Por Miguel Lara
Número 57

La definición mínima de democracia de Robert Dahl (2004) nos indica que “ésta no sólo requiere de elecciones libres, justas y competitivas, sino que necesita de libertades para poder funcionar”. Por estas libertades entiendo, entre otras, a la libertad de expresión. La democracia no sólo es el gobierno de la mayoría moderada (Sartori) sino que requiere de libertades políticas para que haya debate y una toma de decisiones independiente. Para que una democracia funcione, la libertad de expresión es irrenunciable. Por esto es preocupante que en México tengamos leyes que atenten contra su existencia. Con esto me refiero a las reformas aprobadas en abril de 2006 a la Ley de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Estas Leyes, a pesar de tener puntos positivos desde el punto de vista tecnológico y de transparencia, tienen puntos que hacen peligrar el debate y la formación de opiniones autónomas en nuestro país, puntos que hacen peligrar la libertad de expresión, y con ello a la democracia. La misma ley reformada pronto adquirió el nombre de Ley Televisa, denunciando así que la misma tenía como objetivo acentuar el poder del principal (y de todas formas ya poderosísimo) grupo de televisión del país.

La Ley
Entre los puntos buenos de esta Ley tenemos que permite la modernización y el acceso a nuevas tecnologías, además de reducir las posibilidades de corrupción. Con esta Ley los actuales concesionarios tendrán más facilidades para utilizar los nuevos servicios digitales; las frecuencias que sobren, a partir de la digitalización, serán usadas para nuevos espacios de telecomunicación; y el Estado ya no otorgará concesiones a discreción como antes -donde normalmente se estimulaban el clientelismo y la corrupción-, sino que éstas se ganarán (en algunos casos) a través de licitaciones públicas.

Por el lado negativo, tenemos que esta nueva Ley afecta la libertad de expresión y la democracia -Entendida como forma de gobierno que no puede prescindir de la libertad de expresión- al concentrar el poder informativo en unos cuantos medios de comunicación y así favoreciendo a los monopolios. La Ley tiene cinco mecanismos que evidencian esto: En primer lugar favorece a los concesionarios existentes y no a los nuevos al dar a los actuales una tercera parte del nuevo espacio digitalizado; 2. Los concesionarios que ya tienen un negocio y quieran un canal de televisión o estación de radio adicional podrán tenerlo con tan sólo pedirlo, sin entrar a una licitación y sin la aprobación del órgano antimonopolios; 3. Quienes no tienen actualmente una concesión y busquen tenerla, deberán de acudir a subasta pública donde gana el que más ofrezca (lógicamente los grandes negocios ya establecidos) y; 4. No contempla a los llamados medios públicos como Radio Educación, Canal 11 o Canal 22, quienes podrían perder sus espacios1 y 5. se establecen fuertes barreras financieras y técnicas para las radios comunitarias e indígenas, que por mandato constitucional (articulo segundo) pueden prestar el servicio de radiodifusión. Además se refuerzan los privilegios de los ya privilegiados, se atenta contra la rectoría del Estado y su capacidad de regulación, se vulnera el derecho humano a la información (ya contemplado como derecho constitucional) y finalmente se da un derecho de veto a los poderes fácticos sobre las básicas libertades de expresión.

Los medios como recursos del poder

Mientras menos concentrado se encuentre el control de los recursos de poder en una sociedad, más posibilidades de participación democrática habrá (Sánchez Ruíz, 2004).

La democracia, la dictadura y la oligarquía son formas sociales de ejercer el poder, que se distinguen por el grado de concentración del poder en uno, en varios o en toda la sociedad; por otro lado los medios de comunicación son recursos de este poder, siendo así, una concentración excesiva en este recurso es un obstáculo al ejercicio democrático. Por otro lado, el poder en su forma clásica se define como la posibilidad que tiene un agente en influir sobre otro, sin embargo, en la democracia esto tiene que pasar forzosamente por un equilibrio, si, por ejemplo el agente A (Televisa) tiene un poder desmedido sobre el agente B (sociedad, partidos políticos, candidatos) podríamos estar hablando de una relación vertical, jerárquica y dictatorial, en cambio si la relación de A y B se da a través de una igualdad de condiciones y del diálogo estamos ya frente a una democracia. La Ley Televisa favorece claramente lo primero.

Vemos así que efectivamente la Ley impulsa la monopolización en radio y televisión. De acuerdo con la teoría económica un mercado monopólico es aquel donde existe un solo vendedor que domina por completo la oferta (en nuestro caso de contenidos informativos), donde existen fuertes barreras de entrada para terceros (eliminando la competencia) y donde el monopolista puede fijar sus precios arbitrariamente (en nuestro caso, fijando la programación de acuerdo a su voluntad). El caso del oligopolio -como lo vivimos actualmente a través de Televisa y TV Azteca, que es prácticamente un duopolio, ya que concentran un 90% del mercado- es muy similar al del monopolio ya que también impide la competencia, sacrifica la eficiencia y reduce la calidad y aumenta el precio.

Es así que, por definición, un monopolio o un oligopolio van contra la libertad, sea ésta de intercambio de bienes o de ideas. La democracia es el gobierno de la opinión, opinión que tiene como origen el debate entre los individuos. La opinión debe surgir de la sociedad civil y de la libertad y no de la imposición, debe surgir del debate y no de las órdenes, es horizontal y no vertical. En la democracia, también horizontal, la participación surge de la ciudadanía y no de un ente ajeno a ésta. La televisión es una opinión publicada, más no una opinión pública, es un ente exógeno que impone sus voluntades. La televisión no presenta un riesgo cuando existe competencia y recibimos múltiples informaciones de fuentes diversas, pero cuando éstas fuentes son una o dos, somos vulnerables a una opinión dirigida e impuesta desde arriba y perdemos la capacidad de formar una opinión autónoma, opinión que se forma mediante la deliberación, mediante la oposición entre varias opiniones.

