En un principio no todo era digital.
El impresionante brío de las telecomunicaciones y el auge de los microprocesadores y la información digitalizada, son características indiscutibles de este fin de siglo. La digitalización se aplica tanto para entretener y educar, como para efectuar transacciones financieras alrededor del mundo. En esta era digital técnicamente no existe distinción entre voz, texto, datos y vídeo. En todos los confines del planeta se recurre diariamente a esta conversión digital para comunicarse a una velocidad y confiabilidad sin precedentes. Y, aunque no toda la información está digitalizada, toda información es digitalizable.
Desde el extremo de esta perspectiva, se podría argumentar que los límites de la comunicación se ubican entre la cantidad de bits que se transmiten y la capacidad de los canales que se usan en la transmisión. Es decir, que el contenido y la forma, el medio y el mensaje se funden en un solo proceso. Aunque el problema de fondo no se resuelve al encontrar un logaritmo universal que permita el óptimo aprovechamiento de los canales, es obvio que el avance tecnológico de la sociedad post-industrial hace necesario evaluar los actuales servicios de información y los derechos ciudadanos de comunicación (incluyendo los relativos a la información) que tiene la población ante el cambiante entorno social.
Sin caer en el determinismo tecnológico, es factible reconocer que estas tecnologías digitales han modificado radicalmente los parámetros de comunicación y han transformado los derechos de la ciudadanía. En consecuencia, se deben revisar las premisas sobre las que está cimentada la relación entre Estado-Sociedad, ya que ahora el mismo ejercicio de la democracia se construye sobre amplias facilidades de telecomunicación, sofisticados mecanismos de mercadotecnia, costosas bases de datos e intrincadas redes de cómputo.
Explorar la relación entre tecnología, información y legislación no sólo implica abordar con eficiencia el problema de la regulación, también exige replantear continuamente los límites de la información como propiedad privada (o propiedad comunitaria) y mantener, a la vez, un espacio público en el que puedan participar todos los agentes que confluyen en la sociedad mexicana .
Más aún, en el contexto de la globalización de la economía y ante la multiplicación de fuentes de información y voces que anhelan comunicarse, es necesario rediseñar el tipo de interrelación que debe existir entre los derechos y obligaciones de los individuos, empresas particulares, corporaciones transnacionales, organizaciones políticas y civiles, así como la función de las autoridades gubernamentales.
Aunque la regulación de las tecnologías digitales y las redes interactivas de cómputo aún es incipiente, la expansión global de las tecnologías de información y comunicación (TICs) ya es una realidad. En contraste, el debate sobre el papel del Estado para proteger el bienestar común no es nuevo. Sin embargo, la vorágine del entorno tecnológico hace que las tradicionales funciones de regulación estatal se tornen obsoletas en muy poco tiempo, por lo que se requiere que el marco legal se adapte continuamente para mantener su vigencia. Uno de los aspectos más difíciles de ponderar en este cambiante contexto es la línea divisoria entre bienes públicos y privados.
En tal contexto, es importante analizar no sólo las presiones del contexto nacional sobre la legislación y los derechos ciudadanos de comunicación, sino también cotejar el potencial y las limitaciones que surgen en la construcción de parámetros internacionales de normatividad comunicacional, ya sea mediante negociaciones gubernamentales en foros multilaterales o acuerdos transnacionales de autorregulación.
Si bien la convergencia tecnológica y el embudo digital repercuten en todos los ámbitos sociales y la adecuación de la legislación es ineludible, el gran desafío consiste en llegar a un consenso en torno al nivel de intervención del Estado . Entre las muchas opciones para abordar el estudio de este tema existen dos perspectivas desde las que tradicionalmente se ha partido al establecer las políticas que afectan a los derechos de comunicación: la postura neoliberal y la postura normativa que establece el servicio público y beneficio comunitario como consigna.
Desde una posición neoliberal, las fuerzas del mercado se ven como el motor de desarrollo debido a la gran cantidad de información que se ha producido en años recientes. Bajo esta postura se asume que a más información más conocimiento; que la elevada producción de información conduce a decisiones racionales y consolida las instituciones democráticas, y que este proceso, a su vez, mantiene el dinamismo económico para lograr una asignación eficaz de recursos donde se produce más riqueza para todos –aunque se privilegia a los agentes más poderosos del mercado para que sigan obteniendo amplios márgenes de utilidad por su contribución al esquema.
Sin embargo, al apostar por los beneficios de la gran expansión de información que se ha producido en los últimos años, uno se acerca a la lógica de la tecnología digital descrita arriba y se puede caer en el error de creer que todo se resuelve con el levantamiento de restricciones que repriman el libre flujo de información. La desregulación como parte integral del logaritmo universal se sustenta en el principio de que la explosión informativa se vio estimulada menos por el poder de normas que por el poder de la industria y el mercado, y que, por lo tanto, la lógica de incentivos individuales y el libre flujo de información es más conveniente que la lógica de la racionalidad normativa para guiar la producción y regulación del entorno comunicacional.
Para los simpatizantes del neoliberalismo es indiscutible que la lógica de producción comercial debe guiar la generación de políticas públicas; ya que es más productiva que la lógica normativa --independientemente de que la inercia del mercado aumente la oferta de televisión chatarra, prensa amarillista y rituales descontextualizados; información de escaparate que contamina y satura el mismo mercado con productos de baja calidad (como el denominado info-tainment) y que incluso ofrece sutiles versiones de imperialismo cultural (programas de concurso, talk-shows, etc.)
Desde esta perspectiva, sin embargo, el dilema sobre la intervención del Estado y la desregulación se concentra de una falsa dicotomía. Se plantea como un problema que se puede resolver encontrando un balance razonable de responsabilidad entre gobierno y mercado –aunque, claro, la intervención del Estado se tipifica como distorsión de los eficientes mecanismos de mercado.
En contrapunto, para que funcione una lógica que restaure el principio de servicio público como base normativa de la sociedad, se necesita empezar por reconocer, en el terreno jurídico, que la lógica del mercado también reproduce relaciones económicas desiguales, limita la participación de la ciudadanía en las decisiones comunitarias y favorece los privilegios individuales sobre las preocupaciones sociales. La desregulación neoliberal no modifica el Contrato Social, fortalece el status quo.
