Por Fernando Mendoza
Número 38

Los ciudadanos del Distrito Federal estamos bajo asedio y mantenemos conculcados parte de nuestros derechos políticos. El Senado de la República tiene congelada la iniciativa de reforma política del Distrito Federal por lo que el Congreso de la Unión y el gobierno federal retienen atribuciones sobre él, que no tienen sobre otras entidades del país. El Congreso de la Unión decide sobre la deuda y suplanta, desplaza a los representantes electos. Esta situación es parte del asedio a un gobierno legítimo, pero es información irrelevante para la mayoría de los medios.

Una hipótesis, los perredistas tienen menos vínculos con los medios y, menor poder para influir en su agenda. En cambio, es evidente la estrecha relación entre el gobierno federal y medios de difusión – a veces mejor que en los mejores años del PRI. La reducción de impuestos los acercó más. En esta situación la Secretaría de Hacienda tiene un protagonismo importante y recibe beneficios concretos (éste será uno de los dos temas en la siguiente edición).

Los videoescándalos, mirada a la obvio, no son productos de investigación periodística, son consignaciones de información, temas en los que Joaquín López-Dóriga, la PGR y la Secretaría de Hacienda se han especializado. Estamos ante un acabado spinning mediático, de los pocos bien articulados en este gobierno.

Los medios mexicanos mantuvieron su anómala consistencia en el seguimiento de un asunto hasta que Cuba deportó a Carlos Ahumada. El spinning tuvo un encuadre muy claro: iluminar la corrupción en el gobierno del DF; desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador. No mirar la parte política ni la evidente intencionalidad y dosificación de los videos; la historia del corruptor Ahumada ni de los participantes en el complot. Minimizar y no hacer eco a la investigación previa del Gobierno del Distrito Federal ni a sus avances judiciales; por el contrario, insistir en la pobreza de su argumentación.

Pero hay muchas y preguntas sin respuesta. Desde la esmerada cortesía que la PGR y el Cisen brindaron a Ahumada (20 de febrero) en el hotel Presidente Intercontinental, con la participación de Diego Fernández; la denuncia por extorsión no ha tenido, que se sepa, ninguna consecuencia, como tampoco la tuvo la investigación por lavado de dinero que la PGR aseguró hacer tener sobre Ahumada y que motivó su detención en Cuba. En el momento de su deportación estaba lista la denuncia del GDF por fraude genérico, pero no la denuncia respectiva de la PGR.

En enero de este año Carlos Ahumada organizó un partido de futbol entre el Independiente y miembros de la PGR, al que asistió Rafael Macedo. Se difundió una foto suya abrazando a Carlos Ahumada. Esta foto ente amigos resultó benigna; otra, de Sócrates Campus Lemus, tomada hace veinte años, en la que se le ve acompañado de Juan Guerra y de Ábrego, provocó la renuncia de éste a la PGR.

La PGR, fiel a sus amistades y olvidada de su razón de ser (¿será?), extendió por cinco horas su manto protector y lo sustrajo de la acción de justicia. La retención inexplicable – … inexplicable… ¿inexplicable? – permitió que el prófugo recibiera la asesoría de sus abogado y de su médico particular quienes pidieron su trasladarlo a un hospital privado, por un arritmia. La revisión de los servicios médicos del reclusorio no encontró la pretendida afectación cardíaca que su médico particular sí halló. El médico particular probablemente faltó a su ética profesional y su mentira pretendió obstruir la justicia. Entre los efectos personales de Ahumada había una maleta con cintas que no fueron entregadas a la Procuraduría de Justicia del Gobierno Federal. Pero volvamos a lo nuestro.

Las huellas del complot. Además de el Jefe de Gobierno, la PGR llamó a declarar al procurador Bernardo Bátiz y a varios de sus subalternos sobre la filtración de la información en el caso de Gustavo Ponce y de sus movimientos en dólares. Pero busca para no encontrar. Miguel Ángel Granados Chapa escribió “Tal vez fue una traición del inconsciente: del escritorio de de su destinataria, en Hacienda, voló al estudio del principal noticiario de Televisa la carta en que Washington reprocha la publicidad de un reporte de espionaje financiero, quizá la misma ruta que siguió la documentación transmitida el 1º. De marzo” (Plaza Pública, Reforma, 25 de abril, 15A). Añadió Granados Chapa “Inmediatamente después del 15 de abril, cuando López Obrador presentó el informe de norteamericano, el gobierno de Washington se abstuvo de reaccionar. Sólo lo hizo el subprocurador Alejandro Ramos, quien anunció lo que harían los norteamericanos. Como los días pasaron y su aviso no se cumplió, no es pecar de suspicacia conjeturar que se pidió a William Fox un reproche retórico, sólo para fines propagandísticos”.

Carlos Marín (Milenio Diario, 26 de abril, p. 4) también endosó a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de las filtraciones y la acusó de haberlo hecho con fines políticos. “En el caso exclusivo de Gustavo Ponce Meléndez, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la única responsable de la violación del secreto que debió haber preservado. La responsabilidad penal de altos funcionarios de la SHCP comprende su inacción durante más de medio año contra el secretario de Finanzas del Distrito Federal y su esposa.” Marín explica luego, citando el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal, dedicado a los delitos cometidos por servidores públicos “ el inciso tercero establece que incurre en responsabilidad penal quien:

Teniendo conocimiento pro razón de su empleo, cargo o comisión de que puedan resultar gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico, o lo evite si está dentro de sus facultades.

En el caso de referencia lo que podía ‘resultar gravemente afectado’ era el erario del gobierno del Distrito Federal…”

Pero veamos cómo puntuaron la información sobre la reacción estadounidense algunos diarios nacionales:

El Universal: “Por el caso Ponce, EU suspende cooperación. Divulgación improcedente de la información proporcionada, argumentas. Se deslinda AMLO y culpa a la Federación”

La Jornada: “Desnuda EU a Hacienda en caso Ponce. “Divulgación impropia de datos”.
López Obrador señala que la declaración estadounidense confirma la tesis del complot”

Reforma: “Castiga EU a México por filtración de AMLO. Derrumba Bátiz complot”
El Independiente: “EU no compartirá más secretos con México. Dice Bátiz que AMLO no cometió un delito”

La última y nos vamos. Anticipamos que el caso Ahumada abrió una caja de Pandora. Ante los problemas hay tres respuestas adaptarse a ellos, buscar resolverlos o huir- atacar y huir. En su relación con Cuba el gobierno mexicano admitió las limitaciones y el fracaso de la vía diplomática y expulsó al embajador cubano en el país, al tiempo que llamaba a su embajadora en Cuba. La medida fue suavizada, aduciendo que no significa una ruptura de relaciones. ¿Qué sigue?