La comunicación,
un sendero

RAZÓN Y PALABRA, Número 1, Año 1, enero-febrero 1996


COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y GOBIERNO EN EL ESTADO DE MÉXICO


Edgar Tello Vaca


El carácter público del poder entendido como no secreto, como abierto al público, constituye uno de los criterios fundamentales para distinguir al Estado constitucional del Estado absoluto. Todo gobierno que se pretenda legítimo y democrático debe ser "visible" ante sus gobernados, debe establecer una relación directa de intercambio de información y de opiniones que haga posible que todo ciudadano extienda su mirada y su atención a los asuntos que le conciernen, participando en la toma de decisiones.

La opinión pública resulta así de la mayor importancia, porque no solo persigue la discusión y crítica de los actos del poder público, sino que también busca el enriquecimiento de la acción del gobierno a través de la incorporación de sus propuestas y de la participación social en el quehacer de las instituciones oficiales.

En este contexto, la comunicación social adquiere su más significativa dimensión, porque es impensable un sistema político o un gobierno que pretenda ser legítimamente democrático y no la considere como una de sus tareas sustantivas, como una función pública ineludible y de la mayor trascendencia.

Así pues, la comunicación social constituye una premisa para las relaciones político-sociales, pero también un principio moral. Es al mismo tiempo una práctica permanente y un valor ético que norma la acción de las instituciones públicas. La comunicación social no puede ser considerada, entonces, como un mero instrumento de control. En esencia, la comunicación social debe relacionarse directamente con las necesidades y alternativas que una sociedad tiene para su desarrollo y para el fortalecimiento de su convivencia política.

En México, fundamentalmente a partir de la década de los setenta, con la elevación a rango constitucional del derecho a la información, mucho se ha discutido sobre la importancia que tiene el establecimiento de Políticas Nacionales de Comunicación, a través de las cuales se define el marco de acción de los distintos sectores que intervienen en este proceso, ya sean el gobierno, los medios de comunicación o las organizaciones académicas, o bien los diversos segmentos de la población.

Entre los argumentos más expresados se encuentra aquel que sostiene que el Sistema de Comunicación debe adaptarse orgánicamente al sistema político y socioeconómico, pero, sobre todo, estar en armonía con los valores socioculturales de nuestro país, ya que es importante que permita la politización de los mexicanos, entendida ésta como un mayor y más decidida participación en los asuntos públicos.

Durante estas dos últimas décadas, en las que se ha ventilado este asunto con particular intensidad en todo el país, también hemos sido protagonistas, a veces, y observadores otras, de cambios fundamentales en la vida política y social de México.

Sin duda, el fortalecimiento de la participación ciudadana ha sido uno de esos cambios más significativos, y debido a ello es que no solo la concepción, sino también la práctica de la comunicación social, han cambiado.

En los últimos tiempos, la vida política mexicana se ha enriquecido con el surgimiento de nuevas opciones. En el escenario político actual participan múltiples actores; nuevos partidos políticos, movimientos populares, organizaciones para la reivindicación de la ecología, de la cultura, de las muchas y muy diversas identidades. Todos generan y consolidan mejores espacios para el diálogo, en un marco de convivencia pacífica, madura y civilizada.

Hoy en día en México, la comunicación social está determinada por la competencia, entendida ésta en cuando menos dos acepciones: la de competir con criterios de suficiencia y calidad para ganar credibilidad y para fundamentar corrientes serias de opinión, y la que se refiere al hecho de que los gobiernos deben cumplir con su compromiso democrático, con la atribución o competencia - porque les compete -, de informar a la población sobre la acción pública que realizan.

En el Estado de México, el reto en el campo de la comunicación social es mayúsculo. Nuestra entidad es la más poblada del país. Su conformación demográfica muy compleja, ya que casi el 70% de la población es menor de 30 años, cerca del 40% es producto de la inmigración y cuatro quintas partes se encuentran concentradas en zonas urbanas.

En términos geográficos, prácticamente estamos escindidos por el Distrito Federal. No hay un solo medio de comunicación masiva, sea impreso o electrónico, que garantice penetración en todo el territorio y hay regiones de la entidad que no disponen de uno solo de ellos.

En tal contexto, cumplir con la función pública de comunicación social no es sencillo, requiere del concurso de muchas voluntades, fundamentalmente de la participación y el interés social.

En el Plan Estatal de Desarrollo 1993-1999, la comunicación social está concebida como una tarea sustantiva de gobierno. Se le plantea como un rubro de acción fundamental en la ejecución de la estrategia de desarrollo de la entidad, particularmente conectada con el reto político.

Sus objetivos consisten en "mejorar la política y las acciones a fin de que toda la población del estado conozca y evalúe la obra de gobierno" y en "proporcionar la información suficiente y adecuada a todos los habitantes de la entidad, con el fin de propiciar su participación en la tarea gubernamental y puedan, así, exigir una administración honesta y eficaz".

