Por Octavio Islas y Fernando Gutiérrez
Número 29

"Detrás de cada tecnología existe una filosofía."
Neil Postman

Bajo la óptica de Neil Postman, estudioso de la ecología de los medios de comunicación, detrás de un reloj se encuentra una nueva forma de medir el tiempo, detrás de un periódico o revista se encuentra una nueva forma de informar, detrás de una computadora se encuentra una nueva forma de trabajar… Cada tecnología lleva inherente un nuevo concepto del entorno. Internet, probablemente en mayor medida que otros medios convencionales de comunicación, ha cambiado la concepción del trabajo, entretenimiento, educación, política, comercio, mercadeo…manifestando una forma particular de operación. Esta redefinición en diferentes ámbitos, también debe involucrar, indiscutiblemente, el desarrollo de una regulación específica y la creación de diversos mecanismos que aseguren las nuevas actividades en un entorno naciente. Sobre este aspecto se ha realizado un análisis general, enfocado exclusivamente en el caso del crimen en Internet y la responsabilidad de los diversos gobiernos.

Como el cambio tecnológico es ecológico y no aditivo, todo se redefine, incluyendo también viejas prácticas indebidas que adquieren una nueva dimensión con la introducción de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, como es el caso de Internet. Por ejemplo, en el ámbito internacional, un nuevo término denominado "Cibercrimen"1, que representa una oscura amenaza para la economía digital, se está convirtiendo en el tema más debatido en política de seguridad. Según Jürgen Storbeck, director de la Europol, la criminalidad informática en los países europeos va en aumento.

En el continente americano, el Computer Security Institute de San Francisco asegura que, durante el año pasado, las pérdidas ocasionadas por la "ciberdelincuencia" en 186 empresas norteamericanas fueron de 376 millones de dólares aproximadamente (casi el doble de lo que se registró en el año 2000). Por otra parte, en cuanto a la pornografía infantil, los informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalan que, tan sólo en Estados Unidos, este negocio ilegal genera una cifra anual de entre 2,000 y 3,000 millones de dólares

Dadas estas cifras, y como consecuencia del crecimiento descontrolado de este fenómeno, en noviembre del año pasado, un total de 30 países firmaron en Budapest la Convención Internacional contra el "Cibercrimen", incluyendo a Estados Unidos, Japón, Canadá, Sudáfrica, y 26 de los 43 países miembros del Consejo de Europa.

Esta convención pretende coordinar la lucha para erradicar el crimen y terrorismo del ciberespacio, pero desafortunadamente a cambio de algunas garantías significativas para el hombre. Por ejemplo, las medidas que requerirán que los proveedores de accesos y servicios en Internet tengan que mantener registros de las actividades de sus clientes (artículos 17, 18, 24, 25). Bajo la visión de algunos analistas, estas medidas suponen un riesgo considerable en la privacidad y otros derechos humanos de los usuarios de Internet, y son contrarios a principios bien establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos2.

Casi de forma paralela a la Convención Internacional contra el "Cibercrimen" el gobierno estadounidense promueve la polémica USA Patriot Act3, que incluye el propósito de "rediseñar Internet" para su mejor control, conduciendo el tráfico hacia unos servidores centrales donde agencias como la Federal Bureau of Investigation FBI puede instalar sus equipos para fiscalizar la navegación y el correo electrónico.

También en algunos países de Latinoamérica ya se comienza a ver este tipo de acciones en contra del crimen en el ciberespacio. Por ejemplo, en Chile existe ya la Brigada Investigadora del "Cibercrimen" (BRICIB), que está adscrita a la Policía de Investigaciones de ese país. Y en México se encuentra la Policía Cibernética4, área de la Policía Federal Preventiva, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.

La Policía Cibernética vigila la red mediante sistemas convencionales para rastreo. Su patrullaje se centra sobre hackers, sitios de Internet, comunidades y chat rooms en los que promueven la pornografía y el turismo sexual infantil. Según este mismo organismo, se utiliza Internet como un instrumento para detectar a delincuentes que organizan sus actividades en algún lugar del ciberespacio. Además se realiza análisis sobre actividades de organizaciones locales e internacionales de pedofilia así como de redes de prostitución infantil y redes de tráfico de menores que los explotan en otros países.

Entre algunos de los ciberdelitos más comunes que persiguen las policías cibernéticas se encuentran: el acceso ilegal a sistemas propietarios, la intercepción ilegal, la interferencia y pérdida de datos, la interferencia de sistemas, la pornografía infantil, los delitos contra la propiedad intelectual, y el fraude electrónico. Sin embargo, por diversas insuficiencias en materia de legislación, esta persecución tiene ciertas limitaciones.

En el caso de México, este tipo de actividades, como la que desempeña la Policía Cibernética, resulta muy delicada, pues en cierta medida puede atentar contra las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

... Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor...
(Artículo 16, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

El gobierno mexicano, así como otros gobiernos del mundo, enfrentan actualmente el desafío de combatir enérgicamente el crimen en el ciberespacio, considerando aspectos de gran importancia como lo son la territorialidad, la privacidad de los ciudadanos, la seguridad nacional, el derecho a la información, la libertad de expresión, el desarrollo de nuevos mecanismos de seguridad, el adiestramiento constante de los órganos vigilantes, la legislación vigente, y la colaboración de la iniciativa privada, y la sociedad.

Combatir el crimen en el ciberespacio sin atentar contra garantías individuales significativas de los ciudadanos es un gran reto para el gobierno.

Notas:

1 El concepto de cibercrimen abarca un conjunto de actividades ilegales asociadas con el uso de Tecnologías de la Información, especialmente en Internet. Pueden ir desde el fraude financiero hasta la entrada no autorizada a sitios web, y en ámbitos como el espionaje industrial, la pornografía o los juegos de azar, entre otros.
2 La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala directamente las obligaciones de los gobiernos de proteger la privacidad de la comunicación y preservar la libertad de expresión en los nuevos medios. "Nadie será sujeto a una interferencia arbitraria en su privacidad, familia, hogar o correspondencia" (Artículo 12).
"todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el derecho a defender las propias opiniones sin interferencias y a buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin importar las fronteras".
(Artículo 19).
3 Ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos (356 votos a favor, 66 en contra) y el Senado (98 votos a favor y 1 en contra). Finalmente rubricada por el presidente George W. Bush el 26 de octubre de 2001.
4 Para mayor información sobre la Policía Cibernética de México véase: <http://www.ssp.gob.mx/_c_programas/p_cibernetica/INDEX.htm>