Por Michelangelo Bovero, Diario Excélsior
Agosto 31 de 2006

En estos inicios del siglo XXI parece como si un extraño virus hubiera agredido al mundo de las democracias reales: se va difundiendo el fenómeno de las elecciones controvertidas, cuestionadas y, en algunos casos, hasta impugnadas. El foco original de la infección se manifestó en 2000, con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Quién no recuerda el desastre del escrutinio en Florida, la polémica y las dudas que perduraron incluso después del pronunciamiento de la Suprema Corte de aquel país? Según muchos observadores, Al Gore había obtenido probablemente más votos, pero la victoria fue asignada a Bush Jr. También en torno del resultado de las siguientes elecciones estadunidenses, las de 2004, en las que Bush aventajó a Kerry, surgieron fuertes dudas, aunque tardíamente, en particular sobre la votación del estado de Ohio. En 2005, lo que llamó nuestra atención fue el cerrado resultado, sin un claro vencedor, de las elecciones en Alemania, con la consiguiente controversia entre Gerhard Schröder y Angela Merkel, quienes reivindicaron simultáneamente el derecho a ocupar el cargo de Canciller. En 2006 estallaron los casos de Italia, primero, y de México unos meses después. Se podrían considerar también otros; pero los que he mencionado me parecen, por su variedad, los más relevantes para reflexionar en torno a un fenómeno que amenaza con desgastar a la institución básica de la política moderna y que debe interpretarse colocándolo, antes que nada, en el contexto de la evolución más reciente de los regímenes democráticos.

I. En dos de los cuatro países agredidos por el virus, Estados Unidos y México, está vigente el régimen presidencial; en los otros dos, Alemania e Italia, el parlamentario. Pero la diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo se está, eso es un hecho, erosionando. Desde hace tiempo hemos presenciado la homologación tendencial de las formas de gobierno (en sentido técnico: las subespecies institucionales de la democracia) hacia un único modelo "verticalizado". Algunos estudiosos hablan de "presidencialización" de los regímenes parlamentarios: los poderes ejecutivos se fortalecen de diversas formas, por derecho o de facto, y apuntan a neutralizar su natural dependencia de los parlamentos o incluso a relegarlos a un papel subordinado. Se trata, pues, de una deformación patológica y progresiva a la que yo denomino "macrocefalia institucional": en todas partes, una cabeza ejecutiva hipertrófica termina por aplastar a cuerpos representativos (parlamentos y asambleas locales) debilitados y con menor poder.

La difusión de esta patología favorece, y es favorecida a su vez, por el aumento y la exacerbación de otro fenómeno negativo muy notable, en gran medida ligado al advenimiento de la era de las imágenes: la personalización de la vida política. En el momento clave de las elecciones, la atención general termina por convergir en pocos personajes, llamados líderes, que compiten en pos de conquistar lo que se percibe como el sitio decisivo del poder, el vértice del Ejecutivo. En estas condiciones, la confrontación dialéctica entre partidos y programas pierde importancia y las elecciones se transforman en una lucha personal por la investidura popular, a veces más bien en una especie de plebiscito en pro o en contra de éste o de aquel líder, candidato al papel de "guía supremo" del país (dicho sea de paso: ¿nadie se pregunta acaso qué tiene que ver todo esto con la democracia?).