Con la Ley de Radio y Televisión las dos televisoras más importantes del país no sólo monopolizarán la propiedad de los medios, sino que monopolizarán la voz de la información, estas televisoras podrán imponernos sus contenidos. El haber escuchado la misma canción todo el día en ciertas estaciones de radio (hecho como protesta) el día que se votó dicha Ley, vislumbra un futuro cercano donde la opinión publicada será aceptada como verdad y será puesta sobre la opinión pública, así, no habrá mas que dos opciones para el público que desea formarse una opinión. Posiblemente esta situación no sea tan mala, siempre y cuando las grandes televisoras se apeguen a la regla de la objetividad y al ‘informar por informar’. Sin embargo existe el gran riesgo de que las televisoras no se mantengan ajenas a intereses políticos o económicos, pudiendo favorecer la compra de ciertos productos o de ciertos candidatos. Sabemos de sobra el impacto de los medios en la población y en los electores, favorecer a un candidato y descalificar a otro podría alterar sensiblemente el resultado de una elección. Un ejemplo reciente sobre la falta de objetividad e imparcialidad y la defensa de intereses particulares en los medios se encuentra en los ataques a los comercializadores de medicamentos, en particular a Casa Saba, quien fue victima de esto debido a la intención de su presidente, Isaac Saba, de unirse a Univisión y constituir una tercera cadena televisiva en el país. Ver constantemente películas de Pedro Infante o la telenovela de Rebelde es solo la punta del iceberg.

Un respiro
Desafortunadamente estas malas leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones fueron aprobadas en abril de 2006 por el Senado y por el Presidente de la República, todo esto a pesar de las recomendaciones de muchos senadores, el Secretario de Comunicaciones en ese momento (Pedro Cerisola) y distinguidos abogados constitucionalistas que señalaban las claras violaciones de estas nuevas leyes a la Carta Magna, principalmente en lo que toca a la prohibición de monopolios, las garantías de igualdad (por la cuestión de las subastas), la rectoría del Estado y la libertad de expresión.

Sin embargo ahora gracias a la controversia constitucional presentada ante la SCJN por un bloque opositor de 47 Senadores de la Legislatura pasada y gracias a las reformas paralelas a la misma Ley que se podrían dar en el próximo período de sesiones ordinario de la Cámara de Diputados (impulsadas irónicamente por Santiago Creel ex Secretario de Gobernación y en su momento impulsor de la reforma), se abre un espacio para que se escuche la voz de la libertad de expresión y se avancen los intereses de la sociedad civil y de la democracia.

Según el proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, encargado de la presentación del caso para su votación en el pleno de la SCJN, la ley “propicia la concentración de los servicios de telecomunicaciones, lo que se contrapone a un régimen que asegure una pluralidad de concesionarios que evite la formación de grupos de poder en una actividad que tiene influencia decisiva en la sociedad".

La votación del Pleno de la Corte afortunadamente declaró inconstitucionales los puntos negativos anteriormente expuestos. Ahora ante esta nueva coyuntura favorable, los legisladores deberían de seguir estas cinco recomendaciones que propongo a fin de buscar el interés general y darle su tan merecido espacio a la libertad de expresión y a la democracia:

1. Retener los aspectos positivos a la reforma de la ley, es decir el estimulo a la modernización y acceso a nuevas tecnologías y el eliminar la discrecionalidad para el otorgamiento de nuevas concesiones.

2. Que los concesionarios que actualmente tienen un negocio televisivo y quieran un nuevo canal o frecuencia de radio en nuevas plataformas tecnológicas tengan que entrar a una licitación pública y ser aprobados por la Comisión Federal de Competencia (y no sólo pedirla y no requerir aprobación de la CFC)

3. Que quienes no tienen actualmente una concesión y busquen tenerla, deban de entrar a una licitación pública por concurso y no a una subasta donde el que más recursos económicos tiene es quien se queda la concesión.

4. Que los medios públicos como Radio Educación, Canal 11 o Canal 22 sean contemplados dentro de esta Ley a fin de favorecer su digitalización, modernización y ampliación.

5. Que el mercado de la información, como cualquier otro mercado, se sujete a firmes reglas de competencia donde ninguna empresa o conjunto pequeño de estas pueda tener un control casi absoluto sobre las señales y sobre la población.

Hay pocas industrias que funcionan de manera tan autoritaria como los medios de comunicación: unos cuantos tienen que asumir decisiones sobre los mensajes que serán transmitidos a muchos otros. La posibilidad de difusión reforzada por las nuevas tecnologías, que ya están en aptitud de superar prácticamente todo tipo de fronteras, multiplica el poder de los medios y de esa manera, también, la influencia de sus operadores (Trejo Delarbre, 2001, p. 59).

De esta manera y para salvar esta faceta de la democracia, es urgente e imperativo que los legisladores asuman su responsabilidad con el interés general de la nación a través de una revisión (y modificación) profunda de la ley.

Notas:

1 Estos puntos sobre la Ley de Radio y Televisión se obtuvieron con información del Diario Reforma.

Referencias:

DAHL, Robert. On Democracy. Yale University Press, 1998.
SÁNCHEZ RUIZ, Enrique. “Comunicación y Democracia” en Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, IFE, 2004.
TREJO DELARBRE, Raúl. Mediocracia sin mediaciones. Prensa, televisión y elecciones. Ediciones Cal y Arena, México, 2001, p. 59