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Medios de comunicación y transición democrática: la reforma pendiente
 
Por Dip. Javier Corral Jurado
Número 17

El debate sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en la transición democrática del país es una demanda social indiscutible, sobre todo, respecto a los equilibrios y contrapesos que los medios han de enfrentar a partir del derecho y a partir de la autorregulación ética.

Y si el debate es una demanda indiscutible, legislar en materia de comunicación representa una asignatura pendiente de la LVII Legislatura en el marco de la transición democrática del país, no sólo por lo fundamental de la reforma, sino por la responsabilidad adquirida por los legisladores con los ciudadanos.

Por eso no es posible descalificar cualquier intento de legislar en la materia, como ha sucedido en días pasados y como ha sucedido desde hace veinte años.

Veamos lo que sucede actualmente en esta materia:

El proyecto de iniciativa de Ley Federal de Comunicación fue presentado el 22 de abril de 1997 por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, durante la pasada LVI Legislatura.

La iniciativa, reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y derogatoria de la Ley de Imprenta, vigente desde 1917, fue turnada para su revisión y análisis a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Sin ser dictaminada ni votada por el pleno de la Cámara de Diputados, dicha iniciativa pasó en calidad de proyecto a la actual LVII Legislatura, donde se encuentra en análisis para la elaboración de un nuevo anteproyecto de dictamen, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso.

La difusión del documento —un año y medio después de que la iniciativa fue presentada— derivó en una discusión pública acerca de si el contenido pretendía establecer o no una especie de "ley mordaza", e incluso, hubo quien pidió a los legisladores declinar en su propósito de legislar en la materia.

Los integrantes actuales de la Comisión de RTC han informado a la opinión pública que no ha existido, ni existirá, algún intento por coartar las libertades de expresión y de información, sino al contrario, de establecer reglas transparentes para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar ambas libertades, junto con el derecho a la información pública.

Existe además el compromiso, por parte de la misma Comisión de RTC, de legislar con los diferentes actores del proceso de comunicación: ciudadanos, profesionales de los medios, periodistas, dueños de medios impresos, concesionarios de radio y televisión, académicos e investigadores, instituciones de educación superior, así como las instancias del Poder Ejecutivo involucradas en la materia: la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Lo que ocurre es que en este proceso democrático por el que atraviesa el país los legisladores no podemos ni debemos realizar nuestra tarea sin lograr el consenso más amplio, independientemente de la materia que se trate.

En el mismo sentido debe mantenerse el debate en torno a la necesidad de legislar en materia de comunicación social. Es decir, un debate en el que los ciudadanos reciban información respecto a lo que sucede realmente, no que reciban únicamente información que descalifique los intentos, sin dar oportunidad a los legisladores de explicar el trabajo que están realizando.

En esta transición democrática, la reforma en materia de comunicación no debe soslayarse ni ser enterrada.

Si ya en materia electoral hemos avanzado hasta prácticamente resolver el grave problema que representaba contar con organismos electorales en manos del gobierno, es necesario establecer reglas claras que definan la relación que debe existir entre los medios de comunicación, la sociedad y el Estado, además de la relación de los medios entre sí.

En respuesta a una demanda social, una exigencia de muchos, la organización y calificación de las elecciones ya no está bajo el control gubernamental a través de la Secretaría de Gobernación. Hemos avanzado a tal grado que de iniciar con una institución descentralizada del poder público, ahora existen organismos autónomos y ciudadanizados que le imprimen confiabilidad a los procesos electorales.

Igualmente hemos avanzado en la conformación de un conjunto de instituciones diversas, en materia de tribunales laborales y agrarios, en materia de Derechos Humanos, hasta la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la cual se ha logrado la promoción, desde fuera del gobierno, de una cultura de respeto y promoción de nuestras garantías individuales. El siguiente paso es lograr la completa autonomía de esa institución, como ya se ha logrado con el IFE.

