Número 12, Año 3, octubre 1998 - enero 1999
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HABLAR, OIR Y RESPONDER
Número 12, Año 3, octubre 1998 - enero 1999
HABLAR, OIR Y RESPONDER
Raúl Trejo Delarbre (1)
Participación en la mesa Pluralidad en la pferta comunicativa: equidad, democratización y medios públicos de la Conferencia Internacional El Derecho a la Información en el Marco de la Reforma del Estado en México el jueves 7 de mayo de 1998.
Esta Conferencia Internacional permitirá la constatación de varios lugares comunes que, no sin resignación o cinismo, padecemos en México desde hace varias décadas. Entre quienes nos preocupamos por los medios y sus relaciones con el poder político y con la sociedad en este país estamos acostumbrados a reconocer, cada vez con mayor impasibilidad, que el régimen legal para la comunicación se encuentra patéticamente atrasado, que las leyes que ya tenemos no se cumplen o se cumplen mal e incluso, que a veces es preferible que esas leyes no se acaten porque de ser así, padeceríamos la aplicación de una restrictiva moralidad conservadora o los excesos de un autoritarismo estatal paternalista y censor.
Nuestra Ley de Imprenta, promulgada hace 71 años, prohíbe la propagación de mensajes "de carácter obsceno o que representen actos lúbricos", así como los ataques a "la moral", entre otras conductas. Por fortuna los jueces no suelen tener el encargo de dilucidar qué ha de entenderse por lubricidad o cuál es la moralidad reivindicable. La Ley de Radio y Televisión, de 1960, condena "las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres", obliga a que quienes hacen comentarios tengan un "certificado de aptitud" expedido por el gobierno y su reglamento, de 1973, requiere que las películas y series de televisión sean sometidas a censura previa.
Muchas de esas disposiciones no se cumplen y habitualmente, a casi nadie se le ocurre que deban cumplirse. Padecemos entonces, una doble simulación.
Por un lado, tenemos leyes obsoletas e inoperantes y sin embargo, temidas. Pero además, son leyes que de cuando en cuando son desempolvadas con propósitos prohibicionistas. Quienes piensan que la Ley de Imprenta no es mas que letra muerta, podrían enterarse de que hace tres años, el trabajador de una Secundaria Técnica en Tlalnepantla, que además era simpatizante de un grupo radical, fue inculpado por un juez por violación a la Ley de Imprenta porque, se decía, tenía "propaganda injuriosa en contra de un gobierno extranjero". Eso sucedió aquí en México, a mediados de 1995 (2).
También ha ocurrido que a partir de disposiciones administrativas, el gobierno asuma posiciones de posible censura. El año pasado, la Secretaría de Gobernación ordenó que los impresos "con temática relativa al sexo" sean escondidos dentro de los puestos de periódicos (3). El propósito de esa medida pareciera ser la limitación a publicaciones pornográficas. Pero con una formulación tan general, la "temática relativa al sexo" puede incluir casi a cualquier periódico o revista.
En el caso de la Radio y la Televisión, las taxativas que la ley pone en manos del gobierno se aplican poco. Pero siempre pende sobre los concesionarios la amenaza de suspenderles su derecho a transmitir, si no aceptan mantener los privilegios discrecionales que suelen pretender funcionarios y dependencias públicas para la difusión de sus mensajes.
Por otra parte, es indiscutible que esas leyes no bastan para regular a los medios. Sin embargo, distintos actores del proceso comunicacional en México prefieren que las cosas se mantengan como hasta ahora, en una situación de fingimiento y encubrimiento mutuos entre gobierno y empresarios de la comunicación.
La Ley de Radio y Televisión no regula las transmisiones por satélite, ni las señales en cable, ni el empleo de nuevas tecnologías como la televisión codificada. Nada de eso existía o no se empleaba comercialmente cuando esa Ley fue aprobada, hace más de 38 años. La Ley de Imprenta, sumamente anticuada en el afán para imponer una sola idea de moralidad y costumbres, tiene sin embargo aspectos reivindicables como el derecho de réplica, la protección de la privacía y la prohibición para publicar actas judiciales sin el consentimiento de los interesados.
La legislación para los medios electrónicos también tiene artículos recuperables, como cuando dispone la creación de un Consejo Nacional de Radio y Televisión ñque, si es que existe, tiene una presencia menos que fantasmal-- o cuando establece límites que tampoco se cumplenópara la difusión de anuncios comerciales. En esos contraluces de las leyes que ahora tenemos, podría encontrarse material de sobra para un trabajo creativo y provechosoósi es que nuestros legisladores quisieran revisarlas y ponerlas al día--.