Este lazo entre la personalización y la verticalización del poder induce a una consecuencia ulterior que también es negativa en mi opinión: la creciente simplificación del "sistema político" (como lo llaman los especialistas: el conjunto de partidos y movimientos, es decir, de los actores colectivos de la política), que tiende a asumir una forma dicotómica. En algunos casos –como en Italia, pero no sólo allí– esta tendencia se acompaña, paradójicamente, de la proliferación de partidos y de listas electorales. Sin embargo, la paradoja es aparente: de cualquier manera, la dinámica general del sistema impulsa al reagrupamiento en dos bloques contrapuestos que se disputan el poder gubernamental. La evolución de los sistemas políticos hacia el bipolarismo y, en perspectiva, hacia el bipartidismo, genera, sobre todo cuando se aproxima el día de la votación, la figura del liderazgo dual. Las campañas electorales se reducen esencialmente a una especie de duelo entre el líder de cada uno los dos partidos y/o coaliciones principales, independientemente del tipo de régimen que esté vigente y de la articulación efectiva del sistema político. La confrontación entre Merkel y Schröder en Alemania, donde la forma de gobierno es parlamentaria y las fuerzas políticas importantes cinco o seis, o el enfrentamiento entre Berlusconi y Prodi en Italia, donde el régimen también es parlamentario pero los partidos son mucho más abundantes, ha asumido un significado político que no es distinto, en la sustancia, al de la contienda entre Bush y Gore (o Kerry) en Estados Unidos, país donde rige el presidencialismo y un bipartidismo perfecto, o de la competencia entre Calderón y López Obrador en México, donde el sistema es presidencial, pero los partidos importantes son tres. Es interesante el caso de México: resulta que la serie de sondeos preelectorales sobre las intenciones de voto para los tres candidatos a la Presidencia fue percibida por muchos como una especie de juego de eliminación, del que surgiría la pareja de los "verdaderos" contendientes. De aquí la fascinación (a mi parecer, perversa) que ejerce sobre muchos mexicanos el sistema francés de la doble vuelta.

La simplificación del sistema político hacia la forma dicotómica tiene amplio reconocimiento: es concebida por casi todos los sujetos políticos importantes, y también en buena parte por los expertos, como el objetivo que toda democracia "madura" debería alcanzar. En mi opinión, por el contrario, constituye un empobrecimiento de la vida democrática. La reducción tendencial del pluralismo al dualismo hace crecer por sí misma la distancia entre el sistema político y la sociedad civil. El abstencionismo, y de manera más general la apatía política y el alejamiento de la democracia, tienen causas múltiples y complejas, pero entre éstas figura también la reducción excesiva de la gama de oportunidades para elegir. Quienes no se reconocen en ninguna de las opciones disponibles, no siempre optan por elegir el mal menor: pueden decidir no escoger a nadie (en ocasiones, esto sucede aun si hay más de dos alternativas que, sin embargo, resultan todas impresentables). En todo caso, el hecho es que la cuota de quienes se abstienen de votar se ha convertido en un factor cada vez más determinante, y como tal es percibido por los actores políticos: casi como si el resultado de una elección no fuese en manos de quienes sí votan, sino paradójicamente de quienes no votan. Por eso, las campañas electorales se orientan cada vez más, de manera predominante, a conquistar el voto de los (así llamados) "electores indecisos o indiferentes". Ir en pos de este objetivo exaspera la lógica del duelo e induce fácilmente a los protagonistas, o a algunos de ellos, a la satanización del adversario. "Si no logro convencer al elector indeciso a votar por mí, al menos, como mal menor, trataré de inducirlo a votar contra el otro, presentando a éste como el mal mayor". A veces, como el mal absoluto: con medios y argumentos que van mucho más allá de lo correcto e incluso de lo decente. Es evidente que quienes se dejan convencer de esta manera son los ciudadanos menos educados, menos provistos de cultura democrática. Y es así como la calidad de la vida política de las democracias reales corre el riesgo de volverse cada vez más decadente. En ambos lados: el de los electores y el de los elegidos.

Puede suceder que las coaliciones que se contraponen queden a final de cuentas divididas por un insignificante puñado de votos. Lo que constituye una circunstancia objetiva que favorece la impugnación del resultado electoral. Pero en realidad, el fenómeno, en sus formas más virulentas, se manifiesta no tanto porque el surco que divide a los contendientes sea muy delgado, sino más bien porque es muy profundo. Un conflicto áspero y perdurable en torno al resultado de las elecciones no es sino un grado ulterior de la exacerbación del conflicto político, interpretado como un duelo por la conquista de un poder verticalizado y personalizado.

