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Carr. Lago de Guadalupe Km. 3.5, |
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| Por Susana E. Espinoza Cruz Número 17 CAPITULADO 1.- Relaciones de poder ¿qué son? HIPOTESIS Las industrias de la información y la comunicación se convirtieron en actores económicos en el momento que observaron su capacidad de influir de forma decisiva -positiva o negativamente- las economías nacionales, regionales y globales. Esta capacidad de acción económica los convirtió en actores sociales y políticos determinantes con el poder necesario para establecer políticas en relación a sus intereses. Tenemos así que, a partir de la convergencia de capitales y tecnologías en pocas manos, los medios de comunicación en nuestro país, constituidos como grupos industriales, dejaron de ser intermediarios sociales para convertirse en actores políticos de peso(VI). La capacidad de influir en la economía mexicana(VD1) le da a esta industria un poder de negociación a nivel cúpula inmenso; situación que le permite ejercer también una influencia determinante en las políticas nacionales de Estado(VD2) y más aún, en las características sociales de un país. Esta situación permite negociar a los dos actores posiciones hegemónicas y de influencia social, cosa que los lleva a aliarse para legitimar su gestión social.
"La relación es el punto de partida para toda producción, creación y comprensión de la realidad humana, social y natural". 1.- RELACIONES DE PODER. ¿QUE SON? La relación es una forma de asociación entre dos o más conceptos, es el camino que el hombre utiliza para entrar en contacto con las cosas o con otros hombres. Es la forma que tiene para entender su entorno, para conocerlo. Estas asociaciones se realizan en un determinado ámbito que le da sentido a la relación. En el caso de este ensayo, propongo que el ámbito en que se desarrollan las relaciones sea el del poder; y sean la industria de la comunicación (IC) y el estado mexicano quienes contextualicen esta relación. Si el poder es el ámbito que le da sentido a la relación entre IC y estado, es necesario entonces que definamos el poder. Por poder entendemos la facultad del hombre para actuar. Esta facultad incluye la posibilidad de reunir diversas voluntades para obrar por un fin común. Esta capacidad está limitada por reglas específicas de acuerdo a la sociedad en que se desarrolle. El poder es la "fuerza y la capacidad de controlar a los otros… es en última instancia exercitium: el ejercicio del poder." El poder sólo puede ser ejercido sobre sujetos que deciden sobre sus acciones; por lo tanto, la condición esencial del poder es la libertad. El poder es un concepto político; sin embargo su origen es ético. La ética le da al poder el significado de libertad (Sartori, 1989); sin embargo, este significado se transforma al llegar al ámbito de la política que lo concibe en términos de control. El control es tal únicamente cuando se ejerce. Y ejercer este control implica una relación del individuo con otros actores donde unos dominan y otros son dominados. Sin esta relación, el poder es imposible. Para este trabajo, el poder es el vínculo que relaciona a la industria dela comunicación y al estado. Entendemos entonces las relaciones de poder como las formas de asociación entre los hombres para obtener el control. Las relaciones de poder no son otra cosa que la lucha por dominar y no ser dominado, por obtener una posición privilegiada con respecto al otro. Es una forma de interacción que requiere necesariamente del otro para legitimar mi posición. En las relaciones de poder, los hombres se asocian por el control (físico, mental y/o psicológico) y se relacionan gracias a esto. Las relaciones de poder se proyectan en el ámbito de sentido del poder y generan un intercambio simbólico entre los actores del proceso -IC y estado- quienes legitiman esta relación. Este intercambio simbólico se lleva a cabo en la arena de los social. Es el espacio social donde se producen las relaciones de poder precisamente porque éste es lugar que permite desarrollar diferencias, posibilita la creación de un sistema de posiciones que se definen en y por sus opciones mismas y que permite se realice una práctica orientada a producir valores admitidos socialmente. (Accardo, 1984.). Sin embargo, no es todo el espacio social el utilizado por la IC y el estado para establecer sus relaciones. La IC y el estado utilizan la esfera del espacio público para interactuar. Y esta interacción se constituye en ámbito de sentido por si misma. Dentro del espacio público, el contexto que legitima las relaciones de poder entre los actores en juego es el de la política y la economía. Esto se deba a varias razones:
Sin embargo, la sociedad es quien en conjunto, legitima las relaciones de poder entre el estado y la IC. La legitimidad de sus posturas es un problema compartido por ambos. Esto es utilizado tanto por la IC como por el estado para aliarse o separarse de acuerdo a las coyunturas el país. Son entonces la IC y el estado quienes construyen, a través de la opinión pública -que no es la opinión del público- los ámbitos de sentido y la legitimidad social que para posicionarse legítimamente en el espacio público dentro de la esfera social. Focault propone que para analizar las relaciones de poder tomemos en cuenta los siguientes factores:
2.- ACTORES Conozcamos entonces a los actores de este proceso: la industria de la comunicación y el estado. En un primer acercamiento observamos que estos actores representan dos esferas diferentes, en principio diferentes, pero unidas por la constante política que a ambos actores determina:
Para el caso de esta investigación los actores que entran en juego son: Estado Mexicano Podemos definir al estado como la unidad de decisión suprema que actúa respecto a una población y un territorio determinados y cuya función principal es organizar la heterogeneidad social . La facultad de decisión suprema es tal pues el estado es quien reúne el monopolio de la coacción física (el ejército) y de la producción de dinero (el Banco de México) dentro de la población y territorios específicos. El estado puede definirse también como :
En México el estado está dividido en tres poderes: Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Para este trabajo sólo retomaremos los siguientes actores del estado: PODER EJECUTIVO: Presidente de la República.- Ernesto Zedillo Ponce de León. Secretarios de Estado SeGob/RTC.- Francisco Labastida Ochoa/Carlos Reta Martínez. SEP/Conaculta.- Miguel Limón Rojas/Rafael Tovar y de Teresa. SCT/Cofetel.- Carlos Ruiz Sacristán/ PODER LEGISLATIVO Cámara de diputados .- LVII legislatura Comisión de RTC.- Javier Corral Comisión de Cultura.- María Rojo Cámara de senadores.- LVII Legislatura Industria de la Comunicación Podemos definir a la industria de la comunicación como el sector en que convergen la industria electrónica, la informática y la cultural para producir, distribuir, consumir e intercambiar bienes y servicios -materiales y simbólicos- de información y comunicación. En este sentido podemos pensar en una división de la industria de la comunicación según varias características:
a)Producción de infraestructura b)Producción de contenidos culturales
3.- RELACIONES DE PODER ENTRE EL ESTADO Y LA IC VIEJAS LOGICAS. Es imposible dejar de hablar de la década de los 60 si deseamos contextualizar cualquier situación que acontece hoy en día en el país. Tampoco podemos prescindir del ´68 para explicar la multiplicidad de fenómenos sociales del México contemporáneo. El caso de las relaciones de poder que se establecen entre los medios de comunicación -constituidos actualmente como industria- y el estado mexicano no es la excepción. El proyecto de nación, instrumentado en 1929 por Calles, ve en la década de los 50 uno de sus mejores momentos: la industrialización del país. Pronto el status rural que tenía la mayoría de la población se transforma en urbano gracias a la concentración de individuos y familias alrededor de las fábricas e industrias. El llamado "milagro mexicano" tiene en Miguel Alemán Valdés el principal promotor de la industrialización y la apertura del México de mediados de siglo. Cualquier iniciativa que contribuya al crecimiento del país es apoyada desde el estado. Los medios de comunicación no son una excepción. Es precisamente esta industria quien captó el interés personal del presidente Alemán quien se convirtió en promotor y empresario de la misma. Pero Alemán no sólo impulsó la industrialización del país. El sistema político mexicano consolida sus características en este periodo: control férreo de las instituciones y sindicatos, corporativismo, reorientación derechista del proyecto revolucionario impulsando el capitalismo, fusión PRI-gobierno, relaciones de poder al margen de la legalidad, autoritarismo, presidencialismo, confianza en las instituciones, etc. Los medios de comunicación no quedan al margen del estado mexicano por lo que definen, en acuerdo con los gobernantes, las reglas bajo las cuales jugar: "nada de política, nada de agresiones al nuevo aliado a la sombra (la iglesia católica), nada de mostrar procesos de radicalización… la censura se implanta con ferocidad y se fomenta la tradición de la autocensura… y se procede a la doble operación, cuyo punto departida es la eliminación de los debates, las críticas, las informaciones importantes. Por un lado se impulsa la perspectiva del cinismo y la masificación del oportunismo… por otra parte se ratifica la demagogia como único lenguaje público". De esta manera vemos cómo se desarrollan las relaciones entre el la industria de la comunicación y el estado mexicano. 