Por Javier Esteinou
Número 40

La Fundación para la Democracia y la Fundación Arturo Rosenblueth, encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y un conjunto de intelectuales destacados con el compromiso de cambio nacional, elaboró el documento denominado“Un México Para Todos: Construyamos Un Proyecto Alternativo”1, con el fin de abrir la discusión colectiva sobre el modelo futuro de sociedad mexicana que deseamos edificar para los próximas décadas en el país.

Dicho documento expone que el proyecto neoliberal que han impulsado los cuatro últimos gobiernos federales del PRI y el PAN, no ha cumplido las promesas de llevar a México al primer mundo, lograr un crecimiento económico sostenido y durable, garantizar el bienestar para todos los mexicanos y mexicanas y erradicar la pobreza, entre otras muchas que sus propagandistas prometieron. Por el contrario, ha mostrado, en cambio, que no tiene nada bueno que ofrecer a la sociedad.

Por ello, México se debate hoy en el estancamiento y la creciente subordinación económica, el atraso y la dependencia tecnológica, el desempleo y la generalización de la informalidad, la creciente pobreza, la carencia de infraestructura y servicios públicos esenciales para el crecimiento y el desarrollo social, la ausencia de Estado de Derecho, la violación de los derechos humanos y sociales, la violencia asfixiante, la corrupción y la impunidad, en medio de una crisis de la credibilidad de los partidos políticos, los órganos legislativos y los gobiernos.
Derivado de ello, por ejemplo, cientos de miles de mexicanos tienen que atravesar ilegalmente la frontera con Estados Unidos y sufrir vejaciones, exclusión, represión y aún el riesgo de perder la vida, para buscar en el vecino país los ingresos que no pueden obtener en México para su propia supervivencia y la de sus familias. Paradójicamente, las remesas de estos emigrantes se han convertido en la mayor fuente de divisas del país y la condición de subsistencia de millones de mexicanos pobres.

Sin embargo, el actual gobierno foxista insiste en profundizar el proyecto neoliberal de inserción subordinada en una globalización inequitativa y polarizada, contraria a la soberanía nacional y a los intereses del pueblo mexicano. El contexto internacional de este empeño son las evidencias del fracaso del modelo neoliberal, las guerras focalizadas, la exacerbación del poder mundial unipolar, y la emergencia de nuevos movimientos políticos y sociales que postulan que un mundo diferente es posible.

Frente a ello, es necesario elaborar un nuevo proyecto para la nación, que postule un nuevo rumbo para el México del futuro, donde el diálogo plural y fraternal construya un programa político que oriente la lucha de los mexicanos y mexicanas por satisfacer sus reivindicaciones históricas y construir una sociedad equitativa, justa, incluyente y sustentable para las generaciones presentes y futuras.

De ésta forma, la visión del México futuro que pretende levantar esta propuesta supone edificar, en el mediano y largo plazos, una sociedad diferente que se caracterice por ser un país soberano, con una sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza; con un patrón de desarrollo económico distinto al neoliberal; con una educación integral, democrática, plural y de calidad; con una democracia participativa; con un federalismo equitativo; y especialmente, con un proyecto de comunicación democrática.
En relación a este último plano comunicativo se plantean 3 niveles a considerar: Las tecnologías de la información, los medios de información colectivos y la comunicación internacional2.

En cuanto a la tecnologías de la información éstas debe ser una de las herramientas principales de inclusión social y desarrollo, en función de lo cual deberemos conseguir que todos los ciudadanos tengan acceso a los bienes o medios y a la capacitación para utilizarla; es preciso extender el conocimiento y la utilización de la tecnología de la información a todas las actividades, en todo el territorio, en los distintos ámbitos de gobierno y con todos los habitantes.

Debemos estimular el involucramiento de la comunidad científica en los espacios educativos, instituciones especializadas y empresas privadas, en la investigación y producción de tecnología propia, con el propósito de obtener una progresiva independencia en el desarrollo comunicacional.

