Por Silvano Cantú
Número 51

Los ciudadanos de nuestro siglo demandamos de nuestras democracias una serie de valores que le den sentido y contenido a sus relaciones con el mundo, a su acción política, a su dinámica general. Demandamos consensos, civilidad por parte de los actores políticos y de todos los sectores sociales. En un sistema de elites políticas que compiten por el poder electoralmente –como el mexicano–, en que los candidatos montan la estrategia de descalificarse los unos a los otros, muchas veces sin fundamento pero siempre con mucho dinero, en que la competencia por el poder se convierte en una suerte de carrusel de paisajes informativos y antiinformativos en vaivén y se compromete todo el tiempo la viabilidad de los consensos que permiten gobernabilidad y rumbo a la agenda pública, la democracia marcha sobre un camino plagado de frustraciones.

Muchos ciudadanos adoptan el cómodo mea culpa del “tenemos los gobiernos que merecemos” y a sobrevivir el sexenio… Pero es precisamente por creer que los derechos y deberes cívicos del ciudadano se agotan al arrojar a la urna un voto – como quien confía su suerte a los vuelcos de un dado – que tenemos gobiernos que no terminan por convencernos. Elegimos a un candidato, pero desconocemos por completo qué hará una vez que sea gobernante y lejos de consensuar la vida común, la padecemos… ¿quiénes decidieron estos contornos generales de nuestras vidas? Superar esta ciega apuesta implica advertir las limitaciones de una “democracia” elitista, en que la mera invitación al diálogo suscita sospechas y desconfianza, fruto del demérito en que han caído los “grandes pactos” incumplidos de los años electorales y el desprecio hacia el ciudadano.

Las denuncias al respecto también han ocupado muchos espacios. En vez de compendiar una vez más las faltas en que hemos incurrido, este texto busca proponer un consenso que vaya más allá de las elecciones y algunas características del mismo. Como en toda invitación al diálogo, caben todas las rectificaciones y la esperanza del consenso.

Autoconcepto y responsabilidad histórica del ciudadano
Creo que el problema de llegar a un consenso democrático comienza con el conocimiento de los problemas nacionales y la voluntad de llegar a un consenso. El primer obstáculo parece ser la abulia de muchos, la apatía. Al nivel más pragmático de análisis, no precisamente el más profundo, muchos consideran que el desencanto del mexicano con la democracia tiene que ver con los fracasos del Gobierno de Fox, como si el Gobierno de Fox encarnara en sí mismo la democracia. Muchos teóricos hablaron alrededor del 2 de Julio de 2000 de conceptos tales como “instauración democrática”, “transición a la democracia”, o hasta de “consolidación democrática”. Sin embargo, es impactante el hecho de que muchos mexicanos preferirían un régimen autoritario a una democracia, siempre que aquél mejorara las condiciones económicas del país (como muestra la encuesta del 2002 del Latinobarómetro y los datos publicados por el IFE sobre las elecciones en 2003, en que el abstencionismo fue del 58.33%, sin contar los votos nulos). Así que las glorias democráticas enarboladas por teóricos y políticos se destiñeron a lo largo del llamado “gobierno del cambio”. Para el pueblo, para el que los valores y derechos que entraña la democracia se transmutaron en puros estándares económicos de vida, la “democracia” les falló. Oprobio para la democracia malentendida por la ciudadanía y malentendida y tergiversada por teóricos y políticos. El mayor malentendido es que se ha perdido de vista que la Constitución reconoce en la democracia una forma de vida que, como expresión de la soberanía, hace de cada ciudadano su titular fraccionario como lo establece el artículo 39. No obstante lo anterior, el ciudadano ha estado ausente de la toma de decisiones públicas y los gobiernos han evadido la promoción e institucionalización del ejercicio de la soberanía popular.

