Razón y Palabra

México

LA NEGOCIACIÓN ERRADA: ETA, BATASUNA Y EL ESTADO ESPAÑOL

Entrando por la Puerta Falsa de la Negociación.
No se sabe bien si fueron seis u ocho segundos, la duración de uno de los vuelos más recordados en la historia reciente de España. Todavía hoy, apoyados en la actual tecnología se reproducen los acontecimientos de ese día y se antoja aun más largo. El día 20 del mes de diciembre de 1973, el Almirante Carrero Blanco, quien parecía llamado a ser el continuador de la obra de Francisco Franco, aquel Almirante de la Naval que, según sus propias palabras, siempre quiso volar en lugar de navegar, veía como la ETA cumplía su deseo y le hacía despegar por los aires como consecuencia de una poderosísima explosión, en un feroz atentado que tuvo lugar en la céntrica calle de Claudio Coello de Madrid.

La broma del “Almirante volador” no escapó al ingenio popular y tampoco fue la única inmediata consecuencia de ese atentado. Más importante sin duda fue el hecho de que 38 millones de españoles conocieron, ese día, a ciencia cierta, la existencia del grupo cuyo nombre nunca jamás olvidarían y que pasaría a ser parte del vocabulario conocido de todo hombre y mujer en España: ETA.

Euskadi Ta Askatasuna –ETA- que significa Patria Vasca y Libertad, para aquellos interesados en las traducciones al castellano, señala como su momento fundacional el 31 de julio de 1959 día en que, la hasta entonces agrupación universitaria EKIN, decide separarse de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco y tomar su propio camino con la denominación de ETA. Sin cuestionar la fecha de fundación que, por otra parte, debido al clandestinaje de la misma, solo los miembros de la ETA pueden conocer, el hecho es que, el conocimiento de la población española hasta antes del atentado de Carrero Blanco, con respecto a ellos era, en el mejor de los casos, limitado a muy pocas personas y solo como bandas de Kale Borroca, es decir -para seguir con las traducciones- “lucha callejera”.

Con la opinión pública mundial en contra, el régimen franquista todavía supo dar un último guantazo dictatorial y sin concesiones, pues como es de esperarse, la palabra negociación no existe y está proscrita del diccionario de toda buena dictadura que se precie a sí misma. La ETA pagaría con cinco ajusticiados en el garrote por el régimen del Caudillo, que además lo era, por la gracia de Dios –poca cosa-. Ese día España conoce por fin a la ETA, misma que le acompañará en sus próximos 35 años de historia y el Estado español y sus sucesivos gobiernos descubrirán –y lo que es peor- abrirán las falsas puertas de la negociación errónea.

No es de extrañar que desde el principio del proceso de transición a la democracia en España, se desease entablar diálogo con Euskadi Ta Askatasuna. No eran aquellos tiempos, de mediados de la década de los setentas, momentos propicios para calificar a la ETA como “banda terrorista” pues muy buena parte de los españoles consideraban más que justificadas las acciones de esos valerosos jóvenes en contra de una dictadura que había gobernado a España por 37 años.

Primera lección, sobre todo para aquellos que gustan de las clases de negociación: Nunca iniciar procesos de negociación con grupos violentos aunque éstos hayan actuado en favor de sus intereses pues lo más seguro es que reciba una respuesta hostil. Con la violencia NO hay nada que hacer e intentar un pacto con los violentos es, sin duda, entrar por la puerta falsa de la negociación.

Hay gente que negocia con torpeza tan extraña, como si no supiera o guardara otras cosas…
Con paso vacilante y desconfiado, la democracia en España comenzó su marcha al actual régimen constitucional y a su sistema democrático que hoy, después de casi cuatro décadas –vale la pena mencionarlo- está considerado uno de los más avanzados, transparentes y evolucionados del mundo. La vitalidad y fortaleza del actual sistema democrático español inició, no obstante con la negociación pertinaz con la ETA.