1960 es un año de especial importancia en estas relaciones de poder. Se emite la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) bajo el régimen de Adolfo López Mateos instrumento con el cual el estado "regula" la participación del sector privado en los medios de comunicación. Esta ley la utilizará entonces para legitimar su poder frente a los industriales de la radio y la televisión. (Fernández, 1982). Sin embargo, la debilidad del cuerpo legislativo ante las presiones industriales impide modificaciones sustanciales a las formas bajo las cuales usualmente trabajaba esta industria. "En un régimen fundamentado en los medios de producción, las medidas tomadas por los legisladores y ministros no estarán fundamentalmente en contra de los intereses de los propietarios". Se decreta así una ley más facultativa que normativa de esta industria. Sin embargo, el antecedente está planteado. El estado desea intervenir en esta industria ya que se ha dado cuenta del poder económico y político que va adquiriendo. La hegemonía del poder la desea sólo para sí y el estado no está dispuesto a compartirla. Se establece, a partir de ese momento, una forma de acción estatal: "a mayor poder político y mayor influencia social de la industria de la radio y la televisión, el estado intenta ejercer un mayor dominio." Díaz Ordaz (1962-1970) llega al poder con un dominio total sobre la IC. Vemos "un control drástico de los Medios, la prensa docilizada por los subsidios y las cuotas de papel, muy escasas zonas críticas, la televisión como un sistema noticioso a manera de crónicas sociales, la radio bajo la censura", etc. Y para reforzar este poder el estado manifiesta abiertamente su intención de participar como emisor en los medios de comunicación y decreta en 1969 que el 12.5% del tiempo de transmisión de los canales comerciales se otorgará al estado de manera obligatoria.
Esta situación hace que los industriales de los medios -como lo habían hecho en 1960- vuelvan a unir fuerzas. Sin embargo, a pesar de la lucha abierta que se había generado entre ambos actores, el estado se ve obligado a doblegar su poder ante la para legitimar su posición después del 2 de octubre de 1968. A escasos 10 días de las Olimpiadas, la necesidad de recobrar, en el menor tiempo posible, la legitimidad perdida y poder mostrar al mundo la imagen de un país pacífico y confiable, llevan a Díaz Ordaz a negociar con los medios de comunicación. Concesiones, subsidios, publicidad y exención de impuestos a cambio de presentar una cara favorable de su gobierno al mundo son los resultados de la concertacesión. Los medios ceden ante las ventajas que el gobierno les otorga y adquieren un poder político y de negociación insospechado. Los medios reciben así al presidente Luis Echeverría sumamente consentidos y con un poder utilizado en favor de sus intereses. El sexenio de Luis Echeverría establece una política de Estado populista que desencadena una batalla contra la iniciativa privada del país. Los medios no quedan exentos de estas políticas y se enfrentan, en 1973, al decreto de un Reglamento de Radio y Televisión que puntualiza las condiciones en materia de radiodifusión que la Ley de 1960 no señalaba. Sin embargo, los industriales tratan de minimizar los efectos del Reglamento y evitan, a toda costa, la acción del gobierno sobre los medios de comunicación. El resultado de este periodo de luchas entre el gobierno y la iniciativa privada presenta dos vertientes:
La gestión de José López Portillo (!976-1982) se caracteriza por los altibajos que en materia de política de comunicación presidió. En 1977 decreta como derecho constitucional de todos los mexicanos el derecho a la información -prerrogativa declarada derecho universal 30 años por la ONU (1948/ Declaración Universal de los Derechos Humanos)-. El derecho a la información se convierte en una facultad más del individuo común, Sin embargo, este derecho conlleva una carga importante. En tanto que el derecho a la libre expresión prescinde del estado para ejercerse, el derecho a la información requiere de la intervención del estado para cumplirse. Intervención que se limita a hacer cumplir a todos los actores (medios de comunicación, políticas de gobierno y sociedad) con sus obligaciones para detentar una información eficaz y verídica. Desde esta perspectiva, el derecho a la información reclama del estado la creación de normas y reglas claras que permitan el libre ejercicio de esta facultad. Sin embargo, los industriales de la comunicación hábilmente se deslindan de esta responsabilidad y la delegan en el gobierno quien, a partir de ese momento, tendría la obligación y responsabilidad de informar "correctamente" a la sociedad. Y serán entonces los medios de comunicación quienes vigilen el cumplimiento de esta situación. Con este derecho, el desarrollo de los medios de comunicación comerciales se vio aún más favorecido en tanto que los medios estatales y su función social disminuída. Los gobiernos tanto de Luis Echeverría como de José López Portillo, enfocaron sus políticas a tratar de normar a los medios; sin embargo, ni los esfuerzos fueron suficientes ni el Estado impulsó realmente este tipo de reformas por varias razones -que hoy en día se siguen aplicando-: 1) los problemas económicos y políticos del país exigen una atención primaria por encima de reformas o cambios al sector de las comunicaciones, 2) evitar el descontento del sector privado (en manos de quien se encuentran los medios de comunicación) 3) el Estado no podía enemistarse con el ex monopolio comunicativo que de nuestro país (Televisa) ya que sin su apoyo, no podría sobrevivir en el poder. Además de esto, si desde el estado se instrumentasen políticas a los medios de comunicación sería ir en contra de los mismos intereses de clase. Miguel de la Madrid caracterizó su mandato, en relación a las políticas de comunicación, por un regreso a las "condiciones de libertad" en que, hasta hacía algunos años, habían vivido los medios de comunicación. La retórica de los cambios radicales en las políticas de los medios había quedado casi acallada y la participación estatal en la comunicación social disminuida al grado de delegar esta responsabilidad a los medios comerciales privados. Esta gestión se destaca también por poner en órbita el sistema satelital Morelos I y II y finalmente por replegarse y dejar de intentar competir con la iniciativa privada. De tal suerte, la cuestión de las políticas en materia de comunicación quedan reducidas a la libertad de expresión, situación que permitiría a los medios actuar libremente. Vemos entonces cómo después de 1982, el estado abandonó la discusión de las reformas políticas y culturales para los medios de comunicación. Lo que el pueblo deseaba no eran más canales de participación. Antes que eso, era necesaria la democratización de los medios en contraposición a los deseos del sector privado que lo único que quería era seguir imponiendo su criterio ideológico a la sociedad. Para el estado, los medios de comunicación ya no constituían un problema: "toda la política de comunicación había quedado reducida a la cuestión de la libertad de expresión". En la actualidad, el papel de los medios de comunicación se traduce en diversión o entretenimiento. "La función de comunicar, difundir, informar, está determinada por el control político del estado y los intereses mercantiles de dueños y patrocinadores. Las necesidades, intereses, derechos, expresiones y posibilidades de comunicación de los grandes sectores de la población son mínimamente recogidos, manipulados, mediatizados o ignorados por el grueso de los medios." Para 1988 tanto el estado como la IC -especialmente los medios electrónicos- carecen de credibilidad social. Después de lo sucedido 20 años atrás, ya nada es aceptable de estas dos instancias. Es por eso que ambos actores instrumentan estrategias para recuperar su posición hegemónica en la sociedad. Carlos Salinas de Gortari inicia pues, una nueva etapa en las relaciones de poder en todos los ámbitos. Más adelante describiré lo sucedido en su sexenio. 4.