Número 12, Año 3, octubre 1998 - enero 1999
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DEMOCRACIA, MEDIOS DE INFORMACION Y FINAL DEL SIGLO XX EN MEXICO
Número 12, Año 3, octubre 1998 - enero 1999
DEMOCRACIA, MEDIOS DE INFORMACION Y FINAL DEL SIGLO XX EN MEXICO
Dr. Javier Esteinou Madrid
Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F.
I.- ESTRUCTURA DE PODER, MEDIOS DE COMUNICACION Y TRANSFORMACION DEL ESTADO MEXICANO.
Con el surgimiento de los medios de información y las nuevas capacidades tecnológico-materiales que han conquistado en México a lo largo del siglo XX, como son su amplia cobertura informativa, su gran penetración mental, su rápida capacidad de difusión, su enorme versatilidad semiótica, su gran perfeccionamiento tecnológico, etc. se han convertido en el centro del poder contemporáneo de nuestra nación. En este sentido, de haber sido instrumentos de difusión relevantes en 1920 en México y de convertirse en el cuarto poder político a partir de 1960 (corresponsales del poder), en la década de los años 90s. se han transformado en vértice del poder actual. Ya no solo son instituciones importantes o el cuarto poder, sino que ahora son "el primer Poder" que existe en nuestra sociedad.
Así, las nuevas potencialidades avanzadas de las nuevas tecnologías de información para producir, difundir e internalizar información colectiva, han modificado las reglas y dinámicas tradicionales con las que nuestra sociedad antaño se articulaba, organizaba y participaba masivamente. Con ello, se ha producido un profundo cambio en la jerarquía de poderes que conforman el esqueleto del poder y de la movilización cotidiana de nuestra sociedad donde los medios de información ahora son el centro del poder.
Este creciente poder de los medios sobre la sociedad y los individuos ha creado cada vez mas una sociedad mediática que ha producido una nueva atmósfera cultural colectiva de naturaleza "comunicósfera" que ha ocasionado que el conjunto de las principales instituciones de gobernabilidad colectiva ahora funcionen por intermediación de los canales de información, especialmente electrónicos. La expansión de esta realidad mediática ha modificado la estructura y frontera del Estado mexicano y de la cultura nacional creando una nueva realidad en la esfera del poder que es el Estado mexicano ampliado. Así, observamos el surgimiento de la tele administración pública, el tele deporte, la tele banca, la tele oración, la tele medicina, la tele venta, la telediversión, la radio asistencia psíquico-emocional, la radio orientación vial, la radio iglesia, etc.
Con ello, el funcionamiento los medios ha atravesado la operación de todas las instituciones sociales centrales del país, al grado que ha substituido en algunos períodos o reubicado en otros a las instituciones sociales mas débiles o que están en crisis de funcionamiento y legitimación. Por ejemplo, ante la baja de credibilidad de la población en los partidos políticos, las órganos públicos y la iglesia, la capacidad persuasiva y seductora de los medios han construido nuevas credibilidades y hegemonías basadas en estrategias de mercado a partir del raiting.
Incluso, profundizando sobre la tarea histórica central que realizan los canales de difusión podemos decir que debido a su capacidad altamente educativa, al final del milenio los medios de difusión no sólo son el centro del poder político contemporáneo, sino que son cada vez mas las instituciones de conformación del cerebro tanto social como individual de los habitantes del país. En este sentido, son elementos medulares del proceso de construcción social del cerebro humano, y por lo tanto, de conformación de la humanidad.
Así, a diferencia de los siglos anteriores, con la revolución informática las nuevas características con que los medios de información han transformado los procesos para producir, difundir e inculcar la información han convertido al siglo XX en un siglo corto, pues se han reducido los tiempos de conocimiento de la realidad y las distancias interactivas entre los hombres.
De esta forma, derivado de lo anterior se puede afirmar que en la actualidad, no existen vehículos más eficaces para transmitir la información colectiva a la sociedad que la radio y la televisión. Estos medios, de suyo neutrales como tecnologías, transportan los mensajes fundamentales que moldean la personalidad de los mexicanos. Así, las aspiraciones del pueblo, los anhelos del país que queremos ser y la visión del mundo y de la vida, se construyen en la nación lenta, cotidiana y eficazmente a través del contenido de la programación de los sistemas de comunicación colectivos.
Por lo tanto, ya no ha sido el discurso político ni la acción de los representantes populares y ni siquiera la prensa tradicional lo que ha permitido a los mexicanos tener una visión cotidiana de si mismos y del futuro de nuestra nación. En la actualidad, son las redes de televisoras y radiodifusoras, quienes acceden permanentemente a la mente de los mexicanos y les informan o les deseducan sobre la conducta a seguir en la sociedad contemporánea que nos corresponde vivir (1).
En este sentido, podemos decir que en el espacio de relación simbólica que permanentemente producen los aparatos cotidianos de comunicación entre emisores y colectividades, es donde diariamente se construye o destruye mental y afectivamente al Estado y a la sociedad mexicana. Por consiguiente, podemos afirmar que en la sociedad mexicana de la década de los noventas, cada vez mas, las batallas políticas o sociales se ganan o pierden en los medios de comunicación colectivos y no en otras áreas de las contiendas sociales.
De esta forma, la construcción o desconstrucción de la realidad masiva cotidiana, es decir, de lo que existe o no existe, de lo que es bueno o es malo, de lo que hay que recordar o hay que olvidar, de lo que es importante o no, de lo que es verdad o es mentira, de lo que son valores o antivalores, de lo que es la opinión pública o de lo que no es, de lo que es virtuoso o no, etc, se elabora, cada vez mas, especialmente en las grandes ciudades, desde los medios colectivos de difusión. Así, el peso de los canales de información masiva es tan acentuado que podemos decir que la realidad no son los medios de información, pero los medios contribuyen sustancialmente a construir la realidad central que reconoce la mayoría de la población. No son la política, pero hoy día no se puede hacer política sin la presencia y acción persuasiva de los sistemas de información colectivos. En una idea, las verdades mediáticas substituyen cada vez mas al resto de verdades sociales, incluyendo a la jurídica, a partir de las grandes capacidades persuasivas que han conquistado sobre los campos de conciencia de la población.
Como demostración del alto grado de penetración de las industrias culturales en la vida cotidiana de los mexicanos, constatamos, por ejemplo, que en 1998 existen en la República Mexicana 595 estaciones de televisión divididas entre canales nacionales, repetidoras, televisoras locales, y televisoras de los gobiernos estatales. En cuanto a la radio existen 1,332 emisoras en el país, divididas en 875 estaciones en A.M. y 479 en F.M. En cuanto a los sistemas de satélites se cuenta con el complejo de satélites Morelos II, Solidaridad I y Solidaridad II que cubren todo el territorio mexicano y otras partes del continente americano (El sistema de satélites Morelos I ya terminó de operar con vida útil). En cuanto a los medios escritos México cuenta con 400 periódicos de circulación local y 192 revistas, la mayoría de circulación nacional y de periodicidad variable. En cuanto a las agencias de información existen 59 agencias de noticias, de las cuales 14 son nacionales y 45 internacionales, con 64 corresponsales extranjeros, 57 de periódicos y 7 de revistas (Ver cuadros 1 a 11) (2).
La proliferación de esta gran infraestructura informativa en el país ha contribuido a modificar sustancialmente los hábitos culturales de la vida cotidiana de los mexicanos. Así, observamos, por ejemplo, que al final del siglo XX los mexicanos son los habitantes que mas ven televisión en todo el continente americano, con un promedio diario superior a las 4 horas (3). De aquí, que al final del milenio la población mexicana sea haya transformado de una cultura de lectores a una cultura de televidentes, de lo cual se deriva un peso muy sustantivo de los medios audiovisuales en la formación de sus gustos, actitudes, opiniones, conductas, mentalidades y visiones de la vida, en una idea, de la formación y operación de sus cerebralidades.