Autopistas Globales y Callejones Neoliberales
Desde los albores de esta explosión tecnológica, las tesis neoliberales ha acompañado el proceso, argumentando que la convergencia y desregulación de ciertos sectores generarían una comunicación más efectiva entre un número mayor de personas. Desde esta óptica, la fusión de televisión, fibra óptica y compresión digital está abriendo nuevos vías de contacto para todos los seres humanos –incluso para aquellos que no tienen sofisticados aparatos electrónicos en casa.
Al centro del debate sobre el futuro de las tecnologías de telecomunicación y los derechos de la información se encuentra la Internet y el desarrollo de la Infraestructura Global de Información (IGI) –y las infraestructuras equivalentes, al nivel nacional y local. Bajo el esquema neoliberal se ha propuesto que la construcción de estas autopistas de información se financie a través de una combinación de recursos públicos y privados.
El multicitado proceso de globalización y su concomitante armonización de las leyes internacionales, ha entrado recientemente en una nueva fase, simbolizada por el concepto de "autopista de la información" en EUA y la versión europea conocida como “sociedad de la información”. En este contexto, los rediseños institucionales que se están presentando en diversas organizaciones multilaterales (como la OMC y la OMPI) y en diversas regiones del mundo (como en EUA y en la Unión Europea) para enfrentar los desafíos de la era digital, van matizados ideológicamente por tintes neoliberales que delimitan a priori las opciones de desarrollo del resto del mundo.
En EUA, la idea de la autopista de la información se fundamenta en la construcción de la Infraestructura Nacional de Información (INI), que conectará redes de computadoras, bases de datos y equipos electrónicos personales en una red de redes que permitirá a los usuarios tener fácil acceso a enormes cantidades de información. La INI se apoyará en la iniciativa privada para construir las vastas capacidades de transmisión que supuestamente se requieren. La propiedad privada de la infraestructura de telecomunicación se convierte en la regla y el virtuosismo de INI se deriva de la restringida participación del Estado.–el ansiado logaritmo universal.
En la Unión Europea, el equivalente de INI también sigue el modelo neoliberal , ya que considera a las fuerzas del mercado como la única opción viable para financiar su infraestructura tecnológica. Debido a los altos costos de inversión, la alianza entre empresas y gobiernos en EUA y Europa se acepta como una estrategia política válida.
La premisa de esta mezcla de intereses públicos y privados es que puede generar mayor riqueza económica en el futuro. Por ello, no es accidental que las autoridades de EUA y de la UE hayan incorporado los intereses del sector privado en la delineación de sus políticas públicas --incluyendo demandas de mayor desregulación. Teóricamente los dos proyectos parecen asignar un papel determinante para el Estado, sin embargo, en ambos casos se coloca al Estado como agente económico que media (regula) el proceso tangencialmente . El Estado queda marginado. Dado que no existe una política industrial concebida desde el principio para servir el interés público, se sigue una táctica de acoplamiento para intercalar intereses sociales en el último momento.
Con la lógica neoliberal, el problema se resuelve al distribuir costos entre productores y consumidores, bajo la premisa de que la sociedad en su conjunto saldrá beneficiada al final. Desde una perspectiva normativa la pregunta principal sería cómo asegurar que el desarrollo de esta infraestructura realmente redituará en beneficio de la sociedad en su conjunto. Bajo este precepto, el papel del Estado se define en términos de las metas sociales que debe representar y no sólo como aliado de poderosos grupos económicos.
Lo preocupante es que, siguiendo el ejemplo de estas dos entidades políticas, las INIs de diferentes partes del mundo también se están conectando a la IGI. Aunque esbozan diferencias en el plano discursivo, muchos proyectos tienen características tecnológicas similares y son muy parecidos como esquemas neoliberales. El papel que se otorga, retóricamente, a las autoridades gubernamentales y a la industria de la comunicación varía ligeramente pero, en general, los individuos se conciben más como consumidores que ciudadanos. Incluso aquellas iniciativas que argumentan perseguir el bienestar social y que tienen una orientación de servicio público terminan, en la práctica, favoreciendo los derechos de comunicación de las empresas sobre los intereses comunitarios.
La construcción de la IGI refleja la tendencia de los procesos de desregulación global (mínimas restricciones para los mercados financieros, el comercio internacional y la inversión extranjera). Esto ha permitido que las empresas transnacionales (ETNs) se beneficien no sólo de las economías de escala y de la multiplicidad de mercados sino también de interferencias políticas (distorsiones) en el entorno local. La desregulación global exige que los gobiernos adapten sus capacidades materiales y sus instituciones a las cambiantes condiciones del panorama internacional, que vinculen sus mecanismos de control interno a procedimientos externos y que apoyen a sus propias ETNs.
Convergencia tecnológica y neoliberalismo.
Los últimos años también han atestiguado la creación de múltiples alianzas estratégicas entre cadenas televisivas, transportadores de telecomunicación, empresas editoriales, compañías de cable y productores de equipo de cómputo, software y entretenimiento. Las denominadas corporaciones multimedia se han configurado principalmente en los países industrializados. Asimismo, los mercados globales de información son agresivamente explorados y desarrollados; mientras que los proveedores de información y operadores de telecomunicación buscan expandir sus actividades más allá de sus fronteras tradicionales.
Por otra parte, el incremento constante en la demanda mundial de líneas telefónicas, entretenimiento electrónico, enlaces satelitales y equipos de cómputo hace evidente que la hibridación tecnológica ha ampliado radicalmente el volumen y la importancia de la información circulante . El concepto de Sociedad de la Información es reconocimiento explícito del creciente valor económico y uso de la información en la actualidad.
Desgraciadamente, la distribución de la información no es perfecta. Aunque las TICs permiten que el intercambio comunicacional se extienda globalmente, sólo ciertos agentes sociales (grandes corporaciones, agencias gubernamentales e intergubernamentales, universidades, etc.) tienen capacidad para aprovechar estas herramientas plenamente y explotar los vastos flujos informativos. Pero lo más importante es que no hay consenso político sobre cómo regular estos procesos; por lo que nuevos estándares y esquemas legales se están discutiendo para promover el desarrollo de las TICs, la interconexión de la IGI y el derecho de la información.
