Twitter: ¿Jaque a la libertad de expresión?

México

LA CAJA DE PANDORA
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DIFERENTE

TWITTER: ¿JAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

“... confirmo en la Esc. “Jorge Arroyo” de la Col. Carranza se llevaron 5 niños, grupo armado, Psicosis total en la zona”, escribió el jueves 25 de agosto en su cuenta de Twitter Gilberto Martínez, @gilius_22. Un “Jarocho Auténtico, Soñador, y trovador de veras, me gusta hacer amig@s de todo el mundo”, reza su perfil. Inmediatamente recibió comentarios de la comunidad twittera corrigiendo el nombre de la escuela: “Alfonso”, no “Jorge”; otros más le reclamaban escribir “pendejadas y mentiras”; otros más confirmaban que el ataque había sido cierto. Ése fue el último día que Gilberto envió mensajes a través de su cuenta, que fueron recibidos por sus 314 seguidores; seguía entonces a 144 y había enviado 634 twits.

Tres días más tarde Maruchi Bravo Pagola @MARUCHIBRAVO envió un twitt de advertencia: “YHOY EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA EN LA HORA DE RECREO UN HELICÓPTERO DISPARÓ SOBRE EL PATIO LLENO DE NIÑOS”. La periodista comenzó a enviar este tipo de mensajes a partir del 22 de julio, siguió enviando mensajes esporádicos en los que advertía de ciertos riesgos y, desde su experiencia periodística, pedía se le confirmara la información. “NO SÉ SI SOY PORQUE PIENSO, PORQUE EXISTO O PORQUE PIENSO QUE EXISTO”, reza la descripción de su perfil. Maruchi Bravo tenía 1,207 seguidores; seguía entonces a 1,074 y había enviado 482 twits.

Maruchi Bravo, periodista y Gilberto Martínez, profesor, vivían en Boca del Río, Veracruz. Hacía relativamente poco tiempo que habían incursionado en la red social. Y seguramente habrían pasado inadvertidos para la comunidad twittera y para los medios en general, a no ser porque ambos fueron detenidos acusados de “terrorismo” por los mensajes que colocaban en sus respectivas cuentas. Los espacios informativos radiofónicos se dieron a la tarea de entrevistar a Gerardo Buganza, secretario general del gobierno veracruzano, y Fidel Guillermo Ordóñez Solana, abogado defensor.

Para Buganza, los mensajes de Maruchi y Gilberto habían causado pánico entre la comunidad de Boca del Río, a tal grado que los padres de familia corrieron “aterrorizados” (sic) a buscar a sus hijos. Adicionalmente, Buganza instruyó a los radioescuchas sobre la legislación veracruzana: el “terrorismo” estaba tipificado en la legislación estatal y ambos habían incurrido en ese delito. Ordóñez Solana se inclinó por argumentar la falta de pruebas sobre los actos de “terrorismo” en que habrían incurrido sus clientes y defendió la libertad de expresión como un derecho de todos los mexicanos. De hecho, Buganza y Ordóñez coinciden en afirmar que no hay elementos para comprobar que los twitts fueran originales de Maruchi y Gilberto o bien, que fueran repetidos por ambos en sus respectivas cuentas. De cualquier manera, el 31 de agosto Maruchi y Gilberto fueron declarados terroristas; en este momento estarían esperando la sentencia, que va de tres a treinta años de prisión, más el pago de una multa de 750 salarios mínimos.

La noticia trascendió en diversas partes del mundo. Periódicos extranjeros como El País y Washington Post, entre otros, informaron el caso a sus lectores. Redes sociales y analistas de medios se volcaron en apoyo a los twiteros veracruzanos al menos en dos sentidos. Primero, el golpe a la libertad de expresión; segundo, el escenario que podría avecinarse para los usuarios de las redes sociales. Dos argumentos sobre los que en los días subsiguientes ha girado la discusión sobre el tema. Más aún, analistas políticos han señalado la dificultad de comprobar que los mensajes colocados por Maruchi y Gilberto fueron los únicos causantes de que se sembrara el terror en el municipio veracruzano. Este argumento cobra sentido si revisamos nuevamente el número de seguidores y de twitts registrados en las respectivas cuentas. Pero el argumento de la autoridad veracruzana es contundente. De acuerdo con el artículo 313 del Código Penal del estado “Se considera terrorista y se sancionará como tal a quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por los medios idóneos. Algunos de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra, aun cuando estos no se produzcan”.