Para cumplir con esos objetivos, en la Coordinación General de Comunicación social ha sido elaborado el programa estatal respectivo, el cual contempla tres líneas de acción fundamentales, a saber: Información, Difusión y Evaluación.

En el primer caso, la tarea informativa consiste en la cobertura de todos los programas, acciones y eventos que el gobierno estatal lleva a cabo, para ofrecer a los medios información suficiente y oportuna, que les permita contar con los elementos necesarios para informar a su vez a la población. Dentro de este renglón, se considera también el apoyo a representantes e informadores de los medios locales, nacionales e incluso internacionales para que lleven a cabo su quehacer informativo, a través de la organización de ruedas de prensa, entrevistas y reportajes, entre otras actividades. La política central al respecto es la de puertas abiertas, y de respeto irrestricto a los derechos constitucionales a la información y a la libertad de expresión.

En el segundo caso, la difusión de las obras y acciones de gobierno se realiza a través de la planeación y ejecución de campañas integrales de comunicación que, atendiendo a las características de los auditorios que coexisten en nuestra entidad, al contenido de los mensajes ya a la disposición de medios, persiguen una adecuada cobertura y penetración.

En este rubro es de suma importancia señalar que en muchas ocasiones se enfrentan limitantes para acceder a espacios de los medios de comunicación masiva de cobertura nacional, que por cierto, ofrecen una importante circulación en todo el territorio estatal, especialmente en el Valle Cuautitlán- Texcoco. Esto se debe a los altos costos que implica la disposición de tales espacios. Sin embargo, a través del uso de otros medios alternos, como los impresos, los periódicos murales que son distribuidos en todo el territorio estatal, suplementos de carácter cultural, elementos de comunicación exterior y señalización como las carteleras espectaculares, se procura un acercamiento directo a la población de todas las regiones de la entidad: a cada una de las más de dos mil comunidades distribuidas en todo el territorio.

Las acciones de difusión que el gobierno del Estado de México lleva a cabo responden a diversas necesidades: a la de mantener informada a la población sobre las obras que se realizan en sus comunidades, colonias, municipios; también a la de convocar su participación en esfuerzos de beneficio común, tales como las jornadas de reforestación, vacunación, prevención de riesgos y desastres, entre otros ejemplos. Otro caso es el que se refiere a la necesidad de promover valores a conductas que contribuyan a la convivencia social armónica, como el combate a las drogas y al alcoholismo; la paternidad responsable, el ahorro de agua, entre otros. Finalmente, un cuarto eje de acción de las campañas es el que se refiere a la difusión y promoción de valores de identidad estatal.

De esta forma, con la tarea informativa y la difusión se pretende garantizar el acceso permanente de la población al conocimiento profundo de lo que el gobierno estatal realiza, para fortalecer su participación y propiciar que cada ciudadano cuente con elementos suficientes para evaluar el quehacer gubernamental.

Sin embargo, este compromiso de hacer efectiva la función pública de la comunicación social como recurso indispensable para el desarrollo social y la convivencia democrática, no se cumpliría cabalmente si no se considerara la relevancia que tiene la retroalimentación, es decir, la apertura de canales de vuelta, a través de los cuales la población pudiera expresar sus puntos de vista, sus dudas e inconformidades, sus necesidades y expectativas.

Para ello, el Programa Estatal de Comunicación Social contempla como tercera línea de acción la relativa a la Evaluación. Esta se refiere a la ejecución de acciones de investigación, seguimiento y análisis, tanto del manejo informativo que los medios realizan sobre la acción gubernamental, como de las tendencias de opinión que en torno a la misma se manifiestan. En este renglón son de fundamental importancia también los sondeos de opinión que periódicamente se realizan para evaluar la cobertura y penetración de los mensajes, la valorización que la población hace sobre el quehacer gubernamental, así como para conocer las demandas y expectativas de los habitantes de cada una de las regiones de la entidad.

Esta tercera línea de acción ha permitido planear las correspondientes acciones con apego a los requerimientos informativos de la población, y sobre todo contar con elementos que fundamenten la toma de decisiones de carácter público.

Con estas acciones pretendemos que la oferta de información responda a la demanda que de ella muestra la sociedad; pero nos queda muy claro que la información no es una mercancía. Es un bien social que favorece la participación en el proceso político-social para validar la adopción de decisiones y el debate público para llegar a un consenso sobre las cuestiones importantes que a todos los mexiquenses nos atañen.

Por todo lo anterior, nuestra concepción y nuestra práctica de la comunicación social responden a la necesidad de contribuir al desarrollo social y a la convivencia democrática.

Dirección General de Difusión
11 de octubre de 1995.


Regreso al índice de este mes