Ha quedado demostrado que la llamada Reforma del Estado se ha convertido en un proceso complejo, el camino que aun nos toca recorrer en la búsqueda de la democracia plena en largo y a veces agotador. Este panorama es especialmente complejo en el campo de la comunicación masiva en donde la Reforma del Estado ha encontrado barreras fundadas básicamente en sus casi ochenta años de vacíos e impunidades.

A pesar de numerosos esfuerzos por consolidar un marco jurídico claro apropiado y congruente a la realidad, los intereses políticos y económicos tanto de grupos particulares, como de funcionarios de Estado, han coartado fácilmente las aspiraciones democráticas de la sociedad consultada en múltiples foros y algunos legisladores y académicos.

Esta Reforma del Estado tiene entre sus grandes pendientes, la reforma al marco normativo de la comunicación y en particular, la reglamentación del Derecho a la Información, derecho constitucional desde 1977 aún sin norma que lo garantice, sin embargo, es en este apartado, donde las relaciones de por sí difíciles para consolidar consensos se tornan casi imposibles.

El 11 de julio de 1995 la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial de Comunicación Social creada en enero de ese mismo año para "consultar a la ciudadanía y recoger opiniones para hacer efectiva la libertad de expresión y fortalecer el derecho a la información adecuando el marco jurídico a las modificaciones existentes en los medios". 10 Foros de Consulta Pública que se desarrollaron en distintos puntos del país donde cerca de 3.000 propuestas fueron presentadas y numerosas opiniones se expresaron acerca de la necesidad de adecuar el marco normativo de la comunicación. A estas se sumaron las audiencias celebradas en la Cámara de Diputados con empresarios de los medios y profesionales y transmitidas en vivo por el canal 40 de la Ciudad de México.

Como resultado de estas deliberaciones y casi a punto de cerrarse los trabajos de la LVI Legislatura y después de diagnósticos y evaluaciones, el 22 de abril de 1997, los diputados federales miembros de la Comisión Especial de Comunicación Social, integrantes de los partidos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo presentaron al pleno de la Cámara de diputados dos incitativas de ley. La Ley Federal de Comunicación Social (Reglamentaria a los Artículos sexto y séptimo de la Constitución), que deroga la Ley de imprenta de 1917 y otra que reforma algunos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión. (especialmente el articulo 13)

Estas iniciativas fueron turnadas a comisiones para su estudio en la LVII legislatura. Buena apuesta parecía, si consideramos que la posibilidad de un Congreso más plural estaría haciéndose cargo de su dictamen. Esta era, finalmente, una propuesta de la oposición avalada por gran parte de la ciudadanía.

Durante la actual legislatura, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LVII legislatura, está encargada de dar continuidad al trabajo, por tanto le corresponde revisar, y en su caso dictaminar las iniciativas que han sido presentadas. Como parte de sus trabajos, en el mes de marzo de 1998 empezó, después de un Seminario Interno sobre legislación de la comunicación, por convocar, en colaboración con otras instituciones, la I Conferencia Internacional "El Derecho a la Información en el Marco de la Reforma del estado en México" durante los días 6 al 9 de mayo, en el palacio Legislativo de San Lázaro en la ciudad de México. Pese a la importancia y calidad de la conferencia, muy poco se supo de ella en los medios electrónicos.

Los legisladores parecían claros y convencidos de la necesidad de renovar la legislación en materia de medios, los medios impresos reflejaron una postura generalizada favorable a la reglamentación del Derecho a la Información. Los legisladores destacaron entonces, la necesidad no sólo de reglamentar el derecho a la información, sino de reformar substancialmente el marco normativo de la comunicación, como una exigencia democrática fundamental. Los profesionales de los medios, se manifestaron también en favor de una reforma, ya que esto mejoraría sus condiciones laborales, además de garantizar su acceso a las fuentes de información.

El silencio de los industriales de los medios electrónicos frente al tema y su absoluta y consciente negativa a cubrir los debates que se desarrollaron durante los primeros días de mayo no fueron ciertamente por razones de menosprecio del tema, por el contrario, acostumbrados, como están a solo escucharse a sí mismos, decidieron convocar, con sus propias reglas y temarios, durante días 20 y 21 de julio, a través de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el simposium "Libertad de Expresión y Responsabilidad social". En donde se discutió acerca de la libertad de expresión y su relación con la industria de medios, el Estado, la seguridad jurídica, la responsabilidad social y las ideologías. .

Los convocantes, representantes de empresas privadas de radio y televisión, argumentaron que legislar en materia de medios coartaría la libertad de expresión entendida como el derecho de cualquier persona de expresar cualquier idea u opinión y transmitirla a los demás.

Ratificaron que la autorregulación vía códigos de honor, tribunales de honor, reglamentos de buen comportamiento, era la solución a e libre ejercicio de la libertad de expresión. Abonando así la confusión y falso enfrentamiento entre libertad y derecho y ética y derecho.

Finalmente, y en una tercera etapa de este debate en el año de 1998, en el mes de Octubre, después de que la comisión de RTC de la LVII legislatura informara acerca de su calendario de actividades en el que se encontraba la revisión de la Iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social, dio inicio una campaña de desinformación en los medios electrónicos e impresos, argumentando, como si fuera una acontecimiento informativo actual, que en la Cámara de Diputados se estaba gestado una "ley mordaza" que pretendía coartar la Libertad de Expresión y con ello, los legisladores pretendían controlar a los medios de comunicación.

Desde el 30 de noviembre y durante las tres semanas posteriores, aparece como "noticia" un hecho que después se confirmaría como un claro ejemplo de manipulación y mentira.

Cobertura en prensa

Campaña "Mordaza"

El mismo día en diferentes periódicos y medios electrónicos otorgaron espacio de noticia principal a na "noticia" construida y a una campaña bien orquestada:

"Pretenden diputados controlar los medios" (El Heraldo)

"Impondrá mordazas, la iniciativa que impulsan PAN y PRD" (Excélsior)

"Quieren Diputados censurar y quitar concesiones". (La Prensa)

"No se consulto a los dueños de los medios" (CIRT)

"Proponen diputados órgano que controle a los medios" (Universal)

"Pretenden diputados el terrorismo informativo" (El Sol de México)

"Diputados del PAN proponen Ley Mordaza" (Ovaciones)

Los principales encabezados se referían a una "ley mordaza" sin mencionar que lo que se presento como noticia era una iniciativa presentada el 22 de abril de 1997, hecha publica y difundida ampliamente en su momento, y que, desde febrero de 1998 se había turnado a la Comisión de RTC para su dictamen. En consecuencia estaba siendo revisada y corregida por una subcomisión en la Comisión de RTC (de acuerdo a un programa de trabajo también ampliamente difundido y que finalizaría el 30 de septiembre).

En consecuencia nada nuevo había, ni siquiera se estaban concluido los trabajos de la subcomisión revisora.

La simultaneidad y homogeneidad de las notas resultó tan abrumadora como sospechosa que pareciera existir una "línea" acordada entre los empresarios de los medios.

La desinformacion busco descalificar de antemano, sin informar, cualquier resultado de la revisión realizada hasta ese momento. Frenar todo intento de legislar en la materia

Pretendieron ignoran una propuesta largamente debatida, personalizando el asunto como mero capricho personal o partidario, menospreciando un impulso social postergado por casi veinte años.

Comparando las etapas aquí revisadas encontramos que una campaña carente de información es "vendida" como información relevante y con mayor cobertura que otros momentos en los que, con el mismo tema, si había información objetiva.

Asunto	Notas
I Conferencia Internacional	66
Simposium CIRT	27
Campaña "Mordaza"	169
Total	262

De las 262 notas periodísticas revisadas en los periodos señalados, el 65% se refirió a un "acontecimiento" claramente fabricado con la intención de ser desprestigiado.

La participación de los miembros del Poder Legislativo a través de artículos y aclaraciones a la prensa fue constante durante este periodo y estuvieron orientados unos a dar una explicación concreta del verdadero proceso que se seguía en la comisión de RTC. Y otros aprovecharon para subirse al "carro" y hacer una conveniente desvinculación del tema que ya se veía como un problema con tintes políticos y con alto costo especialmente frente a los tiempos electorales que se avecindaban.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, expresó su rechazo al proyecto de iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social que se discute en la Cámara de Diputados, al señalar que no es por la vía coercitiva como se garantizan las libertades de expresión y de prensa y sumándose a la línea marcada por el Presidente Zedillo al confrontar el Derecho a la información con la libertad de expresión llamando a los empresarios a la necesaria autorregulación.

El Partido Acción Nacional insistía en que con el respaldo de las fracciones del PRD las iniciativas seguirian siendo revisadas y se convoca a los empresarios a expresar de manera abierta sus opiniones, el presidente de esa Comisión, Javier Corral Jurado rechazó que se pretenda instaurar un órgano de control de los medios de comunicación: "Nadie quiere (en la comisión) restringir la libertad de comunicación. No se busca ningún órgano de control de los medios de comunicación, sino al contrario, se persigue garantizar el derecho a la libertad de expresión"

El Partido de la Revolución Democrática presentó argumentos que negaron la intención de gestar una legislación que coarte los derechos a la información y de prensa.

Durante este periodo, los legisladores fueron los principales actores referidos en la comunicación, seguidos por los industriales de los medios y el Poder Ejecutivo;

Nuevamente los argumentos que destacan son de tipo político y aunque el 50 % de las notas publicada en ese periodo fueron en contra, muchas de ellas que no comprometieron el nombre de reporteros y columnistas; por otro lado, los artículos, columnas y notas a favor de la Iniciativa de ley de comunicación social, ocuparon el 40%, y la defensa tanto del trabajo legislativo, como de la iniciativa citada, estuvo a cargo tanto del Poder Legislativo, como de reconocidos columnistas y académicos.

El panorama contemporáneo permite afirmar que el enfrentamiento entre el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo, acompañados de las estrategias de los empresarios de los medios y las dificultades de un doloroso proceso de nacimiento de debate partidista han dado al traste con las expectativas de la Reforma de los Medios y del proceso por concretar una legislación coherente a las necesidades actuales de la comunicación.

La iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social que estaba en proceso de revisión cuando fue desprestigiada por una campaña mediatica, presentaba modificaciones necesarias en aspectos tan importantes como Derecho a la Información, Libertad de Expresión, Libertad de prensa, Derecho de réplica, medios públicos y sobre todo, plantea que se requiere de organismos que vigilen el adecuado funcionamiento de los medios de comunicación, significa una opción concreta para actualizar la legislación; sin embargo, ni siquiera ha tenido la posibilidad de ser dictaminada.

Si las posturas políticas entre poderes, no llegan a un consenso, difícilmente, podremos observar un marco jurídico que garantice nuestros derechos fundamentales en materia de comunicación social y los medios de comunicación seguirán siendo instrumentos de la comercialización, ignorando la función social que por mandato tienen.

Ante este panorama es necesario que la sociedad civil organizada, específicamente aquellos grupos interesados en los medios, su apertura y democratización, ejerzan una presión política, pero que esta sea informada, por ello, reiteramos que el sector que debemos informar primordialmente es el conformado por organizaciones no gubernamentales, ya que una sociedad democrática, tiene, necesariamente, que incluir en la toma de decisiones a todos los grupos de la sociedad. Con el apoyo mayoritario de la sociedad a este tipo de iniciativas, será menos difícil contrarrestar los efectos que campañas como la de octubre dejan.