Por Leonardo Peralta
Número 48

En los últimos meses hemos prescenciado en entornos tan distintos de la administración de justicia como el estado mexicano de Nuevo León y las autoridades de la ocupación norteamericana en Iraq un involucramiento de la televisión, no sólo como testigo, sino como protagonista de procesos legales que a todas luces, deberían mantenerse como un coto cerrado a la intromisión mediática (mientras dure el proceso legal) para asegurar la imparcialidad de las entidades administradoras de justicia, para mantener información de índole delicada vedada y así impidir la toma de resoluciones judiciales vulneradas por corrientes de opinión pública alentadas por los medios de comunicación.

Primer acto: Slobodan Milosevic
Iniciado en julio de 2001; el juicio al ex presidente yugoslvo Slobodan Milosevic fue el primero en su tipo: conducido por una corte supranacional (la International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) auspiciada por las Naciones Unidas y ubicada en La Haya, puso a un jefe de estado ante el banquillo de los acusados bajo cargos de crímenes contra la humanidad, específicamente por dirigir actos de genocidio contra la población de las regiones de Kosovo, Croacia y Bosnia Herzegovina entre 1992 y 1999. A lo largo del juicio (que se extendió desde julio de 2001 hasta febrero de 2006, cuando la muerte canceló su proceso legal) Slovodan Milosevic compareció ante el tribunal decenas de veces, comparecencias que fueron registradas en video (a disposición de los interesados en el sitio web <http://hague.bard.edu/video.html>) y que cada día fueron retransmitidas a través de las cadenas noticiosas de todo el mundo

La actitud persistente de Milosevic fue negar la legalidad del tribunal, empleándo cada una de las comparecencias como espacio de denuncia ante lo que opinaba era una confabulación de los poderes occidentales para destruir países comunistas como lo que fue Yugoslavia y la Unión Soviética. Denegando constantemente la autoridad del tribunal para juzgarlo y colocándose frente a la opinión pública como víctima, más que como un ejecutor de masacres, el tribunal se vio forzado a posponer su veredicto indefinidamente; tanto ante las controversias surgidas por el proceso legal ante Milosevic, como por las animosidades fomentadas por lo que consideraban una injusticia contra uno de sus más fervientes defensores.

El registro mediático de procesos legales de índole relevante no es nuevo (los procesos de Nüremberg seguidos contra los jerarcas nazis al final de la Segunda Guerra Mundial fueron recreados en cine dos décadas después, basados en documentos preservados después de la conclusión de los trabajos del tribunal), pero en esta ocasión la transmisión cotidiana de los juicios fue una acción deliberada para ayudar al proceso legal, convencer a la población de las regiones afectadas por el ultranacionalismo serbio que la justicia les estaba sirviendo y para darle al mundo la base política para convencerse de la acción de la justicia que justificó los bombardeos contra Yugoslavia entre marzo y junio de 1999 para detener las masacres en Kosovo.

Sin embargo, con el correr de los años en este juicio quedaron de manifiesto efectos inesperados: la falta de pruebas concluyentes que involucraran a Milosevic, el persistente desconocimiento del acusado hacia la jurisdicción de la corte y su conducta agresiva frente a sus acusados terminaron por crear un cuestionamiento (ciertamente válido) de los mecanismos legales que amparan la acción de dicho tribunal. Sólo la muerte del caudillo (rodeado de un aura de sospecha frente a la posibilidad de haber sido víctima de un envenenamiento) pudo darle final a lo que parecería un juicio sin final y sobre todo, ante sectores de la opinión pública europea francamente adversos a lo que consideraban un circo mediático.

Segundo acto: Saddam Hussein
El 14 de diciembre de 2003 el exdictador iraquí Saddam Hussein fue capturado por fuerzas norteamericanas en una localidad llamada Ad-Dawr en las cercanías de la ciudad iraquí de Tikrit. Esta captura condujo a la formación de un tribunal especial denominado Iraqi Special Tribunal para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos entre 1968 y 2003 (los años de Saddam Hussein en el poder). Este tribunal ha llevado ante el banquillo de los acusados a 18 personas cercanas al círculo de poder de Hussin y quienes habrían sido encargados de llevar a cabo masacres contra la población civil iraquí.

La primera sesión pública del juicio contra el exdictador iraquí se llevó a cabo el 19 de octubre de 2005. Y así como ocurrió con el juicio contra Milosevic, Saddam Hussein inició negando la autoridad soberana del tribunal que le juzgaba y descalificando a sus jueces por estar bajo una autoridad conferida por una potencia invasora. Esta conducta ha prevalecido en todas las sesiones del tribunal, combinando peroratas patrióticas con descalificaciones hacia el tribunal que lo juzgaba, negativas a comparecer ante el tribunal y desafortunadamente, carencias por la parte acusadora de pruebas firmes y contundentes que ligaran la responsabilidad de Hussein en diversas masacres, especialmente la ocurrida en el poblado de Dujail después de un fallido atentado contra Hussein en 1982.