Esta asombrosa expansión tecnológico material de los medios de información ha creado a finales del siglo XX una sociedad mexicana altamente mediatizada en sus procesos colectivos de interacción masiva por las tecnologías de información. De aquí, la importancia central de efectuar una profunda Reforma del Estado en materia de comunicación y cultura colectiva que permita que el funcionamiento público de las industrias culturales se encuentre ética y responsablemente orientado y supervisado por el Estado y la sociedad civil mexicana.
II.- MEDIOS DE INFORMACION, DEMOCRACIA Y REFORMA DEL ESTADO.
En los tiempos de profunda convulsión económica, política, social y cultural que vivimos en el México de finales del milenio al transitar de un modelo de desarrollo de sociedad estatalizada a otro proyecto de sociedad de mercado, no sólo se requiere la aplicación de sólidas acciones económicas y políticas para salir de la drástica crisis estructural en que estamos sumergidos como nación; sino que sobre todo también se necesita la producción de un clima de confianza y estabilidad que permita que nuestro proyecto de crecimiento se reencause por los senderos de la estabilidad democrática ya perdida. Debido al fuerte deterioro de la esfera de lo público, uno de los aspectos fundamentales para la creación de esa atmósfera de confianza ha sido la realización de la Reforma Integral del Estado que permita crear nuevas condiciones de gobernabilidad para que nuestro proyecto de crecimiento se reencause por los senderos de la estabilidad económico-política perdida.
Urgente reforma del Estado que no sólo es necesario que demande la modificación de los aspectos legales del proceso electoral, de la impartición equilibrada de justicia, de la presencia intensiva de la sociedad en los espacios de representación pública, de la aplicación del nuevo federalismo, la autonomía de los poderes legislativo y judicial, la limitación al poder presidencial, la negociación con los sectores insurrectos de Chiapas y Guerrero, etc.; sino sobre todo requiere la transformación del funcionamiento de sus sistemas culturales y de medios de comunicación colectivos, especialmente, cuando la mayoría de las estructuras de comunicación presentes, desde el punto de vista de la justicia, la participación social y el desarrollo tecnológico, ya son altamente obsoletas (4).
En este sentido, la Reforma del Estado en materia de comunicación, no es una reforma jurídica mas para modernizar al Estado mexicano; sino que por su naturaleza vertebral que cruza todos los ámbitos de la vida comunitaria es la reforma mas importante de la sociedad mexicana de finales del siglo XX, pues es a partir de esta como se determinarán las vías en que se modificará o no los procesos para construir la conciencia colectiva nacional de final de milenio. De ello dependerá si se crean las bases político-sociales para generar una conciencia para el avance de la República o para su retroceso mental, social y civilizatorio.
Dentro del contexto de transformación de la sociedad mexicana a final del siglo XX es necesario considerar que para que se pueda consolidar la reforma del Estado mexicano se requiere la indispensable transformación democrática profunda de las estructuras de información y comunicación masivas, ya que son estos espacios los que se han convertido en el Primer Poder contemporáneo desde el cual se organiza, moviliza, articula y dirige, diaria y principalmente, de manera colectiva a los habitantes de la nación (5). Debido a su peso central sobre la dirección de la nación, en una sociedad democrática los principales poderes siempre deben estar supervisados y reglamentados por la sociedad en su conjunto.
En la actualidad, no puede existir un gobierno moderno y avanzado, sin la transformación democrática e integral de sus instituciones de cultura y medios de comunicación colectivos, ya que es a través de ellos, como se realiza cotidianamente la principal forma de conducción, organización y participación colectiva en comunidad. Es desde la democratización del sistema mediático como se puede reconstruir el tejido democrático del país. Si los medios son concesiones que la sociedad le entrega al Estado como rector de lo público para que las supervise en base al bien común, y este las entrega a concesionarios, el Estado esta obligado a vigilarlas para que sirvan para el crecimiento de la sociedad y no de su estancamiento.
En este sentido, debemos tener presente que la construcción de la democracia no se puede alcanzar sin la profunda democratización de los medios de información: democracia social es sinónimo de apertura y pluralidad de los canales de información. Por consiguiente, un Estado moderno tiene que generar una sociedad permanente y ampliamente informada sobre sus problemas fundamentales y no sobre las simples "frivolidades modernizantes" que crea el ciclo de la moda occidental. De lo contrario, la falta de información pública sobre los grandes problemas comunitarios o nacionales, tarde o temprano, produce gigantescos atrasos y conflictos sociales estructurales.
Sin embargo, gracias a la confianza inicial que les otorgó la sociedad mexicana los medios han alcanzado la concentración de un enorme poder económico-político por encima de la voluntad de la sociedad y el Estado, y se han convertido en un poder casi autónomo que tiende a funcionar al margen de las normatividades colectivas. Así, casi se han convertido en reyes autocráticos que se oponen a someterse a la supervisión de la voluntad de la comunidad nacional.
Bajo esta perspectiva debemos de contemplar que si nos ha costado 200 años el que la sociedad civil critique al Estado absoluto para que reoriente su función, ahora no debemos permitir que nos lleve otros 200 años criticar al primer poder contemporáneo que es el sistema mediático de comunicación colectiva (6). Debemos de pasar del extremo de la defensa a priori de la libertad de información, al cuestionamiento responsable de la omnipotencia bárbara, e incluso, libertina de los medios.
Una de las vías indispensables para alcanzar la democratización de los medios de comunicación en México es la creación y reglamentación del Derecho a la Información para que los ciudadanos tengan acceso a todas las fuentes de información económicas, políticas, sociales, culturales, etc. vinculadas con los destinos de sus vidas. El marco de la democracia lo da un estado de derecho claro y preciso que defienda las garantías ciudadanas. Las ambigÅedades jurídicas sólo producen abusos, corrupción, autoritarismo y antidemocracia. De aquí, la enorme importancia de contar con marco jurídico rico y amplio que norme democráticamente el ejercicio colectivo de la libertad de expresión.
III.- EL RETRASO HISTORICO DE LA LEGISLACION SOBRE MEDIOS DE COMUNICACION.
Sin embargo, no obstante que, en primer lugar, los medios de comunicación se han desarrollado vertiginosamente como producto de la Tercera Revolución Industrial en México, en segundo lugar, que cada vez mas vivimos en el país la fase de la sociedad de la información, y en tercer lugar, a que la radio y la televisión han alcanzado en nuestra República un peso super estratégico para la construcción cotidiana de los procesos de hegemonía y conducción nacional; en términos legales su operación ha quedado enormemente descuidada por el Estado mexicano y la sociedad civil. Así, durante varias décadas han abandonado su comportamiento a un funcionamiento, por un lado, autocrático, espontáneo e incluso caprichoso de los intereses de los grandes propietarios que los operan; y por otro, a la dinámica de la "Mano Invisible" de los voraces principios de la acumulación mercado, sin una cuidadosa legislación actualizada que normatize dicha operación en favor de los interese de los grandes grupos sociales.
Cuando mas, el Estado Mexicano ha delimitado a nivel constitucional una vaga normatividad para la operación de estos medios, pero sin actualizarla a los grandes desafíos tecnológicos, políticos y sociales de la sociedad mexicana de finales del siglo XX. Esto ha colocado internacionalmente a México como "uno de los siete países con el marco jurídico mas atrasados en materia de comunicación, solo equiparable a Libia, Irak, Katar, y Cuba; y por debajo de naciones como Paraguay, Colombia y Guatemala" (7).
Así, mientras al final de la década de los noventas algunos grupos de vanguardia política o del poder oficial apenas discuten los beneficios o las desventajas de normar y tipificar jurídicamente el Derecho a la Información en México; por otra parte, el gran desarrollo tecnológico-material que ha introducido la revolución científico-técnica ha permitido que los nuevos sistemas informativos operen localmente en suelo nacional rebasando las fronteras y las capacidades regulatorias y de autoridad del Estado mexicano, sin que éste pueda realizar ninguna intervención sobre estas. Por ejemplo, sin pasar por la linea telefónica o las microondas, con apoyo de la compañía General Electric y Microsoft hoy se pueden instalar en las oficinas y hogares del país pequeñas antenas de 20 cms. de diámetro que pueden captar vía un sistema conformado por 200 satélites internacionales de información toda la riqueza de la red de Internet que se interconecta con todo el mundo.