- NUEVAS LOGICAS Los medios de comunicación irrumpieron de forma contundente en las economías mundiales al conformarse como industrias o grupos de comunicación a partir de la década de los 70. La crisis de energéticos puso en el escenario principal a las tecnologías de comunicación e información que proponían soluciones concretas e inmediatas a esta situación. Ello permitió que la industria de la informática, las telecomunicaciones y la electrónica se desarrollaran vertiginosamente tanto individual como conjuntamente hasta el punto de llegar a converger en la digitalización de los sistemas. La convergencia de la informática, electrónica y telecomunicaciones promovió también la convergencia de capitales de las industrias del ramo. En la medida que el desarrollo tecnológico avanzaba, la unión de capitales se hizo inminente. De tal suerte que para la década de los 90, veinte años después de su aparición en la escena mundial, la Industria de la Información y la Comunicación toma un papel protagónico en las economías contemporáneas globales. El secreto de este papel protagónico reside en la concentración de capitales que reúnen, a lo sumo en 20 multinacionales, a todos los medios de comunicación del orbe. La importancia de la concentración en pocas manos no radica tan sólo en la estructura económica misma sino en el hecho de ser precisamente la industria de la comunicación quien concentra este poder. Diversos ramos industriales han monopolizado por décadas la extracción de metales y de materias primas; otros han concentrado la producción de insumos como el petróleo o la energía o bien se han reunido en mercados oligopólicos poderosos. Sin embargo la relevancia de la concentración del poder en la industria de las comunicaciones radica en que es productora de materiales y contenidos culturales. En este sentido, las industrias de la información y la comunicación no sólo mantienen su posición como actores económicos (por su capacidad de influir de forma decisiva -positiva o negativamente- en las economías nacionales, regionales y globales). La capacidad de acción económica los convirtió en un grupo de presión -actores políticos- con el poder necesario para determinar políticas que beneficiaran sus intereses. La concentración de los medios en pocas manos da a los dueños un poder de gestión y decisión enorme no sólo en la esfera económica sino también en la política. El caso de la IC en México no es una excepción. La IC no es la única que se ha transformado. El estado mexicano también lo ha hecho. "La reforma del estado surgió a mediados de la década pasada como uno de los puntos centrales en la agenda de la reestructuración de las economías y las sociedades de América Latina, a partir de la reconfiguración de la economía mundial y de la crisis regional… Estos cambios, referibles en último análisis a la aceleración de los proceso de globalización económica y financiera, están en desarrollo desde la década de 1970 por lo menos y se aceleraron notablemente en 1980. Se trata de transformaciones en la configuración y funcionamiento de la economía internacional, en las sociedades y economías locales y regionales, en los procesos de producción, en los recursos de poder de los actores, en sus relaciones recíprocas y en su eficacia para alcanzar sus objetivos y promover y defender sus intereses. En conjunto, implican profundas transformaciones en las bases sociales de los estados y, más en general, una reestructuración de las relaciones entre estados, mercados y sociedades. Las transformaciones en las relaciones de poder significan cambios de y en los grupos que se expresan en el estado y sus políticas y que encuentran en aquél y en estas medios privilegiados para promover sus intereses y objetivos" Esto es, la reforma del estado implica la creación de nuevos pactos y concensos entre los actores sociales, políticos y económicos, pactos que permitirán incorporarse en el escenario a los nuevos actores surgidos en la sociedad. (Blum, 1996). Por ejemplo, la IC. La lucha por las posiciones hegemónicas ya no se dirimirá en la arena de lo político exclusivamente. Esta lucha se realizará en los medios de comunicación. La lucha no será más política tanto como de estrategias de mercado, de marketing político, etc. Los medios de comunicación han tomado el papel de la arena política pues la política no apela más a la sociedad. "Los pactos políticos celebrados por las administraciones cardenistas y alemanistas con los sectores corporativistas de masas y con los empresarios nacionales, respectivamente, se (ven) afectados por los procesos de apertura comercial, la liberación de la economía y la privatización del sector paraestatal". Las viejas lógicas no funcionan más. Los cambios económicos no sólo afectan las relaciones económicas entre los diversos actores sino van más allá. Modifican las formas de relacionarse, los acuerdos y entendidos políticos y desmantelan los más importantes mecanismos operativos con que contaba el estado -por ejemplo, el corporativismo10a -. Es necesario entonces replantear los actores, las alianzas y estrategias. En este sentido vemos cómo se vinculan estrechamente el estado contemporáneo con los intereses económicos de los capitales privados. La IC y el estado mexicano son un ejemplo de esta nueva relación. 