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LA REFORMA Y NUESTRO TIEMPO

Fecha de publicación: 17 de junio de 2013

El lunes 10 de junio, en el Diario Oficial de la Federación fue dado a conocer el decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el cual ha sido considerado por no pocos expertos y analistas como paso fundamental para acceder a un nuevo régimen legal en la radiodifusión y telecomunicaciones en el país, en el cual el genuino significado de servicio público efectivamente se afirme como pilar fundamental en las políticas de Estado en la materia.

Apenas unas semanas antes -el 20 de mayo-, el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, documento que afirmó los principales puntos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones como ejes centrales de la política gubernamental.

Es posible afirmar que durante las dos administraciones panistas (2000-2012) no hubo definiciones estructurales ni políticas de Estado en materia de telecomunicaciones. Fueron doce años lamentablemente desperdiciados. Se afirmaba entonces que la reforma en telecomunicaciones que demandaba la complejidad de México supondría años, considerando los intrincados intereses en juego de un sector abrumado por frecuentes y desgastantes litigios.

Sin embargo, para poder poner en marcha la reforma en materia de telecomunicaciones bastaron cinco meses desde que el presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión del cargo, perfilando la iniciativa en el marco del Pacto por México, propiciando enseguida la discusión y el análisis correspondiente en el Congreso de la Unión. Una vez concluido tal proceso, la publicación del decreto solo tomó 42 días. Para ello fue indispensable reformar siete artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introduciendo 17 artículos transitorios.

Con la reforma en telecomunicaciones el actual gobierno de facto recuperó una buena parte del tiempo perdido. En el espíritu de la reforma se afirman la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general, se reconoce el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TICs), principalmente a la banda ancha. Se propone la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), organismo con efectiva autonomía que supliría a la Cofetel.

Una de las principales atribuciones del nuevo organismo será otorgar, refrendar y revocar concesiones. Además estará facultado para imponer sanciones; regular en materia de competencia económica, concentración y propiedad cruzada de medios; desincorporar activos; ordenar la compartición y desagregación de infraestructura.

Tanto en tiempos de la presidencia imperial, como durante la “docena trágica”, la posibilidad de otorgar, refrendar y revocar concesiones representó una de las principales facultades “metaconstitucionales” (J. Carpizo) del presidente de la República. Si efectivamente Ifetel podrá otorgar, refrendar y revocar concesiones superaremos una de las más viciadas prácticas de negociación discrecional entre el Ejecutivo con algunos de los más poderosos “barones de la democracia” (M. Buendía).

Se establece y reconoce un nuevo régimen de concesiones de uso privado, comercial, público, social, indigenista y comunitario sin fines de lucro. Además serán creados tribunales especializados en telecomunicaciones para agilizar la impartición de justicia.

También se ordena la instalación de una red compartida de telecomunicaciones que supone el aprovechamiento de 90 MHz en la banda de 700 MHz. Se abrirá la inversión extranjera directa al 100 por ciento en telecomunicaciones, y en radiodifusión al 49 por ciento con cláusula de reciprocidad. De ello se desprende la posibilidad de estimular efectiva competencia en el sector, obligando a prestadores de servicios a reducir sus elevadas tarifas y objetables condiciones de servicio, procurando ajustarse a estándares de calidad internacionales.

Se pondrá en marcha una política pública de inclusión digital que permitirá que los beneficios de la banda ancha de alta velocidad resulten asequibles a 70 por ciento de los hogares mexicanos, y 85 de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En México todo parece conspirar contra cambios y reformas. Mantener vigente el sistema de intereses preestablecido, simular. Esa ha sido la norma durante décadas. Nos convertimos en un país estancado, conformista, peor aún, resignado. La reforma en materia de telecomunicaciones podría reubicar a México en la perspectiva de su tiempo histórico.

Dr. Octavio Islas Carmona
Investigador en el World Internet Project México, y el Centro de Desarrollo para la Industria de las Tecnologías de la Información en México y el Tecnológico de Monterrey CEM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Blog: http://octavioislas.wordpress.com/