Por Gerardo Blas
Número 49

Hablar de Juárez y el laicismo en México no puede ser visto como un lejano tema histórico que tiene que ver poco o nada con el presente. La defensa del laicismo mexicano no es sólo una cuestión del grupo de liberales de la segunda mitad del siglo XIX o de sus continuadores históricos en la revolución mexicana iniciada en 1910 y sus secuelas, entre ellas la elaboración de la Constitución de 1917.

Si bien puede afirmarse que esa Constitución más que laica resultó anticlerical, también es cierto que su vigencia en asuntos de relación Iglesias-Estado1 no fue más allá de su presencia retórica y de su existencia amenazante. Como ha sucedido en múltiples ocasiones en la vida política mexicana, estas leyes constitucionales “se acataban pero no se cumplían”.

Es sabido que las imágenes de los “héroes patrios” salen siempre a relucir cuando se discuten proyectos políticos, económicos o sociales. En México no podía ser de otro modo. La derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 2000 es de un alto contenido histórico por varios motivos. Además de haber sacado al “Partido de la Revolución” de la presidencia, puso nuevamente a discusión el proyecto de país al que queremos acceder; además, con la derrota del partido hegemónico, la Revolución y sus antecedentes fueron también puestos a discusión.

De acuerdo a la interpretación de la corriente hegemónica del grupo gobernante en México hasta el 2000, existía un lazo evidente entre las luchas liberales del siglo XIX (especialmente en su vertiente reformista de Juárez y su grupo) y las causas defendidas en la Revolución Mexicana, y de ahí se desprendía que el “Partido surgido de la revolución” representaba la continuación de las luchas por estas causas. La historia que se contaba en las escuelas primarias mexicanas pretendía dar esa imagen del grupo en el poder.

Sólo que la llegada a la presidencia de un partido opositor (PAN), identificado con lo que se da en llamar la derecha mexicana, rompió con este esquema simplista de la historia. Y la discusión en torno a los grandes personajes históricos y a lo que se consideraba como grandes logros históricos comenzó nuevamente a tomar forma, y para esto bien vale recordar que uno de los primeros actos del recién electo presidente Vicente Fox fue retirar un retrato de Benito Juárez de la residencia oficial de Los Pinos. Algunos analistas críticos y políticos opositores al PAN percibieron este hecho como una insinuación o de plano como un ataque en contra de las ideas representadas por Juárez, principalmente el laicismo del Estado mexicano. No parecía descabellada la idea de que con la llegada del PAN a la presidencia el cuestionamiento del Estado laico retomara fuerza; al fin y al cabo, este partido es de los que más cerca había estado de la Iglesia católica mexicana.

Quizá sea exagerado afirmar que el Estado laico peligra con el PAN en la presidencia de la república. Pero lo que sí se puede afirmar es que se está cuestionando una forma de entender y practicar este laicismo. Para muchos de los funcionarios panistas ha sido normal hacer gala de su catolicismo, y no sólo en actos que pueden ser considerados como estrictamente personales, sino como funcionarios del Estado mexicano.

Para los funcionarios panistas, nada más normal y común que asumirse completos y dejarse de hipocresías respecto al credo que se profesa. Para los críticos, el recelo radica en el hecho de que al adscribirse a un credo en particular, y como representantes y funcionarios del Estado, vayan a dar cabida a viejos privilegios para la Iglesia católica de la cual se muestran fieles seguidores.

¿Dónde comienza y termina el Estado laico? Es una pregunta que no debiera ser difícil de responder. No obstante, en nuestro país se presta a profundas polémicas y suspicacias. Si entendemos el laicismo como la doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y especialmente la del Estado, de toda influencia religiosa, su significado es claro. Pero cómo debe entenderse y aplicarse en la vida concreta, en la política concreta, es más difícil de precisar.

