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Por Issa Luna Pla
Número 23
Existen
varias razones para pensar que las nuevas formas de producción,
la tecnología y la liberalización de los mercados
ha cambiado de manera acelerada y radical la concepción de
los medios de comunicación en las sociedades democráticas.
Es un cambio en el que los medios forman parte fundamental y adjetiva
principalmente en las relaciones Estado-sociedad. Como consecuencia
del desarrollo y crecimiento de los grandes conglomerados de la
comunicación, los medios actuales difícilmente se
conciben en el esquema tradicional de espacio público, sino
que se definen como espacios privados susceptibles a influir en
la política, gestión Estatal y en la vida privada
de los individuos.
Las siguientes reflexiones tiene como propósito describir
las características actuales y reales de los medios a nivel
global, para después, bajo este contexto, analizar las implicaciones
en los sistemas democráticos y el fortalecimiento de la cultura
cívica. La primera parte se dedica a esbozar las principales
características de los medios actuales y las estructuras
de poder a que responden. En la segunda parte se concentran algunas
de las funciones de los medios en los sistemas democráticos
desde la perspectiva de las teorías de la democracia moderna
y del modelo de espacio público. La tercera parte enfatiza
en la función política que juegan los medios de comunicación
y su actual dilema frente a la cultura cívica. Por último,
se analizan algunas respuestas políticas y legales adoptadas
para el control de las fuerzas de poder en los medios. El marco
que en este escrito se presenta sirve para poner de relieve las
consecuencias y dilemas que surgen a finales del siglo XX entre
la relación de trinomio Estado - medios - sociedad desde
la óptica política-económica en una sociedad
democrática.
I. Los medios y
su estructura real
Durante los últimos 10 años, las políticas
internacionales en materia de telecomunicación se han caracterizado
por la liberalización de los mercados y la desrregulación,
de manera tal que no existan obstáculos para su expansión
y crecimiento económico. Con estas medidas se fundamentó,
a menudo, el acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación,
aunque ciertamente no fue ésta la causa principal de la apertura
económica de los medios. De acuerdo con Croteau y Hoynes1,
el desarrollo de la industria de los medios en Estados Unidos puede
caracterizarse por los siguientes aspectos:
- A raíz del cambio tecnológico, el número
de puntos de venta y de productos generados por los medios -tales
como programas de televisión y radio, periódicos y
revistas, Internet, libros, música, películas, juegos
electrónicos, sotfware, etc.- está creciendo a una
velocidad desorbitada.
- La gente está gastando cada vez más tiempo y dinero
en el consumo de productos de los medios.
- Los corporativos de los medios están creciendo, a menudo
debido a la fusión con sus propios competidores.
- La mayoría de las compañías son conglomerados
o negocios involucrados en otro tipo de industrias no mediáticas.
- A raíz de las innovaciones tecnológicas, los corporativos
de los medios diversifican el tipo de productos que generan, dando
como resultado una industria de multimedia más integrada2.
- Cada vez en mayor medida, las nuevas empresas de medios se unen
a otra empresa u otro conglomerado3.
- El número de corporativos que controlan los productos madiáticos
masivos ha disminuido4.
Esta estructura de los medios se encuentra basada en lo que se ha
llamado el modelo de mercados, donde el fin último son las
ganancias económicas y la ley de la oferta y la demanda mueve
las tendencias en cuanto a contenido, variedad de programación
y producción, así como importación y exportación
de productos mediáticos.
Si bien este es el caso de los medios en los Estados Unidos, donde
la liberalización total está casi perfectamente institucionalizada
(algunos lo atribuyen a la Ley de Telecomunicaciones de 1996), la
realidad es que este tipo de política se han exportado al
resto del mundo implementándose, en mayor o menor medida,
en países democráticos y no democráticos. De
hecho, los conglomerados norteamericanos más importantes
como Microsoft, AOL Time Warner, Viacom y AT&T tienen presencia
mundial no solamente por el impacto de sus productos, sino por las
empresas asociadas que han logrado adquirir en países de
Europa, Asia, África y América Latina5.
Este asunto podría pasar por una teoría conspiratoria
o una dominación global del imperialismo norteamericano,
pero no se descarte la idea de que los conglomerados son un patrón
repetitivo en diferentes países, quizás no con las
mismas inversiones de capital que los estadounidenses, pero sí
industrias diversificadas que igualmente impactan y ejercen una
importante influencia en las decisiones políticas, por ejemplo,
CIR S.p.A. (Italia), Franz Haniel & Cie. GmbH (Alemania), Hitachi,
Ltd. (Japón), Metro Holdings Limited (Singapur), Pulsar Internacional
S. A. de C. V. (México), Quiñeco S.A. (Chile), Virgin
Group Ltd. (Reino Unido).
Esta realidad meramente comercial de los medios no ha sido diferente
de cualquier otra industria, y en esto radica el problema capital.
Dentro de muchos círculos de la sociedad los medios de comunicación
han sido tradicionalmente catalogados como un tipo de industria
particular en cuanto su poderosa influencia y manipulación
sobre la audiencia. A reserva de este tipo de teorías que
proliferaron en los años setentas y que hoy han perdido hasta
cierto grado su vigencia, los medios innegablemente son utilizados
para fines educativos, culturales, informativos y persuasivos y
ese simple hecho diferencia el tratamiento de sus productos -y de
esto nos ocuparemos con detenimiento en los apartados posteriores.
Esta expansión económica de los medios de comunicación
ha presentado ya ciertas consecuencias, entre las que figuran la
especialización de mercados y de contenidos dirigidos a audiencias
clasificadas; fragmentación de la sociedad a partir de gustos,
preferencias, estilos de vida y costumbres; una homogeneización
-o globalización- de las culturas, cada vez reconociendo
menos lo local y enfocando lo global como tema central del interés
público6.
En tanto al ejercicio periodístico, sucede que si antes el
profesional producía bajo la influencia del poder Estatal,
ahora se adecua a las políticas comerciales e institucionales
que la empresa en la que labora le exige, ya sea en favor de un
grupo comercial o de un círculo político. Lo cierto
es que el periodista, hoy por hoy, no tiene garantizada la libertad
de expresión que inspiró a los constituyentes liberales
ni a los defensores de los derechos humanos, sino una libertad acotada
al abanico de la oferta y la demanda.
De hecho, los medios de comunicación,
tanto escritos como electrónicos, a decir de Miguel Carbonell,
"han tratado de influir en el quehacer estatal, no siempre
en beneficio del bien común y de la libertad de expresión
como a veces se ha querido entender, sino en su propio interés
y conforme a procedimientos bien lejanos de la libertad de información
de los usuarios: "muchos medios de comunicación -sostiene
Gregorio Peces-Barba- sirven a los intereses de sus propietarios,
promueven las campañas que política, económica
y culturalmente interesan a quienes pagan."7
En todo esto, pareciera que el Estado juega el papel de un empresario
más dentro del campo de la competencia económica,
en donde lo que interesa no necesariamente es el poder político,
sino las ganancias económicas que represente la participación
y el control de los flujos de información. Hoy parece que
la discusión de los medios de comunicación -y sobra
decir que también en otras industrias como por ejemplo la
bélica- radica en establecer un equilibrio entre los actores
económicos y los derechos humanos, ya no solamente entre
el poder político y estos últimos. Y es que el campo
de acción en que se mueven los intereses económicos
y comerciales es mucho más amplio que el legistlativo, sus
propias reglas trascienden los sistemas legales nacionales y se
anticipan al establecimiento de los internacionales. El mundo de
los negocios es el mundo que determina actualmente las formas de
producción de los medios, por tanto, este ámbito mutable
es el que debe considerarse en las normas jurídicas8
y políticas públicas.
El clásico trinomio del Estado-medios-sociedad no parece
incluir en sí el factor económico, al menos no en
su justa dimensión en tanto la inexorable influencia que
ejerce sobre estos tres actores, que más bien, parecen estar
contenidos dentro del círculo exterior que forma la economía
y los negocios.
II. Medios y democracia
Se puede entender por medios de comunicación cualquier objeto
que hace las veces de vía para conducir información
de un sujeto a otro. La democracia, de acuerdo con la definición
ya clásica de O'Donell y Schmitter, "se entiende como
un proceso histórico con fases de transición, consolidación
y persistencia analíticamente distintas, aún si empíricamente
son superpuestas."9 Por tanto,
la relación entre medios y la democracia, como ya varios
autores han afirmado, consiste en que la información es la
base de todo proceso democrático, o dicho en términos
de Diego Valadés , "todo proceso democrático
es un proceso comunicativo", de ahí que existan intereses
diversos en la posesión y ejecución de los medios,
entre ellos el Estado, los mismos empresarios de los medios y en
ocasiones, la sociedad organizada. Y es que la democracia es el
resultado de procesos deliberativos y toda deliberación "supone
la modificación endógena de las preferencias a través
de la comunicación"10.
En los regímenes autoritarios el tratamiento que se da a
la información y a los propios medios es sistemáticamente
de control, secrecía y un elaborado sistema de supervisión
que marca las tendencias -o líneas- del contenido y programación
de los medios. En dichos regímenes, el poder económico
se encuentra concentrado en una minoría vinculada con las
fuerzas políticas estatales, y como consecuencia, los medios
"al hacer mancuerna con el poder público y el poder
económico, han monopolizado el espacio público de
intercomunicación e intercambio."11
Sin embargo, en las democracias actuales, la tendencia es que el
poder económico está representado en los medios y
los ha convertido en un espacio privado, permitiendo el intercambio
con la sociedad y el Estado a condición de la rentabilidad
que esto signifique. En las sociedades democráticas se espera
que los medios funcionen bajo un esquema mucho más complejo
que -adelantándanos un poco al dilema capital de los medios
y la democracia- usualmente no empata con el mencionado modelo de
mercado.
A principios del siglo XX Robert Dahl consideró dos instituciones
básicas de un sistema democrático:
Libertad de expresión. Los ciudadanos tienen el derecho
a expresarse, sin correr peligro de sufrir castigos severos, en
cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la
crítica a los funcionarios públicos, el gobierno,
el régimen, el sistema socioeconómico y la ideología
prevaleciente.
Variedad de fuentes de información. Los ciudadanos
tienen derecho a procurarse diversas fuentes de información,
que no sólo existen sino que están protegidas por
la ley.
Estas instituciones fueron la base de los medios de comunicación
en las democracias modernas, pero hoy el campo de ejercicio de las
instituciones democráticas se amplía12.
En concreto, los medios de comunicación en una sociedad democrática
se asume que cumplen con las siguientes funciones: a) producir información,
cultura, educación y entretenimiento que contribuya a la
formación de una cultura cívica; b) supervisar y vigilar
la gestión y organización del poder público;
c) servir al interés público de los ciudadanos; d)
difundir dicha información y convertirla atractiva para la
audiencia. En este aspecto, una vez que se hayan establecido las
normas jurídicas que den figura a un sistema democrático,
el papel del Estado, en palabras de J. R. Cossío, "se
reduce a velar por el cumplimiento de las modalidades de los derechos,
sea para impedir los abusos, o sea para anular los actos contrarios
a las normas."13
Los medios en la democracia se basan en el modelo de "espacio
público" de Habermas, derivado de las teorías
modernas de la democracia, en donde se pondera el interés
público, y éste último ha tenido diferentes
acepciones14. Siguiendo la definición
de Croteau y Hoynes, cuando hablamos de interés público
se identifica al sistema de medios como una de las arenas clave
en la que los ciudadanos se constituyen, se informan y tienen la
posibilidad de deliberación15.
Desde este enfoque, la evaluación y análisis que de
los medios se pueda hacer a la luz de la democracia, definitivamente
debe pasar por la prensa, radio, televisión, cine, Internet,
libros, etcétera, es decir, por todos los productos mediáticos.
En la realidad el interés público tiene mucho menos
atención en los medios que las ganancias económicas
generadas por el sensacionalismo, las historias triviales y el amarillismo.
A principios del siglo XXI, el equilibrio entre el interés
público y las ganancias económicas de las industrias
es lo que dibuja el dilema de los medios en una democracia16;
pero estos dos aspectos no lo son todo, ya que la cultura cívica
de las sociedades conserva sus propias paradojas y contradicciones
que fortalecen la industria comercial mediática.
Así pues, en esta relación entre los medios de comunicación
y las sociedades democráticas surge un elemento que considero
determinante en los órdenes jurídicos democráticos:
el reconocimiento de las verdaderas fuerzas de intereses. Este dilema
se dilata entre la política, la economía y el derecho,
en pocas palabras, "si las instituciones democráticas
son universalistas -ciegas a la identidad de los participantes-,
quienes dispongan de mayores recursos tendrán más
posibilidades de imponerse en los conflictos dirimidos por la vía
democrática."17
La interacción democrática funciona por medio de la
promoción de intereses y éstos se dirimen generalmente
en los medios de comunicación como vimos con anterioridad.
