Por Dra. Mireille Roccatti
Número 22

Sumario:
I.- Génesis.
II.- Trayectoria.
III.- Impacto del Ombudsman en Latinoamericana.
IV.- El Ombudsman y la transformación del Estado.
V.- Dimensión del Ombusman como centinela del principio de Legalidad.

I.- Génesis

La generosa Institución nace en Europa, y su más remoto antecedente se localiza en la figura del "Justittie Kansler" creado por el Rey Sueco en el Siglo XVI.

En un principio, este órgano actúa como Delegación de la Corona cuyas funciones, entre otras, era la de supervisar la correcta aplicación de las leyes por parte de los servidores públicos.

Más tarde, la Institución se consagra en la Ley Constitucional Sueca de 1809, su ejercicio queda a cargo de un funcionario designado por el Parlamento y su función consiste en vigilar la actividad de los tribunales. Actualmente, la Constitución vigente de Suecia de 1947 aún conserva esta figura, la cual se encuentra regulada por el nuevo documento constitucional "Instrumento de Gobierno ", mismo que está en vigor desde 1975 y que, de conformidad con el modelo original queda asignado a un funcionario dependiente del Parlamento pero con autonomía funcional, con la atribución esencial de recibir las reclamaciones de los gobernados contra las autoridades administrativas cuando afecten sus derechos e intereses legítimos.

La función de esta figura tiene como propósito obtener un pronto arreglo, o bien, en caso de no lograrlo iniciar una investigación para formular recomendaciones a las propias autoridades administrativas, mismas que se publican en los informes periódicos, generalmente de carácter anual, que rinden al propio órgano legislativo.

II.- Trayectoria

De acuerdo con lo anterior, la palabra Ombudsman significa representante, mediador, comisionado, protector, defensor o mandatario del pueblo, que es designado por el Parlamento para supervisar la actuación de los gobernantes y corregir los actos de mala administración pública.

Pronto, el Ombudsman traspasa sus fronteras originales, pues empieza a demostrar su eficacia como órgano controlador de los actos del poder público, y es a partir del siglo XIX cuando su finalidad aparece condicionada a las exigencias de una nueva forma de organización social. Fritz Morstein ilustra esta idea con claridad cuando afirma que "enfrentados, a los enormes requerimientos de administración pública, típicos de una sociedad industrial, un número considerable de países ha sufrido una comezón nerviosa para hacer algo, acerca del aparente desequilibrio entre las dificultades administrativas y los derechos individuales. A medida que estos países -continúa Morstein-, buscan a su alrededor, para ver lo que pueden aprender de la experiencia de otras naciones, debemos tratar de elaborar un patrón de adaptación a una estrategia, para una importación adecuada de las instituciones extranjeras". De allí, que la figura extranjera más célebre, pueda, quizá, ser el Ombudsman.

Países, cuyo afán es brindar una mayor protección a los ciudadanos empiezan a adoptar la figura del Ombudsman. Así, la Constitución de Finlandia de 1919 incorpora en su texto esta Institución para oponerse a las autoridades que afectaban con actos ilegales la vida de los ciudadanos.

Lo mismo sucede con Noruega en donde el Ombudsman data de 1952 y Dinamarca que lo institucionaliza en 1955, debido al aumento considerable de las potestades de las autoridades administrativas, lo cual ocasionaba frecuentes abusos de poder, errores y arbitrariedades que propiciaron una deficiente administración pública.

También Alemania en 1957, Nueva Zelanda en 1962 prosiguen por esta línea, y en la década de los 60 Inglaterra, Irlanda del Norte, Guyana, Tanzania, algunas provincias del Canadá y varios Estados de la Unión Americana, se cuentan ya entre los que incorporan en su seno la notable figura.

En 1975 se creó en Portugal con el nombre de Proveedor Justicia, y en 1978 en España como la Institución del Defensor del Pueblo, desempeñando un papel importante por la defensa de los derechos humanos, principalmente en el campo de las deficiencias en la administración pública de la prestación de servicios públicos.

Esta trayectoria que presenta la evolución del Ombudsman no es un movimiento de imitación extralógica, por el contrario, responde a la preocupación que cada país en lo individual, se plantea para buscar una solución a la constante exigencia de los ciudadanos por salvaguardar sus derechos fundamentales .