Una forma de multiplicar esta posibilidad consistirá en adoptar y promover el uso de software libre, cuyo desarrollo es una base importante para instrumentar la participación interactiva de los ciudadanos y utilizar con mayor libertad y autonomía el mundo digital.

En el rubro referente a los medios de comunicación electrónica la propuesta señala que éstos están concentrados y ligados con los intereses de los gobiernos en turno. La definición de sus contenidos, por tanto, depende de idénticos criterios de dominación y control. La aparente diversidad de programación de las cinco redes nacionales de televisión está en manos de dos personas que, en última instancia, deciden lo que cien millones de personas pueden ver y oír. En cambio, Internet, el más abierto de los medios y el de mayor capacidad revulsiva, es por ahora el de acceso más limitado. Esta realidad señala que el derecho a la información y la democratización de la comunicación, son todavía objetivos por alcanzar.

Es necesario rescatar el carácter de interés público de éstos para hacerlos accesibles a distintos sectores de la sociedad; que diversifiquemos la posesión y establezcamos acuerdos sobre el desarrollo de contenidos en función de necesidades culturales y educativas. Los medios, en tanto concesiones, deben atender a las necesidades de las políticas de Estado, no de gobierno, y éstas, a su vez, deben definirse a partir de las necesidades del conjunto de los habitantes.

Para ello, hay cambios profundos e integrales pendientes de ejecutar, que la sociedad civil ha demandado y que los gobiernos han eludido sistemáticamente. Durante la actual administración, se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que constituye un avance importante a pesar de las resistencias en distintas instancias de gobierno, pero siguen congeladas las iniciativas para reglamentar los artículos 6º y 7º de la Constitución, las propuestas para reformar la Ley de Radio y Televisión, que data de 1960 y deja a discreción del ejecutivo el otorgamiento de concesiones, y las correspondientes a la Ley de Imprenta de 1917, que afecta a la libertad de expresión. Asimismo el actual gobierno ha entregado a los concesionarios los tiempos oficiales de que disponía. Otros rezagos normativos que el gobierno se resiste a atender tienen que ver con la transparencia publicitaria, el derecho de réplica, el código de ética periodística, la cláusula de conciencia, el secreto profesional, y el consejo ciudadano de regulación y control.

Una ciudadanía bien informada y crítica requiere de espacios mediáticos diversos, plurales y abiertos, alineados con el interés público y no con el éxito mercadológico, sea político o comercial. La diversidad cultural y étnica, que es parte esencial e indisoluble de nuestra identidad nacional, debe tener expresión plena a través de los distintos medios de comunicación y en el intercambio informativo. Las políticas de comunicación e información, por tanto, constituyen una política de Estado que será preciso asumir.

Esta premisa exige el apoyo y la ampliación de las experiencias alternativas, el fortalecimiento del sistema radiofónico indígena, el impulso de la radio y televisión comunitarias, la recuperación de la presencia oficial a través de medios locales, estatales y federales y la transformación integral de la legislación existente desde los planteamientos que la sociedad ha formulado.

El cine mexicano está esperando el momento de una vigorosa recuperación. El Estado debe establecer un sistema de subvenciones y apoyos que lo doten de una nueva infraestructura, de una red de distribución competitiva y eficiente en México y el extranjero, y de recursos suficientes para estimular la creación independiente y de alta calidad.

Será necesario revisar los tratados de libre comercio, sobre todo el TLCAN, en materia de productos culturales para proteger al cine mexicano, la producción televisual y la industria editorial y discográfica. Es preciso aumentar el gasto destinado al renglón de la cultura en general y diseñar mecanismos fiscales de apoyo a la producción y difusión cultural.

El gobierno debe utilizar sus facultades legales para que los medios de comunicación destinen tiempo y recursos a la producción artística nacional y a la difusión del arte y la cultura universales; y buscar mecanismos que induzcan a las universidades privadas a destinar parte de sus ingresos a la extensión universitaria y la difusión cultural3.