De hecho, las fuerzas capacitadas actúan de manera colectiva
y funcionan activamente cuando se trata de la instrumentación
y codificación de sus intereses, y si tomamos en cuenta que
el poder económico puede convertirse en poder político,
las consecuencias de no vislumbrar las verdaderas fuerzas de control
sobre la información, que alimenta o segrega a la democracia,
impactan a la sociedad y al sistema de tajo. Pero este tema se abarcará
más adelante, por lo que sólo lo menciono ahora para
dar más elementos que nos aproximen a la relación
entre los medios de comunicación actuales y la cultura cívica
de las sociedades democráticas.
III. El dilema de la cultura
cívica y los medios
Una vez aclarado el panorama de los modelos de comunicación
que subsisten en las sociedades democráticas y la disquisición
del estado de las cosas o praxis de los medios, veamos de qué
manera se inserta este contexto en la cultura cívica que
le es indispensable a la democracia18.
Así bien, Gabriel Almond y Sidney Verba dieron origen a la
idea de cultura cívica intentando analizar la relación
entre actitudes políticas de un pueblo y la naturaleza de
su sistema político. En cuanto a que las actitudes políticas
de los individuos son influenciadas por los medios de comunicación,
éstos deben promover cierto tipo de posturas que den razón
de un sistema político popular democrático producido por la asimilación consciente
de los principios democráticos básicos -tolerancia,
pluralismo, respeto a los derechos humanos, publicidad de los actos
del poder público, responsabilidad de los funcionarios, inexistencia
de inmunidades del poder, etcétera-."20
Estos valores democráticos son los que se espera que los
medios fomenten y a sociedades con éstas características
se intenta satisfacer cuando se trata de interés público.
La pregunta aquí es ¿quién genera qué,
los medios a la cultura cívica, o ésta da forma a
los medios?
Sin separarnos de la cuestión, es obligatorio volver la vista
a lo que realmente los medios de comunicación ofrecen y ponderan
en un esquema de conglomerados que concentran la información.
Recordando que una de las características o estrategia de
negocios de las empresas mediáticas es el sensacionalismo
o dramatismo en las historias, se crea, pues, un sistema de valores
falsos que son sostenidos por estudios de mercado y lanzados como
"lo que interesa al público" que no es lo mismo
que "el interés público". El hecho es que
si los medios de comunicación no fomentan los valores democráticos
y enriquecen la cultura cívica, resulta que el negocio que
los medios representan no es compatible con los propósitos
democráticos -o útil siquiera al Estado de derecho.
Es más, el sensacionalismo ha probado ser mitigante de los
valores democráticos21.
En este asunto, existe un observación que Przeworski hace
con respecto al poder político-económico de un sistema
político y que funciona en el mismo sentido para identificar
la actividad de los medios dentro del sistema democrático,
esto es "el poder económico se traduce en poder político,
que a su vez puede utilizarse para reforzar el poder económico,
y así sucesivamente"22.
Esta parece ser la lógica que aplican los medios de comunicación
y que lejos de asumir una actitud de responsabilidad social -fundamental
en la cultura cívica- alimentan el sistema económico
e ideológico radicalmente liberal.
La cultura cívica, bajo las reglas del mercado, no se verá
beneficiada a menos que los intereses se equilibren por medio de
normas jurídicas y políticas públicas de antimonopolio
y diversidad de contenidos en los medios de comunicación;
porque tanto el poder político, como el poder económico
de los medios requiere, en la misma medida, de controles y límites,
esto es "el paso decisivo hacia la democracia es la transferencia
del poder de un grupo de personas a un conjunto de normas"23.
IV. Normas jurídicas y políticas públicas
Hasta este punto es posible admitir que los medios, en términos
reales, ya no son concebidos únicamente como un espacio reservado
donde se materializa la libertad de expresión, lo cual le
daba cierta protección ante las constantes amenazas de las
fuerzas de poder. No obstante, la aplicación de los medios
puede distinguirse así: por una parte los medios son una
industria sumamente poderosa en términos económicos
y también políticos; por otra parte, los medios son
un servicio por el cual se satisface la necesidades de la sociedades
de la información; por último, los medios materializan
la libertad de expresión y de información de los seres
humanos. Estos tres grandes rubros hacen a los medios de comunicación
un tema sumamente difícil de estudiar y optimizar. Dentro
de éstos campos de aplicación, existen dos categorías
de la sustancia o materia de los medios, primero, como producto
capitalizable que se inserta en el mercado del conocimiento, de
la educación, de la cultura, del entretenimiento y la información.