Al examinar las implicaciones culturales, éticas y legales de la expansión de las TICs, los portavoces del modelo neoliberal afirman que el libre flujo de información no sólo propicia la integración económica global e incrementa los recursos financieros que circulan en el planeta sino que también impulsa el uso eficiente y oportuno de recursos, permite tomar mejores decisiones y puede extender el rango de operación de una institución a cualquier rincón del mundo, sin importar distancias físicas o fronteras políticas.
Además de estos beneficios directos, invertir en las TICs tiene un encanto adicional: aquellos que administran el conocimiento y controlan sus canales de distribución obtienen ventajas competitivas. El papel protagónico que tiene el conocimiento en la Sociedad de la Información es innegable. A pesar de la gran cantidad de recursos que se requieren para financiar la infraestructura de telecomunicaciones, no es sorprendente que este negocio resulte atractivo para el gran inversionista. Quizás no sea exagerado considerar que las redes de telecomunicación se han convertido en el andamiaje tecnológico que sostiene al sistema capitalista, ya que el uso de esta infraestructura facilita, entre otras cosas, la ágil transmisión de información de negocios, la transferencia continua de recursos financieros y la pertinente identificación de oportunidades comerciales al nivel mundial.
Desde el punto de vista del derecho de la información, tampoco sorprende que las demandas de desregulación se hayan manifestado con ímpetu en estos sectores. Como se mencionó arriba, la reducción de la intervención estatal ha permitido que compañías multinacionales de TICs se beneficien no sólo de las economías de escala y de la multiplicidad de mercados; también ha impedido que incómodas interferencias políticas distorsionen las actividades empresariales al nivel nacional –como por ejemplo, absurdas restricciones de programación y controles de contenido basadas en principios religiosos y tradiciones.
Aunque se aceptan ciertas restricciones antimonopolios, cualquier intervención del gobierno, que no sea para proteger los intereses del sector privado, termina repercutiendo en el precio del producto o servicio y afecta el margen de utilidad de los consorcios que controlan las TICs.
El modelo neoliberal establece que el libre mercado debe regir libremente la relación entre productores y consumidores para evitar que los elevados costos de centralización y la falta de incentivos en la burocracia gubernamental limiten las operaciones y debiliten el intercambio comercial –dada la probable existencia de rígidas jerarquías y legados de corrupción en el gobierno. La justificación social del argumento es que el consumidor tiene una gran variedad de opciones de servicio, brindada por un amplio abanico de agentes, a precios competitivos.
En la práctica, las variables del derecho de la información --marco legal vigente, mecanismos de producción y distribución, control de insumos y hasta los derechos de propiedad intelectual-- favorecen a aquellas instancias que disponen de más capital y que ya tienen cierta capacidad tecnológica instalada. En el sistema global capitalista, las condiciones relativas al acceso y uso de las TICs repiten el patrón de desigualdad social que sigue la distribución de la riqueza económica: aquellos que tienen más recursos también tienen mayores oportunidades para aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas herramientas de comunicación.
Consecuencias de la convergencia normativa.
Los beneficios del neoliberalismo –integración económica, crecientes flujos informativos, circulación libre de bienes y servicios-- han convencido a mucha gente sobre las bondades de armonizar las legislaciones nacionales conforme a esquemas supranacionales. Así, las autoridades de muchos países han supeditado la capacidad material y el marco institucional de sus respectivas naciones a las demandas normativas del entorno global, mediante la vinculación de sus mecanismos de control interno a parámetros externos.
La lógica neoliberal indica que la instauración de códigos compartidos genera mayor eficiencia y que, para lograr este acoplamiento, se requiere precisar los estándares de una plataforma operativa común para evitar las dificultades técnicas que se derivan del uso de múltiples lenguajes, códigos y formatos. Este es un argumento comúnmente usado por los partidarios de un derecho de la información universal y homogéneo. Sin embargo, en el caso de las TICs, la armonización internacional de legislaciones no debe reducirse a una mera adaptación técnica de mecanismos de intercambio, ya que la reordenación sesgada de principios normativos puede representar una amenaza para las comunidades con costumbres y preferencias diferentes de las corrientes dominantes de pensamiento.
Dado que el discurso neoliberal favorece el status quo y que los dividendos de la revolución tecnológica no se reparten con equidad, muchas comunidades se ven forzadas a una percepción de la realidad ajena a su idiosincrasia y pueden resultar culturalmente empobrecidas al someterse a las normas que buscan facilitar la aplicación de las TICs. Es imperativo no olvidar el papel de estas herramientas como intermediarias en la construcción social del entorno, ya que la mezcla de intereses locales, nacionales y globales que conlleva su uso genera una situación de gran ambigüedad cultural.
La contradicción entre el paradigma neoliberal, que pretende maximizar las opciones de la sociedad, y la imposibilidad de que los gustos y preferencias de todos los grupos sociales se homogeneicen espontáneamente, exige reconocer que la ortodoxia neoliberal también puede resultar contraproducente e incluso coartar la libertad de acción de ciertos segmentos de la población al buscar la estandarización de prácticas.
Como en el caso de previos esquemas de desarrollo, la revolución de las TICs sigue el ritmo marcado por los países del Norte y, quizás más que nunca, de las corporaciones multinacionales que están definiendo y negociando los distintos parámetros, reglas y procedimientos que regirán el futuro de la Sociedad de la Información . A pesar de que ocasionalmente se discuten dilemas derivados de la interdependencia y de las asimetrías entre países, el proyecto neoliberal no está orientado a reducir las diferencias Norte/Sur y la brecha entre pobres y ricos. En general, el Sur ha tenido poca influencia en los debates sobre la regulación de las TICs y no se ha podido plantear una discusión similar al debate sobre un nuevo orden mundial de la información, propuesto sin éxito en los años 70.