Esto constata que la revolución tecnológica dirigida por el mercado ha sido gigantesca y la transformación jurídica sobre el marco comunicativo ha sido mínima quedando enormemente retrasada frente al avance de la transformación informativa: El actual marco normativo con el que cuenta la sociedad mexicana en materia de comunicación, corresponde a un contexto de realidad mediática de principios de siglo, o cuando mas, de la década de los 40s.
De esta manera, las instituciones socializadoras mas importantes de toda la estructura cultural del país para la formación, organización y movilización de las conciencias nacionales, han funcionado durante varias décadas en enormes lagunas jurídicas que han propiciado la realización de todo tipo de abusos, violaciones y deformaciones culturales, económicas, políticas, sociales, informativas y espirituales desde los medios de comunicación electrónicos. Uno de las principales deformaciones ha sido la práctica del Poder Ejecutivo para otorgar discrecionalmente las concesiones de radio y televisión nacionales que equivale a casi un poder virreinal.
Por ejemplo, la Ley de Imprenta data de 1917 cuando fue promulgada por el entonces presidente Venustiano Carranza en un marco de conflicto social posrevolucionario y conlleva un espíritu represivo hacia la libertad de expresión. Por otra parte, pese a que la radio empieza a funcionar desde la década de los años 30s. y la televisión desde los años 50s., la Ley Federal de Radio y Televisión se aplica hasta el 19 de enero de 1960 con el gobierno del Presidente Adolfo López Mateos y quedó atravesada por el vicio de la discresionalidad política, especialmente presidencial, para ejercer los procesos informativos. De igual forma, el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica Relativo al Contenido de las Transmisiones en Radio y Televisión, se aplican hasta el 4 de abril de 1973.
Incluso, después de la edición de dichas leyes, en los 38 años siguientes, sólo se han realizado 5 mínimas y marginales modificaciones a la ley que son la referentes a los siguientes períodos:
1.- La del 31 de diciembre de 1969, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 1970.
2.- La del 28 de diciembre de 1974, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974.
3.- La del 4 de noviembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1980.
4.- La del 11 de enero de 1982, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1982.
5.- La del 29 de diciembre de 1985, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986.
Así, las precarias, vacías, contradictorias y obsoletas bases jurídicas en materia de comunicación social con que cuenta la Constitución Política mexicana al final del siglo XX, han debilitado la estructura y frontera del Estado mexicano y de la cultura nacional. Con ello, se ha desprotegido los derechos de la población mexicana y se ha beneficiado a la estructura del poder monopólico y transnacional en el país.
Este abandono legal ha debilitamiento o anulado en gran porcentaje los derechos de los auditorios en el terreno comunicativo y a cancelado la participación de los grandes grupos sociales en las tareas de construcción de la conciencia colectiva del país, vía los medios de difusión masivos. De aquí, la enorme importancia de examinar la situación de la transformación de los medios de información colectivos en nuestra nación, ya que son concesiones que a nombre y representación de la sociedad mexicana en su conjunto, el Estado otorga a particulares o grupos especiales, para su aprovechamiento en favor del avance de la comunidad nacional y no de su estancamiento.
IV.- LA APERTURA DE ESPACIOS SOCIALES PARA LA TRANSFORMACION DEL ESTADO MEXICANO.
Después de muchos años de promesas, de discursos, de esperas, de demagogias, de aperturas y de mini cambios por parte de los diversos órganos de rectoría del país, finalmente al casi concluir el siglo XX, a principios del período de la gestión política 1995-2,000 el gobierno y algunos sectores de la dirigencia privada mexicana en turno organizaron en diversos momentos distintas consultas públicas y acuerdos políticos sobre comunicación y cultura, con el fin de abrir a la participación de toda la sociedad la discusión sobre la estratégica reforma del Estado en materia de comunicación social y enriquecer dicho proyecto de transformación política. Entre los principales espacios de participación social que se realizaron por parte del Estado, figuraron, entre otros, los siguientes 8 eventos nacionales: La Consulta Popular sobre Medios de Comunicación para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1994-2,000, organizado de octubre a diciembre de 1994 por la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación; la Consulta Pública en Materia de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, organizada en junio y julio de 1995 por la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; la Consulta Abierta de la Cámara de Senadores sobre Comunicación Social, organizada por el Senado de la República en septiembre de 1995; la Consulta Pública sobre Política y Legislación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), organizada en febrero de 1996 por la Comisión de Cultura de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados; la Reforma Política del Estado Mexicano y la Comunicación Social, organizada de enero a agosto de 1996 por los principales partidos políticos y la Secretaría de Gobernación, con el fin de actualizar y renovar a través de todas estas acciones el sistema de cultura y de comunicación colectiva en nuestra nación; el foro denominado Los Desafíos de la Comunicación Social en la Ciudad de México, convocado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Iß Legislatura) el 12 y 13 de marzo de 1998; la Conferencia Internacional sobre "El Derecho de la Información en el Marco de la Reforma del Estado en México" organizado por la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía (RTC), la Fundación Konrad Adenauer-Stiftung, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y la UNESCO, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, del 6 al 9 de mayo de 1998; y finalmente, el Foro de Libertad de Expresión y Responsabilidad Social organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) el 20 y 21 de julio de 1998 en el World Trade Center de la Ciudad de México.
Todos estos espacios de participación social permitieron la exposición pública de múltiples diagnósticos y propuestas de todos los sectores sociales para la transformación del programa de comunicación y cultura del Estado mexicano.
V.- RESULTADOS DE LA APERTURA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION SOCIAL.
En relación al resultado del conjunto de espacios públicos que abrió el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo para la transformación del Estado mexicano en materia de cultura y comunicación social en el período 1994-2,000, podemos decir lo siguiente:
1.- A lo largo de la celebración de los 8 eventos públicos nacionales para la discusión del proyecto de comunicación colectiva del país, se presentaron en conjunto más de 12,900 diagnósticos y propuestas de todos los sectores de la sociedad civil, política, gubernamental, empresarial y estatal del la República Mexicana para la transformación del Estado en materia de información colectiva. Dichas propuestas oscilaron desde la instauración del derecho de réplica en los medios, la formación del Código de Etica Periodística, la creación de la figura del Ombudsman de la Comunicación Colectiva, el aprovechamiento democrático del 12.5 % del tiempo oficial en los medios, prohibir la existencia de monopolios comunicativos, suprimir los mecanismos directos y velados de censura; hasta la revisión del otorgamiento de las concesiones, la apertura de los espacios comunicativos para la participación de la sociedad civil, la creación de un Consejo Nacional de Medios de Comunicación, la modificación total de la actual normatividad en materia de comunicación social, la ampliación de la red de medios culturales, etc.
2.- Paradójicamente después de la presentación de todos estos miles de exámenes y demandas presentadas por la participación activa de la sociedad mexicana sobre la situación de la comunicación nacional en la década de los noventas, el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de L. sólo retomó las siguientes:
A.- En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2,000 solo se rescataron vagamente dos aspectos dentro del inmenso conjunto de inquietudes expresadas: el referente a la libertad de expresión y de prensa; y el correspondiente al Derecho a la Información.
De esta forma, en materia de comunicación el Plan Nacional de Desarrollo solo señaló textualmente que "la democracia es inconcebible sin las libertades de expresión y de prensa. La Constitución General de la República comprende además, la información como un derecho que será garantizado por el Estado".
"El Plan Nacional de Desarrollo ratifica el inquebrantable compromiso del Ejecutivo Federal de respetar la libre manifestación de las ideas, la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia, así como de no coartar de modo alguno la libertad de imprenta, cuyos límites son el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. El Ejecutivo Federal considera que pretender normar las garantías individuales sobre la libertad de expresión entraña más riesgos que beneficios, pero estará en todo momento atento a las propuestas de la sociedad y el legislativo".
