Por Omar Raúl Martínez
Número 34

Rastrear, dar seguimiento, documentar y analizar los actos contra las libertades de expresión e información, constituye una tarea relativamente novedosa en nuestro país.

A grandes rasgos ello se explica por un modelo de control, colusión y complicidad entre los medios informativos y el poder público, particularmente desde la cúspide presidencial. Tal relación hacía innecesaria e imposible incluso cualquier tipo de denuncia o reclamo no sólo por el férreo control político sino por la franca sujeción de los empresarios mediáticos, la cual les redituó privilegios de orden económico1.

Dicho modelo de subordinación de la prensa, como apunta José Carreño, inicia su declive a partir de mediados de los años setenta, justo cuando por primera vez a nivel internacional se denuncia el mayor atentado contra la libertad de expresión sufrido en el México de entonces: la intromisión del gobierno echeverrista para destituir a Julio Scherer y su equipo de la dirección de Excélsior, el diario más importante de aquella época en América Latina.

Desde entonces y luego con las presiones publicitarias por parte del gobierno lopezportillista hacia la revista Proceso, y primordialmente a partir del cobarde asesinato del columnista Manuel Buendia en 1984 debido a su quehacer periodístico, crece la atención y la preocupación social y gremial por el clima y las condiciones de las libertades informativas.

En ese sentido, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) fue el primer organismo civil en denunciar, así fuese con efectos apagados, la muerte de periodistas desde mediados de los años setenta. Pero más que "monitorear", Cencos ofrecía listas de nombres de informadores asesinados para alertar al gremio periodístico y a la sociedad. A esa tarea se sumarían también la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y la Unión de Periodistas Democráticos (UPD). Aunque no se trataba de rastreos, seguimiento y análisis de casos, lo cierto es que hasta 1988 significaron las primeras y únicas voces encaminadas a defender la libertad de expresión en México.

Una mirada desde la Fundación Buendía
La Fundación Manuel Buendía (FMB), nacida en 1984, desde 1988 comenzó a editar la Revista Mexicana de Comunicación y desde un principio registró informaciones sobre actos contra periodistas. Fue tal la acumulación de casos que se debió crear en 1991 una columna especializada que les diera seguimiento. Ello de manera natural nos encauzó hacia nuestro primer ejercicio de monitoreo o rastreo y análisis hemerográfico.

Nos extrañaba sobremanera que más que organizaciones nacionales, fueran organismos extranjeros, como Artículo 19 y el Pen Club Internacional, los que en aquel entonces se preocuparan y se ocuparan de defender con mayor ahínco el estado de las libertades de expresión e información en México. Llamó nuestra atención, por ejemplo, que en octubre de 1991 llegara a nuestro país una misión del Pen Club internacional para registrar los abusos contra medios e informadores2. Tras realizar entrevistas con periodistas, investigadores de derechos humanos y representantes del gobierno, ese grupo hizo un reporte donde se denunciaba la existencia de un sistema de prensa que, desde luego, no correspondía con los estándares de los países democráticos. Entre otras vertientes de tal sistema, se destacaba la intervención gubernamental a través de la atribución discrecional de publicidad, la publicación de gacetillas, la práctica del llamado embute y, fundamentalmente, las acciones de intimidación, hostigamiento y censura por parte de los distintos círculos de poder en casi todos los niveles: municipal, estatal y federal3.

Si bien relevante, la misión del Pen Club únicamente se sustentaba en entrevistas, pero no en un monitoreo minucioso o en datos duros o por lo menos más específicos.

Frente a ello, la Fundación Manuel Buendía se interesó en rastrear las posibles agresiones contra periodistas con el fin de conocer hasta qué punto las conclusiones del Pen Club Internacional coincidían con la realidad.

Y para nuestro infortunio, nos percatamos de que en efecto la realidad no resultaba nada halagüeña.

Lo que hicimos fue recabar y analizar de manera prácticamente intuitiva los actos contra periodistas y medios ocurridos y registrados en la prensa entre enero de 1989 y enero de 1992. Se realizó un ejercicio de corte "intuitivo" porque pese a buscar referentes para respaldarnos metodológicamente, no fue ni ha sido posible encontrarlos, salvo los utilizados en cualquier estudio demoscópico4.

