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POR UNA DEMOCRACIA ECO-CIUDADANA (I)

Por Gerardo Juárez y Diego Juárez
Número 62

La mente bien ordenada

La consciencia, en mi concepto, es la emergencia última de la cualidad
del sujeto. Es una emergencia reflexiva que permite el retorno en bucle
 del espíritu sobre sí mismo. La consciencia es la cualidad humana última
y sin duda la más preciosa, puesto que lo que es último es al mismo
tiempo lo que hay de mejor y de más frágil. Y efectivamente la consciencia
              es extremadamente frágil, y dentro de su fragilidad, puede equivocarse a menudo.

Edgar Morin.

El afiche abre, a partir de este texto, un espacio a la discusión periódica de aspectos de medio ambiente y ecología. Sin descuidar las temáticas sociales, políticas, culturales y económicas, pensamos que desde este lugar social podemos poner a la consideración de nuestros amables lectores algunas ideas respecto del contexto y la complejidad de los factores que requerimos superar como sociedad para aproximarnos a una democracia eco-ciudadana.

La corta historia de este espacio de opinión podría ser visto como una contribución modesta a la formación de ciudadanía, con base en el aliento de una postura crítica a propósito de: el funcionamiento de la política y la aparente percepción objetiva y neutral de la comunicación pública sobre los sucesos o acontecimientos nacionales. Ha permeado a las argumentaciones esgrimidas principios como: la necesidad de un desarrollo sustentable; la configuración de una democracia sustantiva; la difusión de posturas basadas en esquemas no lineales ni maniqueos, ni simplistas; y una posición respecto de que la comunicación mediacentrista, instrumental y sin investigación, está vacía de significados y sentidos para alcanzar una cultura cívico-comunitaria que sea a la vez planetaria y local, singular y plural.  

Justo estos axiomas son parte del entramado de intuiciones traducido en una especie de imaginario personal: si hemos de poner adjetivos a la democracia, en el marco de una postura liberal preocupada por el deterioro social que es a la vez una catástrofe para el medio ambiente natural, uno de los modificadores directos es fundamental que sea el de ecociudadanía.

El Dr. Jesús Arnaldo Pérez, embajador de la República Bolivariana en Canadá, ha hablado de la necesidad de transitar del estatus de egociudadano al de ecociudadano:

El egociudadano, soy yo, solo aislado, egoísta. El ecociudadano es cada uno para todos, es aquel que comprende los grandes problemas ambientales y entiende que lo que está en juego es la propia vida y actúa de una manera solidaria, fraterna y complementaria a la conquista de un ambiente más equilibrado y mejor para todos sin excepción, puesto que todos vamos en el mismo barco que pudiera hundirse1.

Queremos exponer el caso general de uno de los sectores empresariales que institucionalmente suele defender el Estado de Derecho y es proclive a poner como bandera de la propia imagen el de la responsabilidad social, y que, no obstante como se nos plantea en el caso que expone el Ing. Gerardo Juárez Chávez2, no informa a las autoridades locales y federales respecto de las emergencias químicas que se presentan. Lo que pone en riesgo a sus propios trabajadores y a las comunidades que forman parte del entorno de estos establecimientos.

Estas empresas ni siquiera serían egociudadanos, más bien estarían en el estatus de habitantes irresponsables de una sociedad que, con base en la corrupción y en el egoísmo, sólo se preocupan por la maximización de ganancias a costa de poner en riesgo la Tierra-Patria.

Hoy somos víctimas de dos tipos de pensamiento cerrado: uno, el pensamiento parcelario de la tecnociencia burocratizada que corta el tejido complejo de lo real como en rodajas de salchichón, el otro el pensamiento cada vez más cerrado replegado sobre la etnia o la nación, que divide como en puzle el tejido de la Tierra-Patria3.

Es importante que las empresas del sector privado notifiquen respecto de las emergencias que tienen con sustancias químicas a las autoridades ambientales correspondientes. No existe la cultura institucional por parte de las organizaciones para informar cuando se generan emergencias, más bien tienden ocultar los hechos o minimizarlos, lo que impide desplegar estrategias y acciones efectivas (de responsabilidad compartida entre el sector privado y las autoridades) de anticipación, atención, protección, a las comunidades que están en el entorno.
 
La notificación mencionada es uno de los varios componentes informativos en relación con los fenómenos perturbadores4 de tipo químico-tecnológico, que se requiere para trabajar en la formación de una ciudadanía que tome conciencia de su entorno y que conozca los riesgos a los que se enfrenta de manera inmediata para aprender a actuar de la mejor forma posible en situaciones de emergencia.