"El Ejecutivo Federal expresa su compromiso de proponer y adoptar medidas efectivas para cumplir regular y oportuna y suficientemente con el derecho a la información. El Gobierno de la República ofrecerá asiduamente la información económica y social, generada por el Estado, que permita a la ciudadanía el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas".
"En este sentido, se propone promover las reformas legales para dotar de autonomía plena al INEGI. Asimismo, se consolidará la función pública de preservar y custodiar los acervos y archivos de la nación, y se perfeccionarán las modalidades de entrega oportuna de informes y documentación oficial para su resguardo y consulta pública" (8).
Realidades ultra mínimas de Derecho a la Información y libertad de expresión que posteriormente tampoco se han desarrollado por parte del gobierno zedillista para alcanzar una reforma integral del Estado mexicano en dicha materia, sino que prácticamente se cancelaron por las siguientes dos razones:
1.- En relación a la implementación del Derecho a la Información puede pensarse que este ha sido cancelado por el actual gobierno cuando posteriormente a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo en 1975 el 7 de julio de 1996 en la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa, el Presidente de la República Paradójicamente convocó a que los "medios autorregulen su libertad, porque no es el poder público el que debe fijar las reglas de ética y de responsabilidad profesional de los mismos; sino estos los que deben determinar su autorregulación de cara a los mas altos intereses de la sociedad y en beneficio de su calidad como instrumentos de la opinión pública. Los medios han ganado su libertad a fuerza de ejercerla. Es una libertad cuyos límites establece cada editor, cada concesionario, cada periodista, según sus intereses y según sus convicciones. Pretender normar la libertad de expresión entraña muchos mas riesgos que beneficios" (9).
Ante esta realidad debemos preguntarnos, ¿ En plena fase de libertinaje cultural que vive el país, de qué le sirve a la sociedad mexicana la existencia del Estado en materia de comunicación si no reconoce su obligación de regular en el campo de la construcción de la conciencia colectiva a través de los medios de comunicación ?. ¿ Acaso no son estos principios gubernamentales de autorregulación las mismas tesis salvajes que sostiene la filosofía de la economía de mercado de "Dejar Hacer, Dejar Pasar" a costa de los que sea en el campo de la comunicación y la cultura, y que nos han llevado a una quiebra nacional de valores comunitarios ?. En plena fase de debilitamiento de nuestra identidad nacional con la apertura planetaria de nuestras fronteras culturales, ¿ Hasta dónde se reducirá la presencia y la acción del Estado mexicano en la década de los noventas con la filosofía de la autorregulación comunicativo-cultural ?. ¿Acaso será la Mano Invisible del Mercado monopólico-usurero-avaro-megatransnacional con su mecanismo del libre juego de la oferta y la demanda informativa la que permitirá la creación nacional de un nuevo orden democrático de la comunicación ?.
2.- En cuanto al pleno ejercicio de la libertad de expresión por los comunicadores del país surgen serias dudas que esta pueda avanzar o mantenerse en los niveles elementales que actualmente mantiene, cuando por ejemplo, por una parte observamos que el Proyecto de Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal que elaboró el Departamento del Distrito Federal en julio de 1996, señala que:
a.- "Los medios de comunicación que proporcionen información dolosa que ponga en peligro la estabilidad y armonía de la Ciudad de México serán acreedores a una sanción de 100 días de salario mínimo".
b.- "Quienes generen pánico entre la población serán multados con 200 días de salario mínimo vigente".
c.- "En caso de emergencia, siniestro o desastre en el Distrito Federal, la información que difundan los periódicos, radiodifusoras y televisoras que arriesguen a los ciudadanos, genere daños, perjuicios y obstaculice las labores de auxilio o asistencia serán responsabilidad del medio emisor y/o reportero".
d.- Finalmente, "en caso de que los medios convoquen a la población a participar en una emergencia, sin la autorización expresa del gobierno capitalino, se castigará administrativamente con arresto de 72 horas" (11).
Por otra parte, constatamos que con el fin de presionar para que se suprima la crítica política editorial del periódico El Universal hacia las acciones políticas del Estado Mexicano en el período 1994-1996, el gobierno instrumentó una estrategia de persecución y terrorismo fiscal y encarceló al director de este diario nacional como represalia ejemplar para el resto de los críticos al sistema político mexicano.
Ante ello, debemos de preguntarnos ¿ Por qué Paradójicamente el Estado mexicano ante las situaciones de emergencias urbanas contradice sus tesis universales anteriores de dejar que los medios se autorregulen y ahora sí acepta normativizar el comportamiento de estos ? ¿ Qué sector del Estado que no esté e involucrado en esconder deficiencias o corrupciones determinará qué es una información dolosa para la armonía de la sociedad ?. ¿Será la administración pública en turno una entidad moralmente fiable para dictaminar qué es verdad y qué no en fases de urgencia nacional, cuando históricamente cada sexenio de gobierno que termina aparecen cientos de mentiras, engaños, ocultamientos y corrupciones que realizó el grupo en el poder anterior para gobernar a su antojo ?.
Con ello, se demostró que en materia de información social la iniciativa del Poder Ejecutivo de enriquecer su Plan Nacional de Desarrollo 1995-2,000 con las Consultas Populares sobre comunicación social, fue demagógica, pues el poder ejecutivo manifestó no tener voluntad política para transformar el actual sistema de comunicación nacional.
B.- En cuanto a los Foros Nacionales y Regionales de Consulta Pública en Materia de Comunicación organizados por el Poder Legislativo, podemos decir que a diferencia de las Audiencias Públicas sobre el Derecho a la Información realizadas en 1976, los Foros de Consulta Populares celebrados en 1982 con el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, la Consulta Pública efectuada en 1988 con el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari y las Foros de Consulta Pública para Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2,000; dichos Foros Regionales de Consulta Pública en Materia de Comunicación Social organizados por la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados fueron el proceso más democrático y plural en el que se ha reflejado con mayor fidelidad las preocupaciones y el sentir de los participantes. Esto debido a las siguientes razones:
1.- Fue fue el espacio mas plural donde intervinieron el mayor juego de fuerzas políticas del país para presentar y discutir los principales problemas que enfrenta hoy día el panorama de la comunicación nacional.
2.- Su desarrollo se realizó sobre la base de 10 Foros regionales para lograr mayor participación de todos las zonas y sectores de la República y no en 4 regiones como se efectuaron las otras Consultas Populares.
3.- A diferencia de las otras convocatorias, este fue el único proceso de consulta que se diseñó en 5 partes para lograr la mayor apertura, representatividad y participación social. Las fases fueron: A.- Etapa de Convocatoria y realización de los Foros en las 10 regiones del país. B.- Preparación y presentación a la opinión pública de la versión Preliminar de la Relatoría de los Foros Regionales de Consulta. C.- Corrección de la versión preliminar de la Relatoría por todos los participantes interesados. D.- Realización de las Audiencias Públicas en la Cámara de Diputados y de un Seminario Internacional sobre problemática de la comunicación contemporánea para complementar y enriquecer el documento final. E.- Entrega del documento final a la Comisión Especial de Comunicación Social de del Poder Legislativo Federal de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados y otros órganos de representación para proceder a legislar sobre la materia y transformar el marco legal actual de los medios de comunicación.
4.- Fue la única consulta que además de incluir la participación de los diversos sectores sociales con más de 2,908 propuestas, para enriquecer el diagnóstico y la discusión tomó en cuenta los contenidos de 18 discursos oficiales y los resultados de 2 foros académicos universitarios realizados paralelamente a dicha Consulta.