Es verdad que la radicalización del enfrentamiento político tiene también otras causas sustanciales, cuyos orígenes radican, directa o indirectamente, en las complejas y contradictorias dinámicas producidas por la globalización. Me refiero –sin tener aquí el espacio para profundizar en este análisis– a la inclinación generalizada del eje político mundial hacia la derecha: la afirmación de los neoliberalismos; la resurrección de los nacionalismos bajo formas étnico-culturalistas; al nacimiento de partidos y movimientos racistas y xenofóbicos, más o menos (aunque no siempre) minoritarios, entre otros. Pero, sobre todo, a la difusión de ciertas formas neopopulistas y neodemagógicas de estrategia política (también electoral), que algunos estudiosos han rebautizado como "antipolítica" porque consisten en la hostilidad hacia el orden consolidado con las arquitecturas institucionales, también, en el rechazo de la confrontación equilibrada entre las diversas posiciones del debate que no esté orientado al choque, de las mediaciones en general; en la intolerancia al equilibrio de los poderes y hacia cualquier tipo de vínculos o controles; en definitiva, en la contraposición de la "voluntad del pueblo" frente a la de los órganos del poder constituido, invitando siempre a desconfiar de ellos (hasta que sean ocupados por otros). En Europa muchos movimientos y partidos de la derecha, ligados bajo diversas formas al "chovinismo del bienestar" (Habermas), han obtenido un notable éxito político con métodos "antipolíticos". Es cierto que muchos partidos de izquierda han emprendido una especie de seguimiento de las derechas en el terreno político-programático; pero, a pesar de ello, la fractura se ha profundizado y el conflicto se ha radicalizado, justamente cuando las derechas se hacían más populistas y antipolíticas.

En América Latina, en cambio, han sido más bien algunos partidos y movimientos (presunta y supuestamente) de izquierda, que se dirigen de diferentes maneras a las víctimas de la globalización, los que han asumido ropajes antipolíticos, sobre todo mediante el protagonismo de ciertos personajes carismáticos (en sentido neutro, weberiano). Es fácil ver cómo la antipolítica encuentra un terreno fértil en los fenómenos degenerativos que llevan a interpretar las elecciones como un método de designación de un vencedor supremo, o sea, del "líder del país" y, por consiguiente, a concebir la democracia como una especie de autocracia electiva. A veces, en las formas grotescas del que yo denomino "caudillismo posmoderno".

II. Cuando el resultado electoral es cuestionado, plantea –para los contendientes, los estudiosos, los observadores y los ciudadanos– dos tipos de problemas. En primer lugar: ¿cómo se puede y cómo se debe establecer con certeza quién ha sido el verdadero vencedor de las elecciones? En segundo lugar: acaso el vencedor, quien quiera que éste sea ¿triunfó realmente? Y dado que sólo representa a la mitad del país, ¿cómo puede pretender imponer su política a la otra mitad? Digamos de una vez por todas que esta última pregunta, en el plano formal, de la legitimidad jurídica y política, carece de sentido. Aquel candidato y/o coalición política que haya prevalecido, aunque sólo sea por un voto, tiene el derecho-deber de gobernar, esto es, de ejercer el poder de iniciativa y orientación política y además de asumir las competencias que las diversas constituciones atribuyen a los titulares de la máxima función ejecutiva. Lo que no equivale sin más a imponer la propia política. No obstante, la pregunta conserva sentido en el plano sustancial, cuando perduran las condiciones de un conflicto radical: por ejemplo, si uno de los dos contendientes rechaza de cualquier modo y obstinadamente el reconocimiento de la victoria del otro.

III. Así se hace más urgente y apremiante responder a la primera pregunta: ¿cómo se determina quién fue el vencedor? Errores de cálculo, imprecisiones en la transmisión de los datos, pero también controversias en torno a la asignación de numerosos votos, en particular a las boletas nulas, se verifican en cualquier procedimiento electoral. Es verdad que éstos y otros factores pueden ganar importancia cuando el margen es estrecho. No obstante, la experiencia enseña que afectan en una medida casi igual a todas las partes. Es, más bien, la radicalización del conflicto la que lleva a evocar (con razón o sin ella) el fantasma de la conspiración, de los fraudes. Pero, sobre éstos, como sobre los otros elementos cuestionables, ciertamente no es la presunta víctima la que tiene el poder de juzgar. Nemo iudex in causa sua. Cualquier ordenamiento constitucional democrático prevé normas para la solución de las controversias electorales y atribuye a un órgano institucional, con rango de magistratura, el poder de decidir sobre el mérito del asunto apoyándose en dichas normas. La legislación en la materia puede ser más o menos completa o con lagunas, más o menos adecuada o mediocre. Pero a un juez –quienquiera que sea– no se le puede y no se le debe pedir otra cosa sino aplicarla. Ciertamente, no se le debe pedir que la viole. Mucho menos que invente normas inexistentes, pues será eventualmente tarea de la nueva legislatura mejorar las leyes en vigor. Y menos admisible todavía, además de insensato, es pedirle al juez que decida a condición de que lo haga de un modo determinado, porque eso sería como decirle "me someto a tu juicio si me das la razón". Lo que equivale indudablemente, sin más, a desautorizar a dicho juez.

En el modo de enfrentar y resolver la controversia y de asumir las consecuencias normativas radican las mayores diferencias existentes entre los casos que he considerado aquí. La solución más indolora se adoptó en Alemania en 2005, incluso porque allí nadie había promovido una verdadera impugnación de los números del conteo: entonces, el cargo de Canciller fue asignado al líder del partido de mayoría relativa, aun cuando tal mayoría era reducidísima y así se formó un gobierno de "gran coalición". Solución que fue posible gracias a la mayor flexibilidad del régimen parlamentario, que a pesar de las distorsiones inducidas por la tendencia hacia la "presidencialización material", conserva todavía, en algunos casos concretos, como el alemán, diferencias importantes y ventajosas con respecto al presidencialismo formal y completo. Ciertamente es una solución excepcional pero, quiero agregar, perfectamente democrática: sólo quien es presa de una concepción distorsionada de la democracia como imposición de la voluntad de la mayoría (o, peor, de un líder) no logra ver las virtudes democráticas del compromiso. Sin embargo, una solución similar de "gran coalición", fue rechazada –por Prodi, correctamente en mi opinión– en Italia, donde sí está en vigor un régimen parlamentario, aunque mucho más deteriorado que el alemán, pero la brecha entre las coaliciones políticas es profunda y, el conflicto, irreconciliable.

En cambio, en las elecciones estadunidenses de 2000, la controversia estalló precisamente por el resultado numérico de la votación. Es probable que el candidato declarado perdedor, Al Gore, haya conservado la firme convicción de haber obtenido mayores apoyos que su adversario. Pero, frente al pronunciamiento de las autoridades competentes, se retiró de la contienda, en buena lid. Ciertamente ni siquiera acarició la idea de organizar una protesta popular. La democracia de Estados Unidos es muy imperfecta; más aún, en mi opinión, es insuficientemente democrática. Pero las instituciones son sólidas. Y fuera de las instituciones constitucionales, o peor aún, en contra de ellas, sólo puede existir una caricatura de democracia.