Algunos déficits de información que como ciudadanos tenemos derecho a resolver, están referidos a aspectos o áreas básicas, donde en principio no deberían existir lagunas. Estos podemos mapearlos a partir de interrogantes como las siguientes:

• ¿Qué sabemos sobre el nivel de riesgo y desastre que puede provocar un fenómeno perturbador del tipo químico-tecnológico?
• ¿Realmente existe una institución, en los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), o de la iniciativa privada, que pueda atender alguno de los fenómenos químico-tecnológicos?
• ¿Por qué la comunidad ante cualquier emergencia5 química se encuentra en situación de ignorancia total, cuando es quien debería estar más y mejor informada?
• ¿Es sólo obligación y responsabilidad del gobierno la prevención y el auxilio ante los desastres que generan las emergencias químicas, así como la restauración de los daños a la población y al ambiente?

El tratar de dar una explicación a los anteriores planteamientos requeriría de suyo de bastante espacio y tiempo, nos implicaría una discusión amplia y no exenta de controversias, lo que rebasaría la extensión y el motivo de este documento. Queremos sólo apuntar que resolver éstas y otras cuestiones más debe darse en el marco de una revisión amplia sobre la cultura en materia ecológica.

Con el presente escrito queremos contribuir haciendo un llamado a reflexionar acerca de la importancia de la notificación de una emergencia química dentro de una organización con la pertinencia y oportunidad necesaria para que ésta cumpla con la imperiosa necesidad de contribuir a la salvaguarda tanto de la población laboral, así como para alertar y poner a salvo a la comunidad aledaña.

Nuestra postura es que la notificación debe ser parte sustantiva de la responsabilidad social de las empresas; debe ser también parte de la información que los gobiernos en sus distintas escalas requieren tener como insumo para definir sus políticas y acciones en beneficio de la población; y debe ser parte, junto con otros elementos de información estratégica, de un conocimiento de los ciudadanos sobre la situación del ambiente y los riesgos en su entorno inmediato.

Ponemos un ejemplo de información estratégica que puede dar pie a trabajar en una línea de investigación, educación, comunicación. Actualmente se encuentran en el mundo más de 30 millones de sustancias6. Este universo de materiales con sus muy particulares características físicas, químicas y biológicas, y el manejo de éstas por la actividad antropogénica, representa un impacto en el ambiente que rebasa por mucho el ciclo natural, superponiéndose y modificándolo en un ciclo antrópico.

Aunque conservemos y descubramos nuevos archipiélagos de certidumbres, debemos saber que navegamos en un océano de incertidumbre7.

Como comunidad, ¿nos dicen algo las siguientes fechas?: 10 de junio de 1976; 03 de junio de 1979; 19 de noviembre de 1984; 03 de diciembre de 1984; Marzo 1989; 03 de mayo de 1991, y 11 de noviembre de 1996, seguramente poco o nada. No obstante son fechas en las que han ocurrido emergencias que provocaron, en varios casos, una especie de trauma social por su costo en vidas y daños al resto del ecosistema:

• 10 de junio de 1976, Seveso, Italia;
• 3 de junio de 1979, Sonda de Campeche en el Golfo de México;
• 19 de noviembre de 1984, Terminal Satélite Norte de Pemex en San Juan Ixhuatepec, Estado de México;
• 3 de diciembre de 1984, Union Carbide, Bhopal, India;
• marzo 1989, Prince William Sound, Alaska, USA;
• 3 de mayo de 1991, Anaversa, Córdoba, Veracruz;
• 11 de noviembre de 1996, Terminal Satélite Norte de Pemex en San Juan Ixhuatepec, Estado de México.

Algunas de estas situaciones han sido referencia para establecer leyes y normas que han pretendido regular el manejo seguro de los materiales químicos, tal es el caso de Seveso, Italia8. Desafortunadamente otros casos, son fechas que con el paso del tiempo se han olvidado, por ejemplo lo ocurrido en Anaversa9 en Córdova, Veracruz.

Los anteriores eventos junto con muchos más que ocurren en el mundo, se encuentran registrados en la publicación del CENAPRED Diagnóstico de Peligros e identificación de Riesgos de Desastres en México10. No obstante, existen otros, muchos quizás, que en países como el nuestro se presentan y no son notificados, y generan impactos más allá de efectos inmediatos, en los que la sociedad debería estar trabajando para anticiparse, en la medida de lo posible, a las repercusiones de mediano y largo plazos (por ejemplo, en la salud de la población o en el deterioro del entorno).

