El presidente norteamericano Barack Obama dijo desde el campo aéreo afgano de Baghram el pasado 28 de marzo:
We’re going to deny al Qaeda safe haven. We’re going to reverse the Taliban’s momentum. We’re going to strengthen the capacity of Afghan security forces and the Afghan government so that they can begin taking responsibility and gain confidence of the Afghan people.
El presidente mexicano Felipe Calderón durante el XXIV Encuentro Nacional de Vivienda el pasado 24 de marzo:
Y que a través de la persecución y el hostigamiento que tengamos sobre ellos terminen sus prácticas, derivadas de la impunidad en que se les dejó actuar; dejen de extorsionar a la gente, la dejen de secuestrar, dejen de cobrar derecho de piso; que no anden impunes por las carreteras y las calles, con sus camionetas y sus ametralladoras.
Dos mensajes presidenciales frente a dos conflictos armados: el del presidente Obama para convencer a la opinión pública de su país del propósito de la invasión americana en el país asiático y el del presidente Calderón para dar a comprender el proposito último de la campaña que su administración ha emprendido contra los cárteles de la droga y que ha consumido buena parte de su mandato.
Y ambos mensajes apelan a objetivos similares: metas de alcance profundo en cuanto a las condiciones que determinarían el final de sus misiones y sobre todo, una intención de dar ánimos a una ciudadanía que no demuestra gran entusiasmo por .
Ofensiva mexicana
Es poca la información sobre el respaldo que la estrategia gubernamental ha tenido sobre la opinión pública mexicana en los últimos años pero existen dos datos recientes: en mayo de 2008 una encuesta realizada por el diario El Universal halló que el 56% de los encuestados señalaban que la guerra contra el narcotráfico estaba siendo ganada por los narcotraficantes. A su vez, el pasado marzo el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) presentó los resultados de otra encuesta que señalaba que el 58.8% de los encuestados decían que esta guerra estaba siendo ganada por los delincuentes.
Paralelamente, la concentración de la comunicación del Poder Ejecutivo en el combate al crimen organizado al parecer ha tenido los resultados buscados por la presente administración: el diario Reforma informó el 1 de marzo que el crimen sigue siendo la principal preocupación de la población mexicana por encima de los problemas económicos como parte de su encuestra trimestral sobre el desempeño del gobierno del presidente Calderón.
Violenta dispersión
Es difícil estrablecer una relación directa entre las acciones emprendidas por el gobierno y el aumento en los niveles de violencia. Sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2007 se registraron 8,868 homicidios en el país y para el año siguiente la cifra casi se había duplicado hasta llegar a 14 mil asesinados tras una tendencia de 15 años de disminución en este tipo de muertes.
A despecho de las tendencias reveladas por los registros de defunciones del año pasado, quizá lo que más inquieta a la opinión pública no es el incremento en la cantidad de homicidios (en 1990 se presentaron 14,500 asesinatos en el país) sino sus características: buena parte ocurren en zonas urbanas y con niveles de crueldad inquietantes (decapitaciones, desmembramientos y exposición de cadáveres en grotescas posiciones menudean en los registros diarios de la prensa).
Además, los datos del INEGI registran otra tendencia inquietante: casi la mitad de estos decesos sucedieron en vía pública, en zonas urbanas, lo que implica que personas ajenas a los hechos se vuelven testigos involuntarios de dichos actos y por ende su impacto (voluntario e involuntario) es mucho mayor que si sucedieran en entornos rurales donde los medios de comunicación poseen menor cobertura.
Esto adquiere un impacto adicional debido a que los entornos urbanos del país se encuentran cubiertos en dos niveles: por un lado los medios de comunicación (canales de televisión, diarios locales y nacionales) pueden acceder al lugar de los hechos más fácilmente y gracias a la expansión de Internet se hace posible que ciudadanos puedan enviar testimonios sobre los hechos a través de servicios como Twitter, Facebook y blogs.
Por otro lado, de acuerdo con los registros, esta violencia se está registrando estados del norte y centro del país, que presentan mayor desarrollo económico, lo que deriva en una más amplia cobertura de las redes de comunicación móvil y por ende, una mayor posibilidad para dar cuenta de los hechos vía medios tradicionales y digitales.
Más aún, la violencia ejercida por la delincuencia organizada ha permeado hacia estaciones de radio, diarios y televisoras en las regiones afectadas, forzándolas a disminuir e incluso cancelar su cobertura sobre hechos delictivos que involucren al crimen organizado. Esto deja campo abierto para que los ciudadanos informen sobre los hechos.
Voces sin concierto
La comunicación gubernamental durante este proceso de confrontación contra la delincuencia organizada ha sido, por decir lo menos errática. En los inicios de la presenta administración la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría General de la República recurrieron a una estrategia de presentación de delincuentes ante los medios de comunicación. Más recientemente (sobre todo a partir del involucramiento de las fuerzas armadas en los operativos de combate a los narcotraficantes o tras la ocurrencia de incidentes que involucraran a la sociedad civil), la Secretaría de Gobernación ha sido el canal por el cual el gobierno presenta información.
