Por Carlos Fara y Fabián Melamed
Número 49

Algo se terminó de romper el 19 de diciembre de 2001 por la noche. A partir de ese momento, en cuanto surge un conflicto, los afectados se olvidan de los canales institucionales y salen a la calle para reclamar por sus demandas. En ese momento la duda era si esa “costumbre” se mantendría en el tiempo, o se acabaría en cuanto la economía volviese a crecer.

La economía volvió a crecer a tasas sin precedentes, pero la gente no se fue a su casa, sino que sigue alerta en función de los conflictos que se le presentan. Las Heras, Gualeguaychú y Colón, Misiones –para nombrar solo tres desde que empezó el año- fueron epicentros de movilización social, que una vez echados a andar, se desenvuelven con total autonomía de las estructuras políticas, perdiendo éstas todo tipo de control. Por supuesto: siempre hay “activistas” o “agitadores”. Pero sin pólvora no hay explosión. En todo caso, los operadores del caos solo acercan la mecha encendida.

A partir de estos sucesos se reavivan varios interrogantes: 1) ¿no era que ahora todo se aplacaría porque estaba restituida la autoridad presidencial, perdida con De la Rúa y Duhalde?; 2) ¿no era que había vuelto la política a poner orden y contención, luego que “el mercado” había desarticulado a la sociedad en sus diversos estamentos?; 3) ¿no era que con crecimiento económico las demandas se aplacarían para volverse totalmente manejables?

Las papeleras: un caso testigo
No importa quién tiene la razón, si se tensó demasiado la cuerda del conflicto, si la culpa es de Busti, si el gobierno nacional no tomó el problema a tiempo. Lo cierto es que hace rato todo el mundo dice que la solución es política, que se tienen que sentar a negociar los dos presidentes, que la resolución debe darse en el marco del Mercosur, etc. Pero el final de la historia todavía no se conoce, pese a la tregua. ¿Por qué sucede esto en territorio argentino?

Porque dejó de existir hace tiempo una sociedad civil organizada, que responda a ciertos parámetros de legitimidad de los actores de mediación política. El conflicto no estuvo conducido. El presidente diría que estaba “desordenado”.

Antes de 2001, la gobernabilidad era más un pacto entre partidos. Hoy esto mutó. Se impuso la lógica de que si se cede a dejar el corte, ¿qué garantía tienen los entrerrianos de que se verán satisfechas sus demandas?
Cuando se producen conflictos de este tipo, en los cuales hay una sociedad movilizada de manera persistente, informada, sensibilizada, conciente del impacto de sus acciones, los arreglos entre bambalinas corren el riesgo de quedar en aguas de borrasca. El fracaso en el que hasta ahora ha caído la negociación respecto al conflicto de las papeleras es un buen ejemplo de esto.

Una posición tan enraizada en el público local y con bastante apoyo social externo (50 % de la zona metropolitana está de acuerdo con los cortes de ruta por este tema, vs. el 42 % que está en desacuerdo), no puede ser negociada en un proceso paralelo, no consensuado y fuera de un contexto de debate público.

La gente exige participación, y esto se verá acentuado en los próximos tiempos en la Argentina, sobre todo en lo atinente a conflictos medio ambientales.

El gobierno tiene a su alcance muchos recursos para informar, sensibilizar y ordenar las demandas. Si no lo hace con el respaldo real de los participantes más activos, será poco sustentable y puede devenir en un paso más en la escalada del conflicto, con lo cual su intento de solución solo lo convierte en un problema mayor.

Incluso puede haber un deterioro de la autoridad presidencial, lo que puede animar a otros grupos sociales a recorrer este camino para la negociación de sus intereses. Minar la imagen de la máxima autoridad en contextos de tensiones agazapadas como las que vive el país es algo delicado.

El gobierno necesita establecer un sistema abierto de negociación que incluya a los actores más comprometidos, dándole mayor legitimidad aún a través de una estrategia de comunicación social que sensibilice al resto del país y le brinde a la mesa de negociación un sostén de mayor transparencia. Existen acciones simbólicas, de reconocimiento, visibilización y legitimación de la demanda que generan resultados positivos para la gobernabilidad.

Epílogo
Cuando algo no funciona bien, no significa que deba desaparecer por completo. Las estructuras políticas cumplen una función fundamental dentro del sistema político: amputarlas significa desmejorar al conjunto, no terminar con la enfermedad.

La destrucción sistemática de dichas estructuras ajenas al control del oficialismo, y no reemplazadas por nada sólido, permite pensar que no importa cuánta conflictividad social se registre, en adelante será más difícil de encauzar.

Ya no hay nadie que pueda “armar” un nuevo 19 de diciembre de 2001. Pero si se produce, tampoco habrá quien lo contenga.