La ética intenta que las personas sean mejores como individuos, la política debe hacer que las instituciones funcionen para bien de la sociedad.

(Fernando Savater dixit).

El poder ejecutivo y los concesionarios, en diversos foros y a través de todos los medios a su alcance –que son muchísimos- se han manifestado renuentes a que se revise, se actualice, reforme, o se derogue cualquier aspecto de nuestro régimen legal en materia de medios de comunicación, intentan convencer a la sociedad de que no es conveniente hacerlo, que las cosas están bien como están, que lo único por hacer es instrumentar la autorregulación y un código de ética.

Me parece magnífico y muy necesario que los concesionarios, los periodistas y los políticos, se conduzcan con autorregulación y apego a principios éticos y, mejor aún, que los apliquen también en su conducta personal. Pero nadie puede estar al margen de las leyes. La autorregulación y los códigos de ética, por excelentes que sean, siempre serán opcionales, es decir, pueden o no ser respetados. Las leyes, en cambio, son normas para regular las relaciones dentro de la sociedad y para garantizar una convivencia armónica y, en un estado de derecho, todos los individuos deben someterse a ellas, es decir, son de acatamiento obligatorio.

Los sucesos a partir del asesinato del conductor de televisión Francisco Stanley, el 7 de junio pasado, dan un mentís precisamente a la posición del ejecutivo de la nación y de los concesionarios.

Por un lado, se da un desbordamiento de pasiones totalmente fuera de control, sin que se perciba ni un asomo de autorregulación. La manipulación ejercida a lo largo de más de seis horas de transmisión, exigiendo las renuncias de los gobiernos local e incluso federal, la incitación a un virtual linchamiento de las autoridades del gobierno del Distrito Federal y, como colofón, las palabras del concesionario de TV Azteca, Ricardo Salinas "(...) Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión. Hoy le tocó a Paco, mañana le puede tocar a usted... o a mí... o a cualquiera. La impunidad nos aplasta y ¿Dónde está la autoridad? Pregunto yo, preguntamos todos: ¿Dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad?. En esta ciudad, como en muchas otras ciudades de México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad y también la indiferencia de los ciudadanos ya llegó al límite. Hoy lloramos por Paco y mañana ¿Por quién lloraremos?. Está claro que las autoridades han fallado, pero también los mexicanos estamos fallando. No debemos permitir que nuestros valores se nos vayan de las manos, debemos volver a apreciar el valor del esfuerzo y el gozo de los frutos obtenidos mediante el trabajo. Debemos tener el valor civil de exigir nuestros derechos frente a la autoridad inepta y también de defendernos frente a los cobardes criminales, pero también requerimos el valor de cumplir con nuestras responsabilidades, como son denunciar y atestiguar en los casos criminales como estos. Señores, señoras, sí se puede, hagamos todos juntos un esfuerzo extra para salir de este temor y volver al México pacífico y de progreso para todos. Muchas gracias". Todo esto, demuestra que tampoco operó un código de ética aceptable para una sociedad como la nuestra, que se encuentra buscando formas armónicas para una transición pacífica y democrática.

Por lo que corresponde a las autoridades federales, la dirección de RTC, encargada de aplicar las leyes en la materia, no sancionó a ningún concesionario, no emitió un solo comunicado público, ni se refirió a la situación, no obstante la seriedad del caso en el que al menos un medio de comunicación resulta responsable de haber infringido, los siguientes artículos: 2o, 4o, 5o, 10º, 11º, 64º y 101º de la Ley Federal de Radio y Televisión y 36º y 37º del reglamento correspondiente, sin menoscabo de los que pudieran aplicarse derivados de la Constitución y las diversas leyes y códigos que se relacionen con este asunto.

Por ello resulta imperiosa la sustitución de la actual Ley Federal de Radio por una Ley de Comunicación Social. La que rige hoy está ya rebasada por los hechos sociales, políticos y económicos y por los avances científicos y tecnológicos.