En este contexto, el delito de “terrorismo” en el que habrían incurrido Maruchi y Gilberto se ha convertido en una señal de alerta no sólo entre los twitteros veracruzanos. El día en que ambos fueron sentenciados se supo que en Tabasco se estaría cocinando una iniciativa de ley que buscaría reglamentar la actividad de los twitteros. Aunado a este escenario, está el debate sobre la libertad de expresión. A fin de cuentas, los veracruzanos están acusados de “terroristas” por difundir información no corroborada sobre los acontecimientos que pusieron en jaque a sus paisanos. Un escenario que se ha presentado en otras ocasiones y que ha propiciado el cuestionamiento a la circulación de información no confirmada por parte de la comunidad twittera. Un asunto que, dicho sea de paso, también está presente en prensa, radio y televisión, con sus diferencias en cada medio y contenido.

Maruchi y Gilberto no han recibido la sentencia definitiva. Como ya se hizo notar, la decisión del juez ha sido cuestionada en medios nacionales y extranjeros, en redes sociales y desde la academia. El hilo conductor del debate se refiere a la libertad de expresión y a la posible censura que podría desencadenarse en contra de twitteros que difundieran información no comprobada. Incluso, podemos añadir el argumento en que coinciden Gerardo Buganza y Fidel Ordóñez Solana: difundir o retwittear información no necesariamente producida por el titular de la cuenta. Un asunto que se presta a un debate público sobre la libertad de expresión en las redes sociales y ¿la posibilidad de fijar ciertos límites?

Finalmente, sería deseable que Maruchi y Gilberto no fueran sentenciados a prisión y que el delito de “terroristas” se diluyera de sus respectivos expedientes. De otra manera el asunto amenaza con trascender a la opinión púbica internacional, convirtiéndose en una nueva contribución a la mala imagen del país dentro del territorio y más allá de sus fronteras. En todo caso, podría achacarse a los twitteros veracruzanos una falta de responsabilidad al generar y/o difundir información no comprobada. Un ingrediente adicional que nos ubica en la necesidad de enseñar y aprender el lenguaje de los nuevos medios desde la óptica de la responsabilidad y de la defensa de la libertad de expresión.

PANDORAMA: 1. Los datos sobre el Código Penal de Veracruz se obtuvieron del reportaje titulado “Resulta ciberterrorista operadora de Herrera”. A pesar del título, un tanto comercial y pegador, su lectura resulta muy recomendable pues incluye datos que aportan información novedosa sobre el tema. El trabajo es de Rolando Herrera, reportero de Reforma y fue publicado en ese periódico el lunes 12 de septiembre. 2. Y ya que estamos en ese periódico, mucho se ha cuestionado que confiriera espacios a la relación que sostendrían el periodista Carlos Loret de Mola y Laura G, reportera de espectáculos, ambos de Televisa. El asunto de dio por zanjado relativamente pronto, pero hay mucho que decir sobre la ética informativa practicada por ambos medios, la relación entre el asunto y las diferencias que desde hace años sostienen Reforma y Televisa, y la defensa de Loret emprendida por sus compañeros de Tercer Grado. Toda una clase de periodismo. 3. El domingo 11 de septiembre el gremio periodístico marchó nuevamente en demanda del esclarecimiento de los crímenes de periodistas perpetrados durante los últimos años. El más reciente, Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, perpetrado a finales de agosto y del que todavía no hay mayores detalles, a pesar de las promesas del gobierno capitalino de esclarecerlo tan pronto como fuera posible. Que así sea.

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Claudia Benassini
Profesora de las Universidades Lasalle y Simón Bolívar. Miembro del Consejo Directivo de Razón y Palabra.

(2011)

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