Por Leonardo Peralta
Número 41

Escribo el presente artículo apenas transcurridos dos eventos relacionadoa con los medios de comunicación electrónica durante el pasado mes de septiembre (tanto el Congreso Internacional “Democracia y Medios Públicos” por parte de la Red Nacional de Radiodifusoras Educativas y Culturales por un lado; y por el otro la 46ª Semana de Radio y Televisión realizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRT) que pusieron en un espacio breve de tiempo en el debate público la necesidad de modificar el sistema de propiedad y manejo de la televisión en México; un esquema de funcionamiento a medio camino entre la herencia del viejo régimen priísta y las demandas de la industria de la televisión en el siglo XXI.

Preámbulo histórico
A manera de preámbulo me gustaría citar lo que dice el Artículo 1 de la Ley Federal de Radio y Televisión, vigente desde el 19 de enero de 1960. Este artículo es fundamental debido a que determina la propiedad originaria de los medios de comunicación audiovisuales en nuestro país:

Corresponde a la Nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible

Una vez determinada la propidad nacional del espacio radioeléctrico (y la responsabilidad ante la nación de quienes emplean dicho espacio para usos comerciales), quisiera señalar el Artículo 2 de la misma ley, que determina los regímenes posibles de uso de dicho espacio radioeléctrico para fines comerciales:

El uso del espacio a que se refiere el artículo anterior, mediante canales para la difusión de noticias, ideas e imágenes, como vehículos de información y de expresión, sólo podrá hacerse previos concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue en los términos de la presente ley.

Este sistema de propiedad (establecido durante el mandado del Presidente Adolfo López Mateos) es fruto del análisis encomendado al intelectual Salvador Novo para analizar los regímenes de propiedad de los medios de comunicación audiovisuales en Europa y los Estados Unidos. Así pues, desde la década de 1960 el sistema de propiedad de medios gira alrededor de un sistema de concesiones y permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y supervisados por diversas secretarías de estado y organismos gubernamentales (Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, et al).

Este sistema de asignación y control de emisoras de radio y televisión (aunque en esta ocasión nos ocuparemos más de la televisión) ha sido reseñado y analizado con gran acierto y profundidad por las plumas de investigadores como Raúl Trejo Delarbre y Fernando Mejía Barquera, por lo que me concentraré en el análisis de la coyuntura presentada durante los eventos acaecidos el pasado mes.

Las demandas
Por un lado los administradores de las televisoras estatales de nuestro país hicieron referencias (ciertamente mesuradas y contenidas) acerca de la vigencia del modelo prevaleciente de medios audiovisuales, apoyando una demanda para reformar todo el sistema de control de medios y las relaciones entre los medios y la sociedad, haciendo que la voz del ciudadano pese más dentro del equilibrio de fuerzas entre gobierno y sociedad y de paso, ofreciendo un marco legal donde las televisoras operadas por gobiernos locales y el gobierno federal puedan dejar de trabajar en regímenes de excepción que los mantienen en un limbo jurídico y en un desamparo ante las veleidades que caracterizan la administración pública del país.

Por otro lado, un sector cercano a la producción audiovisual (entre los que se encuentran productores de televisión, actores, directores y guionistas) demandó a través de un desplegado en periódicos de la Ciudad de México la apertura de concesiones y frecuencias a nuevos competidores en el medio para romper la actual situación de duopolio (donde Televisa y Televisión Azteca se reparten la abrumadora mayoría de espacios publicitarios) y crear opciones ciudadanas de medios audiovisuales que puedan llevar. Además, académicos y personas cercanas al poder legislativo se han concentrado en solicitar e impulsar la creación de mecanismos que equlibren el casi absoluto poder de las televisoras a través de entidades como comisiones ciudadanas y la creación de un ombudsman del audiovisual que pueda fungir como interlocutor entre la industria de la televisión, el Estado y el público.

Además, aparecieron voces solicitando se modifique el esquema actual de publicidad política en medios audiovisuales debido a que, hasta el momento, una parte mayoritaria de los recursos asignados a los partidos políticos termina en las arcas de las televisoras y radiodifusoras (la exconsejera del Instituto Federal Electoral, Jacqueline Peschard declaró a finales de 2002 que el gasto ascendía hasta al 56% del presupuesto total de los partidos políticos e inclusive más recursos en tiempos electorales). Así pues también se pidió explorar vías alternas de asignación de espacios en radio y televisión (compra centralizada de espacios, uso exclusivo de canales y tiempos disponibles por parte del Estado, uso de otros esquemas de promoción política, etc.)