En Italia, hace pocos meses, en presencia de una ventaja reducidísima de votos a favor de la coalición de centro-izquierda, el líder de la coalición de centro-derecha, el premier saliente, Berlusconi, héroe emblemático del neopopulismo mediático, príncipe de la antipolítica posmoderna, denunció la conjura y habló de fraudes (entre paréntesis: en Italia las elecciones son organizadas y controladas por el ministro del Interior, que en esa circunstancia era un hombre de confianza del premier y que, al final del escrutinio, afirmó que todo se había desarrollado correctamente). Declaró haber sufrido "el robo de una victoria limpia", levantando la sospecha de decenas o centenas de miles de votos arrebatados fraudulentamente por la izquierda, y de innumerables boletas a su favor injustamente anuladas. Afirmó que iba a "exigir" el recuento total de los votos. Lo que, sencillamente, no está permitido por la ley. Amenazó con llenar las plazas (alternando las acusaciones y las amenazas con propuestas de "gran coalición" al estilo alemán, mas la coherencia no es una virtud de los demagogos). Pero luego, después de la sentencia de la magistratura competente que confirmaba la victoria del centro-izquierda, mientras continuaba ocasionalmente con sus amenazas, se fue adaptando más o menos al papel de jefe de la oposición, persiguiendo un objetivo bien preciso: aprovechar cada ocasión para hacer caer al gobierno de Prodi, objetivamente débil en el ámbito parlamentario.

¿Y México? Hasta donde logro recabar informaciones periodísticas, me parece que se puede decir (y corríjanme si me equivoco) que López Obrador ha realizado, al menos en parte y a su modo, lo que Berlusconi sólo había amenazado. Ha convocado a sus seguidores a llevar a cabo una protesta masiva, que ha adquirido también el significado de una presión pública sobre el Tribunal Electoral. Me pregunto si ésta no es una típica estrategia antipolítica: el pueblo frente al poder, la plaza frente al palacio. No se me malentienda: la protesta colectiva corresponde perfectamente a la dialéctica de la vida democrática, sólo que bajo ciertas condiciones. Y no siempre, aun cuando sea formalmente legítima, una protesta tiene motivaciones y fines aceptables desde un punto de vista democrático. A veces puede representar un peligro para la salud de la democracia.

No me permito disertar de lejos sobre una cuestión tan delicada. Pero algo debe decirse acerca de la forma en que López Obrador (hasta donde estoy enterado) ha manejado hasta ahora su relación con la masa, presentándola como un ejercicio de "democracia directa". La decisión de una multitud que responde a las preguntas del líder con un sí o con un no, o que aprueba levantando la mano, no es una decisión democrática. Es más bien equiparable a la aclamación, que constituye (según decía Bobbio) precisamente la antítesis de la democracia, porque los eventuales disidentes no cuentan para nada ni tienen una verdadera manera para expresarse y además sufren la presión, por lo menos psicológica, de quien está junto a ellos. Se puede definir democrática la decisión de una asamblea sólo si cada uno de sus miembros tiene la misma posibilidad de discutir las propuestas de los demás y de presentar y argumentar propuestas alternativas. Esto sucedía en la democracia directa ateniense y es también lo que ocurre, toda diferencia guardada, en un parlamento bien ordenado. No tengo la intención de ofender a nadie, quisiera solamente despertar de manera modesta y serena una interrogante en el ánimo de quienes estuviesen demasiado seguros de encontrar la democracia en la multitud, pasando por encima de las instituciones. Pero a quien conoce la historia del siglo XX italiano la imagen de una multitud que responde "¡Sííí!" a la pregunta del líder: "¿Estamos de acuerdo en eso?", evoca terribles recuerdos.

En el caso mexicano, en suma, tal parece que el rechazo radical al resultado de las elecciones se relaciona con una forma particularmente acentuada de liderismo: expresiones exacerbadas, ambas –el rechazo al resultado y el liderismo–, por un lado, de la interpretación conflictual de la política como duelo y, por el otro, de la concepción verticalizada y personalizada del poder. Son una exaltación extrema de las mismas patologías degenerativas a las que tiende, por su naturaleza, el régimen presidencial.

Desde hace tiempo vengo afirmando que en América Latina es necesario mover el eje del poder desde el gobierno presidencial hacia el parlamento. ¿Qué piensa el parlamento recién electo en México? ¿En particular aquellos legisladores que fueron elegidos en la misma coalición política de López Obrador? Me gustaría saberlo.