Por Fernando Mendoza
Número 40

Pasó un mes de la marcha contra la inseguridad en México, 27 de junio, y un poco más de treinta de los sesenta días en los que el presidente Vicente Fox prometió que habría resultados. Empero, el tema de la seguridad se movió por otros derroteros, preocupantes y contradictorios, con la resolución de los pagarés Fobaproa, favorable a los bancos, y contraria a los intereses de la Nación, y la reforma inconstitucional al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP)del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde estuvo ausente el debate de fondo sobre las condiciones y el futuro de la seguridad social, en un país donde casi la mitad de sus habitantes carece de ella. En ambos casos el poder económico y la tecnocracia hacendaria se impusieron. Las decisiones despojan a la sociedad de recursos para el desarrollo social y prescriben un futuro angosto y precario para la seguridad social.

Los medios, particularmente los electrónicos, mantuvieron posturas contrastantes sobre ambos temas. Televisa y TVAzteca se cuidaron de hablar mal de los bancos, pero en cambio descalificaron tenazmente a los trabajadores del IMSS y a su líder fueron, Roberto Vega Galina. Poco hablaron del significado del impacto económico y social del canje de los pagarés Fobaproa ni mucho menos de las fallas legales de la legitimación del Fobaproa: falta la auditoría que ordena el artículo quinto transitorio de la ley que creó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para separar los créditos irregulares de los buenos. Según el artículo, primero son las auditorías y luego el canje, pero las autoridades federales decidieron actuar al revés. El auditor canadiense Mackey identificó 43 mil millones de pesos en operaciones anómalas realizadas por los bancos y el acuerdo anunciado el 14 de julio reconoce sólo 4 mil 726 millones de pesos; es decir, apenas 11 por ciento.

El periódico Reforma hizo un reconocimiento a los bancos, que “aceptaron (sic) absorber el costo de de los llamados créditos relacionados por un monto de 9 mil 477 millones de pesos y dejar “encapsulados”- es decir, sujetos a revisión – otros 7 mil 10 millones de pesos” (15 de julio, primera plana). El 26 de julio, al comparecer ante la Cámara de Diputados junto con el secretario de Hacienda, el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, reveló que la deuda del rescate bancario asciende ya a casi un billón 200 mil millones de pesos que representan 18 por ciento del producto interno bruto (La Jornada, 27 de julio), lejos de la dimensión que planteó el gobierno de Ernesto Zedillo. En 1995, Eduardo Fernández García y Miguel Mancera Aguayo, entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y director general del Banco de México, afirmaron que el costo del rescate bancario no superaría 5 por ciento del PIB.

La seguridad legal (¿) que se da a los banqueros contrasta con su reticencia a equipar las instalaciones bancarias con los mecanismos de seguridad que prevé la ley. Este desdén por los usuarios de la banca cuenta con el apoyo, por omisión, de las autoridades hacendarias, reacias a exigirles el cumplimiento de la ley. La falta de personal de vigilancia, cámaras y otras medidas facilita los robos a cuentahabientes, al fin de cuentas ciudadanos poco importantes para los medios de difusión, en general.

No son, pues, las víctimas de delitos los que han visto satisfechas sus demandas por mayor seguridad. Sin marcha, al menos no pública, pero con mayor poder de cabildeo y presión donde debe ser, los banqueros lograron que el rescate bancario se resolviese según sus intereses. Las autoridades hacendarias, enclave del poder oligopólico del país, insisten que la nueva solución es lo mejor para el país - ¿Dónde he oído eso?

El 28 de julio La Jornada publicó algunas equivalencias del costo del rescate bancario a la mexicana para destacar su trascendencia: supera, dice el diario, el monto de los recursos destinados por el Plan Marshall a la reconstrucción de Europa. A valores actuales el Plan Marshall equivaldría a 90 mil millones de dólares.

El costo del rescate bancario en México es… similar a los 120 mil millones de dólares que está desembolsando ese país (Estados Unidos) para financiar la actual invasión a Irak. Por la venta de los 18 bancos nacionales durante la privatización realizada entre 1991 y 1993, durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas, el Fisco mexicano recibió el equivalente a 12 mil millones de dólares, poco menos de 10 por ciento de lo que los contribuyentes mexicanos deberán cubrir para pagar el costo del rescate de esas instituciones. (La Jornada, 28 de julio)

En el caso de la reforma al Seguro Social, éste y el gobierno federal responsabilizaron a los trabajadores del IMSS de sus problemas financieros por el alto costo de las pensiones y jubilaciones. El IMMS no tiene recursos para fondearlas. Los medios de difusión fustigaron además “los privilegios” del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS. Los medios se negaron, salvo pocas excepciones, a respaldar una versión distinta a ésta y respaldaron en consenso mediático la propuesta elaborada por la Coparmex (Néstor de Buen y Arturo Alcalde Justiniani, abogados de los trabajadores, afirman que la iniciativa de reforma fue elaborada por los asesores legales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por encargo de la administración del IMSS, La Jornada, 21 de julio).

