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LA CIRT Y LAS INSTITUCIONES
Por Juan José Solis Delgado
Si algo reprocharon (y nunca perdonaron) los emporios mediáticos al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en aquel efervescente año 2006, fue su expresión “al diablo con las instituciones”. Luego de ello, en aquella suerte de guerra sucia, los spots no pararon en presentar a un López Obrador como peligroso y dañino al sistema democrático que la sociedad y desde luego los medios de masas en conjunto habíamos construido; pero cuál fue la sorpresa que un año más tarde los medios de comunicación, en específico los electrónicos, a través de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) abrieron un frente de guerra en contra de una institución pública y democrática como el Instituto Federal Electoral (IFE) al cual terminaron mandando al diablo, pues no les pareció la prohibición de que fuera este organismo y no los particulares quienes gestionaran los espacios propagandísticos electorales en radio y televisión y lanzaron a sus empleados a la arena pública para que defendieran ante los senadores sus derechos perversamente adquiridos.
Literalmente, los concesionarios de los medios de masas desafiaron a la autoridad electoral interrumpiendo las transmisiones de los partidos de fútbol para presentar la pauta electoral y así mostrar a un IFE autoritario ante la sociedad. A pesar de ello y de decenas de impugnaciones de orden legal, las empresas mediáticas tuvieron que sujetarse al sistema de regulación del instituto electoral.
Este año la historia se repite. Ante las decisiones que el IFE ha tomado con respecto a la gestión de espacios publicitarios para la propaganda electoral, pero además de la especificación de su pauta de transmisión, los altos ejecutivos de los medios de masas se han aglutinado para frenar a toda costa esta medida que, según sus argumentos, pone en riesgo la elección presidencial del próximo 2012, ya que de no cumplir al pie de la letra esta disposición, los partidos políticos tendrían argumentos legales para pedir la anulación del proceso electoral.
Con la publicación de un desplegado en diversos medios nacionales, la CIRT emprendió una vez más, una campaña de linchamiento contra el IFE, sólo que esta vez so pretexto del tema del derecho de réplica y sus posibles sanciones en caso de negarlo, pretende colocar a la autoridad electoral como tirana y prepotente. Si bien el tema del derecho de réplica tiene sus ambigüedades y no hay duda que requiere un mejor dictamen en su reglamento, esto no quiere decir que el IFE esté dispuesto a boicotear el negocio de las televisoras y radiodifusoras, todo lo contrario, el instituto electoral está obligado por la sociedad a establecer un equilibrio en la promoción político-electoral y si no es su función legislar sí la es la de cumplir con la ley.
En ese sentido, el argumento de los miembros de la CIRT, sostiene que están incapacitados técnicamente para transmitir en tiempo y forma los más de 39 millones de spots que el IFE ha programado para 2012. Sin embargo, “curiosamente” en el año 2006, no padecieron esa incapacidad técnica; y mucho menos la sufren actualmente con la pauta de los productos de la iniciativa privada. Tampoco reconocen los integrantes de la CIRT que desde 2007 creció el mercado negro o subterráneo de entrevistas a modo, reportajes amañados y el sistemático posicionamiento de funcionarios públicos con aspiraciones electorales.
Si vamos a fondo, el verdadero problema que se está experimentando en este escenario público, no es necesariamente la inhabilidad técnica por parte de las empresas mediáticas, sino el golpe contundente a las chequeras de los dueños de los medios electrónicos que han visto mermados sus ingresos que habitualmente tenían asegurados como parte de los compromisos cómplices con los partidos políticos en cada proceso electoral.
Es un hecho que el IFE actualmente no goza de la legitimidad que en su tiempo tuvo el presidido por José Woldenberg, esto probablemente se deba a que la mayoría de sus recientes actuaciones han estado marcadas por la sospecha de sus intereses, sin embargo, esto no significa que todo lo haga con intenciones mezquinas; recordemos que las decisiones se toman de forma colegiada y existen estructuras de estudio previas. La decisión de regular la pauta propagandística electoral y el cuestionable derecho de réplica, no merece un linchamiento tan agresivo como el impulsado por la CIRT, en todo caso, existen las formas legales y mecanismos de impugnación para zanjar el hecho o retroalimentarlo con resultados positivos a la sociedad; pero ante la posibilidad racional de las empresas mediáticas por presentar argumentos sólidos para echar atrás las decisiones del IFE, deciden emprender una vez más una campaña negativa que al final del día afectan la construcción de nuestra incipiente democracia.
Si en verdad los empresarios de los medios de comunicación están empeñados en fortalecer los procesos electorales de nuestro país, deberían ser los primeros en promover, informar y apoyar la viabilidad de la reforma política, para que sea ahí donde se revisen los aspectos de la vida electoral y evaluar entonces la validez y vigencia de los spots de radio y televisión como dispositivo de mediación entre los partidos políticos y los ciudadanos. Pero también deberán sujetarse a los dictámenes que impidan la promoción velada de políticos como fue el caso de Peña Nieto a quien evidentemente se le construyó una imagen positiva desde la pantalla chica.
Sin duda, los chantajes mediáticos dañan a las instituciones. En gran medida si la democracia en nuestro país es incipiente, se debe a que nuestros medios de comunicación no marchan al mismo ritmo de evolución que estampan las exigencias sociales. Si no es el IFE, tarde o temprano alguna otra institución deberá ser quien meta en rienda a los empresarios de los medios que deben entender que los tiempos han cambiado y aquellas épocas tenebrosas donde se negociaba en lo obscurito y se privilegiaba sólo a un puñado de empresarios afines al gobierno en turno ha terminado. Hoy la sociedad requiere transparencia y rendición de cuentas en todo aquello relacionado con el uso de dinero público que esté destinado a las empresas de la iniciativa privada, pero sobre todo si se trata de fortalecer a nuestro régimen democrático y a nuestras instituciones.
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