Número 12, Año 3, octubre 1998 - enero 1999


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 MEDIOS Y TELECOMUNICACIONES EN EL CAMINO DE LA DESREGULACION

 

Dra. Delia Crovi Druetta

Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

 

ANTECEDENTES

A partir de la aplicación franca de las política neoliberales en el país, los medios masivos de comunicación han experimentado importantes transformaciones. Según algunos analistas, el comienzo de este proceso se puede situar en 1982, año en que inicia el sexenio del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.

No es propósito de este trabajo analizar las repercusiones que tales políticas tuvieron en el sector mediático, sino el de centrar estas reflexiones en uno de los ejes que articularon algunas de las transformaciones ocurridas. Me refiero a los cambios experimentados por la legislación, acentuados con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), acuerdo que exigía ciertas condiciones en los medios y sobre todo, en el sector telecomunicaciones.

Respecto al TLC, es posible afirmar que una de las estrategias implementadas por el Estado fue contar con una nueva estructura legal que permitiera tanto las privatizaciones, como las fusiones, las inversiones extranjeras y otro tipo de acciones que colocaran en condiciones de globalidad al sector mediático y al de las telecomunicaciones. Dicho en otros términos, la coyuntura histórica en lo económico, político y social, exigía renovar las bases legales, a fin de colocar a los medios en el libre juego del mercado internacional, signo de los tiempos que vivimos.

Es necesario, sin embargo, recordar que el TLC no menciona expresamente a los medios, salvo en lo referido a las telecomunicaciones y a los derechos de autor. Esta omisión ha permitido que desde la aplicación del acuerdo comercial, los empresarios de los medios se muevan con un margen de maniobrabilidad amplio. Así, no es erróneo afirmar que las relaciones de este sector se construyen cada día, de acuerdo con la dinámica de los mercados.

No obstante y aún dentro de esta amplia movilidad, creo que existen por lo menos dos consecuencias visibles de los cambios operados en la legislación, antes y después de la firma de TLC: en lo económico, se reestructuran los sistemas de propiedad; y en los contenidos, se favorece la subordinación de la cultura a las reglas del juego impuestas por los negocios. Voy a referirme primero a las principales modificaciones que experimenta la legislación acerca de medios masivos de comunicación y del sector telecomunicaciones, para luego analizar brevemente las repercusiones en lo económico y en los contenidos.

 

UNA NUEVA BASE LEGAL

Las modificaciones en la legislación que rige a los medios deben ser analizadas dentro del marco de una reforma general del Estado. Tal reforma ha ido quitanto paulatinamente la ingerencia directa del Estado en materia de comunicación, ya sea reduciendo su intervención o bien colocándolo en una posición arbitral respecto de las transformaciones que experimentan los medios. La tendencia, sin duda, es alcanzar una auténtica flexibilización que facilite el camino a las corporaciones trasnacionales de medios, para concretar fusiones, alianzas o incorporaciones.

En efecto, como sabemos las industrias audiovisuales no sólo no están quedando al margen de la tendencia globalizadora, sino que suelen ser el instrumento más visible para alcanzarla. Esto se puede atribuir tanto al desarrollo tecnológico que multiplica la oferta de servicios tradicionales y nuevos, como a la creciente competencia por ganar públicos para esos servicios. Además, como podemos observar en las sociedades de fin de siglo, el manejo directo o indirecto de los medios, permite que los empresarios de este sector se abran camino en el mundo de la política, gracias al enorme valor simbólico que hoy en día alcanzan los mensajes mediáticos.

A mi juicio, dentro de este proceso de desregulación se distinguen dos tipos de acciones: las que tienen que ver con los medios tradicionales (radio, cine, TV, entre otros) y las que corresponden al sector telecomunicaciones, que involucra a algunas de las nuevas tecnologías. Entre las primeras se ubican cambios a la legislación orientados a liberar ciertos candados existentes que, por ejemplo, impedían algunas alianzas oligopólicas, fijaban porcentajes de contenidos nacionales y extranjeros o limitaban el manejo de varios medios en una sola empresa. Las segundas en cambio, fueron realizadas en otras condiciones debido a que se trata de un sector nuevo, escasamente regulado.