Desde el primer gobierno de la democracia, y aun antes si consideramos el efímero mandato de Carlos Arias Navarro que durase poco menos de un año después de la muerte del General Franco, todos los gobiernos democráticos de España han invariablemente negociado con la ETA.

En un primer momento en la búsqueda de que se sumase al proceso de transformación del sistema político español y respetase su desarrollo y aun después de la aprobación de la constitución de 1978 con el propósito de que aceptase la nueva forma de gobierno, las leyes y normas de la flamante democracia española.

Durante los tempranos años de la transición, la negociación con la ETA se dio de forma más bien abierta y con el apoyo de la mayoría de los sectores de la sociedad. Fruto de esas negociaciones, logró escindirse de ETA un grupo conocido como los “Polimilis” que no era otro que el conformado por los miembros del denominado aparato político-militar de la ETA y que en el mes de septiembre de 1982, consecuencia de las negociaciones con quien fuese el ministro del interior del gobierno de Adolfo Suárez y de Calvo Sotelo, Juan José Rosón, desembocó en la desintegración de “ETA político-militar”. Por supuesto no sin una jugosa concesión de inmunidad consistente en “borrón y cuenta nueva” que generosamente se ofreció a cambio.

Años después, desde su retiro, el viejo ministro declararía: “El terrorismo de ETA es un problema policial y sólo tiene una solución policial” y, estas últimas, deberán ser consideradas Palabras Mayores pues salían de boca de quien en su momento fuese un convencido de la posibilidad real de que, fruto de una negociación forzada, se obtendría la indubitable y segura reinserción social de la ETA, como muchas veces, muy pomposamente, se le oyó decir.

No obstante, la ETA extendió sus actividades terroristas por toda la geografía de España al tiempo que sacó provecho de esa amnistía general que, de forma unilateral, y por demás ingenua –cuando menos desde la postura de un negociador- el gobierno español otorgó. Lo que nos remite a otra lección de negociación: A toda concesión debe seguir el cumplimiento de una contra-condición que, además, sea verificable. ¡Tarde aprendió esto el ministro Rosón!

El hecho es, y ya debería haberse asimilado esta enseñanza, que en cada ocasión que Euskadi Ta Askatasuna ha sufrido un duro golpe a su estructura político, financiera o militar o ha podido adivinar la posibilidad de obtener alguna concesión del gobierno español no ha dudado en declarar su interés en iniciar conversaciones con miras a una negociación. Este comportamiento se ha visto alimentado con las constantes muestras de ingenuidad de una contraparte que, en el mejor de los casos, no ha sabido salirse del círculo ni dar correcta lectura a este comportamiento.

Todas las ocasiones -y no parece haber excepción- en que la banda terrorista decretó una tregua unilateral o un “alto al fuego” obtuvo, entre otras cosas, alguna prebenda gubernamental, además del tiempo para rearmarse y reorganizarse. De hecho, desde esta perspectiva, el simple conato y los amagos de negociación por parte de la ETA se tradujeron en realidad de un desmantelamiento de los avances policíacos que se habían logrado contra ella.

Tanto los gobiernos de Adolfo Suárez como los posteriores de Calvo Sotelo y los tres siguientes de Felipe González Márquez tienen como factor común, cuando menos en lo que a ETA se refiere, la idea y fuerte convicción de que las aspiraciones políticas de la ETA podían ser comprimidas en un solo paquete de concesiones que permitiese que los terroristas abandonasen la vía armada, dejasen por fin las pistolas y se reintegrasen a la sociedad civil. Todos esos gobiernos comparten también, en ese mismo sentido, la casi idéntica sensación de frustración y desilusión al comprobar que fueron engañados y usados para dar más oxigeno al terrorismo etarra.

Cada uno de los gobiernos mencionados enfrentó la ineluctable y dolorosa realidad al darse cuenta que, entre nuevos bombazos, atentados y más civiles muertos, se esfumaba la ilusión de una tregua que solo había servido a ETA y que corroboraba la verdadera y oculta intención de la banda armada, es decir ganar un tiempo, que los gobiernos de la democracia española, no dudaron en conceder. Adicionalmente y de forma simultánea creció entre los cuerpos policíacos y de militares la sensación de haber sido engañados y la impresión del aprovechamiento del que fueron objeto por parte de ETA.