A pesar de que este desequilibrio está balanceándose y recientemente la perspectiva del Sur se ha revisado en varios foros multilaterales, muchas de las aportaciones se han concentrado en temas muy específicos o en problemas particulares de ciertos países. Este desfase tendrá serias repercusiones cuando los grupos marginados --pero también sometidos a la mundialización de procesos sociales-- traten de aplicar las TICs para reducir, más que ampliar la hendidura entre los que tienen acceso a la información y los que no. A fin de mantener la diversidad cultural y asegurar la relevancia de la información para los habitantes del Sur, es esencial revisar a fondo los postulados éticos del neoliberalismo y evitar la expansión de nuevas formas de exclusión y de abusos del poder.
Aunque la promesa neoliberal se ha cumplido parcialmente y la información disponible a través de la televisión, los bancos de datos y las redes de cómputo se ha incrementado a un ritmo sin precedente, no debemos dejar de preguntar qué se puede hacer para que las TICs dejen de servir simplemente como canales para transportar grandes volúmenes de información y propaganda neoliberal, y se transformen en mecanismos de comunicación que realmente beneficien a todas las naciones, sin discriminación, marginalización o injusticias. Es decir, que realmente funjan como brazos del derecho de la información.
Del relativo tamaño de los conceptos.
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los efectos tangibles de la presencia global de las TICs es la transformación del concepto de soberanía nacional; idea que ya no puede sujetarse a modelos meramente geográficos ni puede reducirse a tradicionales postulados de defensa militar. Para que el paradigma de soberanía sobreviva en un mundo económicamente interdependiente y tecnológicamente interconectado, es imprescindible detallar la participación del gobierno, el mercado y las diversas instituciones de la sociedad civil en la determinación del bien común y encontrar el balance adecuado para que todos los agentes involucrados actúen con libertad y responsabilidad simultáneamente.
Por ejemplo, la carencia de enlaces satelitales, limitaciones técnicas para procesar datos y obsolescencia en los sistemas de cómputo, pueden obligar a muchos países en desarrollo a exportar su información primaria para que sea analizada en el exterior y reimportarla una vez que es procesada. Esto crea nexos de dependencia con el mundo industrializado y, por ende, una relativa pérdida de autonomía. Si la información vital para la toma de decisiones de un país es captada mediante satélites privados y es almacenada en bancos de datos extranjeros, la vulnerabilidad de dicha nación ante factores externos es evidente. Sin embargo, estos convenios también pueden resultar atractivos y eficientes, en términos económicos, para el desarrollo del propio país, asumiendo que tal vez requiera urgentemente de información meteorológica y no tiene ni el conocimiento ni los recursos financieros para colocar satélites sobre su territorio. Este país ciertamente procederá a realizar el ajuste legislativo correspondiente para que ésta sea una práctica legítima.
Todos los países (en particular los periféricos) enfrentan retos a su soberanía que no se ciñen a amenazas de carácter militar ni a presiones geopolíticas. Hay desafíos que están directamente asociados al manejo de las TICs: como la propia capacidad del Estado para regular flujos internacionales de información, controlar transmisiones remotas vía satélite y optimizar el uso de redes de cómputo tipo Internet. Es por eso que la noción de soberanía debe ensancharse en función de las variables económicas y tecnológicas que han ido modificando la extensión de las comunidades y naciones. El problema esencial radica, precisamente, en cómo definir el espacio público que corresponde a cada comunidad ante el impacto de las TICs: ¿cuál debe ser la responsabilidad del Estado? y ¿cómo determinar la jurisdicción local, nacional y supranacional de los códigos de comunicación ante la continua incorporación de nuevas tecnologías?
Si bien cada nación puede tener una idea propia de soberanía y diseñar sus estrategias de supervivencia conforme a las condiciones particulares en que vive y los recursos de que dispone, también está supeditada a lineamientos de derecho internacional para convivir y cooperar pacíficamente con otros países. Aunque siempre existirán presiones de las fuerzas hegemónicas, cada Estado participa, supuestamente, como entidad soberana en la ONU y otros foros multilaterales. Como resultante de esta interacción entre estados, cada país debe cumplir con las exigencias que se derivan de los hipotéticos valores universales que se negocian en dichos foros. Entre otros rubros de esta agenda internacional están los derechos humanos, el combate al narcotráfico y la protección del medio ambiente.
En referencia a las TICs, la lista también incluiría los derechos a la información, a la libertad de expresión y a la comunicación. En particular se abordarían temas como privacía y apropiación de datos personales ; censura de contenidos que circulan en las autopistas de la información (temas como pornografía, racismo y violencia); piratería de sistemas y otros crímenes de informática; así como derechos de autor para otorgar legítima protección a la actividad intelectual. También es importante asegurar el acceso generalizado a las TICs, así como el mantenimiento de la diversidad cultural y lingüística en la Sociedad de la Información. En este contexto cabe preguntar qué “valores universales” deben guiar la armonización global de códigos de comunicación y, en tal caso, cuál debe ser el papel de las TICs para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar sus metas de crecimiento económico y a fortalecer su identidad cultural.
En principio, se deben considerar las múltiples aplicaciones de las TICs desde una perspectiva más amplia que no se limite a imaginar estas herramientas como simple trampolín hacia la globalización. Aunque sea deseable, por ejemplo, que toda la sociedad, incluso sectores rurales y analfabetos, tenga acceso a Internet, este desafío, además de costoso, puede ser menos urgente que otras carencias sociales. Si bien una estrategia de equipamiento informático puede ser positiva a mediano plazo, las inversiones en TICs no son necesariamente prioritarias en países con recursos limitados. Como acto de soberanía, cada gobierno debe encontrar el balance entre las demandas inmediatas y la consecución de metas a largo plazo. Tales decisiones deben sopesar, por supuesto, las necesidades de información con las necesidades de alimentación, salud, educación y empleo.
Si la convergencia tecnológica provoca un ajuste global de parámetros jurídicos y culturales que responde a tendencias hegemónicas, la magia global de las TICs debe contenerse para evitar la proliferación de prácticas de sometimiento. Al establecer metas nacionales, es necesario revisar las expectativas de desarrollo tecnológico a la luz de los servicios que las TICs pueden brindar a la sociedad y no sólo como consecuencia de la inercia comercial o el desarrollo accidental de una tecnología. No se debe esperar que las TICs sean una panacea. La simple inserción de estas tecnologías en burocracias y sistemas ya existentes no logrará, mágicamente, que se alcancen metas de desarrollo, industrialización y bienestar social. Las cuestiones de fondo (como disparidad económica, corrupción y discriminación social) tampoco serán resueltas simplemente por tener mayor acceso a la información.