III.- Impacto del Ombudsman en Latinoamérica

En esencia, es la figura del Ombudsman español la que influye de manera importante en el ánimo de las naciones de Latinoamérica. En efecto, la impronta cultural que ha tenido España en las naciones latinoamericanas propició que éstas en su mayoría, hayan adoptado a esta Institución, si bien con los principios tradicionales de la figura original, pero con características propias y matices diferentes, derivados de la realidad latinoamericana, que han llevado a los especialistas a denominarlo como el Ombudsman criollo, el cual se ocupa fundamentalmente de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en general, a más de ocuparse de la atención de las reclamaciones provenientes de los ciudadanos que arguyen una deficiente gestión pública por parte de las autoridades.

En el ámbito latinoamericano, la Institución del Ombudsman fue el resultado de nuestra herencia jurídica, de una tradición constitucional, influida básicamente por el modelo español. Con esta filosofía, en 1985 se implantó por primera vez en Guatemala con la denominación de "Procuraduría de los Derechos Humanos"; y en la presente década se expandió y se constitucionalizó en México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Argentina y Perú, entre otros. En la actualidad solo carecen de esta Institución Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela.
Como puede advertirse, existe una clara tendencia de esta Institución por penetrar en todos los países del orbe. Conforme al Instituto Internacional del Ombudsman, en 1996 eran 75 países los que poseían semejantes organismos: 27 en Europa, 16 en África, 14 en América Latina, 8 en Asia y en la zona asiática austral y del pacífico; 8 en las Provincias del Canadá, 5 en los Estados de la Unión Americana, así como en Puerto Rico y Guatemala. Además, la Unión Europea cuenta con un Ombudsman Europeo desde el 1° de septiembre de 1995, ya que el Parlamento Europeo cuenta con su propio Ombudsman, siendo por lo tanto, primer Ombudsman del mundo con carácter supranacional.

Es claro que la Institución del Ombudsman se desarrolla a pasos agigantados tanto en el ambiente internacional como en el nacional. En todos los casos se trata de un cargo público, ya que se caracteriza por su independencia y amplias atribuciones de investigación, así como por su labor pública. El Ombudsman es, por lo general, directamente asequible al ciudadano; la Institución ha sido creada para beneficio del gobernado, como una previsión de protección contra las deficiencias en la administración pública.

Empero, y merced a los vertiginosos cambios que han sufrido las sociedades latinoamericanas, el Ombudsman adoptó características propias, adaptadas a las nuevas exigencias de la sociedad latinoamericana.

En este contexto, la actuación de los Ombudsman latinoamericanos, es en el presente y será determinante en el futuro, para contribuir en la lucha contra la pobreza y marginación que afecta a la población. El propósito central de esta lucha tiene por objeto ofrecer las alternativas que nos permiten hacer de nuestra gran patria, un espacio en el que el ser humano se desarrolla con libertad, paz y tranquilidad en una sociedad políticamente organizada en la que cada uno y todos, al mismo tiempo, puedan alcanzar sus fines. Los Ombudsman latinoamericanos deben actuar unidos para enfrentar las dificultades y barreras que entorpecen el desarrollo de los pueblos; ésta debe ser una de las formas fundamentales de las instituciones y los organismos nacionales e internacionales protectores de los derechos humanos, que tenga como propósito el logro de aquellos rubros que atañen al desarrollo del ser humano.

IV.- El Ombudsman y la transformación del Estado

Hoy día la participación del Ombudsman en los procesos de transformación social de los Estados latinoamericanos, es de vital trascendencia. Su función ya no se circunscribe exclusivamente al conocimiento de quejas derivadas de una deficiente administración pública, como lo hacía la figura del Ombudsman tradicional, que actuaba en defensa de los derechos civiles básicos. Sino que, en su actuación por la defensa de los derechos fundamentales que le asiste a la persona humana, la institución interviene en otras esferas de la vida pública de cada país, como es el caso de impulsar la transformación del Estado para una mejor prestación de los servicios públicos, y contribuir a la consolidación de una democracia en la que se garanticen a plenitud los derechos fundamentales, tanto civiles y políticos como los sociales, económicos y culturales.

En este entorno, el Ombudsman de nuestros días guarda una estrecha vinculación con la cultura de los derechos humanos y los cambios políticos, sociales y económicos de los distintos Estados contemporáneos, los cuales, durante los últimos años han constituido o fortalecido sus sistemas democráticos, ya sea en América Latina, Europa Oriental, África y, de manera paulatina, en Asia.

Es por ello, que una de las funciones primordiales que caracterizan al Ombudsman contemporáneo que resulta particularmente necesario, es su aptitud para promover y proteger, frente a la administración no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Esta categoría de derechos, si se quiere pasar de una democracia formal a una democracia integral cierta y estable, deben constituirse en derechos efectivos, porque nacen de la misma raíz que los otros derechos, ya que derivan de la esencial dignidad del ser humano.