Los cambios efectuados hasta ahora en la legislación de medios son pocos, aparentemente. Sin embargo, son sustantivos y todos apuntan a un mismo fin, ya mencionado: desregular para facilitar la competencia comercial. Entre ellos destacan las modificaciones a la ley de inversiones extranjeras, de derechos de autor, de cinematografía, al reglamento de la TV por cable y la nueva ley de telecomunicaciones.

El 29 de diciembre de 1992 se aprobó una nueva Ley de cinematografía, que según analistas de ese tema, ha contribuído a profundizar la crisis aguda que vivía el sector, debido a que elimina las medidas proteccionistas para la industria nacional (Dávalos, en Crovi, 1996:147). Esta nueva ley enuncia una defensa de los contenidos nacionales pero facilita la producción y exhibición de filmes extranjeros. En efecto, a partir de 1992 se acepta que un filme que tenga apenas el 20% de producción nacional, sea considerado mexicano.

En cuanto a la exhibición, antes el 50% de las películas programadas debían ser mexicanas, mientras que la nueva ley especifica en un artículo provisorio, que este procentaje decrece en 10% cada año a partir de 1993, hasta llegar a un mínimo del 10% en 1997. Cabe mencionar que el propio TLC, el instrumento más tangible de la globalización mexicana, resulta más generoso que la nueva ley de cinematografía, ya que en su Anexo 1 establece que "el 30% del tiempo anual en pantalla puede ser reservado a las películas producidas en México" (Dávalos, en Crovi 1996: 148)

El segundo cambio del período que estamos analizando, se produce el 2 de marzo de 1995, al modificarse el Artículo 28 constitucional, para permitir una inversión del 49% de capital extranjero en empresas mexicanas, entra las que están las del sector de medios. En este sentido encontramos una correlación con el TLC, ya que sus Anexos I y II de la Lista de México, establece la posibilidad de incorporar ese 49% de capital extranjero en los sistemas de televisión, cabledistribución, radiodifusión, distribución, multipunto y alta definición, entre otros (Casas Pérez, 1996:7). De este modo, el 28 constitucional se hace ahora compatible con los planteamientos del TLC.

En lo que respecta al campo específico de las telecomunicaciones, la competencia por el promisorio mercado que representa este sector, hizo que se acentuara el interés por la desregulación. Producto de ello fue la nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada el 7 de junio de 1995. Esta ley no sólo se ampara en el 28 constitucional reformado, sino que aumenta el período de concesiones a 30 años para cable o fibra óptica, mientras que lleva a 20 años la explotación del espectro radioeléctrico. Estas concesiones son renovables por períodos de tiempo iguales. La ley introduce asimismo, dos importantes modificaciones: la privatización de los satélites y la apertura de servicios satelitales desde satélites extranjeros.

Respecto a los satélites, recordemos que en un sentido contrario a lo manifestado por esta ley, en 1982 siendo ya presidente de México el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, se había modificado la legislación para asegurar que el espacio exterior, es decir, el espacio de orbitación de los satélites, era dominio de la nación. Estas modificaciones tuvieron el propósito de frenar la iniciativa del Televisa de lanzar los primeros satélites mexicanos de comunicación, los que como se saben, finalmente quedaron a cargo de dependencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin duda se trata del tránsido de un Estado proteccionista, que quiere asegurar que los lanzamientos de los satélites serán exclusividad de ese Estado, hacia otro, que aún cuando conserva para sí los permisos y regulaciones, facilita la privatización de los satélites poniéndolos en la arena del libre juego del mercado.