Tal situación motivaría lo que eventualmente sirvió como factor detonante para movimientos como la “guerra sucia”, que -como si fuese una solución alterna- se gestaron dentro de las filas del gobierno socialista y que terminó empañando, aun más, si esto fuese posible, el hipertrofiado proceso.
En cualquier caso, las negociaciones ETA-Estado parecen no traer nada bueno y aun dentro de la misma y muy contrariada sociedad española -así como entre los propios criminales- prosperó y se alimentó la idea de que los muertos quedarían impunes.

¿Cuánto vale un muerto? Parece ser una pregunta repetida y espetada varias veces a unos gobiernos que se envilecieron ante la opinión pública y que parecieron debilitar al estado de derecho cada vez que concedían una libertad anticipada a algún etarra a cambio de promesas siempre incumplidas.

Así pues muchos son los aprendizajes que, de estas experiencias, se pueden rescatar al enfrentarse a situaciones similares: Si se está involucrado en una negociación forzada, es decir hostil, no debe concederse treguas a su contraparte pues generalmente sólo se estará otorgando tiempo que favorecerá la posición del contrario.

¿Cómo se terminó ubicado en tan desfavorable escenario? Acabar colocándose en ese panorama fue fruto -no sólo de la ingenuidad de la joven democracia española- sino también del anhelo, el deseo desmedido y la impaciencia por parte de cada uno de los gobiernos de la transición para obtener el codiciado reconocimiento de ser “el gobierno pacificador”

¿Puede la arrogancia y la pedantería afectar un proceso como el aquí reseñado? Sí, siempre que en la parte negociadora exista la idea de ser sujeto iluminado y objeto de un destino manifiesto de una muy “divina voluntad” que lo hace distinto de otros, que le impide ver la praxis en la experiencia de otros y que lo protege de los errores cometidos en el pasado por los demás.

La conclusión, obvia para muchos, no obstante fue sorpresiva para aquellos gobiernos democráticos que se vieron obligados, en más de una ocasión a pedir disculpas por haber intentado negociar mientras que la ETA estaba dispensada de matar.

Hay quienes negocian con torpeza tan extraña… hoy parece difícil creer que en esos primeros años de democracia se aupara y amparara a la ETA con tan ingenuas consideraciones.

Judicializando la política y politizando la justicia.
Inmersa en este proceso de negociación hostil, en España, la población fue testigo, casi indiferente del nacimiento de BATASUNA, que -siguiendo la tradición de traducir al castellano- significa UNIDAD. Así pues el Partido Batasuna, es decir el “Partido Unidad” surge en el atardecer del día 23 de junio del año 2001 y el proceso fundacional de esa nueva formación política suponía la articulación política de la izquierda independentista en el conjunto de Euskal Herria (País Vasco).

El hecho de que la fundación de este nuevo partido haya pasado casi inadvertida para todos los que en España vivíamos obedece al hecho de que esta agrupación política era tan sólo la fusión del muy conocido “brazo político” de ETA denominado Herri Batasuna (HB), es decir Unidad Popular, con los poco conocidos miembros de la efímera y poco exitosa organización llamada “Ciudadanos Vascos” es decir, dicho en, euskera: Euskal Herritarrok (EH).

Para el español promedio, aun siendo un pueblo politizado, el cambio es poco importante y la diferencia bastante difícil de entender pero no lo es así para los gobiernos autonómicos y para el Gobierno del Estado Español, -en esta oportunidad encabezado por José María Aznar- que conocen los orígenes y motivos de esa refundación.

HB fundado en 1978 y EH de 1998 eran agrupaciones políticas que habían surgido a la sombra de las añejas y fracasadas negociaciones iniciadas por los diversos gobiernos españoles que, años atrás, en la búsqueda de dar una solución al conflicto habían ofrecido importantes espacios políticos como una salida negociada para la ETA.