Un debate inacabable... e infecundo
De cuando en cuando, especialmente en los últimos 21 años, en México se habla de actualizar esas leyes. La retahíla de argumentos a favor y en contra es tan extensa como, hasta la fecha, improductiva. Los legisladores de hace dos décadas concluyeron que el asunto era tan complejo que no le hallaban la cuadratura al círculo. Hace menos tiempo, el gobierno federal ha sostenido que lo mejor es no reglamentar la información porque cualquier norma implicaría restricciones a esa libertad.
Tales posturas revelan una enorme negligencia y una triste ignorancia. Cuando se niegan a estudiar y actualizar leyes que no sólo son notoriamente atrasadas sino que en varios aspectos resultan incumplibles, nuestros parlamentarios y quienes se oponen a esas reformas, propician que se mantengan las ya señaladas simulaciones. Pero, peor aún, la preservación de un régimen jurídico anticuado, ineficaz y cotidianamente infringido, se ha convertido en uno de los más onerosos lastres para la democracia mexicana.
Discutir si la reglamentación de la información es pertinente o no, resulta de lo más ocioso. En México ya tenemos reglas para los medios de comunicación. Lo que hace falta es revisarlas y ponerlas a tono con el desarrollo tecnológico y, también, con la modernidad política que el país está afianzando en otras áreas de la vida pública.
Más aún: sin reglas claras y equitativas, la libertad de información queda a la deriva, supeditada al constante y para nada imparcial juego de intereses entre los empresarios de los medios y el poder político. Una legislación moderna para la comunicación, defiende los derechos de los periodistas y, junto con ellos, los derechos de los ciudadanos. A menudo es preciso, incluso, que la sociedad cuente con recursos no sólo para que se garantice el libre acceso a la información, sino para protegerse de posibles excesos de los medios de comunicación.
Cuando se reiteran estos problemas, hay periodistas que se alarman ante la posibilidad de que el ejercicio de su profesión tenga limitaciones. Se olvidan, entonces, de que en todo momento tienen restricciones, en primer lugar derivadas de los intereses específicos de las empresas para las que trabajan y, también, de la discrecionalidad con que son o pueden ser aplicadas las leyes, principalmente cuando, como en nuestro caso, son arcaicas y ambiguas.
La mejor defensa de la libertad de expresión, la hacen los periodistas que mantienen un desempeño profesional, que ofrecen y comentan hechos y no rumores, que no confunden los acontecimientos públicos con los privados, que no requieren del escándalo para ganar lectores o televidentes. Muchos de esos principios pueden ser establecidos en códigos de ética, instrumentos que, en el campo de la prensa, por desdicha son casi desconocidos en nuestro país. Ahora ya comienza a existir algún interés por los parámetros deontológicos en la prensa. En buena hora que así ocurra. Hay que recordar, eso sí, que en ningún sitio, ni en profesión alguna, la ética sustituye a las leyes. El ámbito de una y otras, complementario, no tiene por qué ser contradictorio.
Despejar dudas sobre los medios
Toda libertad necesita reglas. La libertad de información y prensa no es la excepción. Una legislación moderna y congruente con la diversidad a y en la que está transitando México, tendría que reconocer por lo menos cuatro aspectos:
1) La obligación del Estado para informar.
2) Las responsabilidades de los medios de comunicación respecto de la sociedad.
3) Los derechos de las empresas de comunicación y
4) Los derechos de los ciudadanos delante de los medios.
Los derechos de los ciudadanos pueden ser el eje de una nueva preocupación social y estatal respecto de la comunicación de masas. Por un lado, es evidente la pertinencia del derecho de réplica en todos los medios y no sólo, como ahora, en los de carácter impreso. Además del derecho a exigir rectificaciones, cada vez se reconoce con mayor claridad el derecho de los individuos a la privacía. Una sociedad que deja la fama pública de sus ciudadanos al albedrío de empresas privadas (como son la mayoría de los medios de comunicación) es una sociedad que se debilita y se pierde el respeto a sí misma.