Además del tema de los satélites, a mi juicio uno de los aspectos más interesantes de esta nueva ley de Telecomunicaciones, es que establece que los operadores de los sistemas de televisión por cable ya no serán concesiones, sino redes de comunicación pública. Esto abre las puertas a los cableros para que ofrezcan otro tipo de servicios, como pueden ser sistemas de audio, telefonía, servicios interactivos y televisión directa al hogar.

Esta apertura de los sistemas de cable hará que participen, como ya de hecho algunos lo están haciendo, en la lucha por ganar los prometedores mercados de telefonía local. Además, si recordamos otra vez la letra del TLC, vemos que allí se da un carácter amplio a los servicios de telecomunicaciones: "todo aquella transmisión y recepción de señales de cualquier medio electrónico" (Casas, 1996:3).

También el TLC considera que son "servicios mejorados o de valor agregado todo aquel servicio de telecomunicaciones que emplee sistemas de procesamiento computarizado que actúa sobre formato, contenido, código, protocolo o aspectos similares de la información, o que proporcione al cliente información adicional, diferente o reestrcuturada" (TLC, 1992, en Casas, 1996:3). Tanto la definición de telecomunicaciones como la de servicios de valor agregado, facilitan la expansión de los servicios ofrecidos actualmente por los empresarios del cable.

Sin duda la meta en el campo específico de las telecomunicaciones, es alcanzar una plena liberalización del sector, tanto en lo relativo a la escasa legislación que lo ordena como al juego de oferta y demanda comercial. La competencia por el promisorio mercado que representan las telecomunicaciones, hizo que se acelerara de manera notoria su desregulación. Además, como decía, la reglamentación de estos servicios es reciente y en ocasiones se tiene la impresión que fue hecha a la medida de las condiciones que impone la globalización.

Hay que reconocer que esta desregulación funciona como un estímulo para el sector, ya que ha contribuido a acelerar y aumentar las inversiones. Sin embargo, debido al enorme valor estratégico de la competencia que se desata en este sector, sería de esperarse que México contara con un marco jurídico más preciso. Asimismo, como expresa Carmen Gómez Mont, sería de gran utilidad diseñar y desarrollar mecanismos para someter a consulta social el futuro del sector telecomunicaciones y sus aplicaciones, por ser columna vertebral en el desarrollo de áreas estratégicas de la economía nacional y elemento sustantivo para la solución de algunos de los problemas sociales de México.

Pero antes de que se aprobara la Ley de Telecomunicaciones (tal vez en preparación para la firma del TLC), otra importante modificación jurídica se había concretado. En efecto, en 1993 se modifica el Reglamento de la TV por cable en sus artículos 10, 33 y 42, lo que permitió que la cabledistribución pasara a ser un servicio de telecomunicaciones. El reglamento, aparecido en 1971, ya había experimentado algunos cambios importantes como fue el de 1980 que permite a los concesionarios incluir en emisiones locales seis minutos de publicidad por hora de transmisión.

Al pasar a ser un servicio de telecomunicaciones, la televisión por cable (CATV) incorporaría más tarde, tanto lo establecido por la nueva Ley en esta materia, como la modificación del 28 constitucional. Así, a partir de entonces se acepta una participación del 49% de capital extranjero en sus empresas, se amplía el tiempo de las concesiones de 15 a 30 años y lo más importante: los cableros pueden ahora operar redes de comunicación pública, vale decir, operar sistemas de telefonía y servicios de telecomunicaciones en general (para mas informacion ver Crovi, 1996).

Finalmente, cabe mencionar otra importante modificación en la legislación que repercute en los medios de comunicación: la Ley Federal de Derechos de Autor que databa de 1963 fue modificada en 1997, flexibilizando los derechos que hasta entonces tenían los creadores. Entre otras cosas la ley de 1997 introduce la figura del copy right que implica de hecho la posibilidad de adquirir los derechos patrimoniales de una obra que antes eran inalienables. Esto significa, en otros términos, que lo que antes era visto como una producción intelectual o artística, ahora se percibe como una mercancía con valor comercial que al ser adquirida por las empresas puede ser modificada o mutilada.