En un sistema así, el individuo inconsciente – por ignorancia, pesimismo o confort - forma comunidad sólo estadísticamente y sus sentimientos hacia la Nación son débiles, tiene la ciudadanía y la nacionalidad mexicanas como quien tiene un accidente. Esta pobreza de autoconcepto y de concepto de su circunstancia lo lleva a empobrecer la esfera pública. Ese visitar la esfera o espacio público es lo que da al individuo su dimensión cívica, en la cual es libre y ejerce sus libertades, en la cual adquiere, crea, cuestiona y propone valores (como la honestidad, el patriotismo como valor republicano, la laicidad del Estado, la libertad de expresión); o bien, combate antivalores (como la apatía, la corrupción, la falta de responsabilidad del gobierno para con los ciudadanos, la ausencia de responsabilidad social y ecológica de las empresas, etc.). De ahí que el individuo que sin vocación de ciudadanía se ausenta del mundo de la libertad y se convierte en un objeto flotando en el flujo de los acontecimientos históricos, pero no en un sujeto de la historia. Un individuo así no puede determinar ni siquiera el contorno general de su propia existencia: no viaja con la historia, es atropellado por ella.

Yo creo que la historia, con sus densas tramas de acciones,
reacciones, ideas y debates, como matriz de la causalidad interconectada, constituye un destino éticamente configurable, hecho de nuestros actos, deseos y pensamientos que nos determinan y determinan a los demás en el tiempo y el espacio. El individuo debe tener esta conciencia de responsabilidad histórica, de influencia real en la creación de este destino común. Así, en un primer momento, esta conciencia informa la dimensión ética del ciudadano para que sus actos se encaminen a los valores democráticos, al mundo de la libertad, al espacio público.

Podemos concluir a este respecto, que nuestro primer compromiso de diálogo hacia un consenso nacional es de carácter político - cultural: convocar a todos, a los más posibles, a participar del espacio público con esta actitud que podríamos llamar la vocación de nacionalidad y ciudadanía: que todo ciudadano esté consciente de sus derechos y deberes, que sepa cómo ejercitarlos y se reconozca a sí mismo como co – titular de la soberanía nacional, con todo lo que esto implica en los hechos, no sólo en las credenciales de identificación y con el imperioso reconocimiento del “otro”.

Libertades públicas y autonomía del sector social
Ya de inicio, aunque el individuo sea consciente de su responsabilidad histórica, no es autónomo porque hay una historia que lo determina hasta en lo más sutil. Podemos decir que el ciudadano autoconsciente no actúa en contra de la comunidad, está comprometido con la unidad nacional y la justicia social, pero en el marco de esta conciencia debemos garantizar al individuo la libertad de disentir para que la vocación de nacionalidad y ciudadanía no se convierta en ocasión para legitimar la injusticia. Por ello, el diálogo que nos invita al consenso nacional debe precisar lo que se aproxime más a la justicia (que se cumpla con las garantías constitucionales, que se amplíen los derechos políticos y civiles, que se hagan respetar las garantías sociales y se dé marcha atrás a las leyes y políticas públicas que vulneraron el bienestar de las mayorías). Es más, ahí donde el consenso de unos cuantos se impone a la mayoría – como suele ocurrir – o donde el consenso de la mayoría atropella los derechos de uno o varios ciudadanos, subsiste el derecho a la rebeldía frente a un destino injusto.

Por supuesto, una sociedad en la que nos rebelamos a la injusticia es deseable cuando existen instituciones y procedimientos que garanticen a todos que su derecho a disentir, siempre que se justifique y sea pacífico, tendrá su lugar en el diálogo, se considerará para llegar al consenso sin excluir a nadie que en justicia reivindique sus derechos (esa garantía evita la violencia de algunas reivindicaciones, fruto del distanciamiento del gobierno y las complicidades entre algunas elites). De ahí la necesidad de que nuestro próximo gobierno reconozca el derecho de la ciudadanía a participar en la creación de este destino común y de cada ciudadano. Así como es importante elegir a quienes serán nuestros gobernantes, es tanto o más importante decidir cómo nos van a gobernar, cómo administrarán nuestros recursos naturales y el dinero de nuestros impuestos. Considero, pues, como un segundo compromiso - de carácter político y jurídico - para el consenso democrático: crear las instituciones que garanticen al ciudadano participar en la toma de decisiones públicas.

Si el censo demográfico del Estado Mexicano impide el idilio rousseauniano de la democracia directa como se vivió en Atenas o en Ginebra, el ciudadano debe y puede exigir a las autoridades y éstas a su vez legislar lo correspondiente, para que dentro del marco de una democracia representativa existan los canales de participación directa adecuadas al mejor concepto que podamos vivir de democracia. No podemos llegar al consenso ahí donde falta el principal actor del Estado: la ciudadanía.