Como ya se ha mencionado, las concesiones políticas fueron aceptadas por parte de la agrupación terrorista pero a cambio de nada. Esto dio origen a una presencia política legalizada al tiempo que la actividad terrorista seguía vigente. Herri Batasuna se destacó como una de las más activas organizaciones de la Ezquerra Abertzale es decir Izquierda Patriota y se dedicó a trabajar abiertamente, toda vez que la clandestinidad solo era para ETA pero no para dicha organización, a reclutar jóvenes emanados de los centros de estudio y de las universidades de todas las provincias del País Vasco.
No pasó mucho tiempo para que se supiese que destacados y nuevos dirigentes de la ETA procedían precisamente de la Ezquerra Abertzale y principalmente de Herri Batasuna donde se habían iniciado en actividades terroristas. En un intento por evitar su ilegalización se fundó –aun cuando mejor sería decir que se refundó- Batasuna a mediados del año 2001.

Por otra parte y bastante menos propenso a enfrascarse en procesos de negociación, ya sea por defender una doctrina de derecha muy a su modo y en total frecuencia con la de sus socios el presidente George W. Bush de los Estados Unidos de América y Anthony Blair primer ministro del Reino Unido, o quizás por las experiencias previas de la democracia Española, José María Aznar -cuarto presidente de la transición- mantuvo una intransigente postura con la banda terrorista que terminó con la llamada “ley de partidos” que no era otra cosa que el Proyecto de Ley Orgánica Para la regulación de los Partidos Políticos remitida por el consejo de ministros -léase Aznar- a las cortes generales el 19 de abril del 2002.

Esta nueva Ley, que en su momento fue aprobada por 304 votos y solo 16 en contra sustituyó a la Ley número 54, de diciembre de 1978, con respecto a la ilegalización de los partidos políticos. En la exposición de motivos se indica que su objetivo es respaldar al sistema democrático español, y dice textualmente: "Impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra el régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas".

En aquella ocasión el Partido Obrero Español apoyó dicha ley que, posteriormente permitiría al Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón suspender las actividades de Batasuna y el 27 de marzo del 2003, el Tribunal Superior, decretó la constitucionalidad de la norma por lo que Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok eran declaradas organizaciones vinculadas a la ETA y por consiguiente ilegales.

Arnaldo Otegi Mondragón, parlamentario vasco procedente de las filas de las agrupaciones Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, las tres declaradas ilegales y miembro de la ETA, presentó una demanda judicial ante la Unión Europea.
No escapa a cierta ironía ver cómo se intenta por la vía legal la supervivencia de una organización ilegal, ese si puede ser considerado un éxito -quizás no contundente pero si innegable- de la buena gestión de una negociación hostil por parte del gobierno.

Finalmente, Aznar conseguiría que tanto la ONU, como la Unión Europea inscribieran el nombre de estas organizaciones -y otras afines- en la lista mundial de grupos terroristas, todo esto -por si la obviedad no valiera- con el apoyo incondicional de los Estados Unidos y el Reino Unido a su fiel aliado en Irak.

Negociar treinta años para al fin llegar a nada.
Empujado por un apoyo popular obtenido tras los atentados de Madrid, el PSOE alcanza la presidencia del gobierno el 13 de marzo del 2004, tan solo dos días después de los fatídicos hechos del día once y que fueron del conocimiento mundial. Rodríguez Zapatero culpa de la situación a la intransigente postura de su antecesor en la Moncloa y considera que hacer las cosas de forma diferente de la derecha le asegurará un apoyo incondicional del electorado, olvidando la magra ventaja de su triunfo.

Bajo la premisa de: Dialogaré con los terroristas si renuncian a la violencia, el novato presidente abona y reincide en un camino ya antes andado y que la ETA conoce muy bien. En esta ocasión, como en otras pasadas Euskadi Ta Askatasuna, ya muy debilitada por el acoso policiaco de los últimos años recibe, como una bocanada de oxigeno, esta nueva oportunidad gestada desde un gobierno, que omiso a la praxis de los anteriores, siente el irrefrenable llamado de la providencia para ser el gobierno que terminara con el terrorismo.