Las autoridades de cada país deben adoptar un papel muy participativo para superar las distorsiones globales y asegurar que la operación de los códigos de comunicación responda a la vocación de la comunidad que representan y no sólo a intereses económicos. Es importante que las negociaciones para armonizar legislaciones no se basen en paradigmas mecanicistas de integración, sino en el respeto pleno a la diversidad cultural y autodeterminación de las comunidades. Dejar que predominen los intereses comerciales indiscriminadamente implica claudicar ante la maquinaria neoliberal que busca promediar el gusto cultural y orientarlo hacia el rédito más que el enriquecimiento colectivo.
Tecnología y Construcción de la Realidad.
En resumen, la irrupción social de las TICs –particularmente la convergencia de computadoras, satélites, radiodifusión, redes telefónicas y bancos de datos-- ha modificado radicalmente los parámetros de convivencia de muchas comunidades en distintas partes del mundo. Con ellas se ha ido transformando la manera tradicional de accesar noticias, encontrar opciones de esparcimiento, realizar operaciones financieras, comprar flores, libros y discos compactos, ver avances de películas, hacer tareas escolares y, sobre todo, se han alterado las relaciones comunitarias: a veces es más fácil estar enterado de asuntos que ocurren en lugares distantes que entablar plática con el vecino que vive en el mismo edificio.
Ante la mundialización, ciertas regulaciones se homologan e internacionalizan y ciertas tecnologías se regularizan en la cultura, la política y la economía de una comunidad. Todo se pueden mediatizar a través de canales de comunicación y sofisticados mecanismos de procesamiento de información. Más allá de modelos deterministas o esquemas unidireccionales de causalidad, es importante analizar cómo la construcción social de la realidad vincula el marco jurídico y las TICs. De manera simplista se puede decir que el aparato legal reacciona –aunque no siempre de inmediato-- ante los avances tecnológicos y que la sociedad termina por incorporar nuevas reglas y disposiciones para lidiar con las innovaciones. Sin embargo, también ocurre el caso contrario: la posibilidad de desarrollar cierta tecnología depende de la normatividad vigente –por ejemplo, no se vale producir motores altamente contaminantes a pesar de que consuman poca energía.
El marco de referencia con el que se mediatiza la realidad establece las posibilidades de aceptación social de los descubrimientos –basta recordar los vericuetos que tuvo que sortear Galileo. Toda invención pasa por un proceso de asimilación social antes de institucionalizarse. Este proceso implica interacción constante entre los miembros de la sociedad para aceptar la incorporación de nuevos implementos y determinar sus usos y aplicaciones sociales. El esquema básico de construcción social de la realidad aplicado a este contexto implica una dialéctica permanente entre regulación, prácticas sociales e innovación. Cada comunidad usa los medios a su alcance para interpretar su realidad, sin embargo, ¿qué pasa cuando esta acción es mediatizada por corporaciones multinacionales y conecta grupos con diversos nacionalidades, intereses y antecedentes que desean asignar usos distintos al andamiaje tecnológico?
Desde esta perspectiva construccionista, la mente es infinita pero las ideas son inseparables de las herramientas de mediación que sostienen la percepción y comunicación de la realidad –el hardware y el software que existen en el mundo material (desde computadoras, televisores y líneas telefónicas hasta los juegos digitales, la publicidad, la televisión chatarra, prensa de escaparate y el lenguaje que se utiliza). Aunque la mente puede idear cualquier cosa, estos mecanismos de mediación tienen gran influencia en la percepción del entorno. Además, están tan metidos en nuestra vida cotidiana que no nos damos cuenta de su ascendiente en la formación de nuestros pensamientos; son prácticamente invisibles. Para un periodista ingenuo, el derecho de la información podría circunscribirse a la libre expresión (la libertad de prensa); sin embargo, el problema no sólo radica en la posible intervención del gobierno para censurar sus artículos, también depende de la construcción de la realidad del periodista al presentar su versión del mundo a sus lectores.
Estas herramientas delinean la percepción inmediata de la realidad (sabemos que una tienda departamental vende ropa cuando vemos un anuncio publicitario en televisión) y también tienen un efecto a largo plazo en la propia organización de la realidad (cuando necesite adquirir ropa recordaré el nombre de la tienda). Esta mediación era más limitada anteriormente: estaba sujeta a la movilidad física del ser humano. Con la telecomunicación se trascendieron los vínculos territoriales –y ahora se puede navegar simultáneamente en un espacio/tiempo que hubiera fascinado a Julio Verne.
Si agregamos la posibilidad actual de almacenar y transportar grandes cantidades de información en distintos medios audiovisuales (multimedia), pareciera que no existen límites en términos espaciales. A través de la mediación de las TICs, el ser humano puede “vivir” experiencias distintas al mundo social y cultural en que se desempeña físicamente.
El paradigma neoliberal arriba mencionado, exige estándares y pautas para regular la relación entre las TICs y nuestra percepción cotidiana. Se asume, con cierto determinismo tecnológico, que la telecomunicación y la informática son vitales para el progreso. Con claro sesgo individualista, se afirma que toda la población tiene, potencialmente, una gran variedad de opciones a escoger dentro del libre mercado, aunque no todas las personas logran materializar las oportunidades que se ofrecen. Lo cierto es que las opciones individuales no son las mismas si se vive en favelas, en zonas agrícolas de países en desarrollo o en zonas residenciales en los centros urbanos de países industrializados.
La globalización neoliberal inducida por la TICs amenaza a las costumbres, valores y creencias locales, así como a la diversidad cultural y lingüística; lo que queda ejemplificado con el hecho de que cerca del 90% de las bases de datos en Internet están en inglés. Aunque uno puede asumir que siempre habrá otros idiomas y formas de pensar, la expansión indiscriminada del inglés –o cualquier otro lenguaje-- como idioma universal refleja el espectro de la homogeneización cultural en el planeta. Como lingua franca de negocios y con su abrumadora presencia en redes de cómputo, libros y películas, el predominio del inglés pareciera indisputable. Tal vez es porque todas las comunidades desean hablar en inglés y construir la realidad del mundo de acuerdo con el paradigma de países como EUA y Reino Unido.