El IMSS ha pasado en los últimos diez años por tres reformas, cada una vendida como definitiva.

Justo el día de la reforma a la ley del IMSS en 1995, Borrego Estrada (entonces director general) trasmitió un mensaje vía satélite en el cual argumentaba que la enmienda era de carácter financiero y que "por necesidades históricas y contando con el permiso de la ley", desde hace cinco décadas las reservas monetarias para las pensiones de los trabajadores cotizantes se fueron transfiriendo a la construcción de hospitales y clínicas, a la edificación de grandes centros médicos y aun al pago de salarios y gasto corriente. (La Jornada, Directores del IMSS desviaron dinero de jubilaciones para obras, admite Borrego, 8 de agosto).

Los expertos coinciden que las reformas al contrato de trabajo del seguro social, encuadradas sólo como reformas al RJP, son inconstitucionales y no resuelven los problemas de fondo del seguro. De hecho no parten de un marco conceptual o proyecto integral que realmente busque mejorar la seguridad social. Pese a eso, la Cámara de Diputados, sin mayor debate en un asunto tan serio, las aprobó el 30 de julio; la de Senadores, la madrugada del 5 de agosto.

Los problemas financieros del IMSS tienen una explicación más amplia. En lo que va de esta administración, el número de plazas de "servidores públicos de mando y homólogos" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se cuadruplicó, al pasar de 540 a 2 mil 727. De igual forma, el costo de la nómina de ese grupo se ubicó en mayo de 2002 en 10 mil 442.40 millones de pesos y actualmente es de 12 mil 519.1 millones. En tanto, el personal de base sindicalizado (médico, administrativo y operativo) avanzó de 269 mil 338 plazas (registradas en mayo de 1999) a 285 mil 309 en el presente año. Aquí el costo pasó, en ese lapso, de 50 mil 355.50 millones de pesos a 63 mil 139.8 millones. La disparidad entre ambos tipos de personal es enorme. El costo promedio anual de una plaza de servidor público de mando y homólogo es de 4 millones 590 795 pesos y el de cada trabajador sindicalizado de 221 mil 303 pesos.

La opinión pública poco pudo saber de un diagnóstico más amplio de la situación del IMSS, simplificada y neutralizada por el tema del costo de las pensiones y jubilaciones que, sin negar su importancia, constituyen sólo una parte de la realidad a mostrar. El sindicato cayó en el juego discursivo de las autoridades y no acertó a reencuadrar el diferendo en el marco de la seguridad social y como un problema del país; mantuvo el diferendo como un asunto de su contrato colectivo de trabajo, dejando pasar la oportunidad de una discusión nacional sobre la seguridad social.

La administración actual del IMSS redujo las siete regiones a cuatro, creando unidades macrorregionales que no aportan valor agregado y resuelven poco los problemas de sus regiones, pero concentran, en cambio, las licitaciones y deciden el abasto; viejo problema de la institución, marcado por la corrupción, la ineficiencia y la inflación de costos. En los dos últimos años los recursos para el abasto se han incrementado 40%, pero no ha mejorado. De hecho, el servicio del IMSS no ha mejorado significativamente.

La falta de análisis, de información, por parte de los medios soslayó también el incumplimiento de cuotas por parte de los patrones y los registros de sueldos deshonestos. Las empresas suelen cotizar bajo al seguro y merced a una doble contabilidad, pagan a trabajadores otra cantidad, distinta a la reportada oficialmente. Se estima que este año la evasión de pagos al IMSS equivale a cerca de 10 mil millones de pesos, casi el costo de los sueldos de su gruesa burocracia. La alta burocracia del IMSS cuesta 12 mil 519 millones de pesos, 62% de los 20 mil millones que “anualmente se toman de las aportaciones obrero-patronales para financiar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones” (Milenio Diario 3 de agosto).
Ni Santiago Levy, director del IMSS ni el gobierno federal tienen una propuesta para mejorar el servicio ni para afianzar la seguridad social en el país. Al contrario la recortan, como hacía Levy desde que era subsecretario de egresos.

A la otra seguridad, la cotidiana, la que reclamaron 250 mil manifestantes el 27 de junio, las autoridades han respondido con declaraciones más que con acciones en la dirección deseable. Mientras la seguridad de las personas y sus bienes sigue pendiente; la seguridad social pone sus barbas a remojar. Los medios de difusión electrónica parecen incapaces de emprender una reflexión seria sobre el asunto.