5.- Fue el único espacio que junto con la Consulta del la Comisión de Cultura contó con un sistema imparcial de organización, sistematización, presentación y Relatoría de la versión preliminar al dejar toda la ejecución de dicho proceso en manos de especialistas académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y no del sector político permanentemente comprometido con la reproducción de sus posiciones e intereses políticos. Dicho equipo universitario sistematizó de manera totalizadora y sin sesgos políticos todas las propuestas que presentó la sociedad civil, destacando las posiciones más relevantes sobre las que políticamente se tendría que trabajar de manera más urgente.
6.- Fue la única dinámica dentro del proceso de consultas populares en nuestra nación que inauguró la iniciativa original de reconfirmación abierta y democrática de las participaciones civiles. Esto debido a que fue la primera vez en toda la historia de las Consultas Públicas desde la década de los años 70s., que después de realizarse la Consulta el Estado devuelve a los participantes y a la sociedad en general el texto en forma de versión preliminar para que los diagnósticos y propuestas fueran revisados asimilados, modificados y enriquecidos por cada sector, con el fin de que posteriormente nuevamente fueran recogidos por los legisladores en el documento final, antes de elaborar la versión definitiva que sería entregada al Poder Legislativo para realizar los cambios en la Constitución Mexicana en materia de comunicación social.
7.- En este sentido, podemos decir que dadas todas estas realidades la única esperanza fundada que se podía vislumbrar para la renovación del proceso de comunicación colectivo del país provenía cautelosamente de la propuesta del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. Ello reflejó al interior del Estado Mexicano la existencia de dos concepciones y proyectos distintos del funcionamiento de los proyectos de comunicación nacionales: Por una parte, la postura del Poder Ejecutivo que buscó perpetuar el control y la legitimación del actual sistema de información mexicano; y por otra, el proyecto débil y titubeante del Poder Legislativo que aparentemente buscó la viva participación social para transformar las viejas estructuras y procesos de comunicación del país para abrirlos a la dinámica de la democracia.
8.- Sin embargo, no obstante todos los méritos de dicha consulta, al terminar el período de sesiones de la LVI Legislatura en la Cámara de Diputados, no existió ningún resultado de rescate por parte del Poder Legislativo de esta inmensidad de propuestas de la sociedad para la modificación del sistema nacional de comunicaciones (12). Esto reveló la estrategia política del gobierno para transferir tal iniciativa fundamental para la democratización de la sociedad mexicana a la siguiente legislatura y con ello, intentar que el espíritu, la fuerza y el empeño renovador con que nació dicha iniciativa estratégica, muera ahogada en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión por la imposición de los nuevos intereses político-burocráticos del moderno grupo en el poder que se opone a la modificación del actual marco normativo.
C.- En cuanto a las Consultas efectuadas por la Cámara de Senadores, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el foro de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y la Conferencia Internacional sobre El Derecho de la Información en el Marco de la Reforma del Estado en México, las iniciativas presentadas por la sociedad mexicana, no trascendieron en ningún proyecto sustancial y acción relevante por parte del Estado mexicano en Materia de Comunicación y Cultura.
D.- Sobre el acuerdo de la reforma política en materia de comunicación social pactado por los 4 principales partidos políticos y el gobierno mexicano, se reconfirmó la realidad y la macro tendencia ya existente desde hace tres décadas en el horizonte de la política nacional: se aceptó el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación en momentos electorales según sea el nivel de su fuerza política alcanzada (13). Esto refleja, una vez más, que a los partidos sólo les interesa la discusión sobre los medios de información en la medida en que obtienen espacios electorales de difusión colectiva para promover a sus candidatos o propuestas partidistas en los momentos electorales; y olvidan y desconocen el resto de la año y de los sexenios el peso extremadamente estratégico y fundamental que ejercen los medios en la construcción de nuestra nación y de nuestras vidas cotidianas.
D.- Finalmente, en relación al Foro de Libertad de Expresión y Responsabilidad Social organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), después de plantearse diversos diagnósticos y propuestas, sobre todo por parte del sector empresarial, para defender el funcionamiento del actual modelo empresarial de comunicación social, se acordó que los industriales de la radio y la televisión respetarían y promoverían un decálogo de bases morales jabonosas, imprecisas y altamente subjetivas para el "buen funcionamiento social" de los medios electrónicos. Curiosamente dentro de estos 10 principios no se incluye ninguna de las demandas básicas que durante décadas han solicitado los grandes grupos del país para humanizar y democratizar el sistema de comunicaciones nacionales.
Los principios fundamentales de dicho código de autorregulación de conducta informativa señalan que las personas que se ocupen de las labores informativas y noticiosas en las emisoras de radio y televisión respetarán los siguientes acuerdos:
1.- Presentarán los hechos de manera objetiva, sin distorsiones ni sesgos derivados de algún interés o preferencia.
2.- Respetarán el derecho que existe a la vida privada, en la medida que esta no tenga implicaciones para el interés público.
3.- Buscará la información completa, con objetividad como norma de trabajo de los comunicadores, a través de los recursos lícitos que existan a su alcance.
4.- Establecerán claramente la diferencia entre la difusión de los hechos y las opiniones que sobre éstos puedan tener los informadores o comentaristas de las noticias.
5.-Evitarán el trato discriminatorio a las personas por motivos de su nacionalidad, creencias, género o cualquier otro tipo de diferencia natural.
6.- Fomentarán la preservación de los valores nacionales, así como de los elementos fundamentales de la cultura y la historia patria.
7.- Promoverán el fortalecimiento de la democracia, favoreciendo la presentación de toda clase de ideas y opiniones, de los diversos partidos políticos y de la sociedad en general, con el propósito de crear una opinión pública bien informada que pueda tomar decisiones responsables sobre los asuntos de interés nacional.
8.- Propiciarán el fortalecimiento de la unidad nacional, el respeto a las instituciones y el cumplimiento de las leyes vigentes en nuestro país.
9.- Defenderán el derecho de los informadores a guardar la confidencialidad de sus fuentes, en caso de que ésta así lo demande, o que el comunicador lo crea conveniente.
10.- Atenderán las solicitudes de rectificación de aquellos que sean afectados de modo injusto por la difusión de una información, y a precisar los términos de ésta, o presentar datos adicionales que permitan dar contexto a las noticias (14).
Con el comportamiento político manipulador y despectivo ante el rechazo de la voz de la sociedad mexicana que clama por la reforma del Estado en materia de comunicación social, se demostró nítidamente que el Estado Mexicano de finales del siglo XX, no contó con voluntad política histórica para transformar el actual sistema de comunicación de la comunidad nacional. En este sentido, podemos afirmar que en México la Reforma del Estado no se ha logrado por la renuncia de este a transformar el actual marco legal de las industrias culturales que es el espacio colectivo donde hoy día se construye con mayor fuerza lo público.
VI.- EL BOICOT SISTEMATICO AL DERECHO A LA INFORMACION.
El contexto de "apertura política" que ha creado el proyecto modernizador del país en este sexenio de gobierno ha demostrado que los diagnósticos, las demandas e iniciativas fundamentales de políticas de comunicación que ha presentado la sociedad mexicana para la transformación del Estado nacional, vía los Foros, los Seminarios y las Consultas Públicas, han sido negadas, menospreciadas, desconocidas y marginadas por la esfera del poder. Con ello, una vez mas, vuelve a surgir la profunda desilusión y desencanto de la sociedad civil para considerar que los espacios de "apertura" que ha creado el Estado sean los conductos viables para la transformación de los medios de comunicación nacionales.
Curiosamente en todas las áreas del funcionamiento social como son la banca, la industria, el comercio, la educación, la agricultura, la cultura, la política, etc. el Estado ha aceptado la existencia de diversas regulaciones para normativizar y supervisar estas actividades, aunque estas sean muy liberales. El único terreno donde el Estado y el mercado han sostenido que no debe de reglamentarse es en el campo de la información y de la comunicación colectiva, esgrimiendo los siguientes argumentos:
1.- La libertad de información es un derecho y una garantía universal inalienable de todos los hombres que no debe limitarse, pues se atentaría contra la esencia humana. Incluso, el poder Ejecutivo y varios secretarios de Estado han afirmado en varios momentos, por una parte, que "pretender reglamentar el Derecho a la Información entrañaría mas riesgos que beneficios" (15); y por otra, que "no corresponde al Estado fijar las normas de conducta ética de los medios, porque se correría el riesgo de coartar la expresión de la pluralidad, por lo que toca a los medios, a partir de consensos entre los profesionales del sector, establecer su propio código ético (16).
