México país sin rumbo - Razón y Palabra

México

TELECOM Y SOCIEDAD

MÉXICO PAÍS SIN RUMBO

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2013

“Un político que decide un plan de desarrollo sin tener información suficiente sobre la situación de la sociedad no es más que un payaso, cuando no un criminal”, Umberto Eco.

Jamás pensamos que el espectro radioeléctrico reflejara tantas faltas de la clase política mexicana. Veamos.

Falta de congruencia. Nada dijo la iniciativa de Ley Federal de Derechos del Presidente Enrique Peña Nieto de la razón para reducir el porcentaje para el Instituto Federal de Telecomunicaciones del 35% al 3.5%. ¿Habrá sido un error de dedo? Pero aunque lo hubiera sido, la Cámara de Diputados y el Senado ni cuenta se dieron, ni lo mencionaron en sus dictámenes. ¿A poco en unos cuantos meses se les olvidó que para que funcione la autonomía constitucional que le dieron al IFT requería presupuesto? ¿Buscarán el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión debilitar y capturar sutilmente al IFT desde sus ingresos?

Falta de transparencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Sistema de Administración Tributaria jamás han sido transparentes, ni proporcionado información suficiente respecto a cuánto es lo efectivamente recaudado por el Erario después de los litigios de los concesionarios. De qué sirve que la Ley Federal de Derechos establezca cifras y cifras de lo que se anhela recaudar por el uso del espectro, si es impugnado con éxito y después de años se tiene que devolver lo pagado, más intereses y actualizaciones con dinero de los mexicanos. ¿Por qué ningún diputado o senador ha pedido un balance de los últimos 10 años de lo efectivamente recaudado después de litigio menos lo que se tuvo que devolver?

Falta de visión. En México lo que se recauda por el uso del espectro de telecomunicaciones jamás beneficia directamente a la sociedad, ni se utiliza para llevar telecomunicaciones a todos los habitantes de este país. Igual servirá para financiar viajes en primera clase de servidores públicos que para comprar bolsas de basura. Que no nos sorprenda por qué países como Colombia nos llevan años luz en el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Ahí tienen el Fondo de las TIC y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos cuyos patrimonios se forman con las contraprestaciones por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y por el uso del espectro teniendo como finalidad el servicio universal en sentido amplio. México país sin rumbo, no es algo lejano en las telecomunicaciones.

Falta de respeto. Todos dicen respetar los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque ni el Ejecutivo Federal, ni el Congreso de la Unión los respete. A pesar de que la Corte fue enfática en que el criterio económico no puede ser el preponderante para determinar quién usa el espectro, la Ley Federal de Derechos pone de manifiesto que sí lo es. ¿Habrá algún régimen de excepción para los concesionarios de uso social y medios comunitarios en las leyes secundarias?

Falta de memoria. ¿Alguien recuerda el caso de las prórrogas a Unefon cuando el hoy Senador Javier Lozano Alarcón era presidente de la Cofetel? Yo sí y las consecuencias de esas decisiones sin estar apegadas a derecho, ni a las bases de licitación, han generado grandes costos para todos los mexicanos. La revista Etcétera había cuantificado en 2008 que la devolución a Unefon por el cobro inconstitucional de intereses ascendía a más de 3,653 millones de pesos lo cual era superior al prespuesto del Senado para ese año. Así, México requiere que las decisiones sobre espectro sean analizadas, fiscalizadas y en su caso sancionadas.

Falta de certeza. Si un concesionario usa frecuencias, probablemente pague una contraprestación, derechos y aprovechamientos. Ejemplo: las últimas licitaciones de espectro señalaron que la contraprestación estaría formada de dos partes, la primera lo ofrecido en la subasta y la segunda lo que señalara la Ley Federal de Derechos, pero si se modificaba la concesión entonces el Gobierno Federal podría fijar un aprovechamiento adicional. ¿Hay certeza para el gobernado, doble tributación o sólo es un juego de conceptos para la confusión y litigios?