Sin embargo, en los últimos meses han ocurrido hechos que ponen en entredicho la efectividad de las estrategias gubernamentales: los incidentes ocurridos en Ciudad Juárez, la escalada de violencia en el norte del país y los incidentes en el estado de Nuevo León donde personas civiles se ven involucradas en combates entre fuerzas del orden y presuntos delincuentes han demostrado que la comunicación gubernamental se encuentra en la retaguardia.
Voceros que demoran días en dar a conocer sus puntos de vista, versiones contradictorias entre representantes de los poderes involucrados, afirmaciones sin fundamento y acusaciones que deben ser retractadas más tarde al costo de un gobierno que aparece a la saga de los acontecimientos y que agrava la desgracia de familiares y amigos de los afectados al manchar póstumamente su reputación con señalamientos endebles o con el silencio de las autoridades (aunque esto más bien es un tema de administración de justicia).
A medida que la violencia trasmina hacia la población civil, que los hechos de sangre interfieren con la vida cotidiana de las personas y que el flujo de información comienza a fluir predominantemente de manera descentralizada y en tiempo real por ciudadanos afectados, el gobierno tiene más dificultades para señalar sus éxitos. La comunicación a través de boletines y conferencias de prensa corre a la zaga de los acontecimientos, ya cuando las consecuencias han sido cronicadas y comentadas a través de los testimonios vía web y canales de 24 horas como ForoTV y Milenio Televisión.
Pero el gobierno federal no es el único cuyo modelo de comunicación parece no seguir el ritmo de los acontecimientos. Salvo iniciativas como la del gobierno municipal de Reynosa (que posee una cuenta en Twitter para enviar alertas a la población), los gobiernos municipales y estatales no parecen tener estrategias que contemplen a los nuevos medios o que siquiera estén vertebradas. Estados como Nuevo León, Chihuahua y Baja California (donde se concentra buena parte de los hechos de violencia) han preferido que sea el gobierno federal quien se la voz principal tras los operativos, aunque cabe señalar que no son extraños los casos donde los operativos de seguridad se realizan sin el conocimiento de las autoridades locales.
Si las tendencias actuales de violencia prosiguen como hasta hoy, es posible que los años por venir vean aumentar las cifras de homicidios dolosos por encima de la cota de los 10 mil muertos anuales. Peor aún, es posible que la población civil se vea involucrada de manera creciente en dichos actos violentos, pese a los mejores esfuerzos de las instituciones de seguridad pública. Así las cosas, el gobierno en sus tres niveles no parece tener el control pleno de la situación comunicacional, lo que de seguir así repercutirá en la percepción de la población hacia la estrategia de seguridad del gobierno federal.
América y Asia
El gobierno mexicano no es el único que tiene una dificultad cada vez mayor para hacerse de apoyo público en una iniciativa de seguridad. La administración de Barack Obama se encuentra con crecientes dificultades para justificar la masiva prescencia de fuerzas militares en Afganistán.
Un análisis realizado por Robert Haddick, editor del Small Wars Journal señala que la administración del presidente Obama se encuentra no sólo atrapado en una guerra que ha perdido buena parte de sus propósitos originales, sino que se está convirtiendo en una sangría de recursos y vidas en la defensa de un gobierno que padece enormes problemas de legitimidad y corrupción.
Hacia el final de su texto, el investigador señala que la guerra de los Estados Unidos en Afganistán ha dejado de ser un conflicto con motivaciones pragmáticas (la destrucción de la red Al Qaeda en esa nación) para volverse una lucha por defender la primacía norteamericana (demostrando su capacidad de transformar una nación empobrecida en un país próspero y democrático) lo cual, a todas luces parece un objetivo demasiado ambicioso, incluso para la nación americana, lo cual llevará en el futuro a una estrategia de comunicación que acompañe a una retirada de los Estados Unidos del teatro de combate en los años por venir.
En nuestro país, es difícil saber lo que sucederá. Es previsible que la estrategia del gobierno en materia de combate al narcotráfico seguirá las mismas líneas que le han acompañado desde 2006 (aunque siempre cabe la posibilidad de un cambio estimulado por circunstancias contingentes), pero la estrategia de comunicación probablemente jugará un papel más relevante, sobre todo a medida que las elecciones presidenciales de 2012 se aproximen y se haga más imperiosa la necesidad de mostrar algún tipo de avance en este proceso.
Mensaje en movimiento
Es claro que el gobierno se verá crecientemente presionado para mejorar sus operaciones de comunicación en torno a este tema, que probablemente se conviertan en un imperativo de la mayor importancia. Paulatinamente aparecen (aunque de manera esporádica y efímera) esfuerzos en Internet que ofrecen información donde los medios de comunicación tradicionales están impedidos de hacerlo. Es probable que en el transcurso del tiempo a través de estos mismos canales aparezcan movimientos con una agenda vertebrada en relación con la seguridad pública que podrían convertirse en un actor político con capacidad para influir las elecciones en los años por venir.
Irónicamente, podría ocurrir que una de las iniciativas más importantes del gobierno de Felipe Calderón podría terminar convirtiéndose en piedra de toque para la derrota electoral de su partido. Queda en manos de su administración prevenir este panorama.