Así es como paso a paso hemos ido hacia una normalidad democrática, como parte de la transición política en la que nos encontramos.

Pero en este momento, cuando hablamos de globalización, de revolución digital y de nuevas tecnologías de comunicación, nos encontramos con que nuestra transición política no lleva de la mano reglas claras y transparentes en materia de medios de comunicación.

Es necesario advertir que los adelantos de la revolución tecnológica nos han rebasado a los legisladores. Nos estamos preparando para un nuevo siglo, pero no podemos hacerlo mientras esté ausente un marco legal que vaya empatado con el avance de las nuevas tecnologías.

Quiero, a propósito de esta premisa, citar las palabras del doctor Ernesto Villanueva, quien gracias a su trabajo en materia del Derecho de la Información ha establecido en nuestro país las bases para el estudio de la materia, a partir de fundamentos jurídicos del derecho comparado:

"El mundo del fin de siglo y de milenio encamina sus pasos en forma recurrente hacia la democracia, de la cual la información no podría, en modo alguno, ser ajena. Por el contrario: la democracia habrá qué entenderla como el gobierno del pueblo en libertad. Esta sociedad de la libertad puede florecer, sin embargo, si existe viva una cultura de la información, fundada en el pluralismo, la veracidad, la imparcialidad y la equidad. Pero darle tales improntas a la información requiere de algo más que la voluntad cotidiana de los sujetos universales de la información. Es necesario traducir tales afanes libertarios y los valores democráticos en normas de derecho vigente y, complementariamente, en valores deontológicos".

"Y es que no está por demás reiterar que sólo el derecho puede brindar seguridad a la libertad".

"En ese sentido, las libertades de expresión e información y sus derechos conexos constituyen instrumentos idóneos para preservar el Estado de derecho y favorecer las prácticas democráticas porque generan contrapesos frente al ejercicio del poder. Más aún: constituyen una polea de transmisión de conocimientos para que los individuos pasen de la condición de súbditos a ciudadanos".

En tal sentido, corresponde al legislador adecuar a un marco jurídico el desarrollo acelerado en materia de comunicación, sobre todo con el objeto de garantizar el ejercicio de las libertades de expresión e información y el derecho a la información pública por parte de los ciudadanos.

Es necesaria esa certidumbre jurídica, para que los ciudadanos puedan ser más libres.

Nuestra transición no ha llegado aún a los medios de comunicación y no existe transición política a la democracia si no existe una democratización de los medios, regida fundamentalmente por dos grandes principios: por el de la responsabilidad legal de un marco jurídico acorde a las nuevas realidades, pero también a través de un esfuerzo de carácter deontológico, de autorregulación ética que establezca compromisos de deberes y obligaciones de los comunicadores o de los medios con la sociedad.

En el debate no debe confundirse la ética con el derecho. Ambos no se contraponen entre sí: son complementarios.

Pero incluso desde el Poder Ejecutivo se ha encargado de establecer esa confusión, abonando al retraso jurídico por el que atraviesa la materia, cuando el presidente Ernesto Zedillo ha declarado una y otra vez que su gobierno no tiene la intención de reglamentar el derecho a la información ni las libertades de expresión y de información.

Hace unos días, cuando asistió a una comida durante la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, el presidente Zedillo realizó una descripción de lo que sucede en la mayoría de los medios de comunicación. Se refirió al sensacionalismo en los medios, de cómo los medios confunden los asuntos públicos con los privados, de cómo se recurre al escándalo para atraer lectores, radioescuchas o televidentes. Pero la conclusión del presidente es que todo ese problema terminará sólo gracias a la autorregulación de los propios medios de comunicación.

Efectivamente, el Estado no puede imponerle principios éticos a los comunicadores, a los editores o a los concesionarios de radio y televisión. El doctor Zedillo ha dicho incluso que más valen los abusos cometidos por los medios que la regulación jurídica por parte del Estado. Pero, evidentemente, el doctor Zedillo está equivocado.

