Por Graciela Castillo
Número 38

Llama la atención la nota que aparece en el periódico mexicano de análisis de medios “Zócalo” (Marzo 2004) sobre la pugna entre el gobierno de Pablo Salazar (Gobernador de Chiapas) y los medios de comunicación. La historia no comienza ni termina en la denuncia y recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el actual gobierno de Chiapas sobre el manejo penal sobre los “delitos” de difamación y calumnia por parte de la prensa; hay que revisar la historia de la relación entre gobierno y medios en este caso en particular para formarse una opinión justa.

Mientras hubo gobiernos priístas impuestos desde el centro del país, los periódicos chiapanecos funcionaron como voceros del gobernador en turno; a cambio recibieron toneladas de “chayotes” que les permitieron crecer. De otra manera no se explica como en uno de los estados con altos índices de analfabetismo se tiren diariamente una respetable cantidad de ejemplares con ínfimo contenido informativo, que las empresas de medios adquieran nuevos equipos e incluso, que el dueño de uno de éstos haya tenido oportunidad – en el transcurso del sexenio pasado – de adquirir un departamento en Paris.

En palabras de un periodista avecindado durante muchos años en Tuxtla Gutiérrez “los medios trabajan de cara al gobierno y de espaldas a la sociedad”. Las notas publicadas, hasta antes del levantamiento zapatista, eran las que elaboraban la oficina de comunicación social del Estado, por esto, hasta el año de 1995 los periódicos locales no circulaban los lunes ya que “la oficina de comunicación no trabajaba los domingos”.

Así, mientras los gobiernos priístas dominaron la escena, los periódicos chiapanecos se dedicaron a promover la imagen pública del gobernador en turno, hasta que el EZLN modificó las características del manejo de información. Esto se demostró en especial durante el año de 1994; el público lector con intenciones de enterarse sobre la situación del Estado no buscaba explicaciones ni noticias en los periódicos locales: los medios con mayor circulación en cuanto al consumo de noticias sobre la situación local resultaron ser los que llegaban del Distrito Federal, en especial “La Jornada” y “Reforma”.

Al atenuarse el conflicto, la relación con los medios y el gobierno del Estado continúo. El problema de los “derechos humanos” y la “libertad de expresión” surgió al declarar el gobernador electo, Pablo Salazar, que se terminaba el financiamiento del gobierno para la prensa; y algo sabría Salazar de esto, ya que durante los diez meses que Javier López Moreno gobernó el Chiapas en 1994 el nuevo gobernador fungió como Secretario de Gobierno.

La reacción de los dueños de los periódicos – encabezados por el director de “Cuarto Poder” – fue indignarse por poner en evidencia un hecho del que cualquiera relacionado con los medios locales podría dar fe (aunque no se atreviese a denunciarlo públicamente). Se consideraron atacados y formaron un frente para defenderse. Puede afirmarse que, hasta la fecha, no se encuentran en la mayor parte de los periódicos de Tuxtla notas que favorezcan la imagen del gobernador... excepto en “La República”, diario que antes de ser comprado por la Organización Editorial Mexicana fue utilizado como el vocero “oficial” del gobierno de Pablo Salazar.

Conociendo como es la estructura política y social en México, no es extraño que la pugna entre el gobernador y los “ofendidos” periodistas haya llegado hasta comisiones de Derechos Humanos; tampoco es extraño que en pleno ejercicio del autoritarismo el gobierno de Salazar – poder legislativo incluido – apruebe una legislación para que se considere que hablar mal de una persona pública sea un delito que se debe pagar con cárcel de tres a nueve años de prisión y multas de cien a mil días de salario (artículo 169, Código Penal del Estado de Chiapas).

En todo caso, ni prensa ni gobierno están libres de pecado. Es absurdo que se acoja a los derechos humanos una prensa que siempre mantuvo una relación con el gobierno en donde ambos salían beneficiados en perjuicio de los lectores y de la población, en general. Los derechos humanos que deberían denunciarse no son los de la supuesta “libertad de expresión” que el gobierno de Chiapas interpreta como “calumnia”. Más bien tendrían que ver con la libertad de formarse opinión y tomar decisiones – ambos derechos de la ciudadanía.

El concepto de libertad tiene que ver con la capacidad de autorregular acciones por parte de quien la ejerce. La libertad de expresión tendría que regularse a partir de la estructura de los diarios, con figuras que se utilizan en otros países como la de “Defensor del Lector”. Sin embargo estamos lejos todavía de que gobierno, periodistas y lectores tengan claro cuál es la función de la prensa en el desarrollo social, mientras tanto, seguiremos viendo como unos y otros se hacen los ofendidos sin avanzar en la idea de una sociedad participativa, en donde los ciudadanos marcan la pauta del desarrollo.