Las respuestas
La iniciativa privada (principal afectada por dichas solicitudes y exigencias) en voz de la CIRT respondió de manera terminante y cuasi inmediata: se oponen de manera frontal a cualquier intento de regular la asignación de espacios publicitarios por otros medios que no sean los ya conocidos. Los empresarios siguen apoyando su esquema de autorregulación en términos de contenidos con una participación excepcional del Estado, y aunque se mostraron receptivos a la llegada de nuevos participantes al negocio de la difusión de contenidos, quedó claro que para ellos el sistema actual de asignación de concesiones y permisos ha funcionado adecuadamente y que cualquier cambio requeriría a fortiori la participación, adiciones y modificaciones que la industria juzgue convenientes.

Este escepticismo vino acompañado por los comentarios de Alvaro Cueva, columnista de asuntos televisivos, quien publicó sus observaciones respecto de las peticiones emanadas de los eventos realizados por televisoras públicas y privadas. Señaló las dificultades fácticas de crear y abrir nuevos espacios por parte de televisoras (agrego yo: a contrapelo de la tendencia mundial de concentración y consolidación de grandes corporativos del ramo). Además, diversos politólogos han señalado que, dado en entorno político de estos últimos tiempos (caracterizadas por la adelantada sucesión presidencial y las pugnas abiertas entre los partidos políticos), es muy probable que la iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión propuestas por el senador Javier Corral durante este 2004 terminen por ventilarse hasta los inicios del siguiente sexenio, por allá del año 2007.

En los terrenos de lo real
Más allá del debate (siempre saludable y necesario) en torno al manejo de los medios de comunicación audiovisuales en nuestro país; quisiera señalar los siguientes horizontes dentro del terreno de lo real:

• Nuevos participantes: Pese a la intención de que abrir canales nuevos provenientes de nuevos empresarios y ciudadanos independientes, la realidad es que, dados los enormes costos que implica crear un nuevo canal televisivo (sea en señal abierta o en sistemas de televisión de paga), los nuevos participantes en este negocio solamente podrían salir de empresarios con fuerte respaldo financiero (como Isaac Saba, quien han participado en el proceso de restructuración del Canal 40 en la Ciudad de México) o de empresarios provenientes de otras ramas de las telecomunicaciones interesados por incursionar en la teledifusión con el fin de complementar su oferta de servicios (el caso de Grupo Carso que explora las posibilidades de crear una oferta televisiva para complementar la oferta de telecomunicaciones creada alrededor de su empresa Telmex).
• Televisión estatal: Debido al marco jurídico que rige a las televisoras (y radiodifusoras) que trabajan para el estado, la indefinición jurídica seguirá siendo la tónica en el manejo de todas ellas. Con el ascendiente poder que los gobernadores estatales han cobrado desde la caída del PRI en el año 2000, es muy probable que opongan resistencia efectiva ante cualquier intento de regular su control sobre los medios de sus respectivos estados, herramienta crítica para la formación de opinión (elemento crítico en tiempos electorales).
• Ciudadanía y televisión: Es evidente que la necesidad de abrir espacios a los ciudadanos para expresarse a través de los medios audiovisuales es más que evidente; sin embargo, la modalidad de esta apertura (uso de canales estatales para aprovechar la infraestructura ya existente o creando canales totalmente nuevos) está sujeta a un fuerte debate donde los empresarios ya establecidos no se encuentran convencidos de la idea de crear una potencial fuente de competencia.
• El oscuro finaciamiento: Más allá del uso de dinero público para financiar indirectamente a las televisoras no es el meollo del problema y Alvaro Cueva lo señala de manera precisa e interesante:

  Si alguien ha generado que Televisa y TV Azteca concentren la totalidad del poder publicitario de este país no son los anunciantes, son las agencias que deciden qué porcentaje de dinero le van a dar a cada quién.
  ¿Ya investigaron qué “regalitos” les ha hecho Televisa a esos señores? ¿Ya se dieron cuenta de qué “apapachos” les ha hecho TV Azteca a esas personas?
  ¿Por qué cree que no hay campañas publicitarias en Conaculta Canal 22? Porque el 22 no hace “relaciones” con las centrales de medios, hace televisión. ¿No es espantoso?

Esta arista, poco investigada en la relación entre los medios y sus patrocinadores posee quizá mayor importancia debido a que en la asignación de recursos (tanto de parte de particulares y del Estado) se encuentra quizá el camino para abrir el camino a nuevas opciones televisivas tan necesarias en esta hora.