El Ejecutivo prefiere los riesgos que genera el abuso por la calumnia y la difamación o las mentiras en vez de información. Es decir, prefiere que los medios gocen de impunidad. Pero no se olviden las críticas que por años se ha hecho al mismo Poder Ejecutivo, de ser el principal obstáculo del derecho a la información pública, así como en el pasado se le ha acusado de ser el principal candado de una prensa libre.

El derecho a la información se encuentra fundamentado en el artículo 6 de la Constitución General de la República, en virtud de la adición de 1997, misma que establece: "El derecho a la información será garantizado por el Estado". Este derecho, sin embargo, no ha podido ser garantizado.

Las disposiciones jurídicas que norman la actividad de la comunicación social existentes —que a la fecha están formalmente vigentes— se encuentran en ordenamientos inoperantes, no tanto por lo añejo de su promulgación (la Ley de Imprenta data de 1917) sino por su falta de aplicación y consecuencia con la realidad normada.

La normatividad de las libertades de expresión e información y del derecho a la información cuenta en México con el respaldo del marco internacional establecido por la Organización de Naciones Unidos y la Organización de Estados Americanos, por lo que cualquier propuesta que se desarrolle deberá contemplar lo que ya es norma mexicana y debe ser aludida en los considerandos de la normatividad.

Continuar con la inoperancia de derechos tan fundamentales como los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y ratificado por el Senado en 1980 y publicado en 1981 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA, de 1969, aprobados por el senado en 1980, y publicado en 1981, colocan al Estado en el incumplimiento de una responsabilidad llamada a garantizar tan importante derecho social.

No legislar en la materia no sólo constituye un incumplimiento jurídico sino una irresponsabilidad social que los poderes constituidos deben valorar, antes de tomar la decisión, de establecer o no, reglas claras para el debido ejercicio de los derechos constitucionales de las libertades de expresión e información y del derecho a la información.

Los objetivos que nos hemos trazado los legisladores son muy claros:

  • Establecer un marco para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado de garantizar las libertades de expresión e información y el derecho a la información, establecidos en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Cumplir con el compromiso adquirido de generar las normas secundarias al mandato establecido por los Convenios Internacionales celebrados por México y aprobados por el Senado.
  • Dar marco y garantías al trabajo profesional del informador al establecer la cláusula de conciencia —para que los periodistas no sean obligados en sus medios a difundir aquello que sea contrario a sus creencias o a sus códigos éticos—, el respeto al secreto de sus fuentes informativas y el acceso a la información de interés publico.

Hemos expresado nuestra convicción de jamás entrometernos con contenidos o características de la información que, en efecto, deben quedar en al ámbito de la autorregulación ética, mediante la publicación de códigos deontológicos. Pero también hemos expresado que no creemos que la ética pueda substituir en todo al derecho, como explicaba anteriormente. En ningún país y en ninguna profesión del mundo la ética substituye a las normas, creemos que son complementarias.

Otro de los temas torales es transparentar las reglas de la relación Estado-medios generando, con ello, mayor credibilidad en ambas instituciones. El gasto público en medios de comunicación debe tener criterios claros y provenir de recursos contenidos en partidas presupuestales específicas y estar sujetos a las disposiciones orientadas al control y fiscalización del gasto público.

Que la contratación de publicidad o inserciones satisfaga requisitos mínimos en los medios, tales como la certificación de tiraje, circulación y cobertura. No contar entre los accionistas o propietarios del medio con familiares hasta cuarto grado en línea directa, y hasta segundo grado en línea colateral de cualquier servidor público de la dependencia o entidad relacionado directa o indirectamente con la contratación.

Igualmente, establecer las normas de operación y ampliar la tarea de los medios de gobierno a medios de servicio público, en los cuales la sociedad tenga una participación activa. Esta es una reconversión fundamental para el desarrollo democrático del país.