2.- La libertad de información es la base de la "democracia", por lo tanto, si se le limita se esta afectando directamente el sano equilibrio democrático de la sociedad.
3.- En un mundo sistémico, sin fronteras, competitivo y globalizado, para que la dinámica del mercado se pueda realizar se requiere libertad de información. Por ello, no deben ponerse mas regulaciones que las necesarias a la libertad de expresión en México, so pena de caer en burocratismos extremos o lo que es peor, en la inoperancia de la ley. La sobre reglamentación se opone al avance económico (17).
Por consiguiente, lo que se debe fomentar en las sociedades modernas crecientemente competitivas es el libre flujo de la información y no su restricción.
4.- El Derecho a la Información no debe reglamentarse con normatividades rígidas, sino sólo se deben crear mecanismos muy flexibles que permitan la autorregulación de los medios de difusión, como son los Códigos de Etica, los Tribunales de Honor y los Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, etc.
Ante estos argumentos para defender sus concesiones de poder económico y político los empresarios de los canales de información y el sector conservador del Estado han desconocido las siguientes realidades:
1.- Efectivamente la libertad de información es un derecho inalienable de todos los hombres, pero la única forma de convertirla en una verdadera garantía para todos los ciudadanos es normatizarla con toda precisión jurídica, pues de lo contrario lo que se ejerce es una interpretación subjetiva, caprichosa y discrecional de cada empresa o funcionario según sean sus intereses coyunturales que debe defender.
2.- La libertad de información es la base de la democracia, y por consiguiente, para que esta se pueda realizar se debe reglamentar este derecho tan estratégico de todos los ciudadanos. Para operar socialmente, la libertad de expresión debe recibir el mismo tratamiento normativo de cualquier otra área de la sociedad. Es una falacia afirmar que por tratarse de la libertad de opinión sea un terreno mas difícil de abordar que otros terrenos de la acción social. Así, como la agricultura, el comercio, la cultura, la banca, la industria, la educación, la política, etc. son actividades delimitadas jurídicamente para conocer su naturaleza y límites para poder funcionar colectivamente; igualmente el Derecho a la Información debe ser reglamentado para que alcance sustento social real.
De lo contrario, si no se reglamenta dicho derecho se deja en el vacío conceptual y jurídico y lo que se termina ejerciendo es el derecho del mas fuerte sobre el mas débil según sean las conveniencias coyunturales del poder. Reglamentar no significa censurar, reprimir o cohibir la libertad de expresión, sino crear las condiciones de precisión jurídica para garantizar su real existencia y ejercicio cotidiano como derecho de todos los ciudadanos.
En el escenario de final del milenio el único sector que hoy tiene amplio Derecho a la Información es sólo el Estado y los grandes grupos del poder que pueden obtener toda la información que requieren para actuar sobre la población o para expandir sus empresas; y la sociedad civil mexicana no cuenta con el mínimo acceso a la información estratégica elemental para decidir sobre su futuro. Es decir, la sociedad civil que le entregó al Estado los medios para que los concesionara en favor del bien común, no cuenta con la garantía de dicho derecho universal de los hombres, y paradójicamente, los únicos sectores que cuentan con este privilegio son las ramas del gran capital y el gobierno.
3.- En un mundo globalizado y expuesto a la competencia nuestras estructuras culturales de nación si deben estar abiertas al permanente contacto con los avances de otras culturas, pero deben existir límites jurídicos elementales de protección y conservación de nuestra riqueza cultural y mental que han tardado muchos años en formarse. De lo contrario, lo que sucede es la devastación de nuestra cultura básica por los intereses del mercado, como ha sucedido en las últimas décadas de la historia nacional.
Hay que recordar que el mercado por sí mismo no tiene moral, ni corazón, ni se preocupa por lo humano y lo social. Su objetivo es la rápida y creciente acumulación de riqueza a expensas de lo que sea. Por consiguiente, es una ley que en la medida en que funciona autónomamente, sin sólidos contrapesos planificadores puede introducir en las comunidades una relación social de comunicación salvaje.
4.- La autorregulación de los medios de comunicación vía los Códigos de Etica, los Tribunales de Honor, los Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, etc., son mecanismos colegiados muy útiles que pueden ayudar a garantizar complementariamente la existencia del Derecho a la Información, pero nunca como elementos únicos o solos para normar y conducir socialmente esta estratégica acción colectiva. Una garantía tan central para construir una sociedad democrática, equilibrada y participativa no puede quedar expuesta a los altibajos subjetivos o discrecionales de los intereses políticos del poder o los objetivos pecuniarios del mercado, sino que debe ser reglamentada con toda exactitud por el interés colectivo, como cualquier otro derecho social, para garantizar su existencia y sana aplicación comunitaria.
La ética no puede substituir o suprimir al derecho, sino sólo enriquecerlo y complementarlo. No podemos cambiar el estado de derecho por la aplicación de un "eticómetro" de los concesionarios y empresarios de los medios de comunicación que es un instrumento de buena voluntad absolutamente vulnerable ante las fases de presión económica y política reales (18).
Debemos de recordar históricamente que todos los Códigos de Etica, los Tribunales de Honor, los Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, etc. que han existido en el Estado y las agrupaciones de los informadores han sido recursos totalmente insuficientes para abrir los archivos políticos y militares sobre la mascare estudiantil de 1968 y 1971, los archivos de los sacadólares que generaron una fuertísima devaluación del peso mexicano en el sexenio del Presidente López Portillo, los motivos por los cuales se cayó el sistema electrónico de cómputo en las elecciones presidenciales del sexenio del Presidente Salinas de Gortari, los sectores beneficiados ilegítimamente con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) en el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la exposición de series televisivas, cada vez mas, violentas para obtener un raiting creciente en la fase de apertura de mercados, etc.
Sin embargo, para evitar avanzar en este terreno estratégico de reglamentación al Derecho a la Información el sector mas conservador del Estado y los empresarios de los medios de información en conjunto han creado campañas permanentes de satanización y boicot a dichas iniciativas de la sociedad civil, planteando la existencia de un conflicto artificial entre libertad de expresión y reglamentación de la misma. De esta manera, han señalado reiteradamente que las iniciativas regulatorias del Derecho a la Información son fascistas, que amordazan la libertad de comunicación, que son paralizantes de la iniciativa humana, que evitan la libre competencia, que censuran el libre fluir del pensamiento, que se intenta controlar a los medios, que se busca reprimir a los periodistas y comunicadores, etc, con el fin de evitar que se regulen, por el interés colectivo, los privilegios tan desmesurados con los que cuentan los medios dentro de la actual legislación mexicana de final de siglo.
Así, han desconocido permanentemente que en la sociedad de final de milenio los medios de información colectivos son la base de existencia de lo público, y que por consiguiente, dichas instituciones deben ser normados por la sociedad en su conjunto, y no sólo por los intereses fenicios del mercado o los ambiciosos e ilimitados intereses del poder.
Ante esta monumental pobreza de rescate del espíritu del "México Profundo" por parte de la estructura de gobernabilidad nacional a partir de las consultas públicas sobre comunicación social, es necesario preguntarnos, por ejemplo, ¿ Dónde quedó la solicitud ciudadana de revisar el otorgamiento y la revocación de las concesiones de los medios de comunicación, especialmente de los electrónicos ?. ¿ Por qué no se consideró la formación de la figura jurídica del Omdbusman de la comunicación colectiva ?. ¿ Por qué se marginó la revisión de la legislación referente a la constitución de los super monopolios comunicativos que se volvió a encarnar con la bárbara fusión entre TELMEX y TELEVISA ?. ¿ Por qué no se abordó la urgente necesidad de abrir más espacios de participación democráticos en los medios de comunicación ?. ¿ Por que se olvidó la formación del Código de Etica Profesional de los comunicadores ?. ¿ Por que se marginó la iniciativa del Derecho de Replica solicitada ampliamente por la sociedad mexicana desde hace varias décadas para evitar los abusos informativos de los propietarios de los medios ?. ¿ Dónde quedó la propuesta de formar un Consejo Plural de Comunicación Social que supervisara el funcionamiento de los medios de información en nuestro país ?. ¿ Por qué se desconoció la petición colectiva de emplear el 12.5 % del tiempo oficial en los medios de comunicación de forma más democrática y racional ?.