Por otra parte, para que la voz del ciudadano no se pierda en un océano de opiniones divergentes, ni se vea influida o colonizada por el sector privado o el sector público, debe fomentarse en esa esfera de conciencia ciudadana la organización de la sociedad civil para que sus decisiones sean autónomas, eficaces y respondan a los intereses auténticos de los ciudadanos. En este contexto, el sector público debe asegurarse de no ser “colonizado” a su vez por el sector privado, ni en su discurso ni en su dinámica ni en sus compromisos, porque los gobiernos no son gerencias ni los ciudadanos, clientes o empleados. Esto último entraña otro compromiso: el respeto a la autonomía de los tres sectores y el reconocimiento de su interdependencia.

Un concepto social y nacional de democracia en el marco global
Finalmnte, cabe dimensionar nuestro consenso nacional en el marco de las grandes transformaciones del mundo, en torno a las cuales no podemos pasar de largo, ya que el problema de nuestra democratización es en cierto modo el problema de democratizar la globalización. México ha liberalizado muchos rubros de su actividad económica para que sean las iniciativas privadas las que se hagan cargo del asunto y es el país con más tratados de libre comercio en el mundo. Empero, los principales indicadores económicos - como la balanza comercial – no muestran que México tenga ventajas considerables frente a sus socios comerciales. Los pobres del campo y la ciudad, la clase media y los pequeños y medianos empresarios han padecido de diversas formas los efectos negativos de la liberalización de la economía en el contexto global. Aquí tenemos otro tema importante, de índole económica, que debe contemplar el consenso nacional: que todos los actores involucrados nos comprometamos a combatir la desigualdad social y económica que ha marcado históricamente a nuestra sociedad.

La desigualdad amplía brechas sociales y mundiales. México sigue dificultando el ejercicio de su soberanía (por ejemplo, en materia alimentaria o en el comercio exterior, en que somos inconvenientemente dependientes). Nos corresponde, asimismo, enderezar los indicadores mal comportados: violencia, descomposición social, desconfianza. En este marco general, el autoconcepto del individuo y sus aspiraciones en la vida se reducen muchas veces al egoísmo, al consumo, a calcular cómo instrumentalizar a los demás para lograr sus intereses particulares (porque también es instrumentalizado por otros) y a anteponer estos particularismos al bienestar de la comunidad de la que no se siente parte. Este individuo atomizado impide el consenso democrático y nacional. Dentro y fuera del Estado nacional, el particularismo frustra el camino de la democracia. La globalización no es mala en sí misma, sino en la manera en que antepone los intereses particulares de los grandes poderes políticos y económicos al bienestar de las sociedades y los valores que hacen civilización. La misma civilización debería ser un consenso. Mientras lo privado esté orientado por lo particular, no hay garantía de bienestar para las sociedades, incluso en los países desarrollados. No hay consenso democrático ni proyecto nacional sin renunciar al particularismo, a los actos y discursos que permiten la inequidad en la distribución del ingreso y en las oportunidades de desarrollo integral para todos.

La democracia en este momento histórico tan vertiginoso abre un espacio público de diálogo de carácter expansivo y trata del tránsito del pueblo como una masa gobernada por un sistema de partidos políticos en competencia y determinados por fuerzas económicas internas y externas, a una comunidad organizada de ciudadanos gobernantes con las instituciones constitucionalmente establecidas y capaces de organizarse también para la cooperación mediante la creación de una gran sociedad civil mundial que garantice el bienestar y el desarrollo común en un planeta que es estadísticamente pobre, en que se globalizan las fortunas de muy pocos y el sufrimiento de muchos. México debe participar activamente en la invitación a este gran consenso.

Conclusión
Considero que un consenso nacional y democrático, comprenderá al menos los siguientes objetivos generales:

1) trabajar activamente en la construcción de una sociedad de la conciencia, con ciudadanos que conozcamos nuestros derechos y deberes y los ejerzamos en nuestro carácter de miembros de la soberanía popular que nos reconoce la Constitución;
2) crear las instituciones y procedimientos que garanticen a todo ciudadano co – gobernar por medio de la participación en la toma de decisiones públicas;
3) respetar y hacer respetar la autonomía de los sectores público, privado y social entre sí; reconocer su interdependencia, diferenciando puntualmente sus dinámicas y funciones y colaborando entre sí anteponiendo el interés nacional al particular;
4) combatir la desigualdad social y económica;
5) contribuir a democratizar la globalización desde la democratización nacional.