No son menos importantes los derechos de la sociedad respecto de la comunicación. En México padecemos uno de los regímenes más autoritarios y discrecionales que puedan encontrarse en el mundo entero, en la asignación de concesiones para transmitir por radio y televisión. El espacio aéreo por donde circulan las señales radioeléctricas no es de propiedad privada al menos según nuestra Constitución Política sino patrimonio de la nación. Al Estado le corresponde administrarlo. Sin embargo, las autorizaciones para que un empresario o un grupo de ciudadanos reciban una concesión las decide una oficina, pretendidamente técnica, del gobierno federal. La Ley de Radio y Televisión le confiere esa atribución a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que suele resolver en el mayor secreto, sin rendir cuentas de los motivos políticos o financieros que tiene en cada caso, la asignación de frecuencias para radio y televisión.
Peor aún: esa dependencia del gobierno federal mantiene en secreto los datos del vencimiento de las concesiones que ahora existen. A diputados de anteriores legislaturas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les negó la información sobre qué concesiones hay vigentes, cuándo se terminan y en qué términos fue expedido el título de concesión respectivo. A partir de ese comportamiento no es sorpresivo, pero sí altamente escandaloso, que la misma Secretaría les esté regateando ahora a los actuales diputados (y con ellos a los senadores, que se han sumado a ese proyecto) la asignación de un espacio para que las sesiones en este Palacio Legislativo puedan ser vistas en un canal de Ultra Alta Frecuencia, por lo menos en el Valle de México. Funcionarios de esa dependencia aseguran que ya están distribuídas todas las frecuencias disponibles, pero no es así.
Ese no es un asunto circunstancial. Viene muy a cuento porque manifiesta, de manera impúdicamente palmaria, el patrimonialismo que el gobierno federal sigue ejerciendo para controlar el derecho a la comunicación ñen este caso, incluso, por encima del derecho del Poder Legislativo a tener un canal de televisión capaz de llegar al mayor número de ciudadanos posible y no solamente a quienes tienen el privilegio de estar suscritos a un sistema de cable.
Los diputados y los senadores tienen derecho a una frecuencia abierta para su canal de televisión. Los ciudadanos, tenemos derecho a saber qué concesiones existen, con cuáles beneficiarios y con qué fechas de vencimiento. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, en cambio, no tiene derecho a mantener en secreto los datos más fundamentales sobre la situación de los medios electrónicos en México. Ninguna disposición indica que esos pormenores deban ser clandestinos. Por esta vía quiero solicitar al señor secretario Carlos Ruiz Sacristán, que se publiquen los datos de los títulos de concesión vigentes para las estaciones de radio y televisión en México. Si hablamos de derecho a la información, nada mejor que despejar dudas sobre la situación jurídica, precisamente, de los medios de información
La responsabilidad y los anunciantes de jabón
Es inadmisible que a estas alturas de la modernidad política mexicana, una dependencia administrativa del gobierno resuelva quiénes sí y quiénes no tienen derecho a transmitir por televisión y radio. Gracias a esa prerrogativa discrecional, durante mucho tiempo e incluso en años recientes, el gobierno favoreció el crecimiento del consorcio Televisa cuya renovación ahora, por cierto, es sólo aparente, cuya programación sigue siendo tan pedestre como de costumbre y que jamás ha ofrecido muestras fiables de privilegiar más intereses que los de carácter comercial--.
Desde hace más de dos décadas, numerosos observadores, fuerzas políticas y ciudadanos interesados en los medios, han sugerido que, igual que sucede en prácticamente todas las democracias contemporáneas, en México la asignación de concesiones esté a cargo de un cuerpo plural y no dependa sólo de la potestad gubernamental. Esa no ha sido, como a veces se pretende, una inquietud exclusiva de obsesivos y trasnochados comunicólogos. Muchas otras voces, unánimemente desatendidas, han opinado en tal sentido.
Hace medio siglo Salvador Novo, titular de la Comisión creada por el Instituto Nacional de Bellas Artes para estudiar qué sistema de televisión le convenía adoptar a México, concluyó que la televisión pública al estilo de la BBC británica ofrecía la mejor opción porque allí, decía, la responsabilidad "no es para con los anunciantes de jabón alguno. La contrae con la sociedad y ante el gobierno. En sus manos el radio o la televisión, el receptor deja de ser un agente mixto de ventas y de diversión para trocarse en un instrumento de desinteresado solaz apto a los mejores contenidos" (4).