Dónde quedó la inquietud de otorgar con toda transparencia los recursos gubernamentales y paraestatales de apoyo financiero a los medios de comunicación ?, ¿ Por que se descartó la propuesta de crear una Red Nacional de Televisión Cultural a partir del empleo de la infraestructura de los sistemas estatales de comunicación establecidos en cada entidad y del otorgamiento de dos frecuencias en la banda UHF y del aprovechamiento de los tres canales de cable que por ley tiene derecho el Estado en cada una de las entidades federales?, ¿ Dónde quedó la iniciativa educativa de incorporar en la Ley Federal de Educación, en los Libros de Texto Gratuitos, en el Libro del Maestro y en los planes de estudio de las Escuelas Normales una normatividad y un análisis sobre el papel educativo de los medios de comunicación ?. ¿ Por qué se olvidó la sugerencia de realizar las adecuaciones legales correspondientes para salvaguardar las particularidades regionales y la identidad nacional ?, ¿ Donde quedó la idea de apoyar el proyecto de la descentralización y regionalización cultural y comunicativa del país ?., ¿ Por qué se sepultó la propuesta de legislar sobre la obligatoriedad y solvencia de una certificación publica del tiraje real y de la circulación de los periódicos y revistas, en favor de una mejor competencia en el mercado y de la claridad y veracidad con respecto a los lectores ?, etc.
Ninguno de estos reclamos básicos de la sociedad civil han sido contemplados en el proyecto comunicativo del mercado y del poder al final del siglo XX. Es por ello, que es necesario repensar que hacer en términos políticos para crear otro proyecto colectivo de comunicación social que si rescate el espíritu de estos planteamientos esenciales para democratizar a la sociedad mexicana.
VII.- EL RETROCESO ETICO-MORAL DEL ESTADO MEXICANO.
Dentro de este marco histórico de desconocimiento y abortamiento de las demandas mas importantes para transformar la gran neocorteza cerebral de la sociedad mexicana a través de otro funcionamiento distinto de los medios de comunicación, podemos decir que todos estos espacios públicos generados por el gobierno modernizador de finales del siglo XX, más que servir para el enriquecimiento y la ampliación de las políticas de comunicación de un proyecto de crecimiento democrático y humanizador, operaron como un sistema de legitimación de los intereses verticales del Estado y del poder en este terreno. En este sentido, una vez más, la comunidad nacional vivimos un gran estrategia gubernamental de burla y manipulación social para reforzar el proyecto autoritario del Estado y del poder en materia de comunicación social, con lo que se ha acrecentado el desencanto y la frustración de la sociedad civil para creer en el Estado como una plataforma desde la cual se puedan transformar los medios de comunicación.
Así, al final de los años 90s. se vuelve a repetir la misma historia de petrificación y antidemocracia del Estado mexicano en materia de comunicación social que la sociedad mexicana ha vivido desde la década de los años 70s. Hay que recordar que el resultado de todas las consultas populares desde 1970 a la fecha han concluido con el mismo resultado de "no encontrarle la cuadratura al circulo", y por lo tanto, no transformar el actual marco normativo de la comunicación social, permitiendo que continúe gobernando el mismo orden cerrado, viciado y discrecional de los procesos comunicativos.
Esta realidad refleja que al concluir el milenio en el campo de la comunicación y la cultura continuamos estando ante un Estado feudal, sordo, insensible y prepotente que no comprende los latidos del corazón del México Profundo que demanda democracia, apertura y pluralismo en materia de comunicación social. Estado Feudal mexicano que como en la Edad Media, vía el rígido control de los medios de comunicación públicos, no permite la participación de los grandes grupos en los procesos masivos de construcción de la conciencia social.
Incluso, la rigidez histórica del Estado mexicano para no transformar la estructura de medios de comunicación nacionales ha sido tal que, en términos generales, en la década de los noventas, la transición a la democracia se ha dado a pesar y en contra del sistema de medios de comunicación dominantes. Fue hasta que el proceso de democratización empezó a rebasar a las estructuras de gobernabilidad tradicional, cuando los medios empezaron a retomar este proceso, pero no para fortalecerlo centralmente, sino para aumentar su rating y no quedar fuera de la dinámica exitosa del mercado.
En este sentido, podemos decir que al no considerar los principales diagnósticos y propuestas que presentó el despertar del sector civil para transformar la esfera pública de la conciencia nacional vía los medios de comunicación colectivos, el Estado mexicano no renovó su proyecto de comunicación colectiva para enfrentar los desafíos elementales de la sociedad mexicana de finales del siglo XX. Con ello, el Estado mexicano "moderno" cuenta con menos bases de representatividad social, y en consecuencia, es cada vez menos rector nacional en el campo de la moral colectiva, acelerando con ello su debilidad y descomposición estructural.
De esta forma, aunque el gobierno ha creado una gran campaña propagandista para difundir que el Estado mexicano se ha transformado en todos sus niveles, hasta el momento podemos afirmar que la reforma del Estado mexicano no se ha realizado, pues por falta de voluntad política no se ha establecido un nuevo pacto de relación entre medios de comunicación y sociedad a través de la creación de una nueva normatividad jurídica sobre los mismos. Con ello, todo el proceso de la reforma del Estado mexicano ha quedado profundamente vulnerada porque la democratización de la comunicación es el principio que democratiza los otros procesos de la vida cotidiana.
Bajo esta perspectiva, podemos afirmar que las débiles, vagas, contradictorias y anacrónicas bases legales en materia de comunicación social con que cuenta la Constitución Política mexicana al final del siglo XX, han privilegiado los intereses de la vieja estructura de poder por sobre los fundamentos jurídicos de la nación que permitan construir la República y fortalecer la democracia.
Con la autorización deliberada de estas omisiones político-legales en la década de los 90s. el Estado mexicano permitió, una vez mas, que los voraces intereses del capital y del poder que permanentemente construyen en nuestro país una cultura salvaje y de la desmovilización social vía el funcionamiento libertino de los medios de comunicación, sean protegidos por el actual marco normativo de las industrias culturales. Así, cada vez mas la dinámica de las leyes del mercado rebasan los intereses colectivos de nuestro Estado Nación para fortalecer el proyecto de desarrollo equilibrado y promueven la realización de las bárbaras leyes del capital en el campo de la cultura y la conciencia social.
La no transformación de esta realidad mediática ha modificado la estructura y la frontera del Estado mexicano y de la cultura nacional creando una nueva realidad en la esfera del poder que es el Estado diluido y la cultura light. Estado y mentalidad colectiva que cada vez son bases mas débiles para crear los fundamentos de una civilización y cultura para la sobrevivencia social.
Ante este horizonte de cerrazón estatal para la democratización informativa, nos enfrentamos al delicado panorama político en el que los grandes grupos sociales no cuenten con espacios de expresión dentro de estos para expresar sus necesidades, problemáticas, demandas y soluciones. Frente a ello, se observa la tendencia creciente de que los movimientos sociales en emergencia continúen creando sus propios procesos de comunicación colectivos, que derivarán, tarde o temprano, en la construcción un nuevo Estado Ampliado paralelo al oficial, con el consecuente acrecentamiento de nuestra crisis de hegemonía nacional. Ejemplo de ello han sido el surgimiento temporal de los medios contra estatales como "Televerdad", "Radio Vampiro" y "Radio Pirata".