En suma, la legislación en materia de nuevos y viejos medios no ha hecho más que allanar el camino para una preocupante concentración de la propiedad. La liberalización se convierte así en el vehículo por medio del cual los contenidos culturales son tratados, cada vez más, como mercancía. Esto, que no es nada nuevo, a fines de siglo está adquiriendo un ritmo mucho más acelerado que, a mi juicio, es conveniente vigilar y arbitrar.

Ya que he hecho referencias reiteradas a la letra del TLC, vale la pena mencionar también que México parece estar siguiendo los pasos de sus socios mayores en materia de telecomunicaciones. Al respecto cabe recordar el proceso canadiense, donde se distinguen dos períodos: el primero, más fácil, comenzó en los setenta y terminó con la liberalización de la telefonía de larga distancia; y el actual, donde intervienen nuevos actores sociales (Wilson, en Crovi 1996, 233-255). Según Kevin Wilson, este período exige una mayor vigilancia para impedir que los criterios que rigan el futuro de las telecomunicaciones de su país, sean sólo económicos. Agrega que este período tendrá también una mayor carga política y las dificultades para conciliar los intereses y necesidades de los diferentes sectores serán mayores, ya que pondrán a prueba el proceso de liberalización total que el país busca realizar en el sector telecomunicaciones.

Si las semejanzas que menciono son ciertas, México estaría también entrando a un segundo período, donde además de los económicos, intervienen diversos actores sociales. Es importante, en favor de la democracia, que las prioridades sociales de la nación estén presentes y tengan voz en estas negociaciones, porque en ellas se marcará el futuro de un sector estratégico para el país.

 

REPERCUSIONES DE LA DESREGULACION

Como ya lo expresara, las repercusiones del proceso de desregulación pueden advertirse, básicamente, en la base económica del sector mediático y en sus contenidos.

En cuanto a la base material, se puede afirmar que estamos ante un nuevo paisaje en el que son menos los medios manejados por el Estado y más los que están en manos del sector privado. Estas condiciones se derivan de las privatizaciones promovidas por el gobierno y de las alianzas o fusiones entre empresas, que tienen como propósito ganar cobertura, audiencia y por lo tanto, mercados.

Las telecomunicaciones y sus servicios también han tomado parte de esta disputa. Pero en esta disputa lo que más llama la atención es su tono, que a partir de la firma del TLC fue subiendo de nivel hasta convertirse en elemento medular de los cambios experimentados tanto en la TV como en la telefonía y otros servicios audiovisuales.

Debido a la cantidad y complejidad de la información generada en torno a estos procesos económicos, dejaré deliberadamente de lado los detalles de las privatizaciones, alianzas y fusiones que se han dado en el sector audiovisual en los últimos cuatro años (para ampliar esta información ver Tremblay, 1995 y Crovi, 1996). Baste decir que fueron esos cambios los que sentaron las bases a partir de las cuales se generarían muchas de las demás transformaciones del sector.

A mi juicio, una de las repercusiones más visibles de la nueva legislación en los medios, además del ya mancionado aspecto económico, se da en los contenidos. No es ninguna novedad que la cultura producida por los medios audiovisuales de comunicación constituye un negocio y como tal responde a las normas de la industrialización. Se trata, como lo expresa Jean-Guy Lacroix, de un auténtico sector industrial, "es decir, un dominio articulado y diversificado de actividades. La estructuración vertical y la diversificación de las empresas más importantes (...) refuerzan esta conclusión" (Lacroix, en Crovi, 1996: 62).