1988 se establece como el año de rupturas y cambios. Por primera vez en la historia de la política mexicana la comunicación alcanza un rango político primordial y comienza a utilizarse deliberadamente como herramienta de legitimación. La comunicación -se piensa- es en la sociedad de masas, el adecuado sustituto de la democracia (Monsivaís, 1992) porque mientras se escenifique el juego democrático es posible evitarla de facto. Los medios entonces van más allá de la política pues son ahora ellos quienes proponen las reglas del juego político. "La presencia de los medios no es la única ¨prima de poder¨, ero es una prima de creciente trascendencia. Dispones de la misma presupone tener capacidad de comunicación política, de ¨producir opinión pública¨ y por ende, capacidad de escenificación política. Precisamente este es un ámbito de desempeño relevante de la política misma que ya es importante, y que será cada vez más importante". El estado entonces, inconscientemente otorga a la IC un poder antes impensable y , por lo mismo, la capacidad de negociación directa con él. La IC se convierte entonces un grupo de presión sin precedentes. Ha actuado así a lo largo de su existencia. Sin embargo, esta posición se ha reafirmado en los últimos años. Entendemos como grupo de presión el conjunto de individuos reunidos por "una voluntad de influir en las decisiones de los poderes públicos" quienes comparten la misma actividad económica dentro del sector privado. Son "asociaciones de carácter privado, que tienen injerencia directa o indirecta en decisiones políticas relevantes y cuya acción no se lleva a cabo a la luz pública." Tres elementos se destacan en el caso de la IC como grupo de presión: sus recursos económicos, su organización y su status social. Estos elementos han permitido el desarrollo de la IC como una industria poderosa e influyente en las decisiones de estado. Por recursos económicos entendemos el capital (líquido y/o en inversión) con que cuenta la industria en cuestión, capital que le permite negociar directamente con el estado. Por ejemplo, en 1997 Televisa tuvo ventas anuales por encima del 1700 millones de dólares, una utilidad de 740 millones de dólares, un patrimonio de 1920 millones de dólares y activos de 4.23 millones de dólares y se encontraba en el lugar número 80 en el ranking mundial de empresas de todo tipo. En el mismo año TV Azteca vendió 453 millones de dólares con una utilidad de 144 millones de dólares, un patrimonio de 342 milones de dólares y activos por encima de 1.3 millones de dólares. TV Azteca ocupa el lugar 400 en el ranking mundial. La IC se destaca por su capacidad de organización -tanto al exterior como al interior de la misma- factor que le ha permitido negociar e influir de forma determinante en las políticas de estado del país. La IC se encuentra agrupada en varias cámaras entre las que destacan : CNP (Consejo Nacional de la Publicidad), CIRT (Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión), Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión por Cable, Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, AMAP (Asociación Mexicana de Agencias de publicidad), ANP (Asociación Nacional de la Publicidad, A.C.), Asociación de Periódicos Diarios de la República Mexicana, Asociación Nacional de Anunciantes de México, A.C:, etc. El sistema de cámaras ha sido propiciado por el estado quien, en el intento de conocer las acciones, estrategias, objetivos, etc. de los diferentes grupos económicos del país, ha fomentado la organización de los diversos sectores y les ha dado poder. Un ejemplo específico de este poder lo encontramos en los mismos estatutos de la CIRT. El capítulo II señala abiertamente que el propósito de la Cámara es representar los intereses de la industria solicitando a las autoridades gubernamentales la creación, derogación y/o modificación de leyes, reglamentos o decretos que perjudiquen sus actividades e intereses como industria (Fernández, 1982). En cuanto al status social este tiene que ver con la reputación de que goza el grupo en la esfera social. En las viejas lógicas, el status estaba ligado al poder económico de la industria. En las nuevas lógicas, no sólo es la capacidad económica lo que le da una posición relevante en la sociedad. Para estas nuevas lógicas es necesaria la legitimación social.