Si analizamos la Constitución de 1917 en su texto original, es claro que los constituyentes se lanzaron con todo contra la Iglesia católica; por eso afirmábamos al principio de este texto que más que el laicismo, el texto aprobado en 1917 defendía el anticlericalismo2. No se olvide que, para empezar, las iglesias no fueron reconocidas en términos legales, no tenían personalidad jurídica, y de ahí se desprendían serias implicaciones, como la de no poder ser propietarias de ningún bien raíz, ni administrarlos, ni participar en educación ni en instituciones de beneficencia, no se diga ya de su participación política, que se prohibió tajantemente; se podría entender el hecho de que los ministros religiosos no pudieran ser electos para cargos políticos pero no que se les negara el derecho de votar en las elecciones. De haberse aplicado al pie de la letra, de haberse cumplido simplemente la ley, en México hubieran estado prohibidas hasta las posadas, los curas y monjas no hubieran podido andar por la calle con sus hábitos, ni las procesiones religiosas realizarse sin permiso de las autoridades. El liberalismo que propugnaba libertades individuales no las otorgó a los ministros de los cultos ni a los miembros de las iglesias como tales. Por esto es muy comprensible la oposición de amplios sectores de la sociedad mexicana a estos principios constitucionales.

Podríamos conceder que estas medidas extremas se consideraron necesarias para contrarrestar el gran poder de las iglesias, en especial la católica, y para limitar su influencia en las instancias del poder. Sin embargo, la posición de la Iglesia católica estaba ya muy mermada para entonces, y de ese tiempo acá, han pasado ya casi noventa años. Por eso eran necesarias las reformas a la Constitución. Era indispensable reconocer el papel de las iglesias y, por supuesto, ratificar el carácter laico del Estado mexicano. Las reformas de 1992 en este sentido fueron un avance dentro del ordenamiento jurídico del Estado.

Pero la cuestión acerca de cómo deben actuar los funcionarios públicos y los representantes populares en su vida concreta no se ha resuelto aún. ¿Qué implicaciones tiene que el Presidente de México sea un católico practicante? ¿Es suficientemente claro en qué momento actúa como presidente de todos los mexicanos, católicos y no, religiosos y no, y en qué momento actúa a título individual como un practicante fiel de su credo? Es entendible el temor de algunos sectores respecto al peligro potencial de que el titular del poder ejecutivo sea un fiel practicante de un credo en particular (sea el catolicismo o algún otro) y se pudiera ver tentado a favorecer o privilegiar los puntos de vista e intereses de los representantes de ese credo. ¿Podría alguna vez atentar contra el laicismo del Estado al promover políticas “dictadas por Dios”, que en el terreno práctico equivaldrían a “dictadas por sus jerarcas religiosos”?
Por esto no es exagerado analizar ciertas acciones y prácticas, como la de invocar a Dios reiteradamente en actos públicos, la asistencia a actos religiosos por parte de funcionarios y representantes públicos, retirar un retrato de un personaje histórico simbólico. Todo ello nos llevará a replantear qué es y cómo debe concretarse el Estado laico mexicano. Lo que no debe cuestionarse es, sin duda, el laicismo como piedra angular del arreglo político y jurídico de nuestro país.

Y Benito Juárez es, a este respecto, una figura clave, un personaje que no ha perdido vigencia y que debe ser, más que simplemente recordado, discutido y analizado con la perspectiva que nos da el hecho de estar a doscientos años de su nacimiento. En términos de una Nación, doscientos años no es mucho, y no olvidemos que cuando Juárez nació México aún no existía como entidad política, como Estado nacional. Benito Juárez nació en un pueblito de Oaxaca, parte integrante en aquel tiempo de la monarquía española, más concretamente, de la Nueva España.

En tiempos del presidente Juárez se estaban enfrentando dos maneras de entender a la nación y al Estado mexicanos. Una de ellas ganó. Naturalmente la otra perdió, pero no murió, para dejar constancia de que la complejidad y la pluralidad de nuestro país no se perdieron. Y prueba de ello son las discusiones actuales acerca de su legado, que no deben hacerse a un lado, sino retomarse en toda su complejidad. En este texto abordamos el laicismo, pero no olvidemos que evocar a Benito Juárez es evocar otras cuestiones igual de complejas y polémicas: el papel de los indígenas en México, la igualdad ante la ley, el estado de derecho, la soberanía nacional, la honestidad de los gobernantes, etc. Pero eso será material para otro texto.

Notas:

1 Anotamos aquí “relación Iglesias-Estado” con la intención de dejar constancia de que la Constitución de 1917 hace referencia no sólo a la relación del Estado con la Iglesia Católica, sino a todas las agrupaciones religiosas.
2 Entendido el anticlericalismo como la animosidad contra todo lo que se relaciona con el clero, más allá de una separación llana y saludable entre el Estado y las iglesias.