Sin contar los otros elementos y variables que se van concatenando silenciosamente, las emergencias químicas (EQ) han tenido como característica el manejo incorrecto de la información antes, durante y después de cada evento, tanto la dirigida al interior como al exterior. Actualmente, ante una EQ, la información que fluye hacia el exterior de la fuente fija es mínima, contradictoria y poco confiable.

De acuerdo con la información registrada por la PROFEPA, en el periodo de 1993 a 200511 se registraron 6,484 emergencias químicas, las cuales han provocado la muerte de 678 personas, 2,657 lesionados, 5,801 personas intoxicadas y 158,170 personas evacuadas (ver la siguiente tabla).
 

Por otro lado, para el mismo periodo (1993-2005)12, en PROFEPA se tiene registrado que el mayor número de EQ se presentó durante el transporte de los materiales peligrosos, con 4,335 eventos, lo cual representa el 67% del total (ver tabla que sigue).

En la tabla que se presenta a continuación13, se puede apreciar la distribución que presentan las EQ en función del material involucrado. Es importante observar que el petróleo crudo es la sustancia que más se encuentra involucrada, sin embargo conviene resaltar que PEMEX es la empresa más vigilada por muchos de los sectores que integran la sociedad, en consecuencia se tienen registrados la gran mayoría de sus eventos, situación que no se puede asegurar con los demás establecimientos que manejan materiales químicos.

Respecto a las EQ ocurridas durante el periodo 1999 – 2005 en la zona Metropolitana14 (ver la siguiente tabla), el 40.55 % de las emergencias ocurre en el horario vespertino de las 18:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente, el 36.87 % en horario matutino, de las 06:00 a las 18:00 horas y, del 22.58 %, por falta de información proporcionada al COATEA, se desconoce la hora de ocurrencia. Los datos nos indican que existe riesgo de algún peligro, dado que por ser un horario generalmente no laboral de descanso, la gran mayoría de la población se encuentra en una posición más vulnerable debido a la desprevención para realizar acciones defensivas ante una EQ.
 

En el mismo periodo analizado los impactos adversos al ambiente se muestran en la tabla y figura que se presenta a continuación15.  Se puede apreciar la superficie de suelo impactada tanto en el Distrito Federal, como en el Estado de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Es importante adicionar un dato que no está en la información presentada: en la ZMVM en el periodo referido, se registraron 76 EQ con impactos al suelo de 7,424 metros cuadrados.

La historia humana padece ciertamente determinaciones sociales y económicas muy fuertes, pero puede ser desviada o apartada por acontecimientos o accidentes16.

Hasta antes del 30 de noviembre de 200617, no existía en país la obligación de los responsables de manejar materiales químicos de las empresas, de notificar a la PROFEPA las EQ. Esta carencia ha originado que pese a la información descrita en el punto anterior, no estemos seguros de que refleje la realidad, lo que por sí mismo es preocupante. A lo anterior debemos agregar algunos aspectos que aún no se han subsanado, los que en conjunto nos llevan a concluir respecto de las carencias en materia de información, capacitación y comunicación, que ponen en riesgo a la población:

• La gran mayoría de los establecimientos que manejan materiales químicos, no poseen la cultura de notificar a la PROFEPA todas las emergencias que tienen.
• La gran mayoría de los establecimientos no tienen la cultura de establecer vínculos con la población vecina para informarles, capacitarlos sobre qué hacer en caso de una EQ.
• La gran mayoría de los establecimientos no realizan una investigación de los accidentes.
• La población civil al desconocer el tipo de actividad y riesgo asociado de las empresas o transportes que transitan por sus localidades, se encuentra en total indefensión ante una EQ.
• En el país no se cuenta con la debida profesionalización de grupos de respuesta inmediata y los pocos que existen requieren una mayor capacitación.
• Cuando se llega a elaborar material de difusión dirigido a la población civil aledaña, no toma en consideración su nivel de nivel de preparación.
• Los establecimientos no tienen la cultura de realizar por lo menos una vez al año, un simulacro de emergencia química mayor.