5.- AMBITOS DE SENTIDO Y LEGITIMIDAD DE LA IC Y EL ESTADO La IC y el estado comparten el problema de la legitimación. Cada día es necesario obtener de la sociedad la aprobación y el consenso de sus acciones. El estado se legitima a través del voto y las encuestas de opinión que le dicen lo que la gente piensa de él pero sobre todo, fundamentan y justifican su presencia en el gobierno. La legitimidad de la IC se basa en el derecho a la información y la capacidad de crítica (Wolton,1992) que cada medio tenga, situación que se refleja en el consumo que de sus productos culturales hace la sociedad, de las encuestas de opinión que le dicen cual es el grado de credibilidad social, de los ratings, de la publicidad, etc. De cualquier forma, ambos actores buscan siempre la aprobación social. La necesidad de legitimarse ha hecho que estos actores se alíen a pesar de sus diferencias. En las nuevas lógicas el poder económico-político de la IC hace que el estado adapte sus reformas a los propósitos de esa industria. Se convierten así en aliados para conservar la hegemonía de su poder. Es por ello que se explican tres situaciones que se dan en la relación IC-estado: "1º La conveniencia del estado en compartir un conjunto de valores, es decir, de tener una ideología común con los industriales de radio y televisión. 2º El carácter administrativo y facultativo de la casi totalidad de las disposiciones jurídicas dictadas en materia de radio y televisión. 3º La actuación de los industriales de radio y televisión como grupo de presión, en el momento en que alguna disposición jurídica aparece como contraria a sus intereses." Para obtener legitimidad social la IC y el estado necesitan construir una opinión favorable a ellos dentro del espacio de acción social que les compete; es decir, el espacio público. La relación entre estado-IC se lleva a cabo en el espacio público. Y es este espacio público el lugar propicio para generar la legitimidad que ambos buscan obtener. Entendemos por espacio público el "marco mediático gracias al cual el dispositivo institucional y tecnológico propio de las sociedades post industriales es capaz de presentar a un "público" los múltiples aspectos de la vida social.". Es el medio en el cual la sociedad se presenta como espectáculo y se representa a sí misma. En el espacio público se construye la identidad colectiva de una sociedad, identidad que le permite comunicarse consigo misma en primer lugar y con otras sociedades entre sí en segundo término. (Ferry, 1992). El espacio público ya no es más la plaza griega donde se dirimían los asuntos de los ciudadanos. El nuevo espacio público se fundamenta en un aparato tecnológico, propuesto por los medios de comunicación, y un aparato institucional constituido por el estado. Hoy en día no existe el espacio público sin los medios de comunicación. Lo público es público en la medida que se ve escenificado en los medios masivos. Y esta condición no es sólo para la sociedad. El ámbito de la política requiere también de los medios y sus modelos para permanecer en el ámbito de lo público. (Barbero, 1992). La política ha tenido que hacer uso de los medios y de sus lógicas por su incapacidad para apelar a la sociedad. (Ferry, 1992) Las instituciones, fundamento de cualquier sistema político, ya no responden más a las necesidades sociales. Si entendemos a las instituciones como las reglas del juego de cualquier sociedad (North, 1992) que establecen límites al intercambio material y simbólico de los actores sociales, económicos y políticos y disminuyen la incertidumbre que genera la conducta humana, observamos que, para el caso mexicano, las instituciones políticas ya no actúan más en ese sentido. Y en tanto que su acción no corresponda más a las necesidades sociales, la pérdida de legitimidad es irremediable. La política entonces requiere reconstruir esa legitimidad que le asegura la consecución en el poder. Generar nuevamente un consenso social implica apelar a los ciudadanos y ello conlleva, en la actual lógica, un uso mediático. La política entra entonces en la dinámica de los medios de comunicación. Aprende sus ritmos y sus tiempos, la construcción dramática y teatralizada de los discursos, la preparación publicitaria de la nota a ocho columnas, la presentación capitulada de la política, la creación de la imagen del político como estrella holliwoodense, la venta de la imagen, de sueños y esperanzas como si fuese una campaña de publicidad de cualquier producto…Todo esto para crear una opinión pública (que no opinión del público) que legitime la acción del estado. La opinión pública es el sistema de representación de lo que piensa la mayoría y que se legitima a través de los medios de comunicación quienes han tomado el papel hegemónico en la construcción de la misma. La opinión pública se construye a partir de los siguientes elementos:
En todo el proceso de creación de opinión pública los medios juegan un papel hegemónico ya que son ellos quienes proponen los límites del llamado espacio público. Tres son las relaciones que se generan a partir de la construcción de la opinión pública que se establecen entre IC, estado y la misma opinión.