Dado que las instancias privadas que controlan la información e invaden nuestra privacía son tan poderosas, hay que ver con gran escepticismo la homogeneización de códigos de comunicación bajo el esquema neoliberal. Todas las comunidades deben involucrarse en la regulación internacional de las TICs y sopesar con cuidado el impacto integral de estas innovaciones antes de permitir que alteren indiscriminadamente su manera de pensar y sus valores culturales.
En el mundo de creciente competencia y comercialización de la información y la comunicación, los riesgos de que la población en desventaja económica sea excluida son muy altos. Paradójicamente, las TICs también pueden ayudar a modificar estructuras existentes, cuestionar preceptos dominantes, propiciar un cambio radical en las nociones de desarrollo y concebir nuevos paradigmas y alternativas comunitarias. Incluso servir de catalizadores del cambio social –como en el caso del EZLN en Chiapas.
Es ocioso debatir si los mecanismos de vinculación electrónica e interacción virtual han generado desajustes culturales, o si el propio desarrollo humano es el que demanda el avance tecnológico de los sistemas de comunicación global. Lo que es indiscutible es que esta dialéctica ha redundado en procesos sociales, comunidades transnacionales y esquemas de convivencia que antes no existían. Por lo tanto, cualquier proyecto de regulación debe considerar tanto los flujos informativos que delinean la realidad compartida por un grupo social como la diversidad cultural que emerge en cada comunidad.
Acceso Universal y Otras Fantasías.
Como ya se ha indicado, a pesar del alboroto actual en torno a las TICs y al derecho de la información, el Sur no influye mayormente en el debate para fijar metas y estándares. No obstante, las TICs no son un lujo exclusivo de países ricos. Por eso, algunos países del Sur han realizado esfuerzos excepcionales para alcanzar niveles tecnológicos similares al mundo industrializado y han fijado el acceso universal a la TICs como una meta inicial de desarrollo y como derecho ciudadano. Ciertamente, una faceta básica del derecho a la comunicación consiste en garantizar el acceso a la telemática, a un costo razonable para todos los sectores de la población; sin embargo, no es fácil decidir en qué sectores se debe invertir y qué programas tecnológicos se deben apoyar para lograr la expansión de las redes públicas.
La dinámica para incrementar el acceso a las TICs requiere la atención de muchas dimensiones. Por ejemplo, aún si los costos de enlace fueran mínimos, la cantidad de gente con posibilidades de accesar información electrónica no se incrementaría mayormente. Otros factores, como el costo de una computadora o un módem, la falta de electricidad, el analfabetismo o la escasez de tiempo e interés, también serían decisivos. Aunque el precio de los bienes informáticas está declinando, este decremento debe ser cuidadosamente ponderado en función del relativo poder de compra del usuario local. Si una persona en un país pobre tiene algo de dinero para gastar, lo más probable es que emplee su dinero en comida o en un aparato electrodoméstico que en un sistema de cómputo o en un disco satelital que sale mucho más caro.
Acceso universal no sólo implica bajo costo. Hay que asegurar que el usuario pueda beneficiarse de los servicios relevantes, a través de la disposición del equipo y las interfaces adecuadas, así como de un nivel mínimo de alfabetización digital. Más que ser consumidores pasivos de información importada de lugares distantes, la gente debe tener capacidad para filtrar y evaluar la información de acuerdo a sus necesidades. En este sentido, la participación en la determinación de los contenidos también es vital. Por ejemplo, una mujer que administre una granja de pollos en el norte de México, seguramente tendría requerimientos muy específicos de información, orientados localmente al pronóstico del clima, precios del alimento, problemas de transporte y salud de los animales. Para ella, el acceso a las vastas colecciones de la Biblioteca del Congreso no es tan relevante. Lo contrario es cierto para los investigadores locales que trabajan en una universidad con recursos limitados y que no tienen acceso a vastos recursos bibliográficos.
Por otra parte, aún si todos los ciudadanos tuvieran acceso a las redes de computadoras, todavía persiste el tema de la privacía y la percepción mediatizada de la realidad. Las computadoras mejoran enormemente las posibilidades de las organizaciones de reunir, almacenar, ordenar y distribuir todo tipo de información, tanto pública como privada. Desde que se redujeron los altos costos que implicaba inspeccionar los archivos personales de alguien, las computadoras permiten a los gobiernos y a las corporaciones multinacionales rastrear las actividades diarias de los ciudadanos. La migración física de información sobre los detalles minuciosos de vidas públicas y privadas puede ser un arma poderosa para desmembrar todo lo que sea percibido como activismo indeseado. Este tipo de relación se podría definir como colonialismo cultural por medio del control de información y puede ser practicado incluso por bien intencionadas organizaciones no gubernamentales.
Aunque sí se requieren soluciones técnicas para tener rápido acceso a las comunicaciones globales computarizadas y a mayor información a nivel personal y público, éste no es el único reto que plantean las TICs. Si los países del Sur se dedican a perseguir ciegamente el acceso a lo último en tecnología, sin preguntar con qué fin o con qué reglas, no podrán presentar su versión de la realidad y proteger los intereses de sus comunidades.
Estos países deben producir información y conocimiento endógeno para incrementar las posibilidades de cada comunidad pueda diseminar y, cuando sea apropiado, comercializar su producción intelectual comunitaria y su herencia cultural. Adoptar un papel activo y creativo en la regulación de las TICs es esencial para tener participación plena de la Sociedad de la Información. En este sentido, es responsabilidad del Estado asegurar, simultáneamente, que existan recursos suficientes para apoyar la expresión de su idiosincrasia nacional, la existencia de una verdadera diversidad en el intercambio de productos culturales y el acceso, lo más amplio que sea posible, de todos los ciudadanos a diversas formas de expresión cultural.
Más allá del neoliberalismo.