La trasmisión de los juicios ha causado un fuerte impacto en la sociedad iraquí, mostrando a su exdirigente como una persona agresiva e irracional ante la situación en la que se encontraba envuelto. Por el otro lado, el juicio ha destapado la arbitrariedad de las autoridades iraquíes al momento de tratar con disidentes, exponiendo inmisericordes torturas que el régimen deparaba para sus conciudadanos si se colocaban del lado equivocado del poder. Sin embargo, al día de hoy, no ha sido posible encontrar pruebas fehacientes de la culpabilidad de Saddam en los crímenes bajo los que es juzgado, amén de que la exposición del dictador ante las cámaras le ha permitido protagonizar verdaderas farsas donde arenga a la población a resistir la invasión estadounidense.

Es imposible saber si esta exposición mediática es más benéfica que perjudicial, pero lo cierto es que, ante la violencia que permea toda la sociedad iraquí, las cosas han terminado por desestabilizar al tribunal, reemplazando a varios de los jueces (cuyas identidades permanecen anónimas) y cobrando la vida de parte del staff que participa en el caso por atentados. Pero más allá de la violencia, el actuar del tribunal ha quedado en tela de juicio debido a su extraña naturaleza como órgano de justicia apartado del sistema legal iraquí, que opera al margen de las leyes iraquíes y que existe cobijado por las fuerzas militares norteamericanas en Iraq, lo cual no ayuda a la credibilidad del tribunal ni a las aspiraciones de fortalecer por el justo castigo al dictador las estructuras de poder de Iraq, un país que se debate en los límites de la guerra civil.

Tercer acto: Diego Santoy
A principios de marzo de 2006 la opinión pública de Monterrey (y después la del país entero) se estremeció ante el asesinato de dos niños pequeños y las lesiones causadas a una joven en un domicilio de la colonia Cumbres en Monterrey. Con el paso de los días se supo que el autor del crimen había estado involucrado sentimentalmente con la chica malherida (de nombre Erika Peña Coss) y que el móvil de la agresión tendría que ver con sentimientos de despecho que presumiblemente habrían llevado al joven Santoy a ejecutar el triple crimen.

En pocos días la noticia pasó de los canales regionales (ya que la madre de las víctimas labora en un canal de televisión regional) a los noticieros nacionales: primero como caso que ejemplificaba la violencia en el país y después la sorpresa ante la identidad del principal sospechoso: un joven apuesto, aparentemente sin vicios y de holgada posición económica. Controversia que se mantiene aún hoy en día mientras el juicio inicia en un centro de detención del mexicano estado de Nuevo León.

Sin embargo, una buena parte de esta cobertura mediática no hubiera sido posible de no ser por la solicitud de las autoridades judiciales del estado, quienes constantemente nutrieron a los medios con revelaciones de la investigación previa realizada para esclarecer el delito, además del acceso a materiales como fotografías y videos de la escena del crimen, facilitando dictámenes psicológicos y de otros órdenes criminalísticos. Inclusive las partes involucradas en el juicio (las familias Peña Coss y Santoy) han echado mano intensiva de los medios de comunicación, ofreciendo entrevistas “exclusivas” con los mismos protagonistas de los hechos, apoyadas por las autoridades, que han dado acceso a Diego Santoy a los medios de comunicación desde dentro del centro de detención ofreciendo entrevistas y testimonios. Todo esto desde los primeros días del caso criminal.

Los medios como martillo
No es nueva la relación entre medios y sistema judicial. Ya a finales del siglo XIX Emile Zola escribió su sonoro J'Accuse en la primera plana de un diario francés, denunciando la injusta persecución judicial contra Alfred Dreyfus. Sin embargo, el uso sistemático de los medios de comunicación dentro de los procesos judiciales no vio la luz sino hasta que en la segunda mitad del siglo XX, la televisión (y la tecnología del video portátil) permitió revelar pruebas ante noticieros y programas de denuncia.

Sin embargo, la verdadera intromisión de los medios de comunicación en los procesos legales ocurrió a finales de la década de 1970 cuando en los Estados Unidos comenzaron a hacerse transmisiones en vivo desde las cortes. Sin embargo el parteaguas vendría en 1995 cuando el juicio contra el ex futbolista OJ Simpson por homicidio terminó en un veredicto extremadamente controversial que puso a prueba la resistencia del sistema judicial de los Estados Unidos, sobre todo ante la participación activa de los medios de comunicación como tribunales alternos donde expertos contratados por las televisoras darían sus comentarios respecto del desempeño del juicio, en ocasiones en tiempo real.

Aunque es loable la intención de hacer que los juicios se hagan del conocimiento público (en aras de la transparencia comprensiblemente exigible ante la justicia), sus consecuencias son imprevisibles, especialmente ante el hecho de que en proceso legales de alta sensibilidad (o cuyos veredictos tienen complejas implicaciones legales y sociales), la emisión de los juicios ha terminado por crear entornos de hostilidad y encono que no sólo no sirven a la justicia, sino que la perjudican con excelentes intenciones pero resultados alarmantes.