El resultado de estas relaciones se establecen de acuerdo a los intereses de cada actor y al peso específico de cada uno en el espacio que comparten y por el que compiten. Si la opinión pública es el resultado de la relación de los diferentes actores sociales que juegan en la arena de lo público, es preciso volver a decir que esta opinión es producto de un concenso. Expresa la mayoría de las opiniones pero no la totalidad de ellas. La opinión pública es "aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de sanciones y en la cual puede fundarse la acción llevada adelante en público". Es una relación de poder en la medida que genera lo que conocemos como espiral del silencio. (Neumann, 1992) "Para no encontrarse aislado socialmente, cualquier individuo puede renunciar a su juicio… La tendencia a expresarse en un caso, y a guardar silencio en el otro, engendra un proceso espiral que en forma gradual va instalando una opinión dominante…(esta) opinión dominante impone una postura y una conducta de sumisión a la vez que amenaza con aislamiento al individuo rebelde" La opinión pública es entonces una relación de poder donde se impone una opinión dominante sobre una dominada. Es un acto de sumisión a partir del cual dos actores se relacionan y juegan el rol dominate-dominado, rol que, en los sistemas democráticos, tiende a cambiar. En este sentido son importantes las relaciones que se establecen entre los medios, el estado y los líderes de opinión en la creación de la opinión pública. La opinión pública puede ser vista entonces como una herramienta que utilizan el estado y la IC para mantener su posición de dominantes además de construir su legitimidad. ¡Vaya rol de la opinión pública que no sólo define posturas hegemónicas para la IC y el estado sino también los legitima en este poder!. Lógicamente la IC ha tomado el papel hegemónico en la creación de la opinión pública y ante esta situación el estado no ha tenido otro remedio que aliarse a su poder. "En el fondo estamos en presencia de dos modos de legitimación totalmente diferentes entre sí, que pueden guardar una relación a veces de competencia, a veces de complemento, pero que en todos los casos se complementan recíprocamente y que en ningún caso deberían sustituirse: la legitimación por medio dela comunicación y la legitimación por medio del procedimiento." CONCLUSIONES El recorrido hecho en este trabajo nos permite darnos cuenta de la necesidad tanto de la IC como del estado de asociarse para mantener la hegemonía del poder. El poder es el ámbito de sentido de su relación y bajo este se alían para generar un contexto de legitimidad en el marco social. Estado e IC utilizan el espacio público para dirimir sus diferencias o realizar sus alianzas pero sobre todo, para legitimar sus relaciones en la sociedad. Es precisamente este espacio público el que permite esta asociación en el marco del cual refuerzan su postura social. Precisamente en este marco, la opinión pública nace como la herramienta que utilizan ambos actores para certificar sus conductas y acciones, para legalizar su gestión social. Pero no es sino hasta la apertura de los mercados mundiales, a la globalización de las economías, a la convergencia de capitales cuando estas relaciones se hacen no sólo inminentes sino necesarias. Asistimos al proceso de reconversión de las lógicas y los procesos económicos, políticos y sociales y en esta transformación la IC y el estado no quedan afuera. Cada vez más lo político se entremezcla con lo comunicativo y van de la mano en las nuevas estructuras sociales de fin de siglo para mantener el dominio social de ambos actores. Su relación es indispensable y su acción inminente. La política no puede alejarse más de la comunicación. Y si concebimos a la comunicación como un poderoso conglomerado económico a fin de siglo, entendemos entonces la alianza de la economía con la política. De hecho lo económico ha hecho que la político gire en derredor. Es el caso de la IC quien, gracias a su poder económico ha podido penetrar de manera contundente en el ámbito político y se ha convertido en un actor político sin precedente. BIBLIOGRAFIA
Susana E. Espinoza Cruz Ma. en Comunicación |