Esa era la defensa que hacía Salvador Novo de la televisión pública, en contraste con la de carácter comercial. Dos décadas más tarde, en una carta que se conoció hace apenas pocas semanas, Octavio Paz consideraba que el desarrollo de la sociedad mexicana hacía imperativa la creación de "nuevas formas de participación" entre las cuales él destacaba a los medios de información. Escribía Paz:
"Resulta escandaloso que la radio y la televisión sean todavía propiedad privada y que constituyan un negocio como cualquier otro. Al mismo tiempo, su nacionalización no sería un verdadero remedio: el monopolio del Estado en materia de información no es menos peligroso que el de los negociantes. El ejemplo de Rusia y aún el de Francia no recomiendan la nacionalización. Una solución intermedia consistiría en substituir el concepto de propiedad por el de uso: los que deben dirigir la radio y la televisión son aquellos que efectivamente la usan, es decir, los productores y los consumidores. La creación de consejos u otros organismos que se encargasen de la dirección de los programas de radio y televisión, podría ser un experimento en la democracia social de la participación.
El poeta, a la sazón embajador en la India, explicaba así, cómo podrían ser constituídos tales organismos de la sociedad mexicana para la radio y la televisión:
"Esos consejos estarían compuestos por la representación del Estado y, enseguida, por la de los radioyentes y televidentes, los maestros, los hombres de ciencia, los escritores y los poetas, los músicos, los artistas, los técnicos en radio y televisión, los periodistas... en suma, todos aquellos que participan efectivamente en la función informativa, ya sea como emisores o receptores. Se aseguraría así no sólo la libertad de información sino el derecho que todos los ciudadanos tienen a usar de la facultad humana por excelencia: hablar, oír y responder..." (5).
Cuadratura, redondel y democracia
Propuestas para reformar la legislación de los medios, abundan en México. Lo que falta es decisión para tomarlas en serio. Aquí mismo en la Cámara de Diputados, hace poco más de doce meses los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, presentaron una iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social y de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que recoge algunas de las más importantes sugerencias para actualizar la legislación mexicana en ese renglón.
No hay que exprimirse demasiado la mollera a fin de que nuestros actuales diputados admitan que, para encontrarle la cuadratura a ese asunto, basta con dejar de dar vueltas en círculo, una y otra vez, año tras año, una consulta tras otra. Algunos de sus colegas de la anterior Legislatura, turnaron ese útil y paradigmático documento a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Radio, Televisión y Cine y de Comunicación Social de esta Cámara.
Los medios, en fin, son demasiado importantes para dejarlos sin reglamentaciones modernas y completas. No se trata con ello de restringir libertad alguna, sino de garantizar la libertad de la sociedad para ser algo más que receptora de los medios más influyentes. Hace pocos años, en uno de sus últimos textos, el filósofo vienés Karl Popper, que no en balde era defensor de la sociedad abierta, insistía en que: "Una democracia no puede existir si no pone bajo control (a) la televisión (6)" . Solamente así, podríamos asegurar, como quería don Octavio Paz, que ese derecho humano por excelencia que consiste en hablar, oír y responder, no sea de unos cuantos sino libertad de los ciudadanos.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
1 Investigador Titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Director del semanario etcétera. Columnista político en La Crónica de Hoy.
2 Raúl Trejo Delarbre, "Un caso judicial", en Siempre! # 2196, 20 de julio de 1995.
3 Acuerdo del Pleno de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, en el Diario Oficial del martes 25 de febrero de 1997 Allí se dispone: "... que en todos los puestos de revistas y publicaciones periódicas que comercialicen medios impresos en la vía pública con temática relativa al sexo, estos deberán ostentar una leyenda que diga: 'Estrictamente Adultos', o 'Para su Venta a Mayores de 18 años', y en lo posible, se evite exhibir este tipo de impresos a la vista del público en general. La violación a esta disposición será sancionada conforme a lo previsto en la legislación aplicable en esta materia".
4 Proceso, marzo 2 de 1983, citado por Pablo Arredondo Ramírez y Enrique Sánchez Ruiz en Comunicación social, poder y democracia en México. Universidad de Guadalajara, 1986, p. 114.
5 Octavio Paz, Carta del 6 de septiembre de 1968 al C. Secretario de Relaciones Exteriores (Antonio Carrillo Flores). Reproducida en Vuelta No. 256, marzo de 1998, p. 10.
6 Karl R. Popper, "Licencia para hacer televisión", en Nexos No. 220, abril de 1996, p. 29.
