Por Clara Alvarez
Número 56

La sabiduría popular de “Lo que mal empieza, mal termina” está sucediendo con el Acuerdo de Convergencia de telecomunicaciones publicado con bombo y platillo en el ocaso de la administración foxista. El Acuerdo de Convergencia es el típico ejemplo de preferir un acto con alto impacto mediático aun cuando no remedie el problema, en vez de optar por una solución interna silenciosa, pero con el defecto (o más bien, la virtud) de que no atrae los reflectores. El Gobierno Federal invirtió muchos recursos humanos y materiales para “lograr” el Acuerdo. En cuanto nació a la vida jurídica, se inició la crónica de una muerte anunciada.

La convergencia es producto de la evolución tecnológica. Tradicionalmente, las redes de telecomunicaciones técnicamente sólo podían prestar un servicio y el Gobierno Federal otorgaba concesiones para un servicio en particular (p. ej., televisión por cable). La evolución tecnológica avanza a pasos agigantados y una misma red puede hoy día prestar servicios de triple play que constan de voz (teléfono), datos (Internet) y video (televisión), a esto es a lo que se le llama convergencia. Sin embargo, la práctica administrativa no supo adaptarse al cambio y continuó con su modo de operar otorgando concesiones por servicio. Ello generó barreras y retrasos a la entrada de competidores en el mercado. Así, los concesionarios de televisión de paga no podían prestar servicios de voz al carecer de dicha autorización, y aquellos de telefonía tampoco podrían prestar televisión.

En ese contexto, lo que se requería era un cambio en la práctica administrativa y un rediseño de procesos. Contrario a ello, se optó por expedir un Acuerdo de Convergencia para “facilitar la convergencia de redes y servicios de telecomunicaciones, así como establecer procedimientos simplificados y expeditos” para permitir que los concesionarios de televisión de paga pudieran prestar telefonía, y los concesionarios de telefonía pudieran prestar televisión. El Acuerdo, lejos de facilitar la convergencia y la sana competencia, en realidad reforzó un régimen administrativo contrario a la simplificación y a la convergencia. Adicionalmente y lo que ha sido muy cuestionado por autoridades y particulares, estableció un camino para que Telmex pudiera modificar su título de concesión para prestar televisión de paga sin que se le pudieran imponer condiciones especiales para evitar que, al dominar el mercado de acceso a los usuarios finales, elimine a los concesionarios de televisión por cable.

Los amparos de los supuestos “beneficiarios” no esperaron y algunos obtuvieron la suspensión del Acuerdo. La Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec) en la Expo-Canitec la semana pasada solicitaron directamente al Presidente Calderón que se abrogara el Acuerdo, en tanto que diversas autoridades como la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones se han sumado a dicha propuesta porque el Acuerdo nunca funcionó y, agrego, difícilmente lo podría haber hecho. Ni los concesionarios han sido autorizados para prestar nuevos servicios, ni Telmex ha logrado que se le modifique su título, y lo que sí ha pasado es que la Cofetel no puede avanzar en temas relacionados por los litigios contra el Acuerdo.

Si se pudiera regresar el tiempo, lo oportuno hubiera sido simplemente agilizar los procesos internos de la autoridad y hacer realidad la convergencia a nivel legal autorizando los servicios adicionales a los concesionarios existentes. “Necesitamos tanto echar las culpas a algo lejano, cuando valor nos falta para enfrentar lo que tenemos adelante” dirá José Saramago en El Hombre Duplicado. Suele pasar que para cubrir un expediente las autoridades se embarcan en un laberinto sin fin, cuando sería más honesto y productivo rectificar el camino. Desde su origen el Acuerdo tenía deficiencias que se han traducido en situaciones negativas y parálisis, ¿hasta cuándo seguirá vigente?