Y también como en experiencias anteriores será el estruendo de las bombas y los nuevos muertos los que harán recapacitar al gobierno de lo que significa intentar negociar con los que no quieren negociar. La bomba colocada en la Terminal número cuatro del moderno y flamante gigante que es el aeropuerto de Nuevo Barajas en Madrid, despertaría del sueño a un gobierno que demuestra así lo que es caminar treinta años para al fin llegar a ninguna parte.

Como todos los momentos históricos, éste no carece de su singularidad, que aporta así, el matiz distintivo que lo hace propio y único de su momento: La sentida disculpa del jefe del gobierno español ante las cortes del reino que, según el espectro político desde donde se aprecie, es un ejemplo de humildad política o la cínica confesión de incompetencia. Empero, como sea, ninguna de las dos visiones de este hecho retornará a la vida a las víctimas del último bombazo.

Es un hecho que el radicalizado discurso de las partes, que hoy se escucha en España pasa por una situación empujada por una negociación hostil y en la que no debe olvidarse algunas cosas: para Euskadi Ta Askatasuna el Estado Español es un estado represor de todo lo vasco y por consiguiente de la libertad de ese pueblo. España no es otra cosa que una potencia extranjera que pretende sojuzgar a los vascos y que no cederá como no lo ha hecho en centurias a ese propósito. ¿Qué negociación cabe ante esta postura?

No importando que tales argumentos se estrellen contra la realidad histórica y que la mayoría de ellos fuesen inventados en el siglo pasado por el xenófobo ultra racista Sabino Arana, fundador del PNV -Partido Nacionalista Vasco- y creador del mito vasco.
A los que han vivido en países donde el terrorismo campea no les es difícil entender que la negociación hostil pasa las acciones y no por las mesas de acuerdos y que al terrorismo no se le convence se le derrota.

Por consiguiente -y hoy parece ser el sentir del actual gobierno socialista-, que un final que no pase necesariamente por la capitulación policial, judicial y política de ETA tendría efectos demoledores para la superestructura del sistema del estado español. No parece ser el vehículo ideal que conduzca a una paz duradera intentar encausar a una organización violenta y armada por los cauces democráticos, las instituciones europeas o por las instancias autonómicas, pues aunque decir lo contrario parezca “políticamente correcto”, es atentatorio contra la naturaleza y origen mismo de la ETA.

Negociar a cambio de que dejen de matar, conlleva a la conclusión de una lógica por demás perversa: ¿Qué pasará cuando ya no pueda cederse más?
¿Negociar treinta años para al fin llegar a nada?

El camino al infierno… perder sin enemigo enfrente.
Son las ganas de negociar sin ton ni son, más que las buenas acciones, las que pavimentan, en casos como el terrorismo de ETA el camino al infierno.

La ley, cuando menos en una sociedad que presuma de vivir en un estado de derecho, no es materia de negociación ni moneda de cambio. Ésta -la norma- no atiende, o no debería atender a intereses políticos, ni de ningún otro orden como no fuese su único, incondicional y cabal cumplimiento. Envilece la memoria, de quienes por la consolidación de las democracias modernas, han trabajado toda su vida o han muerto en manos de grupos terroristas que, en un intento de salir rápido de los problemas, un estado pretenda negociar lo que la ley determina. Una negociación cabal, es decir sin vicio de origen, supone la existencia de posturas opuestas o antagónicas que, ante la carencia de una ley o norma especifica, intentan dilucidar el diferendo. Se requiere especifica y tácitamente el deseo de pactar aun cuando se reconozca lo disímiles y en ocasiones irreconciliables puntos de vista.