El conjunto de estos indicadores políticos reflejan que al terminar la década de los años noventas la sociedad mexicana concluye el siglo y comienza el próximo tercer milenio, afectada por tres grandes tendencias políticas comunicativo-culturales de masas:
En primer término, la sociedad mexicana termina con un Estado débil que ha renunciado a no ejercer su función rectora en el campo de la comunicación colectiva para proteger los intereses del mercado y del gran capital en este terreno. En este sentido, el Estado mexicano a través de su postura de la autorregulación ha optado por defender los intereses del proyecto de super concentración de riqueza y no los derechos y garantías individuales que los ciudadanos han demandado desde los años 60s.
En segundo término, la estructura mental de la sociedad mexicana termina profundamente atravesada por un proyecto muy fuerte de cultura, comunicación, y espiritualidad colectiva conducido por las voraces fuerzas del mercado que fomentan la dinámica del "Dejar Hacer y Dejar Pasar Cultural" a costa de los que sea y sin restricción alguna; y que es ampliamente protegido por las ideologías y los valores de plástico que ha introducido la modernidad con la anuencia de los gobiernos nacionales en turno. Dicho proyecto, basado en la lógica de la acumulación de capital a escala planetaria, promueve intensamente la expansión de la Cultura de la Muerte que está cimentando silenciosamente frente a nuestras narices el nuevo derrumbe de nuestro país.
Y finalmente, en tercer término, el cerebro de la sociedad mexicana queda debilitado grandemente por la ausencia de un proyecto público orgánico de transformación y uso democrático de los medios de comunicación para el desarrollo equilibrado de la nación, y sin sólidas fuerzas o frentes sociales reales que permitan su surgimiento desde la sociedad civil organizada.
Ante este cerrado horizonte cultural del país al final del siglo XX no debemos caer en las fugas psíquicas que generan los discursos demagógicos o las ilusiones de los partidos políticos que plantean constantes lluvias de promesas para reducir nuestra angustia ciudadana al no ver cambios profundos en el panorama de la comunicación nacional. Es por ello, que sin depresiones, sin desánimos y sin desesperanzas colectivas debemos de ser rigurosamente objetivos para aceptar con toda claridad que históricamente estamos en la escala casi cero para cambiar las estructuras masivas de comunicación nacionales; y desde esta cruda perspectiva política iniciar con una gran fe en el potencial de transformación humana y una voluntad optimista la creación de las bases de la Sociedad de la Comunicación y no de la "Aldea de Información" que exige el nuevo milenio de avance del hombre.
De aquí, la enorme importancia que la sociedad civil presione a las Comisiones de Cultura y de Comunicación Social de la Cámara de Diputados del LVII Período Legislativo para reglamentar con gran profundidad la operación de dichos medios de comunicación, pues en última instancia no se esta legislando sobre simples instituciones de esparcimiento, diversión o información; sino sobre un fenómeno central de transformación y ampliación cotidiana de la estructura del Estado Mexicano y de la conciencia nacional.
(1) Labra, Armando; Prólogo, La legislación mexicana en radio y televisión, Colección Ensayos, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F., primera reimpresión 1989, página 7.
(2) Información Relevante Sobre Medios de Comunicación en México, Documento estadístico de apoyo preparado para la Conferencia Internacional sobre "El Derecho a la Información en el Marco de la Reforma del estado en México", Cámara de Diputados, LVII Legislatura, mayo de 1998, México, D.F., 27 páginas.
(3) Un estudio reveló que los mexicanos son los que mas tiempo pasan frente a la televisión en América, Crónica, 7 de abril de 1998; Los mexicanos pasan mas horas frente a la televisión, El Nacional, 7 de abril de 1998.
En términos generales en 1997 se observó que el promedio mundial de exposición a la televisión osciló entre 2 y 4 horas al día por país. Por ejemplo, en América en los Estados Unidos los telespectadores ven 3 horas al día, en Canadá y Chile ven 2 horas al día. En Europa y en Asia los rusos y los japoneses respectivamente son los que pasan mas tiempo consumiendo televisión.
(4) La comunidad cultural ante la reforma del Estado, El Financiero, 7 de febrero de 1996; Para los grandes medios de comunicación la noticia se genera desde el poder: Javier Elorriaga, El Financiero, 9 de febrero de 1996; De foros y más foros, El Universal, 10 de febrero de 1996; Es necesario crear una comisión que de seguimiento a las propuestas, El Universal, 10 de febrero de 1996.
(5) Ikram Antaki, conceptos expresados por la escritora en la conferencia de prensa, foro sobre Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, D.F., 21 de julio de 1998.
(6) Ikram Antaki, conceptos expresados por la escritora en la conferencia de prensa, foro sobre Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), México, D.F., 21 de julio de 1998.
(7) México, entre los siete países con las leyes mas atrasada en materia de comunicación, El Financiero 24 de abril de 1998.
(8) Plan Nacional de Desarrollo 1995-2,000, Poder Ejecutivo Federal, Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F., mayo de 1995, páginas 69 a 70.
(9) Los medios deben determinar su autorregulación: Zedillo, El Financiero, 8 de junio de 1996; Serán los medios los que autorregulen su libertad de expresión: Ernesto Zedillo, La República, Organo informativo del PRI, 13 de junio de 1996; Suárez, Luis, Comunicación social: Tiempos críticos, Excelsior, 27 de junio de 1996.
(11) Pretende el DDF sancionar a los medios de comunicación, El Universal, 3 de agosto de 1996.
(12) Propone el PRD crear un Consejo Nacional de Comunicación Social, El Financiero, 8 de junio de 1996.
(13) Decreto mediante el cual se reforman varios artículos de la Constitución Mexicana, Diario Oficial, Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, México, D.F. a 22 de agosto de 1996; Segundo Informe de Gobierno: Una nueva etapa para México, Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidencia de la República, El Financiero, 1 de septiembre de 1996, página 4.
Al respecto la nueva Reforma Política señaló literalmente en el artículo 41 sección II, que:
"La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por lo tanto tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la misma. Además la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado". Decreto mediante el cual se reforman varios artículos de la Constitución Mexicana, Diario Oficial, Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, México, D.F. a 22 de agosto de 1996.
(14) Emilio Nassar, Palabras de Sr. Emilio Nassar, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), en la Clausura del Simpósium sobre Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, D.F., 21 de julio de 1998.
(15) Francisco Labastida, Palabras Presentadas por Francisco Labastida Ochoa, Secretario de Gobernación en la Comida del XLVII Aniversario del Día de la Libertad de Prensa, México, D.F. 8 de junio de 1998.
(16) Regular o no ... y si se hace ¿ quién ?, Excelsior, 21 de julio de 1998.
(17) Emilio Nassar, Palabras de Sr. Emilio Nassar, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), en la Clausura del Simpósium sobre Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, D.F., 21 de julio de 1998.
(18) Ikram Antaki, conceptos expresados por la escritora en la conferencia de prensa, foro sobre Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), World Trade Center, México, D.F., 21 de julio de 1998.
NUMERO DE ESTACIONES DE TELEVISION POR ENTIDAD FEDERATIVA EN MEXICO EN 1998.
PRINCIPALES GRUPOS DE TELEVISORAS EN MEXICO EN 1998.
NUMERO DE CANALES DE TELEVISION ABIERTA EN MEXICO EN 1998.
NUMERO DE CANALES DE TELEVISION RESTRINGIDA EN MEXICO EN 1998.
NUMERO DE EMISORAS DE RADIO (AM Y FM) EN MEXICO EN 1998.
PRINCIPALES GRUPOS RADIOFONICOS EN MEXICO EN 1998.
CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SATELITES MEXICANOS EN 1998.
NUMERO DE PERIODICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA EN MEXICO EN 1998.
NUMERO DE REVISTAS EN MEXICO EN 1998.
NUMERO DE AGENCIAS DE INFORMACION EN MEXICO EN 1998.
NUMERO DE CORRESPONSALES EXTRANJEROS EN MEXICO EN 1998.