Sin embargo los derechos socio-económicos requieren para realizarse de un hacer positivo del Estado, una aptitud del poder, que brinde los medios materiales para que, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la salud, al bienestar social, a la vivienda y a la seguridad, se realicen efectivamente.

En su vertiente de vigilante de la justicia administrativa, la nueva dinámica del Ombudsman en materia de supervisión y control de la administración pública, tiene por objeto que ésta se prepare y organice para asumir con responsabilidad las atribuciones que le corresponden. Atribuciones que debe cumplir con eficiencia y eficacia comprometida con el desarrollo integral de la sociedad y del Estado. En esta línea, el Ombudsman, según confirma Pedersen, se constituye en un gestor ocupado de un número considerable de cuestiones que normalmente quedan fuera de la jurisdicción de cualquier tribunal administrativo.

Amen de lo anterior, la labor del defensor de los derechos humanos también debe asumir, implica la obligación de realizar acciones preventivas y precautorias para orientar el rumbo de la administración pública que el Estado contemporáneo requiere.

Es por ello, que el Ombudsman criollo latinoamericano debe ampliar su campo de acción para coadyuvar en la transformación social de los diversos sistemas de gobierno cuyo objetivo último sea garantizar el desarrollo de los pueblos, el fortalecimiento de la democracia, y el resto y vigencia de los derechos humanos.

V.- Dimensión del Ombudsman como centinela del principio de legalidad.

Sin justicia social no pueden ejercerse los derechos humanos, toda vez que el objetivo primordial de las libertades fundamentales y su efectiva aplicación y respeto es, sin duda, la preservación del ser humano en condiciones de igualdad y dignidad. La pobreza, la marginación, y todas las consecuencias que de ellas emanan, son contrarias a la dignidad del ser humano y atentan contra la paz y seguridades nacionales, mismas que, a su vez, ponen en peligro la estabilidad de la región.

El preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce que con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, se señala que el ideal del ser humano liberado del temor y la miseria, no puede realizarse a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos civiles y políticos.

Hace diez años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, cuyo primer artículo defiende a este derecho como inalienable de todo ser humano y de todos los pueblos, en virtud del cual cada hombre está facultado para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente la totalidad de los derechos humanos, así como contribuir a ese desarrollo y poder disfrutar de el.

Dentro de este contexto, cabría preguntarse, cuáles pueden ser las contribuciones del Ombudsman en América Latina tomando en cuenta los desafíos económicos y políticos que plantea la pobreza y la desigualdad, la marginación y el subdesarrollo; sin olvidar el ámbito de su competencia, manteniéndose en todo momento libre y autónomo, comprometido con la población que ha depositado su confianza en él; y teniendo presente que solamente a través de la acción efectiva y conjunta se puede contribuir al respecto irrestricto de los derechos humanos.

Los Ombudsman están ante la oportunidad histórica para propugnar por el derecho al desarrollo como base para el ejercicio de los demás derechos fundamentales; en consecuencia, no deben permanecer pasivos ante el fenómeno de la pobreza y la indiferencia de los gobiernos de los países desarrollados y de los organismos financieros internacionales.

La progresiva transformación de los derechos económicos y sociales en derechos objetivos concretos, exigirá del Ombudsman la promoción de valores que incidan en una sociedad más justa. El Ombudsman debe ser promotor de una conciencia nacional en favor del trabajo, del salario justo, de la educación, de la cultura, y de la salud. Su misión deberá ser en un futuro próximo, la de coadyuvar a concretar esos valores en los cuales late la necesidad de armonizar el interés individual y el interés colectivo.

Para ello es indispensable insistir en la democratización de las instituciones, especialmente de los organismos de decisión de las Naciones Unidas. Es necesario, asimismo, promover un sistema internacional de equidad, y económica y social, que impida que los efectos de la crisis afecten a los países menos desarrollados y los beneficios se concentren en las naciones económicamente más desarrolladas.

El compromiso de los Ombudsman pretende, no sólo hacer un llamamiento a la justicia y a la solidaridad; sino lo que es más importante, apelar a nuestra condición de miembros de la misma especie humana para afrontar, entre todos, los dos retos más importantes que tiene hoy América Latina: la lucha contra la miseria y la desigualdad, y lograr que el ser humano conviviendo en paz, protagonice su presente y su futuro ejerciendo sus derechos fundamentales con libertad y justicia. En esta labor, todos nosotros, estamos empeñados.