ese apartado.

   También resultaría oportuno terminar con las confusiones e incluso los abusos que desde hace 4 décadas ha significado el llamado tiempo fiscal, resultado de un impuesto especial para la televisión y la radio. Lo más pertinente sería aumentar (quizá duplicándola) la media hora de la cual, además del tiempo fiscal, dispone el Estado todos los días en cada televisora y radiodifusora.

   Una nueva legislación en estas materias tendría que ser compatible con las reglas que ahora contiene el Código Electoral para la difusión de mensajes políticos de los partidos. Por otra parte, quizá sea necesaria una legislación específica para normar el derecho de réplica que desde fines de 2007 está expresamente acreditado en la Constitución.

   El séptimo de los temas que el Grupo Plural de senadores se propuso estudiar se refiere a las sanciones que habría por el incumplimiento de la legislación (actualmente las multas a los concesionarios que infringen la Ley de Radio y Televisión son absurdamente bajas) y los mecanismos para impugnar resoluciones en estos temas.

Presiones, aspiraciones
   En represalia por interesarse en esta ley y por haber modificado las reglas para la propaganda política, los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado fueron vetados en los programas de Televisa y TV Azteca. Varios de los diputados más prominentes, en cambio, alcanzaban notoria presencia mediática. Un escenario indeseable para la reforma legal de los medios sería la aprobación en el Senado de una propuesta sólida que, sin embargo, se empantanara en la Cámara de Diputados.

   Y es que, como advirtió el profesor Silverstone (Roger Silverstone, ¿Por qué estudiar a los medios?. Amorrortu, Buenos Aires, 2004) todo es cuestión de poder: “Del poder de escuchar y el poder de hablar y ser escuchado. El poder de incitar y guiar la reflexión y la reflexividad”. De esta reforma depende que esa capacidad quede en las mismas y avaras manos que han controlado a los grandes medios en México o que haya marco para la competencia, la diversidad y la pluralidad. De eso se trata. Nada más que de eso.