Segundo, como un bien o servicio que puede ser provisto por instituciones
públicas y privadas en donde la intervención del gobierno
se justifica en la protección y corrección de la producción
de éste servicio con el objeto de generar un mercado más
justo y equitativo, al mismo tiempo que reconoce los derechos fundamentales
de expresión e información24.
En efecto, la categoría de la materia de los medios y su
aplicación en la vida individual y colectiva es lo que puede
definir cuándo los medios deben ser controlados o intervenidos
por normas jurídicas o políticas públicas,
es decir, porqué es necesaria la protección legal
y legítima25. Al respecto,
los medios son materia de normatividad cuando se trata de: a) protección
y garantía de los derechos fundamentales; b) establecimiento
de normas que regulen el uso gubernamental, político o electoral.
Aquí es importante notar que las normas jurídicas
que limitan el uso y explotación de los medios de la empresas
o industrias, así como la publicidad que se inserta en ellos,
existen, pero no las que regulan directamente la relación
entre las industrias y el Estado26,
y es que esta relación se da, la mayoría de las veces,
de manera extraoficial y sin documentación alguna de los
acuerdos.
En la mayoría de los países, las normas jurídicas
de los medios fueron inspiradas por teorías políticas
(modelo norteamericano) o la teoría de la realización
del ser humano (modelo europeo). Mientras la leyes inspiradas en
la primera teoría se ocupan de encontrar el equilibrio entre
los intereses económicos, sociales y políticos, las
otras normas equilibran los principios entre la libertad de expresión
e información y el derecho a la vida privada de los individuos
para contribuir a su realización personal. Los sistemas normativos,
en cualquiera de sus modelos, establecen y determinan las instituciones
facultadas para planear, desarrollar e implementar políticas
públicas que persigan los prósitos legales.
En este punto, es importante remarcar que en el momento en que los
órdenes jurídicos de la mayoría de los países
fueron adoptados, el contexto era distinto al actual. La tecnología
no tenía un nivel de desarrollo tan alto; las industrias
mediáticas no tenían el poder económico ni
las relaciones políticas que hoy fomentan; la competencia
entre los medios era escasa y poco limitada por el Estado; la explotación
de los recursos de telecomunicaciones era mínima en comparación
con la actual lucha por espacios y territorios. Es reciente que
el Estado reconozca que no posee los recursos suficientes parra
invertir en tecnología de infraestructura, por tal, lo hicieron
las industrias privadas y como consecuencia se privatizaron líneas
terrestres y satélites. Hoy en día, la mayor parte
de los medios eléctricos se transmiten por estas dos últimas
vías, cuyos espacios privados son administrados por lo grandes
conglomerados. Es entonces donde surge la cuestión ¿las
normas jurídicas ha establecido las bases necesarias para
implementar controles a los medios en virtud de que su servicio
y productos sean en beneficio del interés público,
bajo los cánones democráticos?
De acuerdo a David Eeaston, políticas es definido como "the
authoritative allocation of values for a society", sin embargo,
algunos argumentan que no es adecuado hablar de los valores sociales
en general, más bien, consiste en individuos que interactúan,
maniobran, crean estrategias, cooperan, y mucho más que eso,
mientras buscan un objetivo -cualquiera que este sea- en un grupo
social27. Las políticas
públicas son implementadas por servidores públicos
y su valor y credibilidad dependen de la representatividad y legitimidad
del gobierno electo, así como de la técnica y preparación
de la burocracia. En un sistema democrático liberal, para
que el gobierno intervenga en un asunto público es necesario
que el valor del producto exceda el valor de los recursos invertidos.
Además, conciben al ciudadano como consumidor, por tanto,
los esfuerzos del sector público deben ser evaluados en función
del mercado político de los ciudadanos y de las decisiones
colectivas de las instituciones democráticas representativas28.
En el caso de los medios de comunicación, las políticas
públicas, si su proceso de elaboración no se encuentra
abierto al sector social, son propensas a representar los intereses
de los grupos políticos y económicos en el poder.