No olvidemos que una sustancia por sus características de peligrosidad representa en sí mismo un riesgo, el cual se incrementa por la cantidad que se maneja en un establecimiento, este riesgo aumenta en función del tipo de proceso de manipulación del material, lo cual nos da un riesgo parcial muy particular para cada establecimiento.  Sin embargo, este riesgo parcial se ve afectado todavía dependiendo de las medidas de prevención y control con que cuente cada establecimiento, lo cual da como resultado un nivel de riesgo final incrementado o disminuido, según las capacidades de la institución para vincularse de manera correcta con la sociedad civil y las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Si a lo anterior se le suma el manejo deficiente de la información y la poca o nula capacitación que recibe el trabajador sobre el material peligroso que maneja, esto incrementa la probabilidad de que en situaciones de emergencia, se actúe de manera deficiente, provocando con ello que el grado de desastre sea mayor.

No pasemos por alto que el grado de riesgo y nivel de desastre provocado por una EQ adquiere proporciones, la mayoría de veces, indeterminables, más  cuando éstas rebasan los límites de la empresa y tienen impacto en la población aledaña al establecimiento.

Es entendible que cuando se presenta una emergencia, mucha información es difícil de obtener, sin embargo, al notificarse el evento deberá proporcionarse la mayor información posible. Por cierto, no debe perderse de vista la importancia de insistir que recabar la información debe ser de manera segura, sin poner en riesgo la integridad de la gente encargada. Además, esta información deberá ser ratificada y precisada por escrito, dentro de los tres días posteriores a la emergencia18.

La información mínima que establece PROFEPA19 se le proporcione durante la notificación es:

Nos permitimos insistir en algo prioritario: ante cualquier fenómeno perturbador lo más importante es salvaguardar a la población y su salud; en segunda instancia minimizar los daños al ambiente.  Esto nos lleva a una propuesta: destinar recursos humanos, materiales y económicos para capacitar, equipar e instruir a grupos de respuesta inmediata.

También se debe promover el aprendizaje significativo en la población civil sobre qué hacer, si no para atender una emergencia, sí como un acto de defensa y, mejor aún como acto preventivo: un caso es que la gente sepa de antemano qué hacer, ya que no se puede esperar pasivamente con los brazos cruzados la actuación de la autoridad o grupos de respuesta inmediata.

Sin el afán de demeritar el riesgo que representan los fenómenos perturbadores de tipo natural y los desastres que éstos generan, los fenómenos químico-tecnológicos son de los fenómenos perturbadores que mayor secuela deja en la población civil y, tenemos que reconocerlo, es ante el que menos preparados estamos.

Sabemos que cuando se tiene una emergencia lo importante es controlarla, pero esto no es justificación para no notificarla a la autoridad, así ésta podrá estar al tanto y tomar acciones preventivas;  en caso de volverse un evento que rebase la capacidad de respuesta del responsable, puede coadyuvar para su control, involucrando de manera responsable a la población.

La condición humana está marcada por dos grandes incertidumbres: la incertidumbre cognitiva y la incertidumbre histórica20.

Los datos que expusimos en el primer apartado son un ejemplo de la información requerida para formar un sistema inteligente de información que permita a las autoridades, empresas privadas y a la población:

• Actuar correctiva o preventivamente.
• Responder a tiempo y con los mejores elementos a las emergencias químicas.
• Formar una cultura ecológica compartida entre iniciativa privada, gobierno y sociedad civil.

En los datos descritos no deja de haber dudas y de existir incertidumbre, debido a que no son del todo confiables dada la falta de una cultura de responsabilidad en las empresas que manejan sustancias químicas, a notificar con transparencia a propósito de su quehacer y de los riesgos de éste para sí mismas y para el entorno. Nos tememos que el número de casos en los que se han presentado emergencias químicas, es mayor, y que, por lo tanto, los riesgos son también más grandes.

No estamos en contra de crear mecanismos que obliguen a los diferentes actores a informar e informarse respecto de éste y otros temas ambientales; menos si esta obligatoriedad proviene de la sociedad misma (más que de la autoridad). No obstante, esto no es suficiente. El reto mayor es la conciencia, el convencimiento, el aprendizaje y una actuación cooperativa de la sociedad; la inversión social en comunicación, educación e investigación son condiciones indispensables en la formación de un patrimonio cívico, ético y ecológico para mejorar nuestra manera de hacer frente a los riesgos y de anticiparnos a las exigencias de un futuro más justo y equitativo que, para ser viable y sustentable, nos viene demandando desde el presente un cambio cultural urgente.

Notas:

Gerardo Juárez Chávez y Diego Juárez Chávez

Tlalnepantla, agosto 2007.