Sin embargo, nunca como en los últimos tiempos las industrias audiovisuales han sido tan abiertamente explotadas como negocio. La fusión de importantes empresas del entretenimiento, la pelea por las audiencias, el fortalecimiento de las corporaciones son prueba de ello. Paralelamente, ha ido en aumento la tendencia a negar a estos medios su status de productores de cultura (a la TV sobre todo) como una forma burda de restarles importancia y facilitar con ello el libre juego empresarial que los reduce al ámbito estrictamente comercial.

 

A MANERA DE CONCLUSION

Aunque como se pudo ver en este breve repaso de algunos cambios experimentados por la legislación de los medios y el sector telecomunicaciones, muchos parecen responder a exigencias del TLC, esta idea debe matizarse. Si bien es cierto que encontramos similitudes en la dirección que siguen los cambios experimentados por las comunicaciones de los países signatarios del acuerdo, creo que tales parecidos tienen mucho más que ver con una sinergia internacional que con lo establecido por el TLC. No debemos olvidar que el TLC se ha transformado más bien en el documento que, por ausencia o ignorancia, ha dejado libre el camino a los medios de comunicación para que tomen su propia dinámica dentro de la globalización económica.

Dicho en otros términos, los cambios a la legislación han preparado el terreno no sólo para el TLC, sino para otros acuerdos comerciales dentro de los cuales el sector mediático y de telecomunicaciones deben estar, por fuerza, incluídos. Esto, sin embargo, ha opacado la visión interna. En efecto, como ya se dijo, las inversiones en el sector pueden haber contribuído a modernizarlo, pero cuando hablamos de democracia debemos pensar no sólo en infraestructuras tecnológicas o coberturas internacionales.

A mi juicio, el de los contenidos es un aspecto medular en la negociación social de los medios masivos de comunicación y la telecomunicaciones. Los receptores comunes poco saben de alianzas y fusiones de capitales, en términos generales tampoco tienen información sobre la base legal en la que se mueven los medios, pero en cambio, día con día construyen su mundo simbólico bajo la influencia de los mensajes mediáticos. Es por ello que, como expresa Dominique Wolton al referirse a la televisión: "pensándolo bien, no es un instrumento que pueda perjudicar a la democracia sino que, por el contrario, es, como lo escribíamos, el instrumento más democráctico de las sociedades democráticas ". (Wolton, 1992:11).

Esta afirmación encierra una pregunta fundamental: ¿cómo son entonces los medios en las sociedades no democráticas?, o ¿es necesario primero hacer más democrática a las sociedades para que en ellas entonces si los medios puedan ser democráticos? La primera pregunta puede responderse con una frase ya muy conocida: quien tiene el poder tiene a los medios, y aunque hay mucho para decir sobre ello, trasciende a estas reflexiones. La segunda, que implica un proceso de construcción y que responde, a mi juicio, a la situación que vive México, creo que no debe tener un antes y un después, sino que debe ser un camino compartido.

En un país como México, donde por ejemplo el 97% de la población tiene acceso a la TV abierta, debemos considerar seriamente que cuando se habla de democracia, los medios no pueden quedar fuera del debate. Tampoco pueden quedar para después. Deben formar parte de la discusión general, visible, transparente, con todas las fuerzas sociales, que se está llevando cabo para lograr la reforma del Estado.

Cuernavaca, febrero de 1998

BIBLIOGRAFIA

Tremblay, Gaëtan y Jean-Guy Lacroix, coordinadores, "Le projet monarque. Etude comparée des industries québécois et mexicaines de l'audiovisuel", Gricis, Université du Québec en Montréal, Canadá, 1995.

Crovi Druetta, Delia, "Televisión y neoliberalismo. Su articulación en el caso mexicano", Tesis de doctorado, FCPyS, UNAM, 1995.

Crovi Druetta, Delia, coordinadora, "Desarrollo de las industrias audiovisuales en México y Canadá. Proyecto Monarca", Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996.

Wolton, Dominique, "Elogio del gran público. Una teoría crítica de la televisión", Ed. Gedisa, España, 1992.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Texto Oficial, Secofi, Ed. Porrúa, México, 1994.

 


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