En teoría, muchos de los retos del derecho de la información se resuelven, de acuerdo al paradigma neoliberal, cuando la oferta excede a la demanda de comunicación; es decir, cuando hay mucha información circulando y el público tiene un amplio menú de opciones y sólo tiene que cambiar de canal para manifestar su preferencia. Todo está bien siempre que no se atente contra los cánones de las fuerzas hegemónicas . El problema, sin embargo, no se puede circunscribir al volumen de información circulante y al número de señales de televisión que se puedan sintonizar. Al centro de los desafíos planteados por la emergente Sociedad de la Información, está la evolución de los derechos de la comunicación. Cuando la regulación y el control de los medios pasa a manos de grandes corporaciones, la información se transforma en mercancía privatizada y comercializable. La comercialización y monopolización de la información a escala global, determina no sólo el libre intercambio de información sino también el valor del conocimiento comunitario o del saber de los grupos marginados.
Más que accesar el medio donde la comunicación se realiza, lo importante es que cada comunidad tenga control sobre la construcción social de la realidad y los medios donde se materializan los eventos simbólicos propios de dicha comunidad. La problemática parte de quiénes pueden participar en esta actividad y cómo se determinan las áreas en donde se deben limitar (censurar) los contenidos para que sean pertinentes culturalmente a la comunidad --en cada caso, la cuestión es cómo se debe realizar esta censura.
Si queremos respetar el derecho de cada comunidad a la autodeterminación conceptual ante la globalización de la comunicación, la primera pregunta es ¿cuál sería la comunidad a la que corresponde cada mensaje? Más aún, ¿cuál es el marco propicio para aplicar esquemas de censura?, ¿a escala local, regional, nacional o global? En todos estos casos, los riesgos y las ventajas de las medidas coercitivas deben ser cuidadosamente sopesadas, y otras soluciones, por ejemplo grupos de defensa del consumidor o códigos voluntarios de conducta de los profesionales de la información, pueden resultar más atractivos. Además, las propias tecnologías de información están generando soluciones parciales a estos problemas (como el famoso V-chip que permitiría discriminar automáticamente la programación que los padres no desean que sus hijos vean).
En todo caso, la promoción de la diversidad cultural ha impulsado la creación de estrategias para defender la cultura. Aquí hay que distinguir entre la defensa de la industria cultural –un sector industrial dentro del paradigma neoliberal-- y la protección del derecho a la autonomía cultural –cada comunidad puede tener su propia construcción de la realidad.
En muchos países se han adoptado políticas nacionales --como en Francia, Canadá y otros países— orientadas hacia el reconocimiento y el apoyo a la creación artística, la mejora de las condiciones de vida de los artistas, la ayuda a los organismos artísticos, la conservación del patrimonio nacional y la elaboración de una estrategia de desarrollo de las industrias culturales. Muchos gobiernos occidentales también han fomentando la exportación y la coproducción para enfrentar la competencia internacional.
Sin embargo, el problema de la diversidad cultural no podrá resolverse en cada país de manera aislada. Se necesita una concertación internacional a fin de adoptar medidas eficaces que protejan a las comunidades frente a la presión que ejercen las fuerzas hegemónicas, que por un lado piden mayor homogeneización cultural para que la operación de los mercados sea más eficiente y por otro piden diversidad de productos para que haya mayor circulación de capital. En general, no hay una preocupación real por la cultura de un pueblo sino por la integración de su producción cultural a los ciclos comerciales globales.
La línea neoliberal asegura que las TICs pueden ofrecer servicios especiales para atender diversas necesidades culturales y que estos servicios florecerán donde haya una legítima demanda cultural, educacional o científica. Esta opción, sin embargo, es cuestionada ante el riesgo de que los consumidores prefieran la comercialización de la información y la especificidad cultural a la diversidad y el diálogo; decidan encerrarse en ghettos culturales y recurran a la violencia para proteger sus feudos. Al mismo tiempo, no se debe olvidar que muchos países no tienen recursos financieros o suficiente masa crítica, en términos económicos y/o demográficos, para garantizar contenidos nacionales adecuados y se vuelven ampliamente dependientes de programas y servicios importados.
La reglamentación que rige los intercambios culturales y comunicativos debería impedir no sólo la creación de oligopolios comerciales para favorecer la multiplicidad de fuentes de producción, sino también ayudar a las comunidades a preservar su herencia cultural y asegurarles la autodeterminación para seguir enriqueciendo su cultura al ritmo que ellos deseen y no bajo principios de feroz competencia neoliberal. Por eso, los países del Sur no deben abandonar las regulaciones de las TICs a la determinación y diseño de los abogados de las corporaciones multinacionales.
Aunque se están haciendo esfuerzos para facilitar el acceso económico a las redes de computadoras en todo el mundo, estas grandes corporaciones, que controlan fuertes sumas de dinero, tienen la ventaja comparativa en el manejo de los flujos informativos. Al colocar sus recursos en la tecnología de computadoras, ellos tienen la posibilidad de fabricar y controlar la información a su antojo. Esta información puede estar en conflicto directo con los valores y tradiciones de las comunidades a nivel local. Así, las computadoras pueden ser usadas como máquinas de propaganda y discriminación, beneficiando a aquellos que poseen amplios recursos financieros.
Democracia, Cultura y Conclusiones.
Con la reorientación mundial de la actividad económica hacia la integración de procesos financieros y comerciales, y la consecuente armonización del marco normativo para permitir el libre flujo de ideas, mercancías y servicios, también se “institucionaliza” la percepción del entorno conforme al canon hegemónico vigente y se establecen estructuras que reflejan ese modo de aprehensión de la realidad.
Los grupos religiosos tienen una visión particular del derecho de la información. Los comunicadores profesionales y los dueños de los medios de comunicación tienen otra. Los intereses económicos se mezclan con los principios morales y muchas veces se reducen a conceptos de censura y acceso a la información, cuando también incluyen una amplia redefinición de nuestros parámetros de análisis. Los jóvenes se sienten esperanzados acerca de las opciones libertadoras de Internet y los luchadores sociales abogan por un mundo digital sin restricciones mientras que algunas agrupaciones de padres de familia expresan su intolerancia ante los contenidos sacrílegos y pornográficos de los medios. Lo que hay que recordar es que el debate en torno a los derechos de comunicación no debe reducirse a una discusión sobre los contenidos en los medios o la defensa de los principios morales o la industria cultural, sino una nueva apreciación de concepto de información que implica una revisión de los conceptos de propiedad, conciencia colectiva y servicio público.