El terrorismo no implica ninguno de estos supuestos y la sola pretensión de ingresar a la solución de controversia por la vía de una negociación pero con un trasfondo militar convierte -tan solo eso- a la negociación en hostil y por consiguiente sea la acción disuasiva y persuasiva la que deba imperar. El uso de la fuerza, -que actualmente sufre de un enorme y comprensible desprestigio como consecuencia de todos “aquellos” que han declarado la “guerra al terrorismo” y se han convertido en aterrorizadores del mundo-, no es por sí mismo antidemocrático. Pero es en las sociedades modernas y avanzadas donde en este momento se tiene, paradójicamente, un temor desmedido a actitudes que parezcan firmes o indubitables. Tal parece que la acción de dudar es una virtud de la democracia. ¿También debemos dudar en aplicar la ley?

Negocié con los que matan y descubrirá, como ya lo hizo Rodríguez Zapatero, que abrirá las puertas infernales a todo grupo radical, antisistema, independentista, antidemocrático, “ultras” de cualquier extremo, mafias y redentores que pagaran, gustosos, con sangre, su “peaje” por la carretera de la falsa negociación. La trampa del actual proceso de paz en la que puede caer el gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero no es que haya tropezado con el mismo error que gobiernos anteriores, lo que ya de por sí es reprochable, sino en que no parece encontrar una alternativa que lo ayude a moverse desde su actual “punto muerto” a una posición que le brinde una mejor perspectiva de la gestión del problema.

Hoy los hechos en España hacen pensar que los futuros acontecimientos transitan hacia profundas modificaciones de carácter institucional que afectarán los equilibrios autonómicos y que finalmente se hará, -desde el propio gobierno-, el trabajo del grupo separatista para así ser más radical que los radicales y desacreditar su legitimidad. Esto es igual a perder sin enemigo enfrente.

El triunfo de la razón.
Recuerdo haber escuchado a Giovanni Sartori quien, con motivo de recibir el premio Príncipe de Asturias en el año 2005, tuvo la oportunidad de referirse a la transición española como la más exitosa de Europa, y a España, por consiguiente, como la capital mundial de las Transiciones a la Democracia, ya sea por la muy exitosa y propia transición ó por ser usada como constante ejemplo que se exporta a otros continentes y latitudes.

Más allá de las gentilezas propias de quien hace ese tipo de comentarios en un país que le otorga tan prestigiado premio internacional -¿Qué otra cosa podría decir? Podemos pensar- el hecho es que los españoles como sociedad y como estado han demostrado un claro pragmatismo y una enorme capacidad para lograr objetivos en común con excelentes resultados en la última parte del siglo pasado y lo que va del presente.

Partiendo de la idea de Martín Luther King, quien sostenía que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión sino la destacada presencia de la justicia, pocos países pueden ser dignos de una apuesta tan alta como la España de la monarquía constitucional que conocemos hoy.

La razón triunfará y saldrá a relucir, como ya lo ha hecho antes, incitada por una mayoritaria población que, en España y en el propio País Vasco, desea vehementemente y de forma unánime el triunfo del imperio de la ley, la prevalecía de la justicia y el premio de la razón… sino al tiempo.

Bibliografía:
Eduardo de Chamorro, “25 años sin Franco”, Planeta, 1° Edición, 2000.
Enrique Martínez Marín, “Así gobierna el PSOE en España”, Editorial Jaime Vera. Órgano oficial de formación política del PSOE, Abril 2005.
Fernández, Santander, “El almirante Carrero” , Plaza & Janés, 1ª edición de 1985.
Hendaye, Mugalde, “Operación ogro: cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, Ruedo Ibérico, 1978.
José Díaz de Herrera e Isabel, “Arzalluz la dictadura del miedo”, Duran Planeta, 2° Edición, 2001.
Victoria Prego, “Los presidentes: Veinticinco años de historia narrada por los cuatro jefes de gobierno de la democracia” , Plaza & Janés, 1° edición , 2000.

Luis Miguel Pérez
Doctor en estudios políticos avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas de Transición a la Democracia diplomado por el Centro de Estudios Constitucionales del Senado del Reino de España e investigador invitado de la universidad WD de Frankfurt.