Es necesario que se actualice, además, para responder a los retos que la modernidad impone y para que la sociedad y los diversos sectores que la componen, puedan acceder, sobre todo, a los medios electrónicos. Se trata de garantizar la libertad de expresión y el reconocimiento de que somos una sociedad plural, en el marco de un absoluto respeto a nuestras leyes.

La radio lleva 75 años de existencia en el país, la televisión ya prácticamente 50. No más de 15 grupos controlan la primera, mientras que sólo 2 grandes cadenas acaparan la segunda. El ejecutivo, mientras tanto, sigue siendo el único que puede otorgar o revocar los permisos o las concesiones para operar estaciones de radio y/o televisión. La diversificación de las concesiones es, pues, un asunto de la mayor relevancia, si queremos acceder a vivir en un estado democrático.

Pero para que se dé una diversificación de las concesiones y/o permisos, como la que planteamos, es menester acabar con la facultad discresional del ejecutivo en su otorgamiento, que es la que a lo largo de casi todo este siglo ha permitido construir toda una red de complicidades y relaciones que se antojan perversas, con el propósito de protegerse mutuamente y perpetuarse en el poder, dentro de un sistema que hoy, más que nunca, es incompatible con las aspiraciones de la sociedad y los derechos de la ciudadanía. Lograr esta diversificación es una labor que le corresponde al poder legislativo.

Por desgracia, los legisladores de los partidos políticos de oposición no se han atrevido lo suficiente con el propósito de cambiar las leyes de la materia. Temen ser sujetos de represalias por parte de los medios de comunicación, como ocurrió a finales de 1998, cuando supuestamente todos los partidos, incluído el PRI, estaban de acuerdo en analizar la posibilidad de iniciar trabajos para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley de Imprenta. Poco a poco y uno a uno se fueron distanciando, hasta quedar sólo y solo, el presidente de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados, el panista Javier Corral. Inmediatamente se convirtió en blanco fácil de los ataques, acusado de estar fraguando una Ley Mordaza y, su partido, fue sujeto de una temporal pero muy efectiva advertencia de los medios, especialmente los electrónicos. Según su actual dirigente Luis Felipe Bravo Mena, por al menos una semana sufrieron la Ley del Hielo.

En este sentido, los partidos políticos han actuado con mezquindad frente a la sociedad. Atienden exclusivamente las prerrogativas que el COFIPE les confiere y debaten, discuten, se pelean, por tener los mayores y mejores tiempos en radio y en televisión, de los cuales se puedan servir mejor para llevar a cabo sus campañas, sobre todo en tiempos electorales. Pero a la sociedad la abandonan a su suerte.

Los momentos políticos por los que atraviesa nuestro país demandan un mayor compromiso y una gran generosidad, no sólo de parte de los legisladores, sino de todos los ciudadanos. Pero en esta situación son los diputados los que debieran estar preocupados mayormente por sacar adelante una Ley de Comunicación Social orientada a lograr –sobre todo- que, la radio y la televisión impulsen, promuevan, apoyen y defiendan la consolidación de nuestro desarrollo democrático, no solamente de manera enunciativa.

Además de los beneficiós que representaría contar con un nuevo marco jurídico en la materia, desde los puntos de vista político y social, imaginemos, por un momento, los que podrían darse en los terrenos de lo económico y de lo laboral. Con verdadera competencia ¿Qué pasaría con las decenas, cientos, miles de egresados de las carreras de comunicación, arte dramático, diseño, ingeniería electrónica, escenografía, dramaturgia? Por citar sólo algunos ejemplos. ¿Qué incidencia tendría ello en la ampliación de la oferta y en el abatimiento de la demanda laboral? ¿Qué sucedería con los exorbitantes costos de la publicidad? ¿Cómo se reflejaría ésto en el mercado? Preguntas como estas podrían seguirse haciendo.

En el mundo actual, si el acceso a los Medios de Comunicación y su comportamiento no son democráticos, es impensable la existencia de la democracia dentro de la sociedad. En México, no podemos seguir esperando.