En relación al intercambio comunicacional con otros países es desventajoso para México y América Latina; desventaja apenas matizada con el esfuerzo de la sociedad en la construcción de redes alternativas. Según el criterio dominante en los países hegemónicos, la información debe circular como mercancía, no como instrumento para enriquecer la formación y el conocimiento de las personas. La selección, tratamiento de contenidos, producción y difusión a escala mundial, está en manos de unos cuantos mega-grupos de multimedia que simplifican los acontecimientos y los presentan como espectáculo de alto impacto sensorial, sin rigor, descontextualizados, fraccionados y valoraciones sesgadas y tendenciosas. Los medios locales les son funcionales.

México está desprotegido, aún en el ámbito de tratados comerciales, porque esta materia al igual que la producción cultural, ha sido ajena a la preocupación de sus gobiernos. La actual administración considera que los productos de las industrias culturales son de esparcimiento y comercio, en tanto sobre la cuestión comunicacional carece de una posición clara y por ende, de una política expresa.

La comunicación y la información no necesariamente tienen que convertirse en mercancía, constituyen una cuestión cultural y educativa con impacto en el desarrollo de nuestra propia identidad. Esto significa que en las relaciones de intercambio deben constituir una excepción cultural, figura que en los tratados comerciales protege los bienes y servicios con contenido cultural y evita su tratamiento como mercancía. La excepción cultural es una cláusula que reconoce y utiliza la OMC y permite que bienes relacionados con la producción cultural y la propiedad intelectual no sean tratados como mercancías en el mercado mundial. En América Latina sólo Brasil tiene propuestas de protección de su industria cultural. No está claro que la excepción cultural incluya a la comunicación y la información.

Este enfoque requiere de políticas articuladas con el resto de América Latina para fortalecer posiciones al momento de negociar con los países hegemónicos y de revisar los apartados correspondientes del TLCAN y de todos los tratados comerciales presentes y futuros.

En síntesis, se puede decir que con éste proyecto se busca que fluya la información abierta, veraz y plural, accesible a todos los mexicanos, que difunda la cultura y la identidad nacionales, impulse la solidaridad de los pueblos, promueva la participación ciudadana y sea instrumento de la educación y el desarrollo humano y social. La revolución comunicacional en curso, cuyos alcances y consecuencias aún no pueden preverse ni ponderarse plenamente, trae consigo la multiplicación de las posibilidades de interconexión, intercambio de información e interactuación. Pero al mismo tiempo hace más profunda y amplia la brecha entre los que tienen y los que no tienen, los que poseen y controlan los medios tecnológicos y los que quedan subordinados.

Al tiempo que los grandes conglomerados económicos amplían sus posibilidades de control y hegemonía, los pueblos pueden disponer de un instrumento que potencia sus capacidades de organización, proposición y desarrollo. Sin embargo, la accesibilidad a la tecnología de la información es diferenciada, a escala nacional, regional y mundial.

La construcción de una comunicación democrática se debe realizar con los objetivos de ampliar el acceso a la tecnología de la información, cambiar las condiciones para el desarrollo de medios y contenidos comunicacionales y buscar un relativo equilibrio en los intercambios con los países desarrollados, en particular de los productos vinculados a la cultura y la educación.

Ante todas estas reflexiones queda claro que la agenda del cambio comunicacional para el nuevo gobierno 2006-2012 para generar un transición en este terreno, deberá atender entre otros, los siguientes aspectos básicos del mapa comunicativo nacional: ampliar el acceso a las tecnologías culturales; modificar las condiciones para el desarrollo de los medios; buscar el equilibrio cultural y educativo en los intercambios con los países en desarrollo; acceso plural y democrático a los bienes informativos y a los medios; capacitación de la sociedad civil para participar en los medios; rescatar la vocación del interés publico de los medios; convertir a los medios de públicos en medios de Estado y no de gobierno; regular el artículo 5° y 6° constitucional; suprimir la discrecionalidad en el proceso de otorgamiento o renovación de las concesiones; reformar la Ley Federal de Radio y Televisión; actualizar la Ley de Imprenta de 1917; lograr la transparencia publicitaria; crear un verdadero Derecho de Réplica; promover los códigos de ética periodística; regular la cláusula de conciencia y el secreto profesional; crear los Consejos Ciudadanos de regulación y Control de los Canales de información; fortalecer el sistema de radiodifusión indígena; impulsar las radios y televisiones comunitarias; manejar la comunicación como un producto social y no como una mercancía regulada por la “Mano Invisible del Mercado”; y finalmente, los procesos de intercambio comunicativo y cultural en los Tratados Comerciales bajo el régimen de excepción cultural.