Así mismo, en muchos países difícilmente se
tienen especialistas que evalúen los planes y proyectos en
función del fortalecimiento de la democracia, por lo que
resultan políticas ineficientes y tendensiosas. Un problema
especialmente preocupante es que, en los medios de comunicación,
el valor de los productos excede el costo de los recursos, pero
el beneficio no es para el país que las implementa, sino
para el país que normalmente las exporta y vende. Aparentemente,
las políticas públicas son viables y útiles
para los ciudadanos cuando se tratan de antimonopolio y acceso universal,
pero definitivamente no es suficiente con estos dos rubros para
imponer límites a las fuerzas económicas.
Existe un asunto crucial de justicia y equidad cuando se habla de
planeación de políticas. En la previsión de
un servicio, el gobierno debe intervenir para asegurar las necesidades
individuales y sociales -tales como salud, seguridad o acceso a
medios de comunicación en este caso. Este asunto es el que
contiene la intensión democrática en las decisiones
políticas y puede, siempre y cuando los servidores públicos
así lo acaten, fomentar los valores democráticos y
satisfacer las necesidades de la sociedad civil.
Conclusiones
Las democracias actuales requieren de una cultura cívica
sólida que participe y se interese por los asuntos públicos.
Desde la realidad de los medios de comunicación y sus fuerzas
de poder, el impacto en las sociedades no ha empatado con las necesidades
cívicas de los individuos. El surgimiento de los grandes
conglomerados de medios de comunicación han causado que éstos
no sean únicamente los guardianes o supervisores del poder
público y político, o los "medios" entre
la sociedad y el Estado. Parecen jugar el rol de organismos con
una autonomía económica propia volcada en mayor medida
a los intereses políticos y económicos del mundo actual,
más que a la responsabilidad social que exige de ellos la
democracia. Esto es el origen de una nueva relación entre
Estado-medios-sociedad que significa primeramente, un desencanto
de los modelos de servicio público que alimentaron y fortalecieron
a la industria mediática durante muchos años, sin
asumirse como tal en la realidad. Segundo, la consideración
de los medios como una fuerza cargada de intereses lista para intervenir
políticamente en el momento en que le convenga. Tercero,
la necesidad de limitar y controlar las relaciones de poder entre
el Estado y las fuerzas económicas de los medios. Finalmente,
es por medio de la política y las normas jurídicas
que estas relaciones permearán las democracias, mientras
el Estado se proponga generar un ambiente democrático en
busca de la equidad, justicia y tolerancia de un sistema democrático.
En cuanto la sociedad civil se organice y se forme una masa crítica
capaz de manifestar sus necesidades y deseos frente a la información,
contenidos y acceso que de los medios obtenga, los propios esquemas
económicos actuales pueden volcarse en favor a la democracia
y ser, al mismo tiempo y en ciertas ocasiones, rentables y capitalizables
como benéficos para la sociedad.
Notas
y referencias bibliográficas:
1
Ver David Croteau y William Honyes, The Media Business. Corporate
media and the public interest. Pine Forge Press, Estados Unidos
2001. P. 4.
2 El típico ejemplo de
esto es la película Titanic, que además de distribuirse
en video y DVD, emitió productos diversificados tales como:
la música original de la película, juguetes, objetos
de colección, libros, ropa, programas de "detrás
de las cámaras", críticas y reseñas favorables
en la prensa, entrevistas y especiales para TV y radio, sitios web,
publicidad por doquier, entre otros. Esto es un ejemplo de la explotación
comercial que de un sólo producto originario puede potencializar
y controlar el mismo conglomerado diversificado.
3 Generalmente este es el caso
de las empresas productoras independientes que surgen dentro de
un núcleo amateur de artistas o estudiantes y que más
tarde se fusiona a cierta cadena televisiva para obtener mayor presencia
en el mercado y aminorar costos.
4 Esto es, ante la alienación
de las empresas, el poder económico se concentra en pocas
manos y es necesario crean políticas públicas de antimonopolio
o antitrust.
5 Ver, http://www.viacom.com
y el caso de MTV Networks.
6
O en la palabras de Ulrich Beck's, "Globalization is a process,
which undermines the nation state and puts it into perspective,
because a manifold, not locally bound multiplicity of social sets,
communication networks, market relations, and ways of life cross-networks
the territorial boundaries of the national state". Ver Olaf
Winkel en International Journal of Communications Law and Policy,
Issue 6, Winter 2000/2001. Winkel, p. 11.
7 Ver Miguel Carbonell. Constitución,
Reforma Constitucional y Fuentes del Derecho en México. Tercera
edición. Editorial Porrúa. Universidad Autónoma
de México. México, 2000. p. 45
8 J. R. Cossío lo explica
de alguna manera constatando el cambio jurídico de las sociedades
al decir que "como consecuencia de los cambios en las formas
de producción y en los contenidos del derecho derivados de
los cambios sociales y políticos
se dio una profunda
transformación en las funciones, la legitimidad, los alcances
y los significados de las normas jurídicas en particular
y del derecho en general." Ver Cambio social y cambio jurídico.
ITAM, Miguel Angel Porrúa. México 2001. p. 309
9 Citado por Terry Lynn Karl.
Transiciones a la democracia en Europa y América Latina.
Carlos Barba Solano, José Luis Barros Horcasitas y Javier
Hurtado, compiladores. Flasco Sede México, Miguel Ángel
Porrúa, Universidad de Guadalajara, México 1991. p.
419.
10 Ver Adam Przeworski, Democracia
y mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa
del Este y América Latina. Traducción de Mireia Bofill
Abelló. Cambridge University Press. P. 27
11 Ver Miguel Carbonell. Op.cit.
p. 43
12 Al respecto Robert A. Dahl.
La democracia y sus críticos. Ediciones Paidós. Barcelona-Buenos
Aires-México. 1992 Primera edición en español.
1915. p. 267
13 J.R. Cossío, op.cit.
p. 128
14 Comúnmente se ha entendido
como interés público todo aquella información
que enriquece las decisiones de los ciudadanos en el ejercicio de
su derecho político; esta concepción en los medios
de comunicación se atribuía únicamente como
cualidad democrática de la profesión periodística.
Sin embargo, actualmente, especialmente en círculos sociológicos,
surge la pregunta ¿los programas educativos, culturales y
de entretenimiento, no son parte de la vida de los ciudadanos y
lo afectan en el momento de tomar decisiones?
15 Ver David Croteau y William
Hoynes op.cit. p. 36
16 Idem p. 8
17 Adam Ptzeworski op.cit. p.
16
18 Nos podemos ahorrar el argumento
y demostración de la influencia de los medios de comunicación
en las sociedades actuales, que hasta cierto punto ya fue asumido
a lo largo de este escrito, y que a estas alturas de la historia,
como mencionamos, ya no tiene vigencia. La discusión actual
no se centra en qué efectos tienen los medios, sino en el
cómo afectan a las sociedades democráticas.
19 Terry Lynn Karl op.cit. p.
412
20 Miguel Carbonell op.cit.
p. 116
21 "When news is equated
with scandale, citizens become tired of the sordid details and tune
out political news altogether when it appears to be an endless series
of stories about corruption and depravity." David Croteau y
William Hoynes op. cit. p. 203
22 Adam Przeworski op.cit. p.
42
23 Adam Przeworski op.cit. p.
22
24 Ver Mark H. Moore. Creating
Public Value. Strategic management on government. Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts. London, England. 1995. P. 44.
25 Se enfatiza en esta diferencia
puesto que "
el término "legitimación"
rigurosamente en el sentido definido por Luhmann: como un concepto
libre de valor, que designa un suceso en la esfera social, pero
que, en cambio, mantiene alejada su significación normativa
-como "justificación". Karl Larenz. Metodología
de la ciencia del derecho. Ariel Derecho. p. 18
26 Este tipo de normas pueden
ser las normas que impiden la concentración y los monopolios,
normas de protección a la juventud, normas contra el sexo
y la violencia.
27 Kenneth A. Shepsle y Mark
S. Bonchek, Analyzing politics. Rationality, Behavior and Institutions.
W.W. Norton & Company. New York-London. 1997. P. 13.
28 Mark H. Moore. Op. cit. P.
31
Lic.
Issa Luna Pla
Columnista especializada en derecho a la información
en el periódico La Crónica de Hoy
y colaboradora de Le Monde Diplomatique
edición México. Directora ejecutiva de la Cátedra
Konrad Adenauer de Derecho de la Información e investigadora
de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, México. |