A pesar de las distintas percepciones de diversos grupos e intereses, una de las consecuencias importantes de la revisión de los derechos de comunicación es la redefinición del papel del Estado. Ni los prejuicios ni los estereotipos deben afectar la reconfiguración de los derechos de comunicación. Este proceso debe ser guiado por la aceptación comunitaria de las instituciones democráticas, del entorno económico y político, y del desarrollo de la identidad nacional basada en una agenda política compartida.
Aunque las dificultades sobre los derechos de comunicación ejercen presiones hacía la confrontación irreconciliable de puntos de vista, se puede obtener consenso acerca de los obstáculos que afectan el proceso. La oportunidad de que todos los grupos sociales tengan acceso a la esfera de lo público no debe limitar las posibilidades de obtener beneficios para los particulares que invierten en los medios. La oportunidad de desarrollar un proyecto conjunto debe superar las divisiones creadas por prejuicios e intereses particulares.
En conclusión, aunque la era de la información ya es una realidad para millones de personas y el tamaño del orbe parece reducirse a cada instante, el impacto social de las TICs en la vida cotidiana no es tan claro. Mucho se especula en torno al perfeccionamiento de la democracia y de los servicios públicos mediante la implantación de ciertos dispositivos electrónicos (votación a distancia, referenda inmediata, eficiente pago de impuestos, acceso generalizado a bancos de datos, diversidad de fuentes de información, etc.); no obstante, este horizonte se vuelve bastante sinuoso si consideramos que la sociedad está muy lejos de poder poner estas herramientas al alcance de las mayorías.
En contraste, también se defiende la libre distribución de dichos materiales (mientras haya audiencia). Según este argumento, no se debe limitar el libre flujo de información y coartar los derechos de comunicación, basta con que las fuerzas del mercado autorregulen la oferta, conforme al deseo y capacidad de compra del público, para controlar los excesos del periodismo –si el espectáculo es de mal gusto o no responde a los intereses de la población, el propio público terminara rechazándolo. Aquí el denominador común es la desregulación, la ausencia de norma. Desde un extremo de esta perspectiva, cualquier tipo de censura desvirtúa la acción comunicativa y empobrece la interacción entre ciudadanos.
El alcance de ambos planteamientos es global y conduce a la instauración de parámetros que tengan una aplicación uniforme en todos los países –esto es cierto incluso si el común denominador es la ausencia de regulación. Se trata de un paradigma globalizador que no distingue las características particulares de cada región. No obstante, ¿es posible coordinar la disparidad de mentalidades, preferencias y tabúes a lo largo del planeta?, ¿debemos creer en un mismo Dios (o autoridad supranacional) que se encargue de regular los contenidos?, ¿se puede regular la interacción social entre lugares distantes y distintos y, al mismo tiempo, respetar la diversidad cultural?, ¿es factible establecer consensos sobre cuáles deben ser los contenidos de la comunicación global?, ¿cómo disentir en contra de la homologación cultural cuando precisamente las fuerzas hegemónicas buscan la estandarización de dicha normatividad?
Los mecanismos de vinculación electrónica, interacción virtual y ajuste cultural derivados del avance tecnológico de los sistemas de comunicación global han contribuido a generar nuevos procesos sociales y a conformar nuevas comunidades internacionales. Entre los aspectos a debatir tendrá particular importancia lo relativo a los lineamientos para un nuevo marco regulatorio, adecuado a las actuales exigencias y diseñado en México con visión de futuro.
A pesar de que las TICs pueden facilitar, técnicamente, el juego democrático, cada comunidad afronta la realidad de manera distinta. Las TICs también pueden plantear serias amenazas al proceso democrático. La falta de tiempo, dinero, conocimiento y práctica son obstáculos para que el ciudadano medio aproveche estos instrumentos. Si las redes de cómputo, por ejemplo, son usadas por elites fundamentalmente, el acceso a la computadora puede convertirse en un rasero para delimitar clases; colocando a aquellos que no pueden conectarse a una terminal en la parte más baja de la escala social. Esto no significa que el Estado mexicano tenga que adquirir la responsabilidad de dotar de una computadora a cada ciudadano para satisfacer los derechos de la información. Es irónico que la misma tecnología que facilita la comunicación entre distintos grupos sociales pueda servir como mecanismo de discriminación. La computadora, alabada por algunos como la gran igualadora, puede cumplir una función diametralmente opuesta y contribuir a la marginación de aquellos grupos sociales que no tienen opciones de acceso.
Las TICs no deben sustituir a los procesos democráticos, sólo ayudarlos. Los movimientos de origen popular fomentados por la insatisfacción de la comunidad local son la base y la tradición de las cruzadas en contra de la globalización de costumbres. Estos movimientos populares deberían ser apoyados por las TICs y no substituidos por ellas. Debemos considerar las muchas amenazas que plantean las TIcs, pero también debemos trabajar hacia la superación de esos obstáculos para que todas las comunidades puedan estar bien informadas y participen de igual a igual en la construcción de nuestra realidad.
Las reglas para obtener prestigio y reconocimiento son provincia de las elites que controlan la información y que regulan las condiciones del mercado y la manera en que se pueden comercializar los productos culturales. No todos tienen acceso a las tecnologías pero, incluso más importante, no todos tienen acceso a la determinación y negociación de parámetros y normas. Dicho de otra forma; si un grupo social no tiene conocimiento o acceso a cierta tecnología, ¿cómo puede defender los derechos que eventualmente le corresponderían?
Aunque el argumento neoliberal sea pertinente en términos de eficiencia económica, el debate sobre la armonización internacional de legislaciones no debe plantearse tan sólo como un problema técnico. Ante la consolidación y expansión transnacional de los grandes consorcios de comunicación cabe preguntarse si las comunidades que detentan menor poder económico tienen realmente opción de participar en la reconfiguración de las reglas que van a regir la convergencia de tecnologías. A pesar de reducir la eficiencia del modelo, es imperativo considerar este debate en función de las necesidades integrales de cada comunidad, respetando el derecho a la comunicación de cada grupo social.