El tema central es la obligación del Estado a garantizar el acceso a la información, que los expedientes y asuntos gubernamentales dejen de ser privados y en muchos casos secretos. No es posible que México siga compitiendo en medio de la globalidad, cuando ni siquiera se tiene acceso a los archivos oficiales; es bochornoso que a treinta años de la matanza de Tlatelolco, estemos todavía ayunos de lo que realmente pasó, por la inexistencia de legislación en la materia.

El otro gran tema es definir los procedimientos para garantizar el ejercicio del Derecho de Réplica en todos los medios. Es otro tema fundamental. Está en el reclamo ciudadano tener medios de defensa frente al abuso, la desmesura, la calumnia, la mentira, que en ocasiones incurren algunos medios.

Nosotros estamos de acuerdo en que debe existir una instancia plural para la responsabilidad compartida de la vigilancia y arbitraje de los asuntos relacionados con las garantías de los derechos fundamentales de libertad de expresión e información y del derecho a la información. Se ha propuesto al respecto un Ombudsman de la Información, a partir de un instituto.

Hay una tendencia mundial, a incorporar a la sociedad en la vigilancia y aplicación de la ley. En muchos países ya existen estas instancias, pues son mecanismos no punitivos, pero sí eficaces y prácticos para la defensa moral de los ciudadanos frente al Estado y los medios de comunicación.

¿Cómo podría ser este Instituto? Podría tomar el camino que recorrió el IFE o quedarse en su primera parte, como un órgano desconcentrado de la administración pública federal.

Es importante que esta instancia desarrolle, en el ejercicio de sus funciones, objetivos muy claros:

  • Promover el respeto irrestricto a las libertades de expresión y de información, y procurar la defensa y vigilancia del derecho a la información de todos los mexicanos, mediante la promoción de una cultura de legalidad y responsabilidad.
  • El de asesorar e informar a la sociedad en general, respecto a la naturaleza, alcances y responsabilidades de las libertades de expresión e información y del derecho a la información; estimular contenidos en los medios, conciliar los intereses de los actores, impulsar una mayor conciencia de responsabilidad y compromiso, conocer las quejas que se presenten para resolver las controversias entre los medios, la sociedad y el Estado.

En todo esto se ha pensado cuando se revisa el proyecto presentado en abril de 1997: nadie quiere coartar la libertad de expresión, eso simplemente es imposible, la Constitución determina claramente sus límites y garantías. El problema real es que hay quienes —aún en esta naciente democracia— no quieren asumir frente a la sociedad ninguna responsabilidad.

***

En resumen: la transición política, la transición democrática de fin de siglo no es posible si carecemos de seguridad jurídica en materia de medios de comunicación.

Lo anterior únicamente puede ser posible a través del establecimiento de mecanismos que obliguen a que ocurran procesos transparentes, tanto en el otorgamiento de concesiones de radio y televisión, como en la vigilancia de la aplicación de los reglamentos que regulan las actividades en materia de comunicación, evitando al mismo tiempo la existencia de monopolios.

Ello dotará de seguridad a los actores del proceso de comunicación. Que no sea el Poder Ejecutivo Federal el que discrecionalmente goce de tantas facultades. Por ejemplo, en los nuevos títulos de concesión de radio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se reserva en forma expresa el derecho de revisarla cada cinco años. Eso le arrebata certeza jurídica a los concesionarios, quienes, en algunos casos, prefieren dejar de invertir.

Actualmente pisamos un terreno donde impera la inseguridad jurídica. Es necesario que nuestra mirada esté dirigida por un marco jurídico que al mismo tiempo sea el camino para que seamos ciudadanos más libres, para que la democracia en el nuevo milenio sea un ejercicio y no un objetivo inalcanzable.


Dip. Javier Corral Jurado
Presidente de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, de la H. Cámara de Diputados. (Período 1997-1999).

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