Sin embargo, además de todas éstas realidades básicas es necesario considerar de forma complementaria la inclusión de los siguientes 3 aspectos para enriquecer más este proyecto estratégico para transformar comunicativamente a la sociedad mexicana del siglo XXI:

En primer término, debido a que con su desarrollo tecnológico los medios de información colectivos se han convertido en las principales instituciones modeladoras de la conciencia y cultura colectiva, el Estado y el gobierno mexicano los debe considerar como parte medular de la construcción de las políticas culturales nacionales y de su regulación jurídica correspondiente. En éste sentido, debe evitarse que el diseño y la consideración de las políticas culturales en México por parte del gobierno y del sector intelectual del país, sólo consideren las problemáticas correspondientes a los campos educativo, museográfico, arqueológico, etnográfico, operístico, dancístico, musical, literario, poético, etc; y sistemáticamente excluyan el reconocimiento, la incorporación y el peso trascendental que producen los medios de comunicación en éste ámbito medular de la vida mental de nuestra nación.

En segundo término, si los medios se han convertido en las principales instituciones de aculturación y educación masiva, es fundamental que los contenidos de los medios además de estar regidos por la normatividad actual, también deben ser regulados vertebralmente por el espíritu y la letra del artículo 3° constitucional referente a la cultura y la educación nacional. Dicha normatividad señala que “la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. ... El criterio que orientará a esa educación se basará en los dictados del progreso científico y luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Además será democrática ..., nacional ... y contribuirá a la mejor convivencia humana”4.

Finalmente, en tercer término, es necesario que considere en materia de cultura y acceso a los canales de información el punto 9 de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y el punto 7 de la Iniciativa de Ley de Reforma de Cultura y Derechos Indígenas, que en esencia formularon que el Estado mexicano reconoce que “los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y a la autonomía, como parte del Estado mexicano .... para adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación”5.

De aquí, la necesidad estratégica de realizar una profunda reforma comunicacional del Estado mexicano que permita crear en la nación un nuevo modelo de comunicación colectivo que posibilite la participación de todos los sectores para lograr la transición informativa pacifica a la democracia. Una nación no puede sobrevivir democráticamente con la participación comunicativa de sólo un grupo privilegiado y la marginación de la mayoría social: La paz social se construye con la participación de todos los sectores. De lo contrario, la dinámica social de sobrevivencia desesperada, especialmente del “México Bronco”, se desbordará por las vías violentas no institucionales, produciendo una profunda crisis de gobernabilidad y de equilibrio de todo el sistema social.

Notas:

1 Un México Para Todos. Construyamos Un Proyecto Alternativo. (Propuesta Para la Discusión), Fundación Para la Democracia y Fundación Arturo Rosenblueth, México, D.F, febrero del 2004, 69 paginas.
2 Un México Para Todos. Construyamos Un Proyecto Alternativo, Obra cit, paginas 65 a 67.
3 Un México Para Todos. Construyamos Un Proyecto Alternativo, Obra citada, paginas 47 y 48.
4 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, Editorial ALCO, México, D.F., 1998, página 5 y 6.
5 Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en: Chiapas Con Justicia y Dignidad. Memoria de Acuerdos, Compromisos, Acciones y Obras, Coordinación Para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, Gobierno de México, México, D.F, noviembre del 2000, paginas 91 a 93 e Iniciativa de ley enviada por el Presidente Fox al H. Congreso de la Unión, Presidencia de la República, Gobierno de México, México, D.F., 5 de diciembre del 2000, 8 paginas, <http://www.presidencia.gob.mx>