Suma de esfuerzos
Con esa experiencia, el siguiente estudio hemerográfico de la FMB se publicó en mayo de 1995 en el que se abordó la situación de las libertades informativas durante el sexenio de Carlos Salinas, donde advertimos que había sido el periodo más sombrío del México moderno5.

Si, de acuerdo con la organización internacional Articulo 19, durante el régimen de Luis Echeverría murieron asesinados seis periodistas, durante la etapa lopezportillista cayeron 12, y a lo largo de la administración de Miguel de la Madrid se consignaron 33, el referido rastreo y seguimiento de prensa arrojaba una cifra de 46 informadores muertos durante el sexenio de Salinas de Gortari.

Justo es decir que a partir de 1994, teniendo como detonador el movimiento zapatista en el estado de Chiapas, el ejercicio crítico de la prensa mexicana ganó despliegue, arrojo e intensidad. Aunado a ello, los grupos de la sociedad civil se multiplicaron y, con ellos, las inquietudes y las ideas para defender los derechos humanos, y entre ellos el derecho a la información de la sociedad.

Así, a partir de 1997, la Fundación Manuel Buendía y Cencos suman fuerzas para realizar y publicar el primer Recuento de daños a las libertades de expresión e información en México durante 1997. Por vez primera se hacía un estudio hemerográfico anual en la materia que a diferencia de los inmediatos anteriores, presentaba no sólo un listado pormenorizado de casos y un análisis e interpretación sobre los mismos, sino además un seguimiento hemerográfico tomando como base una propuesta de criterios metodológicos de selección de actos6.

Ante ese panorama, la misma Fundación Buendía, el Cencos, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Fraternidad de Reporteros de México, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, empezaron a impulsar la necesidad de constituir una red que promoviera, defendiera, encauzara, registrara y estudiara los actos contra las libertades de expresión e información en México.

Criterios metodológicos
Aparte de la indispensable suma de esfuerzos, el afán de una red de tal índole era unificar criterios en torno a los registros de hechos habida cuenta que era recurrente un "baile de cifras" diversas y a veces contradictorias difundidas por algunos organismos. Y es que ocasionalmente, por carencia de información o falta de seguimiento, llegaban a consignarse casos ajenos al quehacer profesional, lo cual a fin de cuentas descalificaba o generaba descrédito sobre las listas que se ofrecían y con ello se debilitaba la fuerza de la denuncia.

De esa suerte a fines de 1997 se crea la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación y a la fecha ha dado a conocer cinco informes anuales, que han sido recogidos por otras instancias internacionales como Ifex y Reporteros Sin Fronteras7.

Es preciso destacar que el monitoreo o mejor dicho: el rastreo, seguimiento, análisis y denuncia de actos contra periodistas desarrollado por la Red ha seguido aprovechando y depurando los criterios metodológicos propuestos por la FMB y Cencos, con lo cual se procura realizar recuentos de daños con mayor rigor y sustento hemerográfico y documental.

Estos criterios parten de una tipología:
1) Agresiones públicas o embozadas a periodistas, tales como golpes, amenazas, asesinatos, atentados, actos de censura, entre otras.
2) Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas, tales como demandas, citas a comparecer, detenciones, renuncias inducidas o arbitrariedades del propio medio.
3) Agresiones públicas o embozadas a medios, tales como allanamientos, atentados, confiscaciones, bloqueos informativos, tomas, etcétera.
4) Hechos que pueden significar inhibición o presiones a medios, tales como anuncios de bloqueos publicitarios o de demandas, auditorías fiscales, e incluso hasta cancelación de programas8.

Conviene precisar que no es gratuita la expresión "agresiones públicas o embozadas", pues los estudios realizados revelan que un considerable y creciente porcentaje de casos suelen ocurrir bajo el anonimato de los responsables. Es decir: no resulta infrecuente que algunos funcionarios o políticos o particulares, molestos o inquietos por informaciones o críticas u opiniones publicadas o por darse a conocer, actúen contra periodistas a través de mensajes intimidatorios de manera embozada --o sea, sin dar la cara-- para no comprometer su imagen pública o la de la institución que representan.

Ahora, en torno a "hechos que pueden significar inhibición o presiones" a periodistas y medios, es preciso apuntar que, estrictamente hablando, no pueden considerarse "agresiones". Sin embargo, la experiencia indica que tanto la interpretación y la aplicación de las leyes, como las relaciones prensa-gobierno en México están influidas por la discrecionalidad y la parcialidad en momentos clave, lo cual posibilita cauces inhibitorios o de presión mediante argucias legales o de otra índole. Por tanto, aunque resulta complejo dilucidar a ciencia cierta cuándo se trata realmente de atentados a las libertades de expresión e información, la referencia de tales hechos implica una insoslayable veta de análisis.

Tendencias
A partir de estos criterios de selección de incidentes contra periodistas y medios de comunicación, en los últimos cinco años, la Red Mexicana de Protección a Periodistas ha encontrado algunas tendencias que resultan de interés:

a) El poder público destaca entre los presuntos responsables de los actos contra las libertades informativas regularmente en un 50% de los casos.
b) Los reporteros son, por lo general, entre un 30% y 40% los periodistas más agredidos.
c) Los periódicos y las revistas tienden a ser los medios mayormente afectados con una recurrencia que oscila entre un 50% y un 76%.
d) Las áreas o fuentes con mayor número de incidencias son primero la política y luego la policiaca, que llegan a sumar juntas entre el 50% y el 70%.
e) Los actos inhibitorios tienden a aumentar de 23% en 1997 a 43% en 20029.

Visto todo lo anterior, conviene asentar que el rastreo, seguimiento, análisis hemerográfico y documental, así como la difusión de actos contra las libertades de expresión e información, sólo representa una voz de alerta para defender y promover tales prerrogativas en pro del derecho a la información de la sociedad. Constituyen además una aproximación --quizás la punta del iceberg-- al estado que guardan dichas libertades en México a fin de alentar su ejercicio crítico, honesto y responsable. Sin embargo, estos informes deberán ahondar en los casos que implican un seguimiento de carácter judicial con el propósito de promover recursos jurídicos que luchen contra la impunidad, velen por el respeto a las libertades de expresión e información y pueda superarse la mera denuncia.

Ésta es una tarea que involucra a grupos sociales, investigadores y ante todo a periodistas. Estamos ciertos que la suma de voluntades habrá de ir pavimentando una mejor avenida para la libertad de expresión en México.

Notas:

1 1) Véase Carreño Carlón José, "Ética, prensa y poder en México", en Aznar Hugo y Villanueva Ernesto, Deontología y autorregulación informativa, Universidad Iberoamericana / Fundación Manuel Buendía, México DF, 2000, pág. 45.
2 Véase Velázquez Raúl y Barrera Juan Antonio, "Los riesgos del oficio periodístico en los últimos tres años", Revista Mexicana de Comunicación número 22, marzo-abril de 1992, pp. 5-11.
3 Ibidem.
4 Se hicieron cuadros con nueve variables: incidente, nombre del afectado, profesión o cargo, nombre del medio, fecha del acto, lugar o estado, nombre de presuntos agresores, motivos y fuente de laa información. Dichos datos se procesaron y a partir de ellos se hicieron gráficas. Este mismo método fue el origen de la metodología que se desarrolló posteriormente. Véase Ibidem.
5 Varios autores, "Un periodo sombrío para el periodismo mexicano", Revista Mexicana de Comunicación número 40, mayo-julio de 1995, pp. 6-10.
6 Véanse dichos criterios metodológicos en Revista Mexicana de Comunicación número 54, mayo-junio de 1998, Suplemento especial. También disponibles en <http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx
/Tables/FMB/libertadexpresion/2002/criteriosb.html>
7 Sobre la citada Red y sus recuentos se pueden consultar las siguientes direcciones: <http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx
/Tables/FMB/libertadexpresion/red.html> <http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx
/Tables/FMB/libertadexpresion/indice.html>
8 Ver el desglose completo en Ibidem.
9 Pueden revisarse las versiones publicadas en los números 54, 58, 64, 75 y 82 de la Revista Mexicana